ctxt.es Ana Orantes había
nacido en 1937. Con 19 años se casó con un novio al que había conocido
en un baile en un Corpus. Aguantó cuarenta años de insultos, palizas y
vejaciones. Un día encontró la fuerza y el coraje para escapar y pidió
el divorcio. La sentencia impuso que compartiera la misma vivienda con
su exmarido: ella y sus dos hijos arriba; él abajo. Ana también encontró
la fuerza y el coraje para contar su historia, su sufrimiento en Canal
Sur, un 4 de diciembre de 1997. Dos semanas después de que se emitiese
su entrevista, su exconyuge la asesinó. La golpeó hasta dejarla
inconsciente, la ató a una silla en el patio de su casa y le prendió
fuego, tras rociarla con gasolina.
Su brutal asesinato ayudó, paradójicamente, a tomar conciencia de
un problema que hasta entonces permanecía oculto, escondido como un
asunto doméstico. Su muerte ayudó a cambiar la percepción de la sociedad
sobre la violencia contra las mujeres. Siete años después llegaría la
Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Desde 2003, cuando empezaron a elaborarse estadísticas oficiales
sobre violencia machista, han muerto asesinadas por sus parejas o
exparejas 886 mujeres. En estos momentos en el Congreso de los
Diputados, una subcomisión a puerta cerrada ha comenzado a dar los
primeros pasos hacia la creación de un pacto de Estado contra la
violencia de género. Hasta ahora, se han centrado en escuchar a 60
especialistas en el tema. Una de ellas ha sido Miren Ortubay. Doctora en
Derecho Penal y especialista en violencia contra las mujeres, Ortubay
responde por teléfono a CTXT a algunas cuestiones sobre la ley, sus
éxitos y límites y el camino que aún quedan por recorrer para que las
mujeres podamos vivir libres de violencia.
Se cumplen 13 años de la entrada en vigor de la Ley de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuáles han sido sus
éxitos?
Su principal éxito es existir. Durante mucho tiempo, cuando se empezó a
tomar conciencia del problema estructural de la violencia sexista, esta
quedaba oculta, diluida, en el seno de la violencia familiar o
doméstica. El que se defina y se delimite la violencia de género como
violencia contra las mujeres es un éxito. La definición que hace la ley
de ese fenómeno es bastante limitada y deja fuera bastantes
manifestaciones de violencia sexista, pero es un avance. También lo es
que se reconozcan que son derechos de las mujeres. Es decir, que es una
responsabilidad de los poderes públicos garantizar la vida, la dignidad y
la libertad de la mitad de la población.
¿Cuáles son esos límites en la definición de la violencia de género recogida en la ley?
A pesar de que en su exposición de motivos la ley dice que violencia de
género es aquella ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo, en
el artículo 1 la define como la ejercida por el hombre que haya sido
pareja o expareja. Eso deja fuera toda la violencia sexista cometida por
extraños, una agresión en la calle, la trata de mujeres, la
prostitución forzada, el acoso sexual en el trabajo... Todo lo que en el
plano internacional se considera violencia contra las mujeres.
¿Qué hay que mejorar?
Una de las cosas más positivas de la ley es toda la primera parte de la
misma donde se hace una apuesta por la prevención y la sensibilización,
por un cambio de mentalidad social, una apuesta a largo plazo. Nunca
antes había estado reconocido en una ley y es muy importante. Al final
es el único instrumento realmente válido, pero el problema es que nunca
se ha puesto en práctica de verdad, nunca se ha hecho la inversión
necesaria. Además, cuando llegó la crisis fue lo primero que sufrió
recortes. Si algo hay que cambiar es que se cumpla lo que la ley dice
que va a hacer en materia de educación, sensibilización y prevención.
Otro de los problemas de la ley es que ha dado demasiado protagonismo al
sistema penal. Este es insustituible, nos hace falta, pero también hay
que reconocer que tiene muchas limitaciones. El sistema penal no es ni
un instrumento de política social ni un instrumento de empoderamiento,
de emancipación de las mujeres. Hay que complementarlo.
¿En qué sentido?
No hay que quedarse solo en el castigo al agresor y en la respuesta que
el sistema penal da a las mujeres, una indemnización y poco más. Cuando
consigues una condena del agresor tienes acceso a determinados derechos y
prestaciones, pero el problema es que ese apoyo, sobre todo, el
psicológico, pero también una buena atención jurídica e información de
qué va a suponerle entrar en el sistema penal, habría que dárselo a las
mujeres antes de la denuncia para apoyarlas en ese proceso y para que no
se echen atrás porque no era eso lo que ellas buscaban o necesitaban.
Más allá de la respuesta institucional que da la ley, ¿qué podemos hacer como sociedad?
Ya se están haciendo cosas. Hay que apoyar y reconocer el trabajo que
están haciendo las asociaciones de mujeres supervivientes, mujeres que
han podido salir de relaciones violentas y que están acompañando a otras
víctimas. Y eso tiene muchísimo valor. Luego también hay otros grupos y
colectivos que están dando ese acompañamiento que las mujeres necesitan
para soportar ese proceso, que es un proceso largo y difícil. Pero
además, el único camino efectivo para que desaparezca o disminuya la
violencia contra las mujeres es avanzar en igualdad. Y para ello hay que
tener una educación igualitaria que no es lo mismo que la educación
mixta, solo con mezclar niños y niñas en clase no se hace una educación
igualitaria. Además, no sirven de nada las campañas si después de las
noticias viene un anuncio sexista o si gente con autoridad hace
declaraciones machistas y despectivas hacia las mujeres. Avanzar en la
igualdad es convencernos de que el machismo nos hace daño a todos, sobre
todo a las mujeres, pero también a los hombres, a los que encasilla en
esos papeles absolutamente desfasados y frustrantes. Solo si nos
convencemos de que con igualdad avanza toda la sociedad, avanzaremos.
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