Record de asesinatos en Iraq de los mercenarios de Blackwater

Kate Randall

Tras la desgracia del tiroteo sangriento sucedido en Bagdad el 16 de septiembre pasado, en el que se vieron implicados los mercenarios de Blackwater USA, va saliendo a la luz cada vez más información sobre las operaciones en Iraq de esa y otras firmas similares.
El Ministerio iraquí del Interior sostuvo que en la masacre fueron asesinados hasta 20 civiles iraquíes y heridos varias docenas más, y que las acciones de los contratistas de seguridad no respondieron a provocación alguna. Hasta la fecha, Blackwater no ha publicado información alguna sobre el incidente, aunque ha mantenido que sus guardias dispararon en defensa propia.
Nuevos detalles sobre los disparos del 16 de septiembre y otros incidentes violentos en que se ha visto implicada Blackwater demuestran que la firma de seguridad viene actuando con total impunidad en Bagdad y en otras áreas de Iraq, disparando sobre civiles desarmados sin que medie provocación alguna. Informes del Departamento de Estado estadounidense, que probablemente infravalora los incidentes violentos de Blackwater, muestran que desde principios de año los guardias de Blackwater fueron desplegados en 1.873 misiones y que efectuaron disparos en el curso de 56 de ellas.
A pesar de la extendida indignación de la población civil por el episodio, y de las peticiones del gobierno iraquí para que la firma de seguridad salga del país, los convoyes armados de Blackwater continúan patrullando por Bagdad escoltando a los diplomáticos estadounidenses.
Según la información proporcionada al New York Times por un oficial estadounidense que estuvo haciendo averiguaciones para una investigación sobre el mencionado tiroteo, durante el mismo, hubo al menos un guardia que continuó disparando sobre los civiles mientras el resto le pedía que parara. Un portavoz de Blackwater no confirmó ninguno de esos detalles.
El suceso empezó alrededor de las 11,50 horas cuando se estaban reuniendo un grupo de diplomáticos de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, en sus siglas en inglés) en un recinto protegido situado a una milla (1) al noroeste de la plaza Nisur.
Una bomba explotó a unos cuantos cientos de yardas (2) de donde se reunían los diplomáticos de USAID. En lugar de esperar unos 15-30 minutos, como es práctica habitual, para que las cosas se calmaran, los convoyes de Blackwater procedieron a trasladar rápidamente a los diplomáticos hacia el sur, hacia la Zona Verde, a través de la plaza Nisur.
Al menos cuatro vehículos todo terreno de Blackwater bloquearon el tráfico que entraba en la plaza por el sur y el oeste y algunos guardias armados salieron de sus vehículos tomando posiciones para atacar.
A las 12,08 horas, al menos uno de los guardias, que no ha sido identificado, disparó contra el conductor de un coche que se acercaba a la plaza, matándole. Siguieron disparando y mataron también a una mujer que iba en el asiento del copiloto –Mahisin Muhsin, una doctora- y al bebé que sostenía en brazos. Y después lanzaron una granada o una bengala hacia el coche, prendiéndole fuego.
El oficial de tráfico Ali Jalaf, que estaba allí, dijo a la Agencia France-Presse que los estadounidenses continuaron disparando: “Los estadounidenses disparaban contra todo lo que se movía con una ametralladora e incluso con un lanzagranadas. Hubo mucho pánico. Todo el mundo trataba de huir. Los vehículos intentaban girar en U para escapar. Había muertos y heridos por todas partes. La carretera estaba llena de sangre. Un autobús fue alcanzado también y varios de sus ocupantes resultaron heridos”.
Añadió que dos pequeños helicópteros negros que planeaban sobre el lugar fueron descendiendo y rociándolo todo con fuego de ametralladora.
Una de las asesinadas fue Ghania Hussein, madre de ocho niños, que estaba subiendo a un autobús que iba hacia la plaza con su hija Afrah Sattar. Cuando los guardias de Blackwater se volvieron hacia el autobús, Sattar gritó: “Mama, van a dispararnos”. Momentos después una bala atravesaba el cráneo de su madre y la mataba.
“Son unos asesinos”, dijo Sattar de los guardias de Blackwater. “Lo juro por Dios, nadie disparó ninguna bala contra ellos. ¿Por qué nos dispararon? Mi madre no llevaba ningún arma.”
Tras la masacre del 16 de septiembre, EEUU inició una serie de investigaciones sobre el incidente así como sobre las actividades de Blackwater y otras firmas de seguridad. Aunque esas investigaciones suponen un intento de controlar los daños, también reflejan las tensiones alrededor de las operaciones de los mercenarios alquilados tanto entre el ejército estadounidense y el Departamento de Estado como entre la administración Bush y el régimen títere iraquí.
Después de los tiroteos, una comisión conjunta EEUU-Iraq, integrada por miembros de la Embajada estadounidense y el Ministerio iraquí de Defensa, más cinco funcionarios del Departamento de Estado, tres oficiales militares estadounidenses y ocho iraquíes, inició una investigación. Aunque el Primer Ministro Nuri al-Maliki había dicho en un principio que Blackwater debería salir inmediatamente de Iraq, pronto se echó atrás y se mostró conforme con esperar a los resultados de la investigación. El pasado sábado, la comisión aún no se había reunido ni había respondido a las peticiones de información formuladas por el gobierno iraquí.
El pasado viernes, el Departamento de Estado anunció que iba a enviar un equipo a Iraq para que evaluara las medidas de seguridad utilizadas para proteger a los diplomáticos estadounidenses. Sin embargo, la Secretaria de Estado Condoleezza Rice no ha tomado medida alguna que suponga algún cambio en las políticas que afectan a los 842 guardias de Blackwater que trabajan para el Departamento. El Departamento de Estado continúa defendiendo a la firma de seguridad, manifestando que los guardias habían sufrido una emboscada en la plaza Nisur y que reaccionaron de forma adecuada.
El Vicesecretario de Estado John Negroponte declaró que el Departamento de Estado había llevado a cabo “una estrecha supervisión de Blackwater” en Iraq. “Cuando serví como embajador en Iraq, me sentí personalmente agradecido por la presencia de mi destacamento de seguridad de Blackwater, integrado en gran medida por antiguas Fuerzas Especiales y otros militares”, dijo.
El Departamento de Estado está recibiendo presiones del gobierno iraquí para que investigue siete sucesos en los que Blackwater se ha visto implicada desde comienzos de año, pero los funcionarios del Departamento han declarado que sólo van a revisar cinco.
El gobierno iraquí ha amenazado con someter a los guardias de Blackwater a la ley iraquí y está considerando la legislación que permitiría poner bajo su control la supervisión de los contratistas privados. Esto es bastante improbable, ya que, bajo las provisiones adoptadas por EEUU tras la invasión de 2003, los militares y contratistas extranjeros gozan de inmunidad ante la ley iraquí.
Uno de los incidentes que el gobierno de Maliki quiere investigar tuvo lugar el 9 de septiembre, una semana antes del último tiroteo de Blackwater. Batul Mohammed Ali Hussein, empleada en las oficinas de la aduana iraquí en la provincia de Diyala, llegó a Bagdad para pasar allí un día y resolver papeleos en la oficina central, cerca de la fortificada Zona Verde.
Según un relato aparecido en el Seattle Times, cuando salía del edificio de las aduanas pasaba por allí un convoy de la Embajada de EEUU bajo la protección de Blackwater. Cuando los guardias ordenaron a unos trabajadores de la construcción que se movieran hacia atrás, los trabajadores respondieron lanzándoles piedras. Los testigos dijeron que entonces los guardias rociaron de balas la intersección.
“Hussein, que se encontraba en la calle en el lado de enfrente al lugar en construcción, cayó al suelo con una bala en la pierna. Como ella trataba de moverse y dio un paso, los testigos dijeron que un guardia de seguridad de Blackwater le disparó múltiples veces. Murió en el acto, según informó el Seattle Times. “Antes de que acabara el tiroteo, otras cuatro personas cayeron asesinadas en lo que fue el comienzo de ocho días de violencia”.
Tres días después, los guardias de Blackwater regresaron a la plaza Al-Jilani aterrorizando a sus residentes, arrojando botellas de agua congelada contra los parabrisas de los coches y los escaparates de las tiendas.
Otro incidente que implicó un tiroteo tuvo lugar la víspera de la última Navidad y afectó a un guardia iraquí del vicepresidente de Iraq, asesinado por un contratista borracho de Blackwater, que fue sacado inmediatamente del país, exasperando al gobierno iraquí. Aunque este asesinato está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EEUU, como el crimen tuvo lugar fuera del país, no está muy claro qué ley podría aplicarse.
La indignación iraquí sigue aumentando ante el sangriento balance de muerte y de violencia gratuita desencadenada por los contratistas de seguridad, por ello, el Secretario de Defensa estadounidense Robert Gates ha enviado a Iraq un equipo de cinco hombres para que investigue las relaciones entre las fuerzas del ejército estadounidense y esas firmas privadas. Las acciones de esos mercenarios en alquiler están atrayendo de nuevo la atención sobre los crímenes de la ocupación estadounidense y sobre la creciente debacle que asola Iraq.
La pasada semana, un alto cargo del Departamento de Defensa envió una directiva de tres páginas a altos oficiales del Pentágono ordenándoles que revisaran las normas que regulan el uso de armas de los contratistas y, según se dice, que empezaran acciones legales contra aquellos que hayan violado las leyes militares. En una copia de la directiva obtenida por Los Angeles Times, el Vicesecretario de Defensa Gordon R. England escribió: “Los comandantes tienen autoridad UCMJ [Código de Justicia Militar de EEUU] para desarmar, prender y detener a los contratistas del DoD [Departamento de Defensa] sospechosos de haber cometido felonías violando las normas sobre el uso de la fuerza”.
Debería no olvidarse que éste es el mismo Departamento de Defensa que ha rechazado procesar a cualquier oficial militar de alto rango que estuviera vinculado con las múltiples atrocidades en Iraq que han llegado a ser de conocimiento público, desde Abu Ghraib a Hadiza, a Mahmudiya, a Faluya, etc… Ni tampoco que, además, está bien establecido que las “normas de conducta” promulgadas por los comandantes en Iraq permiten, cuando no fomentan, el asesinato de los civiles iraquíes.
En testimonio ante el Comité de Asignaciones del Senado sobre la petición de la administración Bush de una suma adicional de 189,3 miles de millones de dólares para financiar las guerras en Iraq y Afganistán en 2008, Gates dijo: “Me preocupa saber si ha habido suficiente responsabilidad y supervisión en la región acerca de las actividades de esas compañías de seguridad”.
Los comentarios del Secretario de defensa ponen de relieve las tensiones entre el ejército estadounidense y los mercenarios alquilados de Blackwater USA y otros contratistas de seguridad que actúan en Iraq: las compañías estadounidenses DynCorp International y Triple Canopy, y las británicas Aegis Security y Erinys International. Se estima que entre 20.000 y 48.000 contratistas armados, en al menos 25 compañías de seguridad privada, operan en la actualidad en Iraq.
Por lo general, esos contratistas ganan mucho más que los soldados estadounidenses. Los guardias de Blackwater que proporcionan seguridad al Embajador estadounidense Ryan Crocker y a otros diplomáticos pueden llegar a ganar hasta 1.000 dólares al día, más de diez veces la paga del peor pagado soldado estadounidense y más de cuatro de la de un general de cuatro estrellas.
Muchos de ellos tienen antecedentes en los Navy Seals (1) o en la Fuerza Delta del Ejército (2), y hacen gala de estar hambrientos de sangre y violencia y de un abierto desdén hacia la población civil. Conducen a altas velocidades a través las barriadas iraquíes, asomándose a los vehículos para apuntar a la gente con sus armas y berrear obscenidades a los vecinos.
En un caso presentado en un tribunal civil el pasado mes en Virginia contra Triple Canopy, dos antiguos empleados del contratista testificaron que su supervisor –que en tiempos anteriores había pertenecido al ejército- disparó indiscriminadamente contra dos vehículos civiles iraquíes en la carretera del aeropuerto en Bagdad, diciéndoles que quería “matar a alguien” antes de salir de vacaciones. Él lo negó.
Estos mercenarios forman parte de la privatización de las operaciones militares estadounidenses (3). Cuando EEUU invadió Iraq en marzo de 2003, compraron la mayor fuerza de contratistas privados jamás desplegada en las guerras modernas. Mientras que durante la Primera Guerra del Golfo la ratio de tropas respecto a los contratistas privados era de 60 a 1, en la actual guerra en Iraq los operativos empleados a nivel privado superan a las tropas estadounidenses, con 180.000 personas contratadas implicadas tanto en tareas de seguridad como de otro tipo, y procedentes de más de 100 países, comparado con la presencia oficial militar estadounidense de 160.000 tropas.
En el desencadenamiento de las guerras en Iraq y Afganistán, inmensas sumas de dinero se han ido canalizando hacia los bolsillos de los compinches de la administración Bush y de las corporaciones multinacionales estadounidenses. Aunque no es fácil disponer de las cifras de gastos que en EEUU se destinan a los mercenarios y a los servicios de los contratistas privados, algunas estimaciones del Congreso señalan que 40 céntimos de cada dólar gastado en la guerra van a parar a manos de los contratistas privados. Se estima que EEUU gasta unos 2.000 millones de dólares a la semana en las operaciones en Iraq
Se canalizan beneficios multimillonarios en dólares hacia compañías como Halliburton, en la que el Vicepresidente Cheney trabajó anteriormente como Director Ejecutivo. En los primeros días de la guerra, se concedió a Kellogg, Brown and Root (KBR) –filial de Halliburton- un contrato sin licitación, valorado en decenas de millones de dólares, para apagar el fuego de los pozos de petróleo iraquíes. KBR tiene también miles de contratistas militares sobre el terreno en Kuwait y en Turquía como parte de un contrato gubernamental por un valor próximo a mil millones de dólares.
Blackwater USA ha conseguido contratos gubernamentales para proporcionar seguridad al embajador estadounidense, Ryan Crocker, y otros diplomáticos en Iraq por un total de al menos 800 millones de dólares. Y, muy recientemente, se le ha concedido un inmenso contrato del Departamento de Estado para proporcionar servicios en Iraq mediante helicóptero.
Cofer Black, anterior Coordinador para Contraterrorismo en el Departamento de Estado y anterior Director del Centro de Contraterrorismo de la CIA, es vicepresidente de Blackwater. El antiguo director de divisiones de la CIA, Robert Richer, se unió a la compañía como vicepresidente de inteligencia en 2005.
La compañía, con sede en Carolina del Norte, ha entrenado a más de 20.000 mercenarios que están preparados para desplegarse en las guerras por todo el mundo. Blackwater ha alquilado también a 60 comandos chilenos que habían sido entrenados durante la dictadura de Pinochet.
Bajo la situación actual de oposición creciente a la guerra en Iraq, la administración ha montado un ejército de facto en la sombra con tropas de choque que pueden ser utilizadas para proseguir esa y otras empresas militares impopulares en la “guerra contra el terror” global. Esos mercenarios no tienen responsabilidad ante el Congreso, el ejército estadounidense o las leyes internacionales que rigen la guerra y los crímenes de guerra.
La reciente avalancha de asesinatos violentos realizados por los mercenarios de Blackwater en Iraq debe servir como advertencia de la amenaza que supone una elite gobernante que subordina los intereses de la inmensa mayoría de la población a sus beneficios y aventuras imperialistas. Esos elementos mercenarios fascistoides están siendo preparados para ser lanzados en EEUU contra los jóvenes y trabajadores que se resisten ante los crecientes ataques contra sus niveles de vida y contra los derechos democráticos.