Exploramos las perspectivas de la política exterior de EE. UU. hacia América Latina en 2024.

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La política exterior de Estados Unidos (EE. UU.) para América Latina y el Caribe (ALC) en 2024 estará atravesada por dos factores:

  • En primer lugar, por tratarse de año electoral y considerando que la política exterior es uno de los espacios preferidos para dirimir la batalla presidencial, tendrán visibilidad temas vinculados con ALC, principalmente la cuestión migratoria, y también las relaciones con Venezuela, que tendrá elecciones el año que viene junto con México, El Salvador, Panamá y República Dominicana.
    • Debe tenerse en cuenta que durante todo el 2024 será la gestión Biden la que gobierne al país, porque el próximo presidente de EE. UU. tomará posesión el 20 de enero de 2025.
  • En segundo lugar, en un escenario global de tendencia hacia una creciente multipolaridad, con potencias en ascenso que compiten por mercados, recursos, etc., permanecerá como eje prioritario el esfuerzo por frenar la influencia de China y Rusia, consideradas (en este orden) como las principales amenazas a la seguridad nacional estadounidense en su “patio trasero”. A diferencia del American First de Trump, la “Doctrina Biden” de “disuasión integrada”, se concreta avanzando sobre todo en el campo militar, y luego comercial y político para contrarrestar el avance de China y Rusia. Lo anterior se precisa en acuerdos regionales y bilaterales emanados de la Cumbre de la Democracia y la Cumbre de las Américas. Entre los más relevantes se encuentran:
    • Declaración conjunta sobre cooperación de Norteamérica (México, Canadá y EE. UU.)
    • Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección
    • Alianza Para La Prosperidad Económica en Las Américas (APEP)
    • Asociación entre Estados Unidos y el Caribe para abordar la Crisis Climática 2030 (PACC 2030)

América Latina como tema de campaña

  • La cuestión migratoria, Venezuela y Cuba serán clave sobre todo en espacios donde puede predominar el voto latino, que es cada vez más relevante. Hay alrededor de 34,5 millones de latinos que podrán ejercer el voto y es la minoría que más ha crecido en los últimos años.
  • Tanto demócratas como republicanos consideran fundamental el tema migratorio: los primeros, en general, se centran en políticas de regulación con la promesa de legalización; los segundos, en políticas de control y securitización de la frontera.
  • A diferencia de Trump, la política de Biden hacia ALC ha tenido poca proyección en medios hegemónicos y alternativos. Hubo un consenso ideológico en contra de gobiernos de derecha, que no tuvo como contracara una postura unívoca a favor de gobiernos progresistas. Esta estrategia puede cambiar en un año electoral en el que se exacerban ciertos aspectos de política internacional, de recomposición diplomática, comercial, y la “seguridad económica” como slogan, tanto de programas comerciales (BID) como de la presencia militar de EE. UU. en la región.

Relaciones económicas

  • Las relaciones comerciales con América Latina seguirán su curso, con una mayor presencia del capital privado estadounidense.
  • Será prioridad la APEP, tal como se menciona en la Estrategia de Seguridad Nacional 2022 y en el presupuesto de la Casa Blanca para el año fiscal de 2024.
    • Está compuesta por Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE. UU., México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
    • Se prevé el incremento de inversiones con enfoque en asegurar las cadenas de suministro, esfuerzos por eliminación de aranceles, iniciativas para fomentar inversión apoyados en el Banco Mundial y el BID, así como la plataforma de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, en inglés) del Gobierno de EE. UU.
  • Se espera el fortalecimiento de la presencia del Grupo BID (compuesto por el BID, BID Invest y BID Lab).
    • En 2024, el BID lanzará InvestAmericas, una herramienta tecnológica para conectar a inversionistas con oportunidades de inversión (startups y negocios con especial enfoque en pymes).
    • BID Invest está ultimando una propuesta de ampliación de capital para implementar un nuevo modelo de negocios en América Latina movilizando una mayor escala de recursos privados en temas sociales, género e inclusión, y cambio climático.
    • En septiembre fue lanzado el programa “BID para las Américas” para aumentar la participación de las empresas estadounidenses en la región en tres áreas clave: adquisiciones públicas, comercio e inversión, y financiamiento. En un evento del BID el 30 de noviembre, la representante civil del Comando Sur, Jean Manes, habló con líderes empresariales estadounidenses y enfatizó que «la seguridad económica es seguridad nacional» y la participación empresarial estadounidense es clave para la seguridad en ALC.
  • Infraestructura y política energética: el Gobierno de Biden se ha enfocado en el desarrollo de infraestructuras sostenibles, energías limpias y semiconductores como áreas prioritarias para fomentar el desarrollo sostenible en la región.
    • Será crucial lo que suceda respecto del Esequibo entre Venezuela y Guyana, donde Exxon tiene campos petroleros. La Estrategia de Cooperación Atlántica [ver más abajo] justamente puede ser usada para intervenir en este tipo de conflictos fronterizos. En el caso de Argentina, será relevante lo que suceda con el yacimiento de Vaca Muerta por su producción de gas para abastecer a mercados necesitados de energía.
  • En términos regionales, el proceso de relocalización de industrias hacia ALC se refleja también en los acuerdos de integración:
    • El T-MEC ya fue actualizado para ampliar el contenido regional en manufacturas y está en marcha la ampliación de infraestructura energética y corredores industriales.
    • Mediante la APEP se está preparando la base de infraestructura en México y Centroamérica para la industria de microprocesadores.
    • Con Perú a la cabeza de la Alianza del Pacífico es probable que haya mayor vínculo con EE. UU. y en industrias y minerales críticos que poseen México, Colombia, Chile y Perú (litio, cobre, carbón, petróleo, gas).
  • Desde antes de la pandemia y hasta 2022, el T-MEC y CARICOM aumentaron sus exportaciones hacia EE. UU. En cambio, en importaciones sólo CAN y MERCOSUR las aumentaron desde EE. UU. (Ver Gráficos 1 y 2).

Relaciones diplomáticas y políticas

  • El Gobierno de Biden se caracterizó por una diplomacia bilateral dinámica en la región, destacando el contacto asiduo y sistemático con el Gobierno de AMLO por diversos temas, siendo prioridad la cuestión migratoria, tema que también se repite en las relaciones con Centroamérica. En año electoral, es de esperarse que se busque fortalecer estas relaciones con México y Centroamérica, que son parte de la pugna con Trump.
  • Cuba: las sanciones y aumento del bloqueo económico impuesto por Trump no fue eliminado por Biden. Sí hubo pequeños avances en cuestiones migratorias, pero la política a favor del bloqueo (con fuerte lobby anticuba en Florida) continúa.
  • Relaciones más estrechas con El Caribe: destaca la estrategia “Interacciones entre EE. UU. y el Caribe” que se compone de rubros como seguridad alimentaria, energética, cambio climático, diplomacia y seguridad. Es mayor el acercamiento con República Dominicana en temas como infraestructura cambio climático y atención a Venezuela en la APEP. 
  • El acercamiento a Venezuela implicó la eliminación de ciertas restricciones a la exportación de crudo. Sin embargo, todavía persisten las sanciones y EE. UU. apoya a Guyana en el conflicto por el Esequibo en donde Exxon explota yacimientos petroleros.
  • OEA: Surinam será sede de la 54° Asamblea General de la OEA en 2024.

“Asistencia para el desarrollo” y la sólida presencia del “poder blando” de EE. UU.

  • Para el año fiscal 2024, la Administración Biden solicitó casi 2.500 millones de dólares de asistencia exterior para ALC bajo cuentas administradas por el Departamento de Estado y USAID. Hubo un incremento del 17,4% en relación al año fiscal 2022, incluidas las asignaciones suplementarias. También se han solicitado 52 millones de dólares para la Inter American Foundation (IAF) y 782 millones adicionales de asistencia exterior suplementaria de emergencia para ALC destinada a abordar la migración irregular.
  • Testimonio del Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, sobre las Prioridades presupuestarias del año fiscal 2024 para el Hemisferio Occidental: “La mayoría de los países del hemisferio occidental ven a Estados Unidos como el socio natural en cuestiones de gobernanza, Estado de derecho y derechos humanos (…) Los países de la región también quieren que presentemos una alternativa viable al compromiso económico de la República Popular China. Es vital que respondamos a su llamado”.
  • La Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados (SFOP) para el año fiscal 2024 define que el retroceso democrático, la corrupción sistémica y el crecimiento desigual desafían el progreso en la región. Los esfuerzos se centrarán en la estabilidad política y económica, y resiliencia democrática frente a la presencia de China.
  • Centralidad de la estrategia de atención a las “causas profundas” de la migración en Centroamérica con más de mil millones de dólares (parte del compromiso para proporcionar 4 mil millones de dólares en cuatro años).
  • Medioambiente y cambio climático: 370 millones de dólares para programas de protección de biosferas como la Amazonía, energía limpia, seguridad alimentaria, respuesta para desastres naturales y aplicación de la ley para combatir los delitos ambientales.
  • Gobernanza con enfoque en la lucha contra la corrupción.
  • Por país, los principales receptores de fondos son Colombia (444 millones de dólares para esfuerzos antinarcóticos, implementación del Acuerdo de Paz y la integración de los migrantes venezolanos); Haití (291,5 millones para restaurar las instituciones democráticas, mejorar la seguridad y abordar los desafíos económicos y de salud); y México (111,4 millones para que fortalecimiento del Estado de derecho y el combate las drogas ilícitas).

Ámbito militar y de seguridad: programas y presupuesto

  • La influencia de China y Rusia, tipificadas como amenazas de largo plazo a la seguridad estadounidense, seguirán orientando la cooperación en seguridad y las actividades del Comando Sur en la región. Limitar el acceso de “amenazas extrarregionales” significa comprometerse con los gobiernos, especialmente con sus fuerzas de seguridad.
    • La jefa del Comando Sur, Laura Richardson ha manifestado en diversas ocasiones que programas como Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET) son la principal herramienta para contener la influencia militar de China y Rusia en los ejércitos de la región. Para el año fiscal 2024 fueron solicitados 16,2 millones a través de IMET para capacitar a personal de seguridad militar y civil en ALC, un 42,9% más en comparación con 2022.
    • Para el programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) están asignados 73,5 millones para provisión de equipos, capacitación y servicios. Destacan los objetivos de mejorar la interoperabilidad con los EE. UU.; reforma del sector de la seguridad; abordar amenazas transnacionales (vincula narcotráfico como motor de la migración irregular). Los destinatarios prioritarios incluyen Colombia, Centroamérica (incluidos Panamá y Costa Rica) y Ecuador. En Centroamérica, apoyará la política migratoria.
  • Uno de los lineamientos que viene planteando el Comando Sur es la “seguridad económica” en las Américas. El 28 de noviembre, Richardson recibió al presidente del BID, Ilan Goldfajn, en la sede el Comando Sur para discutir la importancia de la seguridad económica para la seguridad y la prosperidad de ALC.
  • Posibilidad de incorporar a México al Área de Operaciones del Comando Sur. De confirmarse este cambio, se rompería el espacio TLCAN-Comando Norte establecido desde 1994.
  • Antinarcóticos:
    • A través de la cuenta de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE) del Departamento de Estado fueron 536,5 millones de dólares solicitados para esfuerzos de aplicación de la ley y proyectos destinados a fortalecer las instituciones judiciales.
    • Desde el Pentágono, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2024 autorizó USD 658.848 para el rubro de Counter Strategic Competitors in the Western Hemisphere como parte de Apoyo Antinarcóticos.
    • La estrategia de Interdicción de drogas y actividades antidrogas para el año fiscal 2024  define como prioridad: en México, interrumpir el flujo de heroína y bloquear la provisión de fentanilo desde China. En Colombia, Ecuador y Perú, se pretende fortalecer las capacidades para detectar e interceptar drogas, mientras que en Centroamérica y la República Dominicana, la estrategia se centra en promover la estabilidad mediante el refuerzo de los dominios aéreo, terrestre y marítimo.
  • Lucha contra la corrupción: según SFOP 2024, en Centroamérica, el financiamiento para programas anticorrupción, profesionalización de las fuerzas del orden y del sector judicial respaldará la estrategia de la Administración Biden sobre las causas fundamentales de la migración. En el marco de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, se estrechará la cooperación para fortalecer la seguridad fronteriza, contrarrestar el tráfico y la violencia de las pandillas, combatir el lavado de dinero y apoyar las reformas del sector de justicia penal mediante reformas de las fuerzas de seguridad, poderes judiciales y asistencia técnica a jueces y fiscales para el combate de delitos financieros.
  • Estrategia de Cooperación Atlántica Firmada por 32 países de 4 continentes. Aborda temas de cooperación económica, ciencia y tecnología y medioambiente. Los países miembros de América Latina son: Argentina, Brasil, Costa Rica, Dominica, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Guyana, República Dominicana y Uruguay. Al igual que la estrategia del Indo Pacífico pretende garantizar un Océano Pacífico abierto, con países libres de interferencias, coerción o acción agresiva.