La Comisión Interamericana.

*Luisa Ortega Díaz.

El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, encierra una contradicción de tal magnitud que devela la postura política que asume dicho organismo internacional en detrimento de su razón de ser.

Señala el informe, en el capítulo de “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, que “…la Comisión ha reconocido y valorado los avances alcanzados en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales a través de políticas y medidas dirigidas a subsanar las falencias que aquejan a vastos sectores de la población venezolana”.

Más adelante deja establecido el documento que: “La Cidh nota que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (Pnud), Venezuela pasó de integrar el grupo de países con desarrollo humano medio en el 2008 a integrar el grupo de países con desarrollo humano alto en 2009, así, Venezuela pasó de ocupar el puesto 74 a ocupar el puesto 58 de acuerdo con la clasificación del índice de desarrollo humano”.

Seguidamente el informe señala: “La Cidh nota también que la Cepal destacó a Venezuela entre los nuevos países de América Latina que presentan una importante reducción de la brecha entre los grupos extremos de la distribución, tanto por el aumento de la participación en los ingresos de los grupos más pobres como por la pérdida de participación de los hogares situados en la parte más alta de la escala de distribución”.

Tan importantes logros en materia de derechos económicos, sociales y culturales, sólo son posibles mediante la implementación de políticas de profundo contenido social. En consecuencia, resulta incomprensible que la Cidh pretenda catalogar de antidemocrático a un gobierno que pone en práctica iniciativas dirigidas a subsanar las carencias que aquejan a los sectores populares, logra un alto desarrollo humano para su población y permite a los estratos más desposeídos obtener mayores ingresos, logrando así una mayor equidad en la distribución de los recursos.

Por supuesto, tales iniciativas generan actitudes hostiles de la mayoría de las clases pudientes contra las políticas que favorecen a los sectores populares y las instituciones encargadas de aplicarlas. Lamentablemente, estos ataques alcanzan proyección internacional y la Cidh toma partido por esas conductas.

*Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela por el período 2007-2014.