LUISA ORTEGA DÍAZ
La inclusión de los jóvenes, población mayoritaria del país, resulta indispensable para propiciar cambios en las comunidades y así lograr reducir los índices de violencia
La inclusión de los jóvenes, población mayoritaria del país, resulta indispensable para propiciar cambios en las comunidades y así lograr reducir los índices de violencia
Mañana, 15 de octubre, en Barquisimeto, estado Lara, daremos inicio a
los Encuentros Regionales “Prevención es Seguridad Ciudadana”, derivados
del Encuentro Nacional que sostuvimos exitosamente en Caracas el pasado
mes de septiembre gracias a la participación del pueblo y a la calidad
de los temas abordados.
Estos espacios buscan consolidar experiencias interinstitucionales y comunitarias exitosas en materia de resolución alternativa de conflictos, promoción cultural y recuperación del espacio público, entre otras, las cuales sin duda contribuyen con la convivencia solidaria y la prevención del delito.
Durante el Encuentro Nacional celebrado en Caracas, los participantes coincidieron en señalar que frente a los elevados niveles de violencia se requiere la actuación contundente y eficiente del Estado con el fin de castigar delitos graves que afectan la vida y la integridad, profundizando, a su vez, las políticas de inclusión social para satisfacer derechos fundamentales.
La inclusión de los jóvenes, población mayoritaria del país, resulta indispensable para propiciar cambios en las comunidades y así lograr reducir los índices de violencia. Debemos reconocer la importancia de este sector y, en ese sentido, asumir con respeto y sin discriminación las diversas expresiones de identidad, proyectos y expectativas de la juventud venezolana.
El delito es un fenómeno complejo detrás del cual existe un profundo conflicto social; por ello su abordaje debe ser integral. La coordinación y coherencia entre las instancias del sistema de justicia penal y los poderes del Estado es fundamental. Se hace necesario que las distintas instituciones del Estado orientadas a la prevención, hagamos presencia en cada rincón comunitario.
La labor exitosa que hemos venido desarrollando desde las fiscalías municipales es una muestra positiva en este sentido. Las cifras así lo comprueban. Entre enero y julio de 2014, a través de nuestras 29 fiscalías municipales hemos logrado a escala nacional 809 mediaciones y 768 conciliaciones de conflictos comunitarios.
En total, han sido 1.577 situaciones diversas en las que evitamos que la violencia se impusiera. La actuación temprana como puente entre los actores en conflicto ha logrado acuerdos alternativos al cumplimiento de la pena (trabajo comunitario) contribuyendo, de esta forma, a la convivencia solidaria.
Fiscal General de la República
Estos espacios buscan consolidar experiencias interinstitucionales y comunitarias exitosas en materia de resolución alternativa de conflictos, promoción cultural y recuperación del espacio público, entre otras, las cuales sin duda contribuyen con la convivencia solidaria y la prevención del delito.
Durante el Encuentro Nacional celebrado en Caracas, los participantes coincidieron en señalar que frente a los elevados niveles de violencia se requiere la actuación contundente y eficiente del Estado con el fin de castigar delitos graves que afectan la vida y la integridad, profundizando, a su vez, las políticas de inclusión social para satisfacer derechos fundamentales.
La inclusión de los jóvenes, población mayoritaria del país, resulta indispensable para propiciar cambios en las comunidades y así lograr reducir los índices de violencia. Debemos reconocer la importancia de este sector y, en ese sentido, asumir con respeto y sin discriminación las diversas expresiones de identidad, proyectos y expectativas de la juventud venezolana.
El delito es un fenómeno complejo detrás del cual existe un profundo conflicto social; por ello su abordaje debe ser integral. La coordinación y coherencia entre las instancias del sistema de justicia penal y los poderes del Estado es fundamental. Se hace necesario que las distintas instituciones del Estado orientadas a la prevención, hagamos presencia en cada rincón comunitario.
La labor exitosa que hemos venido desarrollando desde las fiscalías municipales es una muestra positiva en este sentido. Las cifras así lo comprueban. Entre enero y julio de 2014, a través de nuestras 29 fiscalías municipales hemos logrado a escala nacional 809 mediaciones y 768 conciliaciones de conflictos comunitarios.
En total, han sido 1.577 situaciones diversas en las que evitamos que la violencia se impusiera. La actuación temprana como puente entre los actores en conflicto ha logrado acuerdos alternativos al cumplimiento de la pena (trabajo comunitario) contribuyendo, de esta forma, a la convivencia solidaria.
Fiscal General de la República
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario