Javier Milei envió hoy al Congreso un proyecto conocido popularmente como “Ley Ómnibus” el que incluye un apartado específico para cumplir con la Agenda 2030 en torno al “cambio climático”, implementando la conformación de “mercados de carbono” para controlar “la emisión de gases efecto invernadero (GEI)”, estableciendo límites de emisión y asignando derechos de emisión a distintas industrias y sectores de la economía.
El proyecto, denominado “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, señala que “a los efectos de cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero comprometidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de París, facúltese al Poder Ejecutivo a asignar derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía comprometidos con las metas (de descarbonización) para el 2030”. Asimismo, asigna al Gobierno el atributo de “monitorear el avance en el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI y, en caso de incumplimiento, penalizarlo”.
El sistema de estos mercados funciona por medio de operaciones de compra y venta de bonos de carbono o certificados de reducción de emisión de GEI. Es decir, las empresas se harán de bonos que les habilitarían a emitir una determinada cantidad de CO2 y GEI en un plazo establecido.
Los bonos se reparten entre las principales empresas emisoras de GEI y, por ley, están obligadas a emitir una cantidad que sea igual o inferior a la cantidad de bonos que tienen. De este modo, si una compañía no va a consumir sus títulos, puede venderlos a otra empresa que sí.
Desde el sitio especializado en temas agrícolas, Bichos de Campo, señalaron: “Eso implica, por ejemplo, que el agro en general y la ganadería en particular recibirían una suerte de derecho anual de emisión de GEI y que, en caso de ser superado, el sector, a través de algún mecanismo institucionalizado, deberá compensar ese exceso de emisiones. Tal normativa, en caso de ser implementada, será particularmente penosa para el sector agropecuario, dado que seguramente tendrá que terminar pagando penalizaciones o bien adquirir “bonos de carbono” para poder desarrollar sus actividades”.
Desde noviembre de este año, en Argentina funcionan los mercados voluntarios de carbono (Resolución 385/2023) bajo la firma de Juan Cabandié, el entonces ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adhiriendo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París en su compromiso “de formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente los programas nacionales que contengan medidas orientadas a la adaptación y mitigación del cambio climático”.
Si bien el proyecto de Javier Milei continúa con el cumplimiento de la Agenda 2030 llevado a cabo por el gobierno anterior, esta propuesta de LLA dejaría de lado a los “mercados voluntarios”, ya que advierte la creación de un sistema de comercio de emisiones regulado por el Estado, estableciendo límites y asignando derechos de emisión a las distintas industrias y sectores de la economía.
Cabe remarcar que el pasado 15 de diciembre, en el marco de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP28) llevado a cabo en Dubai, se presentó la primera Bolsa Argentina de Carbono (BACX) con el objetivo de focalizar sobre el mercado de carbono en torno a los servicios ecosistémicos del país y de otros sectores claves como energía, commodities, aviación, residuos, agricultura y construcción.
La plataforma, un desarrollo a cargo de Adrián Cosentino, doctor en Economía y extitular de la Comisión Nacional de Valores en la gestión de gobierno de Alberto Fernández (la CNV es el organismo que se encarga de la supervisión y el control de los mercados de valores, entre ellos, los bonos que se utilizan para acceder a los dólares financieros -el contado con liquidación y el llamado dólar MEP-). Se trata de la primera plataforma de trading para el mercado de carbono argentino, con el respaldo tecnológico y regulatorio de ACX.
“La bolsa ayudará a acelerar la acción climática de nuestro país con innovación y transparencia de vanguardia, con el objetivo de acelerar las metas de reducción de emisiones públicas y privadas”, aseguró Cosentino en dicha cumbre. “Argentina tiene escasos proyectos dentro del mercado de carbono y necesita de herramientas financieras que le permitan llegar a todos los sectores, fondear la transición hacia una economía libre de emisiones. Para ello, el mercado voluntario ofrece instrumentos financieros para invertir en la transición ecológica hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y reemplazar con créditos de carbono de calidad que permitan compensar a nivel nacional e internacional”, agregó el economista.
Cosentino fue el secretario de Finanzas y subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y representante de Economía en el Banco Central (BCRA). También se había desempeñado como titular de la Unidad de Reestructuración de la Deuda Externa de la Nación en la gestión de Martín Guzmán.
El proyecto de Ley, contradice de plano las afirmaciones previas de del 8 de octubre de 2023 de la actual canciller, Diana Mondino, cuando manifiestó en redes sociales que La Libertad Avanza estaba “completamente en contra de la agenda 2030”.
Cabe también recordar que, para la asunción de Milei, el 10 de diciembre, los designados por el presidente de los Estados Unidos fueron funcionarios vinculados directamente la agenda verde que despliega el demócrata, entre otros, Jennifer M. Granholm, secretaria del Departamento de Energía.
De igual modo, se supo que en la conversación telefónica mantenida entre ambos mandatarios, el 22 de noviembre pasado, la transición energética en la “lucha contra el Cambio Climático” fue uno de los temas tratados, algo que ya había anticipado el Embajador Marc Stanley:
Los artículos del proyecto de Ley Ómnibus:
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