Sara Mier y Terán Ojeda
¿Qué tenemos en las Cárceles? Toda persona que haya incurrido en un delito y esté en proceso de ser juzgado, esté en juicio por la comisión de uno o varios delitos o haya sido condenada. Pues bien, los Centros de Reclusión, algo que es sabido por toda la población, han sido desde que existen en nuestro País, “depósitos de desechos humanos”. Así lo han considerado todos los gobiernos del sistema capitalista burgués. Bajo la justificación de ser creados para la rehabilitación y posteriormente considerada su resocialización, la orientación ha sido excluir de la sociedad a quien infringió una norma que regulan y define el control social de la minoría sobre la mayoría de la población.
Tal ha sido la situación de los Centros de Reclusión de Venezuela, que en tiempos de Caldera, frente a los que fueron verdaderas masacres, se implementó un “plan de humanización”, dejando en manos de Voluntarios sobre todo pertenecientes a grupos religiosos parte de programas de rehabilitación, se acondicionaron algunas cárceles pero sin que se definiera una política que permitiera analizar en profundidad el grave problema penitenciario y la concepción del delito y la pena como mecanismos sancionatorios. Por supuesto era imposible atados a un sistema burgués capitalista cuyo método de contención de la población era el sistema penal penitenciario.
En el análisis no podemos pasar por alto, la estrecha vinculación de lo económico con el delito y lo que une lo político al delito en un sistema capitalista. La actividad delictiva, penetra el estamento político y unen esta actividad al delito, mediante la corrupción de altos funcionarios de los distintos poderes para realizar impunemente toda su actividad que impiden u obstaculiza sanciones sobre todo a quienes detentan el poder, impide controles legales o los permea, así captan Jefes de Seguridad, funcionarios policiales, militares, de rango administrativo que faciliten información o neutralicen la acción penal o la administración de justicia. Así mismo, alimentan instituciones con incidencia en lo político y lo social como en el caso de ONG`s, que terminan al servicio de transnacionales dirigidas a producir cambios en la política y en la economía.
En tiempos de revolución, este sistema penal penitenciario, sigue intacto. En la Constitución Bolivariana se “coló” esa concepción burguesa que defiende incluso, la privatización de las Cárceles. (Léase el Art. 272 de la CRBV). Peor aún, los cuerpos de seguridad del Estado, contraviniendo la Constitución en materia de derechos humanos y el Plan Nacional de Seguridad y Prevención del Gobierno de Hugo Chávez Frías, siguen criminalizando la pobreza. Bien sabemos que el esfuerzo es titánico, que esa mentalidad a través de la Policía Nacional viene cambiando, falta mucho por hacer porque en el interior del País, seguimos con el mismo modelo de seguridad ciudadana, que dirige sus acciones hacia los sectores más humildes de la población. Y poco avanzamos en la búsqueda de formas alternativas de solución de conflictos.
Es una tarea que debe ser asumida de manera comprometida por todas las instituciones de protección de Derechos Humanos, por esas organizaciones que se llaman de derechos humanos que al parecer, han olvidado su verdadero rol de formación y educación para convertirse en punta de lanza de medios de la oposición contra el gobierno. (Eso si da dividendos!). Hay un esfuerzo importante a nivel de la Defensoría del Pueblo que ha iniciado el programa de formación de Consejeros de Derechos pero que a nivel de la población, se desconoce el alcance de este programa desde el cual, es mucho lo que puede lograrse para iniciar un proceso de formación de las comunidades en sus derechos, cómo organizarse para la defensa y protección de los mismos acompañados de las instituciones del Estado dispuestas a hacer de la participación ciudadana, la mejor arma para la contraloría social en todos los espacios donde sea necesario y que permita ir revisando esas instituciones que deben ser transformadas pero con el apoyo y el protagonismo del pueblo, para darles un contenido verdaderamente socialista, que destruya ese sistema de justicia y penitenciario capitalista burgués que tal como está concebido, jamás permitirá ningún cambio importante porque con él, se protege todo un Estado paralelo, criminal, que sostiene a todos aquellos que impiden el avance de la revolución, integrado por la industria ilícita del tráfico de drogas, del tráfico de armas, de robo, hurto y tráfico de vehículos, de toda clase de negocios ilícitos; de fraudes al sector bancario, de trata de personas, de los juegos de envite y azar, de tráfico de metales preciosos, de contrabando y todos los derivados de legitimación de capitales, que como se podrá observar están íntimamente ligados al sistema capitalista burgués.
Es por ellos que esos actores ahora llamados “pranes”, que toman la batuta en el conflicto penitenciario junto a sus familiares, no son sino tontos útiles de quienes necesitan mantener el control del Poder Judicial y del Sistema Penitenciario porque desde allí actúan impunemente, siguen cometiendo delitos, organizan bandas criminales en todo el país, fortalecen pues ese “estado paralelo” y logran tener las instituciones del Estado y una parte de la población a sus servicios y sin que se abra NINGUNA AVERIGUACIÓN por todos sus crímenes. Increíblemente, el Estado los protege porque están dentro de un centro de reclusión, debe garantizarle sus derechos humanos y someterse a sus pedimentos y sus funcionarios, civiles y militares son permeados por estas mafias. Ya llegamos al colmo de ver “cómo se bajan los pantalones” ante criminales que saben muy bien lo que están haciendo y lo que están logrando.
¿Qué se hayan encontrado armas de alta potencia, material de guerra, kilos de drogas, celulares, laptos, etc., alarma? Es como para decir ”fin de mundo”, pero muy bien saben las Autoridades de los diferentes Cuerpos de Seguridad del Estado, lo grave de este decomiso por lo que no podemos quedarnos sólo con la presentación de todo ese material sin decir todo lo anterior, sin hacer entender que debido a ellos, el Estado asume el control absoluto de las Cárceles y hace todos los cambios que deba hacer porque no puede seguir permitiendo que ese “estado paralelo” , esa “delincuencia organizada”, formada, dirigida por intereses contrarios al Estado Venezolano y protegida por todos esos políticos que alzaron su voz contra el Gobierno y las transnacionales que financian supuestas organizaciones de derechos humanos para que cumplan un rol ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sigan desestabilizando al País, sin que les pase nada, todos en su conjunto deben ser visto con la mira de quienes traicionan a la Patria, creando zozobra en la población como lo hizo Globoterror y demás medios opositores.
Toda esta problemática tiene que verse en profundidad, esta es la raíz, no nos quedemos en las consecuencias de tales acciones que disminuyen cualquier esfuerzo y quiebran voluntades mientras siguen siendo dirigidas estas instituciones por las mismas personas. El Gobierno del Presidente Hugo Chávez, tiene que revisar toda esta situación como un problema de Estado y actuar con contundencia. La militarización en primera instancia es necesaria mientras se escogen nuevas autoridades pues las existentes son cómplices y encubridores de todo ese caos. Y deben ser juzgados como traidores a la Patria a todos los que estén incursos en tráfico de armas y drogas hacia las Cárceles. El PSUV, debe asumir un rol en el proceso de apoyo a las comunidades a organizarse para la conformación de los Comités de Derechos Humanos y de Seguridad y Defensa Integral de los Consejos Comunales. La Fiscalía debe revisar las actuaciones de los Fiscales del Ministerio Público que apoya la criminalización de la pobreza, abriendo procedimientos de “siembra de drogas” a jóvenes inocentes, lo cual tienen abarrotadas las Cárceles y dedicarse a encontrar pruebas y juzgar a los grandes del tráfico de drogas y armas. La Defensoría del Pueblo debe buscar mayor apoyo en su labor de formación de las comunidades.
Pero sobre todo, tenemos que en conjunto, comenzar a tener una visión distinta ante lo que tenemos como régimen penitenciario. Las cárceles deben cambiar, no solo en cuanto a sus estructuras físicas que de por sí impiden cualquier transformación. Deben ser espacios para la construcción de hombres y mujeres diferentes, nuevas radicalmente, con un nivel de conciencia que les permita entender cuán necesarios e importantes son en un país que se construye día a día con el esfuerzo de quienes quieren un mundo de paz, de democracia social de derecho y justicia. Demostremos nuestra esencia revolucionaria, haciendo de estas situaciones, la oportunidad para originar las transformaciones que a gritos piden los más humildes, los más afectados, los más olvidados. Patria o Muerte, Venceremos!
saramyt@gmail.com
¿Qué tenemos en las Cárceles? Toda persona que haya incurrido en un delito y esté en proceso de ser juzgado, esté en juicio por la comisión de uno o varios delitos o haya sido condenada. Pues bien, los Centros de Reclusión, algo que es sabido por toda la población, han sido desde que existen en nuestro País, “depósitos de desechos humanos”. Así lo han considerado todos los gobiernos del sistema capitalista burgués. Bajo la justificación de ser creados para la rehabilitación y posteriormente considerada su resocialización, la orientación ha sido excluir de la sociedad a quien infringió una norma que regulan y define el control social de la minoría sobre la mayoría de la población.
Tal ha sido la situación de los Centros de Reclusión de Venezuela, que en tiempos de Caldera, frente a los que fueron verdaderas masacres, se implementó un “plan de humanización”, dejando en manos de Voluntarios sobre todo pertenecientes a grupos religiosos parte de programas de rehabilitación, se acondicionaron algunas cárceles pero sin que se definiera una política que permitiera analizar en profundidad el grave problema penitenciario y la concepción del delito y la pena como mecanismos sancionatorios. Por supuesto era imposible atados a un sistema burgués capitalista cuyo método de contención de la población era el sistema penal penitenciario.
En el análisis no podemos pasar por alto, la estrecha vinculación de lo económico con el delito y lo que une lo político al delito en un sistema capitalista. La actividad delictiva, penetra el estamento político y unen esta actividad al delito, mediante la corrupción de altos funcionarios de los distintos poderes para realizar impunemente toda su actividad que impiden u obstaculiza sanciones sobre todo a quienes detentan el poder, impide controles legales o los permea, así captan Jefes de Seguridad, funcionarios policiales, militares, de rango administrativo que faciliten información o neutralicen la acción penal o la administración de justicia. Así mismo, alimentan instituciones con incidencia en lo político y lo social como en el caso de ONG`s, que terminan al servicio de transnacionales dirigidas a producir cambios en la política y en la economía.
En tiempos de revolución, este sistema penal penitenciario, sigue intacto. En la Constitución Bolivariana se “coló” esa concepción burguesa que defiende incluso, la privatización de las Cárceles. (Léase el Art. 272 de la CRBV). Peor aún, los cuerpos de seguridad del Estado, contraviniendo la Constitución en materia de derechos humanos y el Plan Nacional de Seguridad y Prevención del Gobierno de Hugo Chávez Frías, siguen criminalizando la pobreza. Bien sabemos que el esfuerzo es titánico, que esa mentalidad a través de la Policía Nacional viene cambiando, falta mucho por hacer porque en el interior del País, seguimos con el mismo modelo de seguridad ciudadana, que dirige sus acciones hacia los sectores más humildes de la población. Y poco avanzamos en la búsqueda de formas alternativas de solución de conflictos.
Es una tarea que debe ser asumida de manera comprometida por todas las instituciones de protección de Derechos Humanos, por esas organizaciones que se llaman de derechos humanos que al parecer, han olvidado su verdadero rol de formación y educación para convertirse en punta de lanza de medios de la oposición contra el gobierno. (Eso si da dividendos!). Hay un esfuerzo importante a nivel de la Defensoría del Pueblo que ha iniciado el programa de formación de Consejeros de Derechos pero que a nivel de la población, se desconoce el alcance de este programa desde el cual, es mucho lo que puede lograrse para iniciar un proceso de formación de las comunidades en sus derechos, cómo organizarse para la defensa y protección de los mismos acompañados de las instituciones del Estado dispuestas a hacer de la participación ciudadana, la mejor arma para la contraloría social en todos los espacios donde sea necesario y que permita ir revisando esas instituciones que deben ser transformadas pero con el apoyo y el protagonismo del pueblo, para darles un contenido verdaderamente socialista, que destruya ese sistema de justicia y penitenciario capitalista burgués que tal como está concebido, jamás permitirá ningún cambio importante porque con él, se protege todo un Estado paralelo, criminal, que sostiene a todos aquellos que impiden el avance de la revolución, integrado por la industria ilícita del tráfico de drogas, del tráfico de armas, de robo, hurto y tráfico de vehículos, de toda clase de negocios ilícitos; de fraudes al sector bancario, de trata de personas, de los juegos de envite y azar, de tráfico de metales preciosos, de contrabando y todos los derivados de legitimación de capitales, que como se podrá observar están íntimamente ligados al sistema capitalista burgués.
Es por ellos que esos actores ahora llamados “pranes”, que toman la batuta en el conflicto penitenciario junto a sus familiares, no son sino tontos útiles de quienes necesitan mantener el control del Poder Judicial y del Sistema Penitenciario porque desde allí actúan impunemente, siguen cometiendo delitos, organizan bandas criminales en todo el país, fortalecen pues ese “estado paralelo” y logran tener las instituciones del Estado y una parte de la población a sus servicios y sin que se abra NINGUNA AVERIGUACIÓN por todos sus crímenes. Increíblemente, el Estado los protege porque están dentro de un centro de reclusión, debe garantizarle sus derechos humanos y someterse a sus pedimentos y sus funcionarios, civiles y militares son permeados por estas mafias. Ya llegamos al colmo de ver “cómo se bajan los pantalones” ante criminales que saben muy bien lo que están haciendo y lo que están logrando.
¿Qué se hayan encontrado armas de alta potencia, material de guerra, kilos de drogas, celulares, laptos, etc., alarma? Es como para decir ”fin de mundo”, pero muy bien saben las Autoridades de los diferentes Cuerpos de Seguridad del Estado, lo grave de este decomiso por lo que no podemos quedarnos sólo con la presentación de todo ese material sin decir todo lo anterior, sin hacer entender que debido a ellos, el Estado asume el control absoluto de las Cárceles y hace todos los cambios que deba hacer porque no puede seguir permitiendo que ese “estado paralelo” , esa “delincuencia organizada”, formada, dirigida por intereses contrarios al Estado Venezolano y protegida por todos esos políticos que alzaron su voz contra el Gobierno y las transnacionales que financian supuestas organizaciones de derechos humanos para que cumplan un rol ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sigan desestabilizando al País, sin que les pase nada, todos en su conjunto deben ser visto con la mira de quienes traicionan a la Patria, creando zozobra en la población como lo hizo Globoterror y demás medios opositores.
Toda esta problemática tiene que verse en profundidad, esta es la raíz, no nos quedemos en las consecuencias de tales acciones que disminuyen cualquier esfuerzo y quiebran voluntades mientras siguen siendo dirigidas estas instituciones por las mismas personas. El Gobierno del Presidente Hugo Chávez, tiene que revisar toda esta situación como un problema de Estado y actuar con contundencia. La militarización en primera instancia es necesaria mientras se escogen nuevas autoridades pues las existentes son cómplices y encubridores de todo ese caos. Y deben ser juzgados como traidores a la Patria a todos los que estén incursos en tráfico de armas y drogas hacia las Cárceles. El PSUV, debe asumir un rol en el proceso de apoyo a las comunidades a organizarse para la conformación de los Comités de Derechos Humanos y de Seguridad y Defensa Integral de los Consejos Comunales. La Fiscalía debe revisar las actuaciones de los Fiscales del Ministerio Público que apoya la criminalización de la pobreza, abriendo procedimientos de “siembra de drogas” a jóvenes inocentes, lo cual tienen abarrotadas las Cárceles y dedicarse a encontrar pruebas y juzgar a los grandes del tráfico de drogas y armas. La Defensoría del Pueblo debe buscar mayor apoyo en su labor de formación de las comunidades.
Pero sobre todo, tenemos que en conjunto, comenzar a tener una visión distinta ante lo que tenemos como régimen penitenciario. Las cárceles deben cambiar, no solo en cuanto a sus estructuras físicas que de por sí impiden cualquier transformación. Deben ser espacios para la construcción de hombres y mujeres diferentes, nuevas radicalmente, con un nivel de conciencia que les permita entender cuán necesarios e importantes son en un país que se construye día a día con el esfuerzo de quienes quieren un mundo de paz, de democracia social de derecho y justicia. Demostremos nuestra esencia revolucionaria, haciendo de estas situaciones, la oportunidad para originar las transformaciones que a gritos piden los más humildes, los más afectados, los más olvidados. Patria o Muerte, Venceremos!
saramyt@gmail.com
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