Ronald Muñoz.
Seguramente a mas de uno no le va a gustar lo que voy a decir, pero el problema de fondo aquí no es que si Leopoldo López o María Corina están conspirando, porque eso de que la derecha intente tomar el poder por la vía que sea es algo que tiene 15 años de data. La diferencia es que hasta ahora nosotros siempre tuvimos la razón, pero la delicada situación económica hace mella en el bolsillo de los venezolanos y venezolanas de a pie, y se convierte en terreno fértil para los intentos de agitación política que, a través de diversos actores despliega la derecha venezolana.
Parece que desde el alto gobierno se subestima la gravedad de la situación económica y sobretodo el malestar que esta genera en el pueblo independientemente de su tendencia política.
Por eso realizo un llamado al Alto Gobierno para que se avoque, con un esfuerzo sobrehumano a la resolución de las problemáticas concretas que día a día padece el pueblo, como la inseguridad pero sobre todo el tema económico.
Y en el marco de ese esfuerzo sobre humano resulta fundamental retomar como bandera la lucha contra la corrupción. Esa misma a la que el presidente Maduro le declarara la guerra a comienzo de su mandato sin que se vuelva a escuchar hablar de eso por los últimos días.
El tema de la corrupción está íntimamente ligado al ámbito económico porque todos sabemos que un grupo de empresarios inescrupulosos han venido estafando a la nación realizando fraudes con las asignaciones de divisas, pero también sabemos que esos dólares no se los aprobaron ellos mismos, sino que hubo funcionarios en instituciones publicas que pudieran haber cometido complicidad con tales estafas, aprobando divisas que se sabia, constituían un atentado contra la nación. Todos merecemos saber quiénes fueron esos empresarios y los funcionarios que les aprobaron los dólares, y también queremos estar seguros que ya no trabajan en ninguna otra institución o en el SICAD. Queremos ver presos tanto a empresarios especuladores y estafadores como a los funcionarios que aprobaron esas divisas a sabiendas de que su fraude afectaba nuestra economía, generando cada vez mas inflación. Si algún funcionario publico incurrió en tales delitos, ese es un traidor a la patria y merece la peor de las condenas, porque en un momento histórico como este, le brinda todos los elementos al enemigo para que socave las bases del proceso revolucionario.
Obviamente hablamos de personas y no de las instituciones, porque no podemos juzgar a todas y todos los que trabajan en una institución por lo que presuntamente hacen un grupo reducido de tecnócratas a los que el proceso revolucionario les importa un cuerno, y lo único que le importa es su bolsillo. Porque a quienes conocemos como funciona este modelo de estado burgués sabemos que ahí se mantienen prominentes exponentes de esa clase burocrática tecnócrata a la que la continuidad del proceso le va y le viene, al igual que les va y les viene el Poder Popular.
Pero esos no son todos los funcionarios públicos, como tampoco son todos los efectivos de la GN los que se convierten en cómplices del contrabando de alimentos hacia Colombia por las fronteras del Zulia y del Táchira. Porque a estas alturas es imposible creer que toneladas y toneladas de alimentos salgan por la frontera sin que nadie ahí se de cuenta de lo pasa. En ningún abasto de Cúcuta se vende ningún producto colombiano: ¡todo lo que se encuentra en Cúcuta es producido en Venezuela! Hablamos de una ciudad de mas 800 mil habitantes, casi absolutamente abastecida con puros alimentos venezolanos, no se trata de 5 cajas de leche o harina. Por ahí por la frontera se va la comida de buena parte de nuestro pueblo y las consecuencias se palpan en la tensión existente en este momento en el estado Táchira. No es casualidad que sea el Táchira prácticamente el epicentro de los disturbios que intentan derrocar al gobierno.
La IV republica llegó a su fin cuando existieron las condiciones tanto objetivas como subjetivas. Las condiciones objetivas se dieron con una crisis económica sin precedentes, aupada por una galopante inflación que generó alarmantes índices de marginación y pobreza. Las subjetivas estaban toda vez que el liderazgo político de la época era despreciado por la gran mayoría del pueblo, y era observado como una clase chupamedias al servicio descarado de una potencia extranjera y del FMI, una clase política sin ideales y sin ningún vestigio de patriotismo. Ya para mediados de los 90 nadie daba medio por la clase política que conformaba el statu quo.
Hoy las condiciones objetivas juegan en nuestra contra, con una inflación disparada que en buena medida es inducida, pero que también es resultado de errores cometidos en la política económica del gobierno. Afortunadamente las condiciones subjetivas nos resultan mas favorables, con una gran parte de la población venezolana que, sorprendentemente, pese a una situación económica muy dura, se mantiene firme en el ideario del Libertador Simón Bolívar. Esta parte de la población sabe, por conocimiento de la historia y del contexto geopolítico, que el problema económico es estructural, y tiene como causa una multiplicidad de factores generados en buena medida por esa clase política del pasado que hoy, con caras nuevas se presenta como una opción para gobernar el país.
El peligro real no está en la derecha venezolana llámese como se llame el o la dirigente que de momento asuma la vocería. El peligro real está una situación económica difícil, que forja una realidad que nos golpea en la cara y que en algún momento pueda llegar a generar un estado tal de malestar en la población, que pueda provocar situaciones de violencia en las calles con resultados lamentables y tal vez irreversibles.
El reto del gobierno, mas que en importar de afuera, está en desarrollar nuestra capacidad productiva en todos los ámbitos, haciendo énfasis en este momento en la producción y distribución de alimentos, al tiempo que se establecen controles mas efectivos contra los chanchullos con las divisas y se detiene la fuga de alimentos y demás productos hacia el vecino país. El Poder Popular puede ser de gran ayuda si se establecen mecanismos de control y fiscalización del pueblo organizado hacia las instituciones de este estado burgués.
Ante momentos tan difíciles priva el accionar adecuado, y el discurso prudente e inclusivo, no solo para el Alto Gobierno sino para toda nuestra militancia: no existen 7 millones de oligarcas, ni tampoco 7 millones de venezolanos y venezolanas son “fascistas”. No puede confundirse aplicación de la justicia con generalización de las responsabilidades, pensando que todo opositor es un criminal fascista agente de la CIA, de eso solo existe un núcleo, de resto, esos 7 millones están compuestos por gente común y corriente, tan venezolanos como nosotros, a quienes lejos de insultar mas bien hay que convencer, porque en democracia se gana convenciendo a la mayoría, y porque no podemos matar a 7 millones de personas ni ellos lo pueden hacer con nosotros, el que crea eso que se vea en el espejo de Colombia, Siria o Libia. La única forma de resolver esto es convenciendo a esa otra parte del país, pero para convencer hace falta mas que discursos, lo que hace falta son resultados. Démosle resultados al país en materia económica y los niveles de conflictividad desaparecerán, porque no tendrá cabida en la población ningún llamado al desconocimiento del orden jurídico vigente en nuestro país.
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