¿Quién diseñó la agenda golpista del Departamento de Estado?

El plan de golpe contra Venezuela ya está escrito y fue presentado. El 2 de marzo de 2017, mientras se daba el primer round en la OEA, Shannon K. O'Neil (director para América Latina del Council on Foreing Relations, CFR) presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos (EEUU) un portafolio de acciones y medidas a tomar por Estados Unidos si desea sacar al chavismo del poder político en Venezuela.

Origen y actores claves de CFR

El Council on Foreing Relations (Consejo de Relaciones Exteriores, CFR) es un tanque de pensamiento fundado en 1921 con dinero de la Fundación Rockefeller con la intención de crear un grupo de expertos que moldeara la política exterior de Estados Unidos y de sus puestos de dirección claves, incluyendo a la figura presidencial y el Departamento de Estado, que no actúa por motivaciones propias sino de acuerdo a las presiones que desde estos lobbys se ejercen.
Compuesto por 4 mil 500 miembros, desde su fundación tiene en su historial haber colocado a numerosos altos funcionarios que cumplieron con este objetivo de poner en marcha la estrategia elaborada por el CFR. Entre ellos, se destacan los secretarios de Estado Henry Kissinger, Madeleine Albright y Colin Powell, responsables de la guerra en Vietnam, Yugoslavia e Irak respectivamente, y en el caso de Powell, un importante operador del golpe de Estado de abril de 2002.
Este tanque de pensamiento, además, tenía de miembro honorario y ex vicepresidente a David Rockefeller, antiguo dueño de la Standard Oil Company con grandes intereses y poder de influencia en Venezuela. Su penetración en la vida política nacional del país llegó a tal punto, que figuró como uno de los patrocinadores del pacto de Punto Fijo que dio lugar a la Cuarta República.

Corporaciones que la financian y utilizan como plataforma política

Las corporaciones nacidas de la disolución de la Standard Oil, además, financian al CFR. Hablamos de Chevron y Exxon Mobil, la primera implicada en el financiamiento a las sanciones a Venezuela y la segunda con grandes intereses en promover un conflicto entre Guyana y Venezuela para hacerse de las cuantiosas reservas de crudo depositadas en el Esequibo.
Dentro de los financistas de CFR se encuentra el banco Citibank, que el año pasado bloqueó las cuentas del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela para afectar las importaciones de bienes esenciales por parte de Venezuela. La corporación financiera JP Morgan, responsable de utilizar esta agresión financiera como excusa para declarar a Venezuela en cesación de pagos en noviembre de 2016, bajo maniobras de manipulación y buscando afectar la credibilidad financiera de Venezuela.
Ambas maniobras fueron dirigidas a afectar la capacidad de atraer inversiones y préstamos al país para estabilizar su economía. CFR concentra a los actores más agresivos del golpe financiero y económico contra Venezuela, que ahora se encargan de diseñar por cuenta propia la agenda del golpe político en general. Así como Colin Powell, uno de sus miembros, ideó y armó el golpe de Estado de 2002 contra Chávez, desde su puesto en la Secretaría de Estado de George W. Bush. Ahora como en aquel entonces, la MUD (llamada en ese momento Coordinadora Democrática) sólo responde a una línea política diseñada por poderes fácticos de gran tamaño, el verdadero poder que gobierna Estados Unidos.

La presentación ante el Senado de Estados Unidos

En tal sentido, O'Neil no es más que la delegada de los jefes reales de esta organización privada. Encargada de presentar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU las acciones que sí o sí deben ser tomadas para cambiar el rumbo político de Venezuela, bajo recursos de guerra no convencional, con arreglo de los intereses de los grandes poderes económicos que representa CFR.
La audiencia comienza relatando sin cifras sólidas y fiables que la población venezolana vive actualmente a la par o en peores condiciones que los ciudadanos de Bangladesh, República del Congo y Mozambique, países llevados a la más extrema de las miserias por guerras privadas e irregulares en busca de saquear sus recursos naturales.
Empezar por ahí no es gratuito: fabricar una situación (mediática) de crisis humanitaria en Venezuela es la puerta de entrada para el resto del plan. Dibujar a un país al borde del colapso, su coartada.
Durante la presentación, O'Neil afirmó que Pdvsa se encuentra al borde del default, omitiendo los continuos pagos de deuda externa de la estatal petrolera para honrar sus compromisos internacionales. Antes de llegar a las opciones propuestas al gobierno estadounidense, la delegada de CFR refiere que Venezuela es estratégica para los intereses de Estados Unidos en el hemisferio, y que un hipotético colapso de la producción petrolera traería efectos negativos (debido a que aumentaría los precios), además de afirmar sin ninguna prueba que las incursiones del Cartel de los Zetas y de Sinaloa en territorio venezolano significan una amenaza para la región.

Las líneas del golpe

CFR propone tres grandes acciones políticas para que EEUU logre asestar un golpe de Estado en Venezuela en el futuro inmediato. Opciones que por el peso político y financiero que encarna CFR, ya están en pleno funcionamiento (y corriendo desde hace meses) y le imponen a la dirigencia antichavista la cartilla operativa y discursiva que debe cumplir a cabalidad.
1. CFR propone continuar con las sanciones a "violadores de derechos humanos, narcotraficantes y funcionarios corruptos", para aumentar la presión contra el Gobierno venezolano. Los dirigentes del antichavismo, siguiendo ese guión, han respaldado estas acciones y el falso positivo en cuestión, ya que no existe una sola prueba que vincule al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami con el narcotráfico internacional. Incluso dirigentes como Freddy Guevara han ido a Washington directamente para "exigir" que las sanciones fueran ampliadas, bajo el apoyo del lobby antivenezolano capitaneado por Marco Rubio.

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2. Estados Unidos debe tomar una postura más dura en el seno de la OEA para aplicar la Carta Democrática contra Venezuela, cooptando a países del Caribe y Centroamérica para que acompañen esta iniciativa, que en las últimas sesiones (ilegales) de la OEA se han resistido de apoyar. La amenaza de Marco Rubio contra Haití, República Dominicana y El Salvador no fue una acción aislada, sino una maniobra coordinada con base a una estrategia general de presión contra las alianzas internacionales de Venezuela capitaneada desde el Departamento de Estado.
CFR, además, propone que el Departamento del Tesoro debe convencer a China de que retire su apoyo a Venezuela para aumentar la presión política y económica sobre el país y el Gobierno. La MUD ha sido actor estelar de esta parte del guión con respecto a la exigencia de la Carta Democrática mediante Luis Almagro. La última declaración del Departamento de Estado de EEUU sobre la marcha convocada por la MUD para el 19 de abril, tiene como objetivo no sólo endurecer su postura con respecto a Venezuela para canalizar acciones de mayor presión desde la OEA (tratando de nuclear a la mayor cantidad de aliados en torno a ese criterio), sino que legitima, con premeditación, actos violentos y lamentables que pudieran generarse en la marcha. Apegándose a falsos positivos como el uso de "colectivos" para reprimir manifestaciones y las "torturas" realizadas por cuerpos de seguridad del Estado venezolano, el Departamento de Estado plantea elevar la convocatoria del 19 de abril a un punto de inflexión que haga escalar el asedio contra Venezuela y la ampliación de las sanciones en su contra, llevándolas a condiciones muchos más agresivas y directas.

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3. CFR afirma que Estados Unidos debe trabajar en conjunto con Colombia, Brasil, Guyana y países del Caribe para prepararse para un eventual "aumento de refugiados", canalizando recursos hacia distintas ONGs y organizaciones de la ONU desde la Usaid, agencia del Departamento de Estado. Pero más allá de esta alarma para rellenar el expediente de intervención contra Venezuela, existe una operación política real en este sentido: la ONG financiada por el mismo Departamento de Estado, Human Rights Watch (HRW), publicó hoy 18 de abril de 2017 un informe sobre cómo la "crisis humanitaria" se ha extendido hasta Brasil. Sobre la base de testimonios específicos y magnificando datos de inmigración, HRW aprovechó la oportunidad para emplazar a los gobiernos de la región (con especial énfasis en Brasil) para presionar al Gobierno venezolano, tal cual exige la estrategia planteada por CFR. Luis Florido, dirigente de Voluntad Popular, actualmente se encuentra de gira por Brasil y Colombia para intentar reactivar el cerco diplomático a Venezuela desde países fronterizos.
El tanque de pensamiento estadounidense, además, exige que estos países bajo el liderazgo de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) organicen un plan de tutelaje financiero para Venezuela, que opaque las inversiones rusas y chinas en áreas estratégicas del país. En días recientes, Julio Borges ha utilizado su vocería política y curul parlamentario para emitir mensajes que vayan en sintonía con propagandizar la "crisis humanitaria", acorde con la estrategia propuesta por CFR para que Estados Unidos aumente su nivel de involucramiento en los asuntos internos de Venezuela desde el Departamento de Estado, hoy dirigido por Rex Tillerson, vinculado a la petrolera Exxon Mobil (fue su gerente general desde 2007 hasta que asumiera dicho cargo público), financista de CFR.

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La parte del plan que le toca a los dirigentes opositores

Estas acciones en curso, al mismo tiempo que devela la urgencia geopolítica en la estrategia de golpe contra Venezuela (afiliada a las últimas declaraciones del jefe del Comado Sur de EEUU, Almirante Kurt Tidd, sobre la necesidad de desplazar a China y Rusia como aliados de Latinoamérica), refleja cómo han delegado a sus intermediarios en el terreno (los dirigentes de los partidos radicales del antichavismo) la generación de violencia, caos programado y diligencias diplomáticas (en el mejor de los casos y de exclusivo uso de Luis Florido) para que estas acciones encabezadas por Estados Unidos (y las corporaciones que manejan su política exterior) avancen hasta sus últimas consecuencias: la intervención por la vía financiera y militar preventiva. El cómo justificarlas.
Las pruebas presentadas por el presidente Nicolás Maduro vinculan a dirigentes de Primero Justicia en el financiamiento de acciones vandálicas contra instituciones públicas (caso sede del TSJ en Chacao). Lo que, más allá de ese caso específico, pone de manifiesto la muy probable activación de factores paracriminales, irregulares y mercenarios (aliados y dirigidos políticamente) para escalar y propagar acciones de este tipo, que por omisión legitima el Departamento de Estado.
La mal llamada MUD es una embajada privada que trabaja en función de los grandes intereses económicos de estos poderes fácticos, de vital importancia para que su estrategia avance. De lo que sus empleados logren hacer en el terreno, dependerá si estas estrategias logran caminar con la velocidad que impone el momento global. Porque los recursos de guerra financiera y política aplicadas por estos poderes (bloqueo financiero, cerco internacional diplomático, ataque programado a los pagos de Pdvsa, etc.) y las maniobras del Departamento de Estado, corren por cuenta de ellos, generando todas las condiciones de presión, asedio y financiamiento que necesitan sus operadores en Venezuela para el tan anunciado punto de quiebre que no termina de llegar.
Y que es necesario que llegue para quienes financiaron y diseñaron esta agenda.