COMUNICAR IGUALDAD-Año a año, miles de mujeres atraviesan las fronteras nacionales de sus países contratadas como “mulas” del narcotráfico. Su trabajo consiste en transportar la droga que será comercializada y, una vez ingresada al circuito del consumo, engrosará las arcas de las mafias organizadas que operan a nivel trasnacional. Muchas de estas mujeres morirán haciendo su “trabajo”. Otras ocuparán otros eslabones de la cadena, dentro o fuera de sus lugares de origen. Una opción que la mayoría no elige, y a la que llegan principalmente por su situación socioeconómica.
Un documento reciente de Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (IDPC) estudia la población femenina en cárceles para analizar los roles desempeñados por las mujeres en las redes criminales en América Latina y los procesos de involucramiento. Busca visibilizar cómo las relaciones de género y los factores socioeconómicos moldean la configuración de las redes de tráfico internacional de drogas y la inserción de las mujeres.
La feminización de la pobreza en el ojo de la tormenta
Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina se denomina el documento de IDPC publicado en octubre de 2013 y que estuvo a cargo de Corina Giacomello, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (México).
Una de las primeras conclusiones que revela la investigación es que hay un incremento de mujeres encarceladas por delitos vinculados a la venta y transporte de drogas ilegales, y que esto se vincula, no sólo con su mayor involucramiento en las redes de narcotráfico, sino que también se debe al crecimiento de la persecución penal de estas actividades. La población penitenciaria femenina de América Latina se duplicó entre 2006 y 2011: pasó de 40 mil a más de 74 mil mujeres presas, la mayoría acusadas de delitos menores relacionados con las drogas.
Asimismo, el estudio muestra cómo las mujeres ocupan el lugar de mano de obra barata y fácilmente reemplazable de las redes criminales. “Se desempeñan principalmente como cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo, correos humanos (lo que se suele conocer como “mulas” o “burreras”, entre otros nombres) e introductoras de drogas a centros de reclusión”, señala.
En tanto, en América Latina, las circunstancias socioeconómicas constituyen la principal motivación por la cual las mujeres se ven obligadas a cometer una actividad ilegal. Cabe destacar que, tal como señala el estudio, la región tiene el índice más alto de desigualdad económica del mundo y un alto porcentaje de la población que vive en pobreza e indigencia son mujeres. Estamos ante un fenómeno que se conoce como feminización de la pobreza y que se manifiesta tanto en áreas urbanas, cómo rurales. Poniendo el foco en el perfil de las mujeres encarceladas, se revela que “muchas de ellas son madres solteras que entran al negocio de las drogas solamente para poder alimentar a sus hijas e hijos”.
En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, Corina Giacomello reflexiona sobre este punto. “En América Latina coexisten procesos mixtos con respecto al papel de las mujeres: por un lado, éstas tienen mayor acceso a la educación y una mayor presencia en los espacios públicos, pero también son las principales protagonistas de la pobreza y de la pobreza extrema. A menudo esto se combina con la permanencia de creencias de género tradicionales acerca de las funciones de la maternidad y la responsabilidad tradicional de las mujeres hacia ‘los otros’. El número de hogares monoparentales de jefatura femenina y de embarazos adolescentes entre niñas de los niveles socioeconómicos más bajos está aumentando, lo que implica un mayor número de mujeres en situación de pobreza y únicas responsables de sus hijos e hijas”. La especialista destaca que frente a este panorama, actividades del microtráfico -como la introducción de drogas a centros de reclusión o la venta al menudeo- ofrecen la “falsa ilusión” de poder combinar una actividad económica con el cumplimiento de los deberes tradicionales. “Estas mujeres encuentran normalmente empleo en actividades de la economía informal muy mal remuneradas (actividades de limpieza, sobre todo) y desempeñan una doble o triple jornada laboral. Las redes del tráfico identifican muy bien a las mujeres que reclutan y las involucran aprovechando su vulnerabilidad, por un lado, y la falta de mecanismos preventivos y de protección por parte del Estado”, enfatiza.
Relaciones de género, la “gran” puerta de entrada
Por otra parte, las relaciones de género constituyen un factor primordial de por qué las mujeres cometen estos delitos, ya que muchas de ellas se involucran a partir de sus relaciones familiares o sentimentales, ya sea como novias, esposas, madres e hijas, y en cumplimiento de los roles asignados para hombres y mujeres.
Sobre este punto, Giacomello resalta que las relaciones de género son espacios de poder generalmente asimétricos en detrimento de las mujeres y definen los ámbitos de acceso y las modalidades de inserción a ellos, diferenciados para hombres y mujeres. Frente a esto, se vuelve necesario adoptar la perspectiva de género para analizar espacios como el narcotráfico, “lo que permite visibilizar cómo hombres y mujeres se involucran en actividades delictivas relacionadas con drogas de manera distinta, a partir de diversos factores, entre ellos su identidad de género y los roles que la sociedad les atribuye”. Concluye que analizar cómo el proceso de construcción de la feminidad y de la masculinidad influye en el proceso de involucramiento y en las formas de participación en el tráfico de estupefacientes “puede ayudar a construir políticas públicas de prevención diferenciadas y adecuadas para distintos actores”.
Para la especialista, este análisis se aplica de la misma manera al aspecto punitivo. Generalmente, el sistema de justicia y el sistema penitenciario están diseñados a partir de las necesidades y las características de los varones: “así otros grupos (indígenas, LGBTI, personas extranjeras y mujeres, entre otros) son asimilados bajo una falsa igualdad y neutralidad de la norma. Por ende, introducir la perspectiva de género permite nuevamente elaborar políticas punitivas y carcelarias que respondan a las exigencias y características reales de las personas”.
Cárceles: abandono y violencia
Otra de las principales conclusiones que arrojó la investigación de IDPC es que, una vez en contacto con el sistema de justicia penal y penitenciario, las mujeres suelen ser sometidas a formas de violencia específicas. Esto se evidencia en distintos aspectos como la falta de centros propios para mujeres; las violaciones y el abuso sexual ejercido por el personal de los centros; la existencia de redes de trata entre secciones femeniles y varoniles; la falta de atención a los problemas de salud mental; los daños infligidos sobre las hijas e hijos de las mujeres en prisión, en el caso de los que viven con ellas como de los que están afuera; la menor oferta de oportunidades educativas, laborales y de capacitación, entre otros.
Frente a esto el estudio hace referencia a una “ceguera de género” en relación a las leyes que regulan el sistema penitenciario. Al ser consultada acerca de qué pasos deberían dar los Estados para ir sacándose esta venda, Giacomello señala: “Tanto a nivel de Naciones Unidas, como en el sistema interamericano se han producido diversos instrumentos que hacen referencia a las mujeres en reclusión, el más reciente y completo es el texto de las Reglas de Bangkok. Asimismo, existe suficiente evidencia empírica sobre las formas de discriminación de las mujeres en prisión. Los Estados deberían retomar esos principios y esa evidencia para sustentar y modificar sus estrategias punitivas y penitenciarias y asumir plenamente su papel de garantes de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, aplicando medidas generales pero también específicas, de acuerdo a las necesidades de cada grupo en prisión”.
Recomendaciones para desandar camino
El estudio realiza una serie de recomendaciones a los Estados en relación a la elaboración de datos, la prevención, la modificación del sistema penitenciario y la implementación de una adecuada política de drogas.
Giacomello destaca entre estas recomendaciones, por un lado la necesidad de una reelaboración de las medidas punitivas relacionadas con drogas que impliquen reducción de sentencias, la incorporación de otros factores más allá de sustancia-conducta-cantidad para determinar el rol real desempeñado por una persona en las redes de narcotráfico y aplicar una sentencia proporcional. Por otro lado, urge incorporar de manera plena las Reglas de Bangkok; así como garantizar el cumplimiento del interés superior del niño y la niña en sus políticas relacionadas con la procuración e impartición de justicia y con la ejecución de la pena.
Suma la necesidad de trabajar a fondo con el funcionariado público responsable de detener, procesar y sentenciar a personas por delitos de drogas en materia de perspectiva de género, políticas de drogas y derechos humanos. Y finaliza introduciendo un aspecto polémico: descriminalizar de manera integral y efectiva la posesión y consumo de todas las drogas. Sobre este último punto se vienen dando avances en América Latina, y particularmente en nuestro país existen proyectos de ley que avanzan en ese sentido.
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