*JUAN MARTORANO.
En el día de ayer,
observando el programa "Valdimir a la 1", conducido por el
periodista Vladimir Villegas, estuvo entrevistando a un activista adeco
de Derechos Humanos, el abogado y ex-parlamentario Rafael Narvaez,
quien señalo la tesis de que solo los Gobiernos violan Derechos Humanos,
además de denunciar "ataques de la Guardia Nacional Bolivariana y demás
cuerpos de seguridad del Estado por realizar allanamientos sin la
respectiva orden judicial".
Además
de ello, Narvaez señalo que dichos cuerpos de seguridad, en el uso de
las bombas lacrimógenas y demás sustancias utilizadas para manejar el
orden público, estan "vencidas", además de la realización de detenciones
"sin orden judicial". Cosa totalmente
falsa de este señor, pero además de ello, suponiendo que se hubiesen
realizado detenciones por parte de nuestros cuerpos de seguridad sin
dichas órdenes. ¿Será que el Dr. Narvaez se olvidó de lo que establecen
nuestras leyes cuando ocurre la comisión de un delito en flagrancia? Por
una duda que me surge.
Por
ser este humilde servidor un activista en materia de Derechos Humanos, y
por un conjunto de hechos que hemos venido observando en estas últimas
horas, no solamente le voy a responder a este señor Narvaez, sino a
pulverizar nuevas matrices que se quieren imponer en contra del pueblo
venezolano, a todas luces totalmente
falsas, y que utilizan como mascarón de proa, el discurso de los
Derechos Humanos.
Uno
de los elementos que hay que agregar en estos intentos de fomentar el
caos e ingobernabilidad en nuestro país, como una táctica para
torpedear la política de diálogo y de paz impulsada por el
Presidente Nicolás Maduro, es el pronunciamiento de un conjunto de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e individualidades, como son los casos de
“Súmate”, el Foro Penal Venezolano y de Rafael Narvaez, los cuales “hacen la
cama” para reforzar la línea de “persecución política” a la
oposición venezolana y de violación a Derechos Humanos en el país.
El martes,
a propósito de la movilización de la señora María Machado
hacia la Asamblea Nacional, eran previsibles los hechos violentos
que lamentablemente se suscitaron en el Este del área metropolitana
de Caracas. Estos hechos vinieron acompañados de un Programa
Especial en Globovisión, en el que estuvo como invitado, nada más
y nada menos que el abogado, Alonso Medina Roa, especialista
en Derecho Penal y Derechos Humanos e integrante del Foro Penal
Venezolano.
Este
abogado se refirió al caso de la señora Machado de manera
tendenciosa y malintencionada, desconociendo totalmente la decisión
de nuestra Sala Constitucional, que sentó jurisprudencia sobre los
artículos 149 y 191 de nuestra Constitución al respecto del caso de la hoy ex-parlamentaria. Lo peor es que el integrante de esta
ONG señaló que la política de diálogo con el Gobierno del
Presidente Nicolás Maduro, “pasa por una reinstitucionalización
del país”. A todas luces y de manera velada, este “activista”
por los Derechos Humanos busca reforzar la tesis del Estado Fallido y
la línea de caos e ingobernabilidad tratada en análisis formulados
a principios de este año por este humilde servidor en algunos artículos anteriores.
Esa
es la línea que desarrollarán de ahora en adelante estos sectores
apátridas. Mientras sus mercenarios realizan acciones
terroristas, tratan de destruir los símbolos del chavismo y de tomar
por la fuerza o destruir, si fuere necesario, instalaciones del
Gobierno Bolivariano (el incendio de instalaciones del Ministerio del
Poder Popular para la Vivienda y Hábitat es una muestra de ello),
por otro lado se activan sus ONGS para vender la tesis
de”represión gubernamental”, con el apoyo de sus medios de
difusión y propaganda (prensa, radio, TV), y en paralelo, desde las
redes sociales digitales, diversos actores opositores complementan la
campaña de estos medios (María Machado, Antonio Ledezma, Leopoldo
López, Henrique Capriles). Además de reforzar la tesis de
“violaciones a la libertad de expresión e información”, esto lo
afirmamos por unas declaraciones de Marco Ruíz, secretario
general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa,
quien aseveró un supuesto intento de funcionarios del CICPC de
obtener las fuentes de comunicadores mediante interrogatorios,
ignorando que nuestra misma Constitución protege las fuentes
periodísticas e informativas. Salvo algunas variantes, es la
misma receta aplicada los días previos al golpe de estado del 11 de
abril de 2002.
Por
otra parte, llama poderosamente la atención, que estos señores, al
realizar sus declaraciones, no muestran ni un papel, ni una denuncia ni
ningún tipo de prueba que sustente sus aseveraciones. Parece que estos
señores olvidaron que sus declaraciones e informes, jamás sustituirán la
formulación de la denuncia ante el Ministerio Público y la Defensoría
del Pueblo, que de acuerdo a nuestra Constitución y leyes de la
República, son los órganos competentes para conocer denuncias en materia
de Derechos Humanos, y de impulsar las acciones que
contribuyan a la sanción de los violadores de éstos.
Además,
que ellos formulan esas denuncias bajo una óptica caduca ya. Porque
ellos ven los Derechos Humanos desde la óptica única y exclusiva de los
derechos civiles y políticos, cuando los Derechos Humanos son mucho más
amplios. Hay Derechos Humanos Económicos, Sociales, de los Pueblos
Indígenas, de los Afrodescendientes, hasta de la Pacha Mama. Que triste
que estos señores se hayan quedado anquilosados en el pasado. Sin ánimo
de pecar de inmodesto, me considero defensor y promotor de los Derechos
Humanos, pero
desde una óptica crítica, progresista y revolucionaria.
Pero
la tesis de que el Estado sería el único que viola Derechos Humanos se
cae de maduro en Venezuela. Ya que estamos viendo como son los mismos
"integrantes de la sociedad civil" los que incendian instalaciones
gubernamentales, con acciones terroristas, mantienen secuestradas en sus
oficinas y hogares, a miles de personas, que independientemente de su
ideología política, tienen derecho a la salud, al libre tránsito, al
trabajo, y estos derechos, en estas últimas siete semanas de violencia,
no han sido
precisamente conculcados por el Estado Venezolano. Un Estado
Democrático y Social, de Derecho, pero sobre todo de Justicia.
Antes
se creía que el uso de las fuerzas paramilitares era un mecanismo
exclusivo implementado por los Estados, para que a través del uso de
fuerzas irregulares, tomar la justicia por su propia mano, eliminar la
disidencia política y vulnerar derechos humanos bajo el manto de
impunidad y lenidad. Pero, y en Venezuela y en otras partes del mundo se
está demostrando, no necesariamente es el Estado el promotor de estas
fuerzas mercenarias e
irregulares. Sino miremos el ejemplo de Siria, de Iraq y de nuestra
misma Venezuela, para que veamos en que bando están estas fuerzas
creadas y promovidas para desestabilizar a los gobiernos que no le son
afectos a los intereses hegemónicos del Gobierno imperialista de los
Estados Unidos.
Es
por ello que, desde mi punto de vista, y en respuesta a estos
"expertos" en materia de Derechos Humanos. Que no solamente son los
Estados, sino que la empresa privada y las personas naturales y/o
jurídicas pueden también ser actores muy activos en el menoscabo de los
Derechos
Humanos, de los derechos de nuestro pueblo.
¡Bolívar y Chávez Viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron Siguen!
¡Abril Victorioso, la Patria Sigue!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
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