Antaño necesitaban los imperios invulnerables acorazados e inmensos ejércitos para bloquear un país.
Hoy en día les basta con un solo funcionario y un solo juez que no crean en la soberanía de su propio país.
El golpe judicial contra Venezuela empezó con la demanda de 12.000 millones de dólares de la Exxon ante órganos jurisdiccionales extranjeros.
Ahora se reactiva con el rechazo por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del recurso venezolano contra el cobro de 8.000 millones de dólares por inversionistas de Bandagro.
A esas temerarias demandas se añade otra por 1.400 millones de dólares interpuesta por Cemex, la cual pretende decidir el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependencia del Banco Mundial.
Y a éstas se suman las que están por entablar Conoco, Gold Reserve e Intesa, igualmente por sumas desmesuradas, también ante órganos extranjeros que decidirán sin respetar nuestra Constitución ni nuestras leyes.
Como los embargos para satisfacer demandas se efectúan por el doble o más de lo demandado, sólo las tres primeras representarían embargos contra Venezuela por 42.800 millones de dólares.
¿Cómo ha caído nuestro país en una situación en la cual un funcionario y un juez venezolanos pueden inferirle irreparable daño, equivalente a la pérdida de nuestras reservas internacionales?
Con la Independencia, Venezuela conquistó la soberana inmunidad jurisdiccional, que consiste en el derecho y el deber de resolver sus cuestiones de interés público con sus propios tribunales y según sus propias leyes.
Este principio consta explícitamente en nuestras constituciones desde 1893, en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 1974, y en el artículo 35 del "Protocolo de Cartagena de Indias", que reforma la Carta de la OEA.
La Constitución actual consagra en su artículo 1 "la inmunidad" de la República como principio irrenunciable, y en el 151 pauta que dudas y controversias sobre contratos de interés público "serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras".
Pero funcionarios que burlan la Constitución incluyen en los contratos de interés público cláusulas de sometimiento a tribunales extranjeros, y jueces que la desconocen sentencian que Venezuela no tiene inmunidad de jurisdicción.
Nada puede nuestro gobierno si funcionarios o jueces lo supeditan a tribunales extranjeros; de nada valen constitución y leyes si árbitros o tribunales foráneos nos condenan violándolas.
Tal política significa el fin del Socialismo del siglo XXI, pues éste no podrá realizar las expropiaciones indispensables, si todas y cada una de ellas y el monto de las indemnizaciones dependen de la aprobación de un órgano del Banco Mundial.
Añadamos que el Ciadi decide, sin tener en cuenta constituciones ni leyes locales, que de 232 casos sólo ha decidido dos contra las transnacionales, y que indemniza a éstas no sólo el precio del bien expropiado, sino además el beneficio esperado por la multinacional.
Someter a Venezuela al Ciadi y a tribunales extranjeros es como someter a un afroamericano a un tribunal del Ku Klux Klan.
Para prevenir el golpe judicial, legislemos proscribiendo supuestas excepciones al artículo 151 de la Constitución. Prescindamos de funcionarios y magistrados indignos, hagámoslos responder con su patrimonio de las reclamaciones extranjeras contra Venezuela que propicien, acompañemos a Ecuador y Bolivia en su retiro del Ciadi.
Golpe judicial avisado no mata país. Pero aniquila al que no se precave.
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