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Aquí en Venezuela el Pueblo es el que manda y el pasado 03 de diciembre, dio una orden al Gobierno Bolivariano y éste inmediatamente comenzó a tomar acciones en consecuencia.
Es importante tener claro que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 10 establece claramente que nuestro territorio lo comprende : “El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”.
De esta manera, el asunto territorial está constitucionalmente definido y no permite ningún tipo de enajenación, es imprescriptible e inalienable. Por tanto, está sometido a bloqueo constitucional lo cual significa que nadie puede disponer del territorio sin grave violación de la ley.
También se debe conocer que el concepto de territorio abarca componentes del área geográfica que consiste en los espacios: continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas, el suelo y subsuelo de éstos, el espacio aéreo continental, insular y marítimo y por supuesto, los recursos que en ellos se encuentran.
Es entonces que surge la necesidad de proponer y aprobar una ley que tiene por objeto establecer los medios y mecanismos orientados a la defensa del territorio de la Guayana Esequiba, actualmente usurpado por la República Cooperativa de Guyana, como resultado del írrito Laudo Arbitral de 1899, con el propósito de asegurar la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela.
Revisando de nuevo la historia, con la declaratoria de Independencia en 1810 de nuestra nación, la Constitución de 1811 consagra una República libre e independiente y más adelante la de 1821 correspondiente a la conformación de la Gran Colombia, define al territorio de nuestro país como el que correspondía a la Capitanía General que de forma meridiana, en la Constitución de 1830 se determina que es justamente el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política de 1810.
Es por esto que se establece que nuestro país posee títulos históricos y legales que están definidos desde su origen republicano con un territorio conforme Uti Posseditis Juris, esto es que la titularidad otorga los derechos soberanos originarios.
De cara al restablecimiento de la legalidad y el respeto de los derechos
Desde ese entonces en 1899 con la firma del Laudo Arbitral de París, Venezuela no dejó de levantar su voz de protesta, pero fue sólo hasta el descubrimiento pleno del fraude a mediados del siglo 20, que acudió ante Naciones Unidas; lo cual dio lugar a la suscripción y entrada en 1966 al Acuerdo de Ginebra.
De tal manera que la controversia territorial debe discutirse a partir de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, aún vigente y suscrito por Venezuela, Gran Bretaña y la Guyana Británica (hoy Guyana) y en el que se reconoce dicha controversia de la Guayana Esequiba.
Y es que según el Acuerdo de Ginebra de 1966, “ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derecho de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la comisión mixta y aceptado por escrito por el gobierno de Venezuela y el gobierno de Guyana” (Numeral 2, Artículo V). Durante estas últimas décadas, este Acuerdo se ha venido aplicando en busca de una solución pacífica y conforme para ambas partes.
No se trata de un DIFERENDO LIMÍTROFE, es una CONTROVERSIA TERRITORIAL porque no es procedente hablar de fronteras dada la existencia de una controversia territorial, entonces el territorio marítimo no se puede delimitar hasta tanto no esté resuelta dicha controversia que es un remanente histórico del colonialismo.
Entonces, ocurre una violación evidente del Acuerdo de Ginebra por parte de Guyana al brindar en 2014 una concesión a la empresa transnacional Exxon Móbil ya que se otorga sobre un espacio marítimo no delimitado.
También se infringe el Acuerdo cuando se desconoce que cualquier actividad o asentamiento sobre el territorio en controversia no genera derecho alguno y por esto el gobierno de Guyana debe ajustarse a la ley y al derecho internacional porque mientras exista la controversia sobre el Esequibo, ninguna de la partes puede otorgar concesiones en el territorio y en el espacio marítimo no delimitado.
El camino constitucional de la diplomacia bolivariana de Paz
La Revolución Bolivariana ejerce las acciones establecidas en el artículo 153 de la CRBV sobre las gestiones diplomáticas con miras a proteger sus derechos soberanos irrenunciables en el territorio controvertido de Guayana Esequiba. Bajo la premisa de una diplomacia de paz, nuestro país tiene como tradición histórica promover la integración y la unidad latinoamericana y caribeña.
Si bien es cierto, que buscamos una hermandad entre los Pueblos de la región, no vamos a permitir que Guyana pretenda transnacionalizar la controversia territorial con miras a escalar a un conflicto con apoyo imperialista.
Venezuela y Guyana deben evitar que factores exteriores a la controversia como la Exxon Móbil intenten enfrentar a los dos países y afectar las buenas relaciones bilaterales. Históricamente, nuestro país ha sido el mejor contribuyente al desarrollo económico y social de Guyana, con mecanismos como Petrocaribe, por lo cual carece de sentido la afirmación de que esté intentando impedir el desarrollo económico del país vecino.
La posición de Venezuela siempre será la de insistir en el respeto al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional, a través de la diplomacia de paz para que Guyana retome el camino del debate y que ambos países puedan lograr una solución pacífica, justa y satisfactoria para ambas partes.
AMELYREN BASABE/ REDACCIÓN MAZO
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