CÓMO SE LEGISLABA EN LA IV: Ley del Trabajo…Contra los Trabajadores (1997)

Introducción

En 1997, un duro golpe se asestó a los trabajadores venezolanos. Un Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y Política Salarial (ATSSI), firmado entre el gobierno, los patronos y los sindicatos, introducía cambios tan profundos en la legislación laboral vigente, que era preciso otorgarle carácter de Ley a través de la Reforma de la Ley del Trabajo [1], sancionada en 1990.

María del Rosario Bernardoni de Govea, entonces ministra del ramo, pretendía vender el acuerdo y la reforma que lo contenía argumentando su presunta contribución a modernizar el sistema de seguridad social y las relaciones de trabajo, la reactivación de la economía y la generación de empleos. Según Bernardoni de Govea, la reforma a la ley conservaba las prestaciones sociales y otorgaba a los trabajadores mayor seguridad salarial y laboral.

Rafael Caldera y Teodoro Petkoff

Pero ni la ministra ni otros funcionarios del gobierno decían la verdad. Personajes como Teodoro Petkoff, entonces ministro de Estado de la administración de Rafael Caldera, apoyaban una reforma de ley mucho menos “revolucionaria” que lo que se decía públicamente. En realidad, la nueva redacción echaba por tierra las conquistas sindicales alcanzadas por los obreros tras varios años de lucha, sin mencionar que violaba la Constitución y la propia Ley Orgánica de 1990 [2].

Como se podrá suponer, los efectos de la Reforma discutida a toda prisa y publicada en la Gaceta Oficial en octubre del propio año no se hicieron esperar. Contrario a lo que aseguraba Petkoff, el impacto más inmediato fue el despido de 50 mil trabajadores, sin que se verificara la tan cacareada reactivación de la economía. Tampoco se trabajó inmediatamente en una Ley de Seguridad Social que amparara a los trabajadores.

Veamos algunas opiniones de diputados y senadores de aquel Congreso respecto a este tema.

A favor y en contra de la Reforma

Los defensores de la reforma echaban mano a los argumentos más falaces para apoyar el engendro.

“En la fracción parlamentaria de Acción Democrática estamos convencidos de que la reforma laboral es necesaria y urgente para el desarrollo económico del país, y que las diferencias políticas que pueden ser expresadas en el seno de la Comisión o de la Cámara, no pueden ser más profundas que las que definen los campos de acción de los actores de la Comisión Tripartita”. (Diputado Arístides Hospedales, AD [3], 29.04.97).

“…Se ha dicho que el trabajador con el nuevo sistema pierde su antigüedad, nada más incierto que esa afirmación. No la pierde, sólo que a partir de la entrada en vigencia la reforma de la Ley, se le calculará la antigüedad de otra manera, pero la que venía siendo causada por su incorporación al mercado laboral y en su puesto de trabajo, no la pierde y le es pagada por un sistema que está propuesto.” (Diputado Gonzalo González, 29.4.97).

Este Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo es perfectible, pensamos que va a mejorar la situación económica de los trabajadores, que sí va a llenar sus aspiraciones. Este proyecto sí va a generar la confianza necesaria en el país, sí le va a dar los aumentos salariales a los trabajadores, sí va a mejorar el sistema de prestaciones sociales, el poder adquisitivo y el salario real. Y que este proyecto, sí les va a mejorar el sistema de vida al pueblo venezolano.” (Diputado Miguel Ángel Sánchez [4], AD, 29.4.97).

Pero otros sabían que semejante modificación suponía una regresión en las conquistas laborales alcanzadas por la clase obrera tras varias décadas de luchas sindicales, algunas de las cuales figuraban en la Constitución de la República…

“… [La reforma] constituye un agravio a los trabajadores venezolanos porque afecta el patrimonio que por vía laboral tiene la familia venezolana y, por supuesto, significa una involución jurídica, constitucional y de derecho social de la legislación laboral venezolana.” (Diputado Manuel Isidro Molina, Independientes por Venezuela, 10.6.97).

“Mientras tomaba algunas notas para mi intervención –que no pensaba hacer–, recordaba casualmente un debate anterior. El debate sobre la apertura petrolera. Recordaba que decía al final de esa intervención que estábamos en presencia de una torcedura del destino de este país. Creo que hoy estamos nuevamente en presencia de una torcedura de destino similar al que se produjo con la apertura petrolera.” (Diputada Lelys Páez, Causa R, 29.4.97).

“Es importante que todos y cada uno de los parlamentarios que hoy van a alzar sus manos… tomen en cuenta que pudiéramos estar en presencia de una violación a la Constitución de la República, y por esta razón queremos adelantar que la fracción parlamentaria de La Causa R va a acudir ante la Corte Suprema de Justicia, en lo que respecta a este artículo y a otros artículos que evidentemente constituyen violaciones a derechos adquiridos por los trabajadores venezolanos.” (Diputado Vladimir Villegas[5], Causa R, 21.5.97).

“Esta sesión de la Cámara para los trabajadores venezolanos es un funeral de Estado.”(Diputado Ramón Tenorio Sifontes, Unidad Republicana Democrática, 21.5.97).

Una Ley que favorece a los empresarios

“Pregunto ¿qué ganan los trabajadores con este Proyecto de Ley? Si lo que observo es que pierden el recálculo de sus prestaciones sociales; observo que pierden el pago doble de sus prestaciones sociales; observo que se limita y cuestiona la contratación colectiva a través de una figura del arbitraje que es inconstitucional porque este no puede ser una decisión unilateral sino colectiva de los entes en conflicto. Observo que hay una acción solapada en contra del movimiento sindical organizado…” (Diputado Atilio Hernández, Causa R, 29.4.97).

“Creo que la CTV aquí “hizo como Chacumbele”. Se mataron ellos mismos con este artículo. El artículo 125 significa mayor rotación de personal. Va a traer como consecuencia mayores despidos en el país; se va a imponer la relación individual de trabajo; va a atentarse contra la estabilidad laboral y, por supuesto, desaparecerán los contratos colectivos de trabajo, y como consecuencia, la disminución de los sindicalizados en el país. Se está cambiando, en el caso de que el trabajador tenga 20 años, 20 meses; o 40 meses, 1.200 días; por 150 días. El gran negocio para el sector empresarial.” (Diputado Alfredo Ramos Acosta [6], Causa R, 21.5.97).

“Lo que no se ha dicho aquí, es ¿cuánto dinero de las prestaciones por vía de los fondos de administración de pensiones, van a ir a parar al sistema financiero? Esa es la gran pregunta para los que hoy con las dos manos respaldan este nuevo régimen; en esos 5 años ¿cuánto dinero de los trabajadores venezolanos va a parar al Sistema de Ahorro y Préstamo y a la banca nacional?” (Diputado Carlos Melo [7], Causa R, 29.4.97).

Acuerdo Tripartito: ¿Ejemplo de concentración social o de cogollocracia?

A pesar de que, en teoría, el acuerdo tripartito había sido sometido a determinadas consultas entre los trabajadores, en la práctica las cúpulas de la CTV claudicaron frente a los intereses empresariales y allanaron el camino para que el gobierno pudiera imponer sus recetas neoliberales. Así lo reconocían varios críticos de la Ley:

La participación de la CTV en el Acuerdo Tripartito no significó la representación de la clase obrera nacional sino

“¿Acaso no se sabe que sólo el 14% de los trabajadores de la población económicamente activa está sindicalizada? ¿Las confederaciones son auténticamente representativas del sector trabajador venezolano? Tengo la impresión que no. Fedecámaras fue en algún momento representativo. Tal vez sí, pero ¿hoy representa a los pequeños industriales, comerciantes y artesanos? La respuesta es no.” (Diputado Freddy Gutiérrez, Causa R, 29.4.97).

“…Es un acuerdo con aliento viejo, con aliento puntofijista, con aliento de la estructura que ha envejecido al país a través de las centrales obreras tan criticadas, del Gobierno tan puesto en duda y de los sectores empresariales que se han ensañado en contra de los trabajadores y de la población venezolana, en general.” (Diputado Manuel Isidro Molina, Independientes por Venezuela, 29.4.97).

“…Fue un acuerdo cupular; un acuerdo antidemocrático, donde los involucrados, los afectados, que son los trabajadores, en ningún momento fueron consultados”.(Alfredo Ramos Acosta, Causa R, 29.4.97).

“…es totalmente falso que los trabajadores han aceptado tranquilamente la modificación del régimen de prestaciones.” (Diputado Alfredo Ramos Acosta, Causa R, 29.4.97).

“…Acá tenemos un movimiento sindical sin autonomía; dominado desde las cúpulas de los partidos políticos; subordinado mediante subsidios a la estructura del Estado; y si se quiere, con grandes complejos cuando se trata de discutir con la representación de los empresarios.” (Diputado Atilio Hernández, Causa R, 29.4.97).

La triste suerte de un Congreso inútil

Eran tan evidentes las intenciones de imponer a toda costa la nueva Ley, que no pocos diputados alzaron sus voces para protestar contra el hecho de que, en este como en otros casos, las discusiones en el Congreso no pasaban de ser un procedimiento formal:

“…Quieren imponerle al Congreso de la República que sólo aquello que firmó la Tripartita es sobre lo cual debe legislar. Don Pedro Carmona[8], Presidente de Conindustria, en un artículo en el diario El Universal,aparece diciéndole a los parlamentarios: “Cuidado si se extralimitan, porque pueden generar problemas”…” (Diputado Manuel Isidro Molina, Independientes por Venezuela, 29.4.97).

“Estamos presenciando una farsa, una discusión que no lo es tal. (…) Hay oídos sordos para todo lo que no sea aprobar a como dé lugar el Proyecto de Ley (…) No hay ni siquiera la apertura necesaria para algunas modificaciones que no hayan sido cocinadas previamente en los escenarios, tanto formales como informales, donde se ha dado esta discusión” (Diputada Lelys Páez, Causa R, 21.5.97)

“Si este Congreso está aquí para levantar la mano, y aprobar lo que viene de la Tripartita ¿por qué no lo disuelven?” (Senador Lucas Matheus, Causa R, 4.6.97).

Teodoro Petkoff: orquestador del desastre

Teodoro Petkoff

“Teodoro Petkoff, el gran comunicador de este Gobierno –el gran manipulador diría yo– engaña a los trabajadores y a la CTV también; cuando Petkoff les responde a la pregunta que con su peculiar estilo ha popularizado: “¿Cómo quedo yo ahí?”, casi que felicita a los trabajadores cuando les dice, por ejemplo, que a partir del segundo año les van a pagar 60 días de antigüedad por cada año…” (Diputada Lelys Páez, Causa R, 29.4.97).

“Lo más lamentable es que cuando se entrevistaron los ministros Luis Raúl Matos Azócar y Teodoro Petkoff con la Comisión, se les requirió la información sobre la fuente de pago de esas prestaciones sociales y se nos dijo que la fuente estaba en que se hacía el reconocimiento de la obligación por parte del Estado, y, en segundo lugar, que de no haber dinero se iría al refinanciamiento y si no lo había se le pagaba al trabajador con bonos de la Deuda Pública.” (Diputado Atilio Hernández, Causa R, 29.4.97).

“¡No es verdad lo que dijo el ministro Teodoro Petkoff! … Sí se le está robando la antigüedad al trabajador; se le quiere echar por tierra todos los años acumulados.”(Diputado Manuel Isidro Molina, Independientes por Venezuela, 29.4.97).

“Cuando hubo la nacionalización, acompañé a Teodoro Petkoff en la Ferrominera a sacarle los porcentajes que le correspondían a los trabajadores, y allí tuvimos una batalla importante por la defensa del comisariato y el derecho de las viviendas de los trabajadores. Hoy vemos al “Catire” Petkoff entregado, sin ningún rubor.” (Diputado Jorge Reyes, Causa R, 29.4.97).

Un pueblo manipulado

“A este Gobierno y al presidente Rafael Caldera hay que felicitarlos, así como a la bancada de Convergencia, porque lograron vender lo que han hecho hasta ahora, una ilusión, una mentira, argumentar sobre un régimen de prestaciones, crear de tal manera una referencia contraria al régimen de prestaciones actual, que mucha gente cree lo pernicioso que es el régimen por sí sólo.” (Diputado Carlos Melo, Causa R, 29.4.97).

“El marco que precedió la discusión de esta Ley en el Congreso de la República, está constituido por una campaña muy costosa, muy grande, que se hizo en toda Venezuela, para hacerle ver a todos los venezolanos… que la suerte del país dependía de la modificación del régimen de prestaciones sociales y que una vez modificado dicho régimen, una vez modificada o eliminada la retroactividad de las prestaciones sociales, en Venezuela se iba a vivir una especie de paraíso prometido” (Senador Lucas Matheus, Causa R, 4.6.97).