The Nation/Common Dreams
| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
El martes 14 de febrero por la noche, por lo menos 357 prisioneros murieron en un incendio en la penitenciaría La Granja en Comayagua, Honduras, en uno de los peores incendios carcelarios del último siglo. El incendio, sin embargo, es solo el último resultado mortal de la mayor tormenta de fuego por motivos políticos que es Honduras actual. El incendio deComayagua debe ser visto en el contexto de la casi total descomposición del Estado hondureño desde el golpe militar del 28 de junio de 2009 que derrocó al presidente democráticamente elegido, José Manuel Zelaya.
Las autoridades hondureñas se apresuraron a insistir en que los muertos eran criminales recalcitrantes y culparon por el incendio a un recluso demente que prendió fuego a su propio colchón. Pero defensores de los derechos humanos, expertos carcelarios, y los medios de oposición subrayaron rápidamente que los mayores criminales en esta historia son la policía y el Estado hondureño.
Daniel Orellana, director de prisiones hasta que fue suspendido después del incendio, fue el cerebro que dirigió a la policía de Honduras durante y después del golpe militar, según el informe de julio de 2011 de la Comisión de Verdad y Reconciliación convocada por el gobierno golpista del presidente Porfirio Lobo. Héctor Iván Mejía, el actual portavoz policial que informa al público sobre el incendio de Comayagua, fue previamente despedido como Jefe de Policía de la segunda ciudad por su tamaño del país, San Pedro Sula, en parte porque emitió la tristemente célebre orden de usar gas lacrimógeno contra una manifestación pacífica de la oposición el 15 de septiembre de 2010, en la que participaba una banda de música de un colegio secundario.
Cuando estalló el fuego justo antes de las 11.00 pm, los prisioneros estaban encerados en celdas terriblemente repletas, en algunos casos sesenta en una. Sus guardias, policías corrientes, no tenían llaves en muchos casos o se negaron a utilizarlas y huyeron, abandonando a los prisioneros que gritaban. Rubén García, un sobreviviente, ha testificado que los guardias dispararon contra los prisioneros antes de huir. Afuera, la policía retuvo a los bomberos durante treinta minutos antes de permitir su ingreso.
Aunque algunos de los reclusos eran, de hecho, miembros de pandillas y narcotraficantes, como han informado los medios, la penitenciaría de Comayagua es una prisión de segundo nivel, que alberga a delincuentes comunes del área; los más peligrosos están en la capital, Tegucigalpa. Muchos de ellos nunca han sido condenados y esperaban una fecha para un juicio que nunca llega, en un país del que se sabe ampliamente que no tiene un sistema judicial que funcione.
Cuando estalló el incendio, los familiares se apresuraron a ir a la prisión, solo para ser recibidos con balas y gas lacrimógeno. Todo el día siguiente, la estación de radio de oposición de los jesuitas, Radio Progreso, leyó los nombres de los muertos, y la mención de sus clásicos nombres hondureños subrayó la magnitud del golpe al pueblo hondureño.
Es el tercer gran fuego carcelario del país en los últimos años. En 2003, la policía provocó deliberadamente un incendio matado a 69 miembros de bandas en El Porvenir. En 2004, 104 reclusos murieron en San Pedro Sula, sin poder escapar. En ambos casos el gobierno prometió una reforma dramática, pero las condiciones empeoraron.
Más de 300 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado desde que el presidente Lobo llegó al poder en una elección de noviembre de 2009 boicoteada por la mayor parte de la oposición y casi todos los observadores internacionales. Por lo menos cuarenta y tres activistas campesinos han sido muertos por la policía, miembros de las fuerzas armadas, y guardias privados de seguridad.
En el otoño pasado el país fue alarmado por un masivo escándalo cuando las autoridades revelaron que el 22 de octubre agentes de la policía habían supuestamente matado al hijo de la rectora de la universidad, Julieta Castellano, y a un amigo suyo, y que se había permitido que los culpables quedaran en libertad. Durante todo el otoño ex funcionarios del gobierno y otros se presentaron para denunciar una participación generalizada de la policía en el narcotráfico y en asesinatos, a los más altos niveles. El más destacado de los críticos, el ex congresista y comisionado de la policía, Alfredo Landaverde, fue asesinado el 6 de diciembre.
¿A quién, entonces, culpar por la tragedia de Comayagua? La ex comisionada de policía María Luisa Borjas, que también es objeto de amenazas de muerte porque ha criticado la corrupción policial, acusó en la mañana siguiente que el incendio fue un “acto criminal” del gobierno hondureño. El abogado Joaquín Mejía lo calificó de “violencia institucionalizada del Estado”.
Es sabido que el gobierno de Lobo está todavía invadido de arriba abajo de golpistas, narcotraficantes, y de responsables de la represión de la oposición. El peligro, ahora, es que la policía y los militares hondureños aprovecharán el incendio de la prisión para justificar aún más una rápida militarización de la sociedad hondureña, como advierte Oscar Estrada, quien ha estudiado el sistema carcelario hondureño. Por cierto, el gobierno ya promulgó una ley controvertida en noviembre de 2011 que permite que los militares se hagan cargo de funciones policiales ordinarias.
Esta militarización es avivada por el Departamento de Estado de EE.UU. que sigue apoyando financiera y diplomáticamente al corrupto e ilegítimo régimen de Lobo. Obama propuso, en su presupuesto para 2013, la duplicación del financiamiento para Honduras, a pesar de creciente presión en el Congreso para suspender toda la ayuda policial y militar a Honduras. El financiamiento militar estadounidense ha aumentado cada año desde el golpe, y EE.UU. invierte actualmente 50 millones de dólares en la expansión de su Base de la Fuerza Aérea de Soto Cano en Honduras, de importancia estratégica, utilizando la lucha contra el narcotráfico como pretexto para expandir su presencia militar y su control directo de la policía hondureña.
La comunidad de derechos humanos hondureña y la oposición son, sin embargo, claros: quieren que EE.UU. corte la ayuda –“dejen de alimentar a la bestia” como pidió el rector de la universidad – y quieren limpiar ellos mismos las fuerzas de seguridad del Estado. No quieren que EE.UU., sea directamente o a través de sus títeres, se apodere aún más de su país mediante una supuesta operación de limpieza sirviendo al mismo régimen golpista al que sigue entregando millones de dólares.
© 2012 The Nation
Dana Frank es profesora de historia en la Universidad de California, Santa Cruz, y autora de Bananeras: Women Transforming the Banana Unions of Latin America, que se concentra en Honduras, y Buy American: The Untold Story of Economic Nationalism. Actualmente escribe un libro sobre la intervención en la Guerra Fría de AFL-CIO en el movimiento sindical hondureño.
Fuente: http://www.commondreams.org/
Las autoridades hondureñas se apresuraron a insistir en que los muertos eran criminales recalcitrantes y culparon por el incendio a un recluso demente que prendió fuego a su propio colchón. Pero defensores de los derechos humanos, expertos carcelarios, y los medios de oposición subrayaron rápidamente que los mayores criminales en esta historia son la policía y el Estado hondureño.
Daniel Orellana, director de prisiones hasta que fue suspendido después del incendio, fue el cerebro que dirigió a la policía de Honduras durante y después del golpe militar, según el informe de julio de 2011 de la Comisión de Verdad y Reconciliación convocada por el gobierno golpista del presidente Porfirio Lobo. Héctor Iván Mejía, el actual portavoz policial que informa al público sobre el incendio de Comayagua, fue previamente despedido como Jefe de Policía de la segunda ciudad por su tamaño del país, San Pedro Sula, en parte porque emitió la tristemente célebre orden de usar gas lacrimógeno contra una manifestación pacífica de la oposición el 15 de septiembre de 2010, en la que participaba una banda de música de un colegio secundario.
Cuando estalló el fuego justo antes de las 11.00 pm, los prisioneros estaban encerados en celdas terriblemente repletas, en algunos casos sesenta en una. Sus guardias, policías corrientes, no tenían llaves en muchos casos o se negaron a utilizarlas y huyeron, abandonando a los prisioneros que gritaban. Rubén García, un sobreviviente, ha testificado que los guardias dispararon contra los prisioneros antes de huir. Afuera, la policía retuvo a los bomberos durante treinta minutos antes de permitir su ingreso.
Aunque algunos de los reclusos eran, de hecho, miembros de pandillas y narcotraficantes, como han informado los medios, la penitenciaría de Comayagua es una prisión de segundo nivel, que alberga a delincuentes comunes del área; los más peligrosos están en la capital, Tegucigalpa. Muchos de ellos nunca han sido condenados y esperaban una fecha para un juicio que nunca llega, en un país del que se sabe ampliamente que no tiene un sistema judicial que funcione.
Cuando estalló el incendio, los familiares se apresuraron a ir a la prisión, solo para ser recibidos con balas y gas lacrimógeno. Todo el día siguiente, la estación de radio de oposición de los jesuitas, Radio Progreso, leyó los nombres de los muertos, y la mención de sus clásicos nombres hondureños subrayó la magnitud del golpe al pueblo hondureño.
Es el tercer gran fuego carcelario del país en los últimos años. En 2003, la policía provocó deliberadamente un incendio matado a 69 miembros de bandas en El Porvenir. En 2004, 104 reclusos murieron en San Pedro Sula, sin poder escapar. En ambos casos el gobierno prometió una reforma dramática, pero las condiciones empeoraron.
Más de 300 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado desde que el presidente Lobo llegó al poder en una elección de noviembre de 2009 boicoteada por la mayor parte de la oposición y casi todos los observadores internacionales. Por lo menos cuarenta y tres activistas campesinos han sido muertos por la policía, miembros de las fuerzas armadas, y guardias privados de seguridad.
En el otoño pasado el país fue alarmado por un masivo escándalo cuando las autoridades revelaron que el 22 de octubre agentes de la policía habían supuestamente matado al hijo de la rectora de la universidad, Julieta Castellano, y a un amigo suyo, y que se había permitido que los culpables quedaran en libertad. Durante todo el otoño ex funcionarios del gobierno y otros se presentaron para denunciar una participación generalizada de la policía en el narcotráfico y en asesinatos, a los más altos niveles. El más destacado de los críticos, el ex congresista y comisionado de la policía, Alfredo Landaverde, fue asesinado el 6 de diciembre.
¿A quién, entonces, culpar por la tragedia de Comayagua? La ex comisionada de policía María Luisa Borjas, que también es objeto de amenazas de muerte porque ha criticado la corrupción policial, acusó en la mañana siguiente que el incendio fue un “acto criminal” del gobierno hondureño. El abogado Joaquín Mejía lo calificó de “violencia institucionalizada del Estado”.
Es sabido que el gobierno de Lobo está todavía invadido de arriba abajo de golpistas, narcotraficantes, y de responsables de la represión de la oposición. El peligro, ahora, es que la policía y los militares hondureños aprovecharán el incendio de la prisión para justificar aún más una rápida militarización de la sociedad hondureña, como advierte Oscar Estrada, quien ha estudiado el sistema carcelario hondureño. Por cierto, el gobierno ya promulgó una ley controvertida en noviembre de 2011 que permite que los militares se hagan cargo de funciones policiales ordinarias.
Esta militarización es avivada por el Departamento de Estado de EE.UU. que sigue apoyando financiera y diplomáticamente al corrupto e ilegítimo régimen de Lobo. Obama propuso, en su presupuesto para 2013, la duplicación del financiamiento para Honduras, a pesar de creciente presión en el Congreso para suspender toda la ayuda policial y militar a Honduras. El financiamiento militar estadounidense ha aumentado cada año desde el golpe, y EE.UU. invierte actualmente 50 millones de dólares en la expansión de su Base de la Fuerza Aérea de Soto Cano en Honduras, de importancia estratégica, utilizando la lucha contra el narcotráfico como pretexto para expandir su presencia militar y su control directo de la policía hondureña.
La comunidad de derechos humanos hondureña y la oposición son, sin embargo, claros: quieren que EE.UU. corte la ayuda –“dejen de alimentar a la bestia” como pidió el rector de la universidad – y quieren limpiar ellos mismos las fuerzas de seguridad del Estado. No quieren que EE.UU., sea directamente o a través de sus títeres, se apodere aún más de su país mediante una supuesta operación de limpieza sirviendo al mismo régimen golpista al que sigue entregando millones de dólares.
© 2012 The Nation
Dana Frank es profesora de historia en la Universidad de California, Santa Cruz, y autora de Bananeras: Women Transforming the Banana Unions of Latin America, que se concentra en Honduras, y Buy American: The Untold Story of Economic Nationalism. Actualmente escribe un libro sobre la intervención en la Guerra Fría de AFL-CIO en el movimiento sindical hondureño.
Fuente: http://www.commondreams.org/
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