domingo, 11 de julio de 2010

Desastre ambiental.


*Luisa Ortega Díaz.

El pasado 22 de abril, el mundo recibió con alarma la noticia de un derrame petrolero en el Golfo de México, hecho que constituye, por la magnitud del daño ecológico, una grave amenaza para el ambiente, pues hasta ahora se han vertido más de 7 millones de litros de petróleo al mar, sin que se hayan podido tomar medidas efectivas para detener esta catástrofe.

Las garantías económicas, sociales y culturales son una expresión fundamental del Estado democrático de Derecho, de la cual incluso depende su propia sobrevivencia, sin embargo la protección al ambiente en las últimas décadas ha adquirido tal importancia, que ha originado la moderna figura del derecho a un ambiente sano.

En ese sentido, la Carta Democrática Interamericana señala: “El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones”.

Ahora bien, la respuesta timorata de uno de los principales países contaminadores del mundo respecto a este terrible daño ecológico no es para nada ingenua o por falta de pericia. No, sólo es la consecuencia de la conducta depredadora del gobierno de los Estados Unidos, que ha preferido la explotación al límite de los recursos naturales no renovables, con el propósito de obtener un beneficio económico en desmedro de la conservación del ambiente.

La misma conducta de ese gobierno ha generado una situación irreversible, que puede crear una desestabilización en la región, pues se afecta el derecho de todos los habitantes del continente a vivir en un ambiente limpio.

Tal situación en un mundo multipolar, cuyos valores no fueran los intereses eminentemente económicos, ameritaría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para que esta conducta inherente al modelo de producción capitalista no siga dañando el ambiente al cual todos tenemos derecho.

De esta manera, se estaría haciendo uso de una herramienta jurídica, concebida con la finalidad de preservar la estabilidad democrática de los países de la región.


*Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela por el período 2007/2014.Presidenta del Consejo Moral Republicano por el período 2010/2011.

No hay comentarios: