Al-Jazeera
| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
En septiembre de 1991, el presidente peruano Alberto Fujimori acusó a Angélica Mendoza –una septuagenaria residente de la ciudad de Ayacucho– de ser la “embajadora en Francia del terrorismo Senderista”.El hijo de 19 años de Mendoza, Arquímedes Ascarza, de quien se rumoreaba que colaboraba con la organización guerrillera maoísta Sendero Luminoso, había sido desaparecido por el ejército peruano en 1983. Además de ser su madre, las credenciales terroristas de Mendoza también incluían su ayuda en la fundación de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), así como un breve viaje a Europa, en conjunción con otros organismos terroristas como Amnistía Internacional, para dar a conocer abusos de los derechos humanos en la nación suramericana.
1992 –año de la acusación de Fujimori– también fue el año en el cual un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación de Lima fueron secuestrados del campus y asesinados por el escuadrón de la muerte Grupo Colina, formado por miembros de las fuerzas armadas peruanas. En 1991, el mismo grupo asesinó a un niño de ocho años y a otras 14 personas en una reunión social en el vecindario de Barrios Altos.
A pesar de los esfuerzos de Fujimori por “preservar los derechos humanos” de miembros del Grupo Colina promulgando una ley de amnistía, ambas masacres contribuyeron a su propia condena y encarcelamiento en 2009.
Che contra Jesús
Maribel Ascarza, hija de Angélica Mendoza, quien preside la oficina de ANFASEP en Ayacucho, me describió recientemente el violento secuestro nocturno de su hermano en su hogar. Según Ascarza, el ejército halló validación para su operación en la decoración interior elegida por Arquímedes, que incluía transcripciones en las paredes de su dormitorio de poemas de Pablo Neruda, así como un retrato de Che Guevara. El retrato aún más grande de Jesucristo no constituyó aparentemente una compensación suficiente por la presencia de los otros dos adalides, y Arquímedes fue sustraído del lugar mientras su madre sufría una golpiza.
Ascarza admitió con tristeza que a veces desearía que los soldados hubieran simplemente asesinado a Arquímedes en su dormitorio en lugar de imponer a la familia lo que ahora se acerca a tres décadas de incertidumbre sobre su suerte. Ex estudiante de derecho y ciencias políticas, afirma que si los jóvenes peruanos desaparecidos pertenecían a Sendero o no, era enteramente irrelevante frente a las responsabilidades de un Estado que se publicitaba como democrático – como ser la abstención de la participación en terrorismo de Estado y la asignación de poderes judiciales a los militares.
El hecho de que entidades como ANFASEP y la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú -posterior al conflicto armado- también condenen el terrorismo cometido por Sendero y subrayen el papel instigador que tuvo esta organización en el conflicto, no les ha ahorrado ser denunciadas como agentes senderistas.
De hecho, no se puede decir que Fujimori sea el único funcionario latinoamericano que ha detectado motivos insidiosos tras las instituciones orientadas a la defensa de los derechos humanos. El año pasado, la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Oficina del Procurador General en Honduras fue acusada de facilitar la violencia de pandillas cuando objetó a la ejecución extrajudicial por la policía de siete ciudadanos hondureños. La acusación fue hecha por el Ministerio de Seguridad, el mismo ministerio que excusó la excesivamente elevada tasa de asesinatos de periodistas en el país argumentando que en todo caso la mayoría de los periodistas asesinados no poseían cualificaciones periodísticas adecuadas.
Así mismo, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe decretó en 2003 que los grupos de derechos humanos son frecuentemente frentes para terroristas, aunque es posible decir lo mismo con más verosimilitud de la Oficina del Presidente de Colombia. A pesar de su supuesto enfoque terrorista, ninguno de los grupos de derechos humanos se ha pronunciado en apoyo a la práctica militar –aplicada durante el reinado de Uribe– de masacrar civiles y vestir los cadáveres con uniformes de las FARC a fin de recibir bonificaciones y más días de vacaciones.
Es posible que gracias al hábito de Israel de invertir la relación entre víctima y victimizador y de hablar de la coincidencia entre organizaciones de derechos humanos y terroristas, las firmas de seguridad israelíes hayan encontrado una recepción tan obsecuente por parte de los regímenes latinoamericanos. Los precisos ataques israelíes contra ambulancias de la Cruz Roja en el Líbano subrayan además la negativa del Estado de ser engañado por el discurso humanitario, como lo hace en la administración de controvertidas drogas contraceptivas a residentes etíopes de Israel.
El genocidio policial peruano
La implementación de una estrategia similar por el gobierno de Fujimori, para encarar el exceso en la tasa de natalidad de los pobres, llevó a la esterilización forzosa de varios cientos de miles de habitantes de Perú rural.
Casualmente, las acusaciones de genocidio contra Fujimori han sido reemplazadas desde entonces –gracias a la creatividad del oficialismo peruano– por la acusación de que manifestantes indígenas en la región del Amazonas dirigieron un genocidio de la fuerza policial peruana en 2009. Esta afirmación no cuadra con el hecho de que la policía no es ni un grupo étnico ni contaba entre los que sufrieron ataques de helicópteros por oponerse a la explotación irracional de los recursos naturales.
En vista de las actuales protestas en Perú contra la minería y otras formas de contaminación de los ecosistemas locales por parte de corporaciones transnacionales, parece que otras violaciones de los derechos humanos contra la policía y otros representantes del Estado peruano serían inevitables.
En cuanto a otras fuentes potenciales de conflicto que amenazan el futuro de Perú, Carlos Falconi– un renombrado músico y defensor de los derechos humanos en Ayacucho– me señaló el otro día que el nivel de apoyo entre jóvenes peruanos para el nuevo Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), pro senderista, que trata de registrarse como partido político, es un efecto de la campaña del Estado contra la memoria histórica y su negativa de dar a conocer adecuadamente los resultados de la Comisión de Verdad y Reconciliación o de implementar sus recomendaciones.
Ya que la conformidad con la comisión requeriría que el Estado reconozca sus propios crímenes en el período del conflicto armado, dijo Falconi, prefiere consumirse con debates superficiales sobre qué fecha en el calendario debería ser asignada al “Día Nacional contra el Terrorismo”. Una de las fechas propuestas es el 22 de abril, que ya ha sido apodado “Día de los Defensores de la Democracia; fue en ese día, en 1997, cuando comandos peruanos, por orden de Fujimori, liberaron a rehenes retenidos por militantes del comunista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador japonés en Lima.
El editor político del destacado periódico peruano El Comercio, culpó recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de facilitar la infiltración de la democracia peruana por Movadef, al denunciar la ejecución extrajudicial de militantes del MRTA que ya se habían rendido en la residencia del embajador, – evidencia adicional de que el 22 de abril debiera ser observado en el futuro como “Día Nacional contra el Terrorismo de los Derechos Humanos”.
…………
Belén Fernández es editora en PULSE Media. Su libro: The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work está en venta en Verso, Amazon y muchos otros sitios. Sus artículos han aparecido en London Review of Books blog, CounterPunch, Guernica Magazine, y muchas otras publicaciones.
Síguela en Twitter: @MariaBelen_Fdez
Fuente: http://www.aljazeera.com/
1992 –año de la acusación de Fujimori– también fue el año en el cual un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación de Lima fueron secuestrados del campus y asesinados por el escuadrón de la muerte Grupo Colina, formado por miembros de las fuerzas armadas peruanas. En 1991, el mismo grupo asesinó a un niño de ocho años y a otras 14 personas en una reunión social en el vecindario de Barrios Altos.
A pesar de los esfuerzos de Fujimori por “preservar los derechos humanos” de miembros del Grupo Colina promulgando una ley de amnistía, ambas masacres contribuyeron a su propia condena y encarcelamiento en 2009.
Che contra Jesús
Maribel Ascarza, hija de Angélica Mendoza, quien preside la oficina de ANFASEP en Ayacucho, me describió recientemente el violento secuestro nocturno de su hermano en su hogar. Según Ascarza, el ejército halló validación para su operación en la decoración interior elegida por Arquímedes, que incluía transcripciones en las paredes de su dormitorio de poemas de Pablo Neruda, así como un retrato de Che Guevara. El retrato aún más grande de Jesucristo no constituyó aparentemente una compensación suficiente por la presencia de los otros dos adalides, y Arquímedes fue sustraído del lugar mientras su madre sufría una golpiza.
Ascarza admitió con tristeza que a veces desearía que los soldados hubieran simplemente asesinado a Arquímedes en su dormitorio en lugar de imponer a la familia lo que ahora se acerca a tres décadas de incertidumbre sobre su suerte. Ex estudiante de derecho y ciencias políticas, afirma que si los jóvenes peruanos desaparecidos pertenecían a Sendero o no, era enteramente irrelevante frente a las responsabilidades de un Estado que se publicitaba como democrático – como ser la abstención de la participación en terrorismo de Estado y la asignación de poderes judiciales a los militares.
El hecho de que entidades como ANFASEP y la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú -posterior al conflicto armado- también condenen el terrorismo cometido por Sendero y subrayen el papel instigador que tuvo esta organización en el conflicto, no les ha ahorrado ser denunciadas como agentes senderistas.
De hecho, no se puede decir que Fujimori sea el único funcionario latinoamericano que ha detectado motivos insidiosos tras las instituciones orientadas a la defensa de los derechos humanos. El año pasado, la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Oficina del Procurador General en Honduras fue acusada de facilitar la violencia de pandillas cuando objetó a la ejecución extrajudicial por la policía de siete ciudadanos hondureños. La acusación fue hecha por el Ministerio de Seguridad, el mismo ministerio que excusó la excesivamente elevada tasa de asesinatos de periodistas en el país argumentando que en todo caso la mayoría de los periodistas asesinados no poseían cualificaciones periodísticas adecuadas.
Así mismo, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe decretó en 2003 que los grupos de derechos humanos son frecuentemente frentes para terroristas, aunque es posible decir lo mismo con más verosimilitud de la Oficina del Presidente de Colombia. A pesar de su supuesto enfoque terrorista, ninguno de los grupos de derechos humanos se ha pronunciado en apoyo a la práctica militar –aplicada durante el reinado de Uribe– de masacrar civiles y vestir los cadáveres con uniformes de las FARC a fin de recibir bonificaciones y más días de vacaciones.
Es posible que gracias al hábito de Israel de invertir la relación entre víctima y victimizador y de hablar de la coincidencia entre organizaciones de derechos humanos y terroristas, las firmas de seguridad israelíes hayan encontrado una recepción tan obsecuente por parte de los regímenes latinoamericanos. Los precisos ataques israelíes contra ambulancias de la Cruz Roja en el Líbano subrayan además la negativa del Estado de ser engañado por el discurso humanitario, como lo hace en la administración de controvertidas drogas contraceptivas a residentes etíopes de Israel.
El genocidio policial peruano
La implementación de una estrategia similar por el gobierno de Fujimori, para encarar el exceso en la tasa de natalidad de los pobres, llevó a la esterilización forzosa de varios cientos de miles de habitantes de Perú rural.
Casualmente, las acusaciones de genocidio contra Fujimori han sido reemplazadas desde entonces –gracias a la creatividad del oficialismo peruano– por la acusación de que manifestantes indígenas en la región del Amazonas dirigieron un genocidio de la fuerza policial peruana en 2009. Esta afirmación no cuadra con el hecho de que la policía no es ni un grupo étnico ni contaba entre los que sufrieron ataques de helicópteros por oponerse a la explotación irracional de los recursos naturales.
En vista de las actuales protestas en Perú contra la minería y otras formas de contaminación de los ecosistemas locales por parte de corporaciones transnacionales, parece que otras violaciones de los derechos humanos contra la policía y otros representantes del Estado peruano serían inevitables.
En cuanto a otras fuentes potenciales de conflicto que amenazan el futuro de Perú, Carlos Falconi– un renombrado músico y defensor de los derechos humanos en Ayacucho– me señaló el otro día que el nivel de apoyo entre jóvenes peruanos para el nuevo Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), pro senderista, que trata de registrarse como partido político, es un efecto de la campaña del Estado contra la memoria histórica y su negativa de dar a conocer adecuadamente los resultados de la Comisión de Verdad y Reconciliación o de implementar sus recomendaciones.
Ya que la conformidad con la comisión requeriría que el Estado reconozca sus propios crímenes en el período del conflicto armado, dijo Falconi, prefiere consumirse con debates superficiales sobre qué fecha en el calendario debería ser asignada al “Día Nacional contra el Terrorismo”. Una de las fechas propuestas es el 22 de abril, que ya ha sido apodado “Día de los Defensores de la Democracia; fue en ese día, en 1997, cuando comandos peruanos, por orden de Fujimori, liberaron a rehenes retenidos por militantes del comunista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador japonés en Lima.
El editor político del destacado periódico peruano El Comercio, culpó recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de facilitar la infiltración de la democracia peruana por Movadef, al denunciar la ejecución extrajudicial de militantes del MRTA que ya se habían rendido en la residencia del embajador, – evidencia adicional de que el 22 de abril debiera ser observado en el futuro como “Día Nacional contra el Terrorismo de los Derechos Humanos”.
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Belén Fernández es editora en PULSE Media. Su libro: The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work está en venta en Verso, Amazon y muchos otros sitios. Sus artículos han aparecido en London Review of Books blog, CounterPunch, Guernica Magazine, y muchas otras publicaciones.
Síguela en Twitter: @MariaBelen_Fdez
Fuente: http://www.aljazeera.com/
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