Anaiz Zamora Márquez
Consideró que visibilizar las agresiones y tipos de violencia que viven las defensoras “proyecta la condición de violencia y vulnerabilidad que enfrentan todas las mujeres del continente, pese a la supuesta protección de la Convención de Belém do Pará”.
En la audiencia celebrada en Washington se presentaron los datos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, según los cuales de 2010 a 2012 fueron asesinadas 38 mujeres activistas.
Tan sólo en 2012 se documentaron 400 agresiones en Guatemala, El Salvador y Honduras, de las cuales el 40 por ciento presentaron algún componente de género.
En primer lugar de agresiones recibidas están las defensoras de los recursos naturales (37.9 por ciento de casos), y seguidas por aquellas que combaten la violencia de género (14.7 por ciento). Quienes defienden la libertad de expresión y el acceso a la información registran el 11.4 por ciento del total de agresiones.
Dentro de las principales agresiones están las amenazas, advertencias y ultimátum, en las que se incluyen insultos machistas. También se han lanzado campañas de desprestigio que cuestionan la moralidad o sexualidad de las defensoras, y en algunos casos hay amenazas de violación sexual.
Marusia López, coordinadora regional para Mesoamérica de Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), sostuvo que a la ausencia de los Estados para prevenir, resolver y proteger a las mujeres que salvaguardan los DH se agrega la falta de acceso a la justicia.
Por ello destacó que dentro de los mecanismos de protección para personas defensoras que existen a nivel continental, urge la inclusión de la perspectiva de género, es decir que tanto los análisis de riesgo como las medidas de protección deben pasar por esta óptica, pues “ellas hacen su labor en un contexto en el que las mujeres siguen siendo señaladas y su participación política es puesta en duda”.
Finalmente, las activistas llamaron a la CIDH a elaborar un informe específico sobre la situación de las defensoras de DH en la región, para visibilizar así las metas pendientes de Belém do Pará, ya que esta convención no ha garantizado a las mujeres de la región, incluidas las defensoras, una vida libre de violencia.
Cimacnoticias La Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Belém do Pará) no se tradujo en mejores condiciones
legislativas, económicas, sociales o de acceso a la justicia para la
población femenina, especialmente para las defensoras de Derechos
Humanos (DH).
Dentro de su 150 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) celebró ayer la audiencia “Retos y desafíos
para la protección de las mujeres contra la violencia a 20 años de la
Convención de Belém do Pará”.
Defensoras de DH del continente denunciaron que la negligencia de
los Estados para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia
pega aún más en su labor como activistas.
Liliana Tojo, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (Cejil), sostuvo que las agresiones en contra de las
defensoras de DH tienen una dimensión específica por el tipo de
actividad que ellas realizan y su condición de género.
La ineficiencia de los Estados –dijo– para proteger y atender a las
mujeres que enfrentan violencia de género se trasladó a las abogadas,
“pues ahora en muchos casos son ellas las que hacen frente a los vacíos
en la materia”.
Consideró que visibilizar las agresiones y tipos de violencia que viven las defensoras “proyecta la condición de violencia y vulnerabilidad que enfrentan todas las mujeres del continente, pese a la supuesta protección de la Convención de Belém do Pará”.
En la audiencia celebrada en Washington se presentaron los datos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, según los cuales de 2010 a 2012 fueron asesinadas 38 mujeres activistas.
Tan sólo en 2012 se documentaron 400 agresiones en Guatemala, El Salvador y Honduras, de las cuales el 40 por ciento presentaron algún componente de género.
En primer lugar de agresiones recibidas están las defensoras de los recursos naturales (37.9 por ciento de casos), y seguidas por aquellas que combaten la violencia de género (14.7 por ciento). Quienes defienden la libertad de expresión y el acceso a la información registran el 11.4 por ciento del total de agresiones.
Dentro de las principales agresiones están las amenazas, advertencias y ultimátum, en las que se incluyen insultos machistas. También se han lanzado campañas de desprestigio que cuestionan la moralidad o sexualidad de las defensoras, y en algunos casos hay amenazas de violación sexual.
Marusia López, coordinadora regional para Mesoamérica de Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), sostuvo que a la ausencia de los Estados para prevenir, resolver y proteger a las mujeres que salvaguardan los DH se agrega la falta de acceso a la justicia.
Por ello destacó que dentro de los mecanismos de protección para personas defensoras que existen a nivel continental, urge la inclusión de la perspectiva de género, es decir que tanto los análisis de riesgo como las medidas de protección deben pasar por esta óptica, pues “ellas hacen su labor en un contexto en el que las mujeres siguen siendo señaladas y su participación política es puesta en duda”.
Finalmente, las activistas llamaron a la CIDH a elaborar un informe específico sobre la situación de las defensoras de DH en la región, para visibilizar así las metas pendientes de Belém do Pará, ya que esta convención no ha garantizado a las mujeres de la región, incluidas las defensoras, una vida libre de violencia.
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