*Luisa Ortega Díaz.
El pasado 22 de abril, el mundo recibió con alarma la noticia de un derrame petrolero en el Golfo de México, hecho que constituye, por la magnitud del daño ecológico, una grave amenaza para el ambiente, pues hasta ahora se han vertido más de 7 millones de litros de petróleo al mar, sin que se hayan podido tomar medidas efectivas para detener esta catástrofe.
Las garantías económicas, sociales y culturales son una expresión fundamental del Estado democrático de Derecho, de la cual incluso depende su propia sobrevivencia, sin embargo la protección al ambiente en las últimas décadas ha adquirido tal importancia, que ha originado la moderna figura del derecho a un ambiente sano.
En ese sentido,
Ahora bien, la respuesta timorata de uno de los principales países contaminadores del mundo respecto a este terrible daño ecológico no es para nada ingenua o por falta de pericia. No, sólo es la consecuencia de la conducta depredadora del gobierno de los Estados Unidos, que ha preferido la explotación al límite de los recursos naturales no renovables, con el propósito de obtener un beneficio económico en desmedro de la conservación del ambiente.
La misma conducta de ese gobierno ha generado una situación irreversible, que puede crear una desestabilización en la región, pues se afecta el derecho de todos los habitantes del continente a vivir en un ambiente limpio.
Tal situación en un mundo multipolar, cuyos valores no fueran los intereses eminentemente económicos, ameritaría la aplicación de
De esta manera, se estaría haciendo uso de una herramienta jurídica, concebida con la finalidad de preservar la estabilidad democrática de los países de la región.
*Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela por el período 2007/2014.Presidenta del Consejo Moral Republicano por el período 2010/2011.
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