La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, mayo 27 de 2014
Proceso constituyente abierto para la transición hacia la nueva Colombia
Lineamientos generales
Presentación
El Acuerdo Final para la terminación de la confrontación armada, con
el que estamos comprometidos y aspiramos materializar si las clases
dominantes lo posibilitan y no persisten en su estrategia guerrerista,
lo comprendemos en términos de los mínimos requeridos para abrirle
nuevas posibilidades al ejercicio de la política en nuestro país y para
avanzar hacia su democratización real política, económica, social y
cultural. El Acuerdo Final, de concretarse,
lo comprendemos como nuestro aporte al proceso constituyente abierto
que se viene desatando con intensidades aún desiguales y dispersas, a lo
largo y ancho del territorio nacional, en medio de la movilización y la
lucha social y popular.
Tenemos el convencimiento de que lo
logrado en la Mesa de diálogos se inscribe dentro de aspiraciones
históricas aplazadas de los dominados y excluidos por las clases que han
usufructuado el poder a lo largo de nuestra vida republicana. Con ello
estamos colocando nuestro grano de arena para las transformaciones
estructurales necesarias que permitan superar la no resuelta cuestión
rural y agraria que mantiene en la pobreza y la miseria a millones de
trabajadores rurales, campesinos, indígenas y afrodescendientes, en
función de una nueva organización del poder que dé cuenta de las
demandas por la más amplia participación en la vida social de los hasta
ahora excluidos, y así avanzar en la superación de la situación
socioeconómica de precariedad extrema de decenas de miles de
compatriotas empujados al circuito económico de la empresa transnacional
criminal del narcotráfico. Aspiramos, igualmente, a aportar en el
reconocimiento y la materialización de los derechos de las víctimas de
la guerra que nos impusieron las clases dominantes. A nuestro juicio,
uno de los mayores aportes de un eventual Acuerdo Final resulta de las
nuevas posibilidades que él abre para sentar los cimientos de la
construcción de la paz con justicia social. Nuestra generación actual y
las generaciones futuras merecen una oportunidad distinta a la
prolongación indefinida de la guerra.
No obstante, debemos afirmar una vez más
que los objetivos que hemos buscado y por los que nos hemos levantado en
armas contra el orden de dominación y explotación existente no se
agotan allí. Nuestras aspiraciones históricas son mayores; buscan
precisamente la superación del orden capitalista, tal y como lo enseñan
las históricas luchas de nuestro pueblo y las que vivimos en el presente
de Nuestra América.
Comprendemos a plenitud la potencia
transformadora del actual momento histórico. Somos conscientes que se
vienen gestando condiciones que nos ponen frente a dos caminos: O se
asiste a recomposición del régimen imperante como respuesta a la crisis
en maduración en todos los niveles, que consolidaría el actual poder de
clase y profundizaría aún más sus políticas neoliberales, o se transita
la ruta de un proceso constituyente capaz de producir la fuerza social
del cambio realmente transformador. Ese es el reto que hoy enfrentamos.
Hacemos parte del movimiento general por
una gran transformación hacia la democracia real en nuestro país. El
horizonte de la Asamblea Nacional Constituyente que hemos propuesto es
una estación necesaria en nuestro camino. Para nosotros es la
posibilidad de refrendar los acuerdos logrados, de encontrarle salida a
las salvedades que hemos dejado sentadas, y sobre todo de concertar un
nuevo marco jurídico-político para la organización del poder social, del
Estado y de la economía, sobre presupuestos que comprometan al conjunto
de la sociedad colombiana, en todas sus expresiones políticas,
económicas, sociales y culturales; Es decir, un tratado de paz, en el
sentido estricto del término.
Nuestra visión de país no está limitada a
una nueva Constitución. Ésta, no obstante, es una necesidad histórica.
Por ello llamamos a un proceso constituyente abierto, que no culmina en
el escenario de la Asamblea, sino que encuentra en ella un lugar para
potenciar nuestras aspiraciones y llevarlas a un nuevo nivel, en un
contexto que estará caracterizado por la continuidad del conflicto y del
antagonismo social.
Los Lineamientos generales de un Proceso
constituyente abierto para la transición hacia la Nueva Colombia
representan nuestra visión de país; dan cuenta de la manera como
queremos asumir, programáticamente, la potencia transformadora del
actual momento histórico de la mano de nuestro pueblo. Los Lineamientos
generales que aquí presentamos los hemos concebido con fundamento en el
análisis y la recepción de múltiples propuestas y plataformas elaboradas
desde el campo popular y por la intelectualidad crítica del país y,
desde luego, apoyándonos en nuestras propias formulaciones y miradas
sobre los cambios que se requieren para la transición hacia una Nueva
Colombia. Ellos contienen en lo esencial nuestra aproximación
programática para superar las inmensas desigualdades, democratizar en
profundidad la vida social, transformar sustancialmente el Estado,
restablecer la soberanía, insertarnos en los procesos de cambio en
Nuestra América, y garantizar el bienestar y el buen vivir de nuestro
pueblo. Si logramos hacerlos realidad, estaremos caminando la senda
hacia una sociedad alternativa al capitalismo existente, hacia la Nueva
Colombia.
Los Lineamientos generales que proponemos son los siguientes:
1. Democratización real y participación en la vida social.
2. Reestructuración democrática del Estado.
3. Desmilitarización de la vida social.
4. Desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narcoparamilitares.
5. Justicia para la paz y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto.
6. Desprivatización y desmercantilización de las relaciones económico-sociales.
7. Recuperación de la riqueza natural y reapropiación social de los bienes comunes.
8. Reorganización democrática de los territorios urbanos y rurales.
9. Nuevo modelo económico e instrumentos de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir.
10. Restablecimiento de la soberanía e integración en Nuestra América.
1. Democratización real y participación en la vida social
La transición política hacia la Nueva
Colombia exige la superación de las falencias y la ausencia de
democracia real en todos los ámbitos de la vida social. Una larga cadena
de limitaciones a la democracia hacen parte de nuestra historia
republicana: élites incapaces de asumir reformas políticas y sociales
necesarias, veto al protagonismo ciudadano en las definiciones
económicas estratégicas, un sistema constitucional más afín a las reglas
de los monopolios que a la defensa de lo común, generaciones completas
bajo estados de excepción, exacerbado centralismo que silencia las voces
regionales, genocidio de la oposición política, persecución y
estigmatización sistemática del movimiento social y de la protesta
popular, entre muchas otras.
El proceso constituyente debe contribuir,
más allá de los indiscutibles aportes de un eventual Acuerdo Final, a
ampliar y profundizar la democracia, como una condición ineludible para
sentar las bases sólidas de la paz con justicia social, a reconocer que
los déficit de democracia agravan el conflicto social y que la
deliberación democrática constituye el escenario más propicio para
abordar los conflictos humanos. El momento histórico demanda afirmar una
idea de democracia diferente. El proceso constituyente deberá aportar
en la construcción de la democracia real, directa, autogestionaria y
popular.
Algunos de los componentes de esa idea de
democracia real, desde nuestra perspectiva, remiten a las siguientes
transformaciones. En primer lugar, asumir el predominio de procesos de
democracia directa e indelegable, apoyada en una formación política para
la cualificación de la participación en la toma de decisiones. La
democracia directa no puede ser una excepción, sino un modo de vida
cotidiano y permanente en los principales ámbitos de la vida social. Una
democracia directa a nivel barrial, local, comunal, regional y
nacional. En segundo lugar, potenciar los mecanismos directos de
participación comunitaria y ciudadana, incluyendo el presupuesto
participativo, la revocatoria del mandato y formas de representación o
delegación. Una participación real y efectiva en la toma de decisiones y
no meramente consultiva, evitando los mecanismos semidirectos de
participación, en beneficio de los plenamente directos. En tercer lugar,
avanzar en la construcción de una verdadera democracia social, que
cimente bases reales de igualdad material, en relación con la riqueza
social, la propiedad, la tierra y los ingresos. No es posible consolidar
una democracia justa en una sociedad con tantas desigualdades
materiales. En cuarto lugar, sustraer los bienes comunes y los derechos
(seguridad social, salud, educación, cultura, interculturalidad,
seguridad alimentaria, agua, ambiente, ciencia, investigación) de las
reglas del mercado y de la ganancia exclusivamente privada, para
garantizar el bienestar y el buen vivir de comunidades y poblaciones.
Una lucha decidida contra la corrupción, a través de veedurías
ciudadanas, control social y asambleas populares, para la vigilancia de
los recursos públicos. En quinto lugar, configurar una nueva
institucionalidad que logre tramitar democráticamente los conflictos
económicos, sociales, culturales y ecológicos, fomentando las autonomías
territoriales, regionales, departamentales, municipales, campesinas,
indígenas, afrodescendientes y raizales, propiciando formas democráticas
de planeación y gestión de lo público, con participación popular en
todas las etapas de los planes de ordenamiento territorial, planes de
desarrollo y los presupuestos municipales, departamentales y nacionales.
En sexto lugar, reconocer y estimular formas autónomas de autogobierno y
autogestión emanadas de comunidades urbanas y rurales, en especial de
comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y raizales. No
habrá democracia real y participación verdadera en la vida social si no
se generan las condiciones para que las mujeres sean parte activa y
deliberante de estos procesos, a fin de superar el régimen patriarcal de
dominación, subyugación y exclusión. Las tareas de la democratización
real deberán incluir los medios de comunicación.
2. Reestructuración democrática del Estado
El Estado, su institucionalidad y sus
políticas han sido organizados y diseñados a lo largo de la vida
republicana para atender y reproducir los intereses de las clases
dominantes y perpetuar el orden capitalista que impera en el país. Como
resultado de ello, vivimos en un país caracterizado por la exclusión
política y social y la escandalosa concentración de la riqueza que
produce la población.
El proceso constituyente para la
transición hacia la Nueva Colombia deberá producir la fuerza social
capaz de recuperar y reestructurar el Estado para garantizar una
organización democrática y participativa real del ejercicio del poder,
fortalecer la institucionalidad y posibilitar una efectiva orientación
de sus políticas con el fin de propiciar las condiciones de la paz con
justicia social, garantizar el bienestar y el buen vivir de la
población, y superar las profundas desigualdades, la pobreza y la
miseria. Todo esto, acompañado de la correspondiente disposición de
recursos de presupuesto. Para ello se hace necesaria una
reestructuración democrática del Estado que deberá comprender la
redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del
equilibrio entre ellos, limitando el excesivo carácter presidencialista;
el reconocimiento y estímulo a la participación social y popular en sus
diversas modalidades, incluida su organización en la forma del Poder
Popular de las comunidades urbanas y rurales, campesinas, indígenas y
afrodescendientes; el fortalecimiento del proceso de descentralización
hacia la mayor democracia local; el rediseño del orden
jurídico-económico y la reapropiación social de la política económica;
la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la
construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la
soberanía nacional. Y de manera especial, la reforma de la rama judicial
que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su
independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto
indispensable para la paz.
La reestructuración del Estado deberá
acompañarse de una reforma política y electoral que regule la contienda
política en equidad e igualdad de condiciones, erradique las estructuras
y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas en el
ejercicio de la política, siente las bases para recuperar la
credibilidad y transparencia del sistema político y del sistema
electoral. Se deberá reformar el poder electoral y garantizar la
participación de las fuerzas políticas y los movimientos políticos y
sociales opositores. Se tendrán que reformar los actuales mecanismos de
participación política, suprimiendo sus reglamentaciones restrictivas y
fortaleciendo los alcances de las iniciativas sociales y populares en
esta materia, incluidas las iniciativas de carácter legislativo. Se
establecerá la elección popular de los rectores de los organismos de
control; igualmente de la Fiscalía General y de la Defensoría del
Pueblo, con base en propuestas programáticas. Se suprimirá el Ministerio
Público.
3. Desmilitarización de la vida social
Tras un Acuerdo Final entre el Estado y
la insurgencia, no existe justificación política, ética o económica
alguna para persistir en la política de seguridad y control social que
ha privilegiado la extensión de la lógica militar a los diversos ámbitos
de la vida social. La vida de nuestras comunidades diversas, para que
pueda desplegarse autónomamente, bajo pautas de convivencia que es
preciso recuperar y actualizar, así como la propia conflictividad y la
protesta social, no pueden continuar siendo sometidas a un tratamiento
militar. La política de defensa debe desligarse de los dictámenes de los
Departamentos de Estado y de Defensa, del Comando Sur, de la CIA y de
las centrales de inteligencia británica e israelí, y sustraerse de los
enfoques geopolíticos imperialistas de la “dominación de espectro
completo” sobre Nuestra América.
El proceso constituyente debe
fundamentarse, en consecuencia, en la desmilitarización sistemática de
la vida social, de la seguridad ciudadana, de la economía y de las
finanzas del Estado, de la cultura y de la educación, y de los medios de
la educación. Ello conlleva la redefinición de los conceptos de
seguridad y defensa, así como de la política estatal en este campo; la
superación definitiva de la doctrina militar de la “seguridad nacional” y
de “guerra contrainsurgente”; el rediseño estructural de las Fuerzas
Militares y de Policía, incluida la eliminación de las funciones
militares de la Policía y su sujeción, en la organización institucional
del Estado, al poder civil; la transformación de instituciones
cívico-militares en instituciones civiles, especialmente en el campo de
la educación; y una política de reducción continua del gasto militar que
hoy cuantiosamente se destina a la guerra, hasta llevarlo al promedio
del gasto a nivel internacional, en beneficio de otros sectores claves
ligados con las necesidades esenciales de la población. Por otra parte,
la política de defensa nacional debe atender los principios de soberanía
y autodeterminación e incluirse decididamente en los intentos de
formulación de una política regional que responda a los intereses
nacionales y nuestroamericanos.
4. Desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narcoparamilitares
Para consolidar la transición política se
hace imperioso emprender acciones decididas orientadas a garantizar el
desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narcoparamilitares
que se han incrustado en el Estado y la sociedad colombiana a lo largo
de las últimas décadas, y se han convertido en un factor determinante de
la organización capitalista. Dichos poderes representan una amenaza
para hacer realidad las aspiraciones de democratización política,
económica, social y cultural del país.
El proceso constituyente debe contribuir a
la identificación de las estructuras de poder narcoparamilitar,
criminal y mafioso en todos los ámbitos y niveles, a denunciarlas y
enfrentarlas, y a formular los lineamientos de una política de Estado
que permita la superación de esos poderes en sus diversas formas. Se
hace necesaria la depuración del Estado en sus diferentes niveles
nacional, departamental y municipal, en sus ramas ejecutiva, legislativa
y judicial; en los órganos de control, así como en la organización
electoral, incluidos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional. La depuración de la organización electoral constituye una
condición necesaria para avanzar hacia la eliminación del poder político
mafioso y narcoparamilitar, basado en buena medida en la captura del
sistema político y de representación. El desmonte efectivo de este poder
comprende también la depuración del Notariado y Registro, devenido en
múltiples casos en instrumento del despojo de tierras y bienes raíces.
En atención a las demostradas articulaciones y coordinaciones de la
mafia y el narcoparamilitarismo con las fuerzas militares y de policía, y
los servicios de inteligencia del Estado, se deberá proceder a la
depuración de estas fuerzas y servicios.
Como resultado de estas acciones, se
deberá recuperar el Estado y su institucionalidad para ponerlos al
servicio del bienestar y el buen vivir de la población. No habrá
posibilidades para la democratización real si no se quiebran las
imbricaciones de sectores de las clases dominantes con la mafia y el
narcoparamilitarismo. El quiebre aportará a la superación de la
corrupción y a la recuperación del gasto público para la atención de los
problemas sociales.
5. Justicia para la paz y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto
La actividad y la organización de la
justicia, tanto en la que conserva el Estado, como en las formas ya
privatizadas en el orden interno o internacional, poseen un lugar
especial en la transición que debemos emprender. Es evidente que se
asiste a una crisis del sistema de justicia, de su concepción y de su
propia administración; que el sistema está concebido para proteger
prioritariamente la propiedad de los grandes capitales; para perseguir y
castigar a los pobres, al tiempo que es benévolo y complaciente con los
poderosos. A ello se agrega la pérdida de independencia, la marcada
influencia de otros poderes del Estado, la sujeción en algunos casos a
poderes mafiosos, los vicios de corrupción y de clientelismo, junto con
problemas de organización y de gestión. Es menester que el proceso
constituyente aporte a una conceptualización de la justicia que, sobre
presupuestos de democratización, conduzca a una regulación efectiva de
la conflictividad social, posibilite restablecer la confianza y la
legitimidad en ella, y permita sentar en ese campo las bases para la
construcción de la paz. La recuperación de la justicia demanda diseños
que restablezcan su independencia, garanticen la no injerencia de los
demás poderes del Estado; superen las prácticas clientelares y
corruptas. La conformación de la alta magistratura debe atender
criterios de mérito, transparencia y compromiso con la comunidad, y
garantizar participación y control ciudadano. La recuperación de la
justicia no es simplemente una labor de reorganización técnica, que
resuelva los problemas de organización y de gestión, sino que la haga
funcionar en beneficio de procesos alternativos, a partir de la
experiencia y de las prácticas mismas de comunidades y movimientos.
La construcción de una justicia para la
paz exige el reconocimiento y la materialización efectiva de los
derechos de las víctimas del conflicto. El proceso constituyente debe
contribuir a la construcción de una relación entre las aspiraciones de
paz de la sociedad colombiana y la provisión de justicia a las víctimas
que permita superar en forma definitiva las causas que han producido y
hecho persistente el conflicto armado, así como reparar integralmente a
quienes han sido sus víctimas. Se trata de superar las causas que
producen la violencia del sistema, de emprender las acciones
correspondientes para garantizar verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición. Sin desconocer la importancia de la
individualización, se debe reconocer que los hombres y mujeres,
asesinados, desaparecidos, torturados, mutilados en esta larga guerra,
lo fueron esencialmente en razón de sus convicciones políticas,
generalmente comprometidas con proyectos de izquierda y alternativos de
sociedad. Otro tanto se puede afirmar de comunidades y organizaciones
sociales y populares, cuyos tejidos y estructuras solidarias y de
cooperación fueron destruidos. La victimización devino en estrategia de
guerra y ha estado orientada a producir cambios del orden económico,
político y sociocultural, especialmente a la liquidación y el exterminio
de las resistencias, de la oposición política y de las visiones
alternativas de sociedad, como en el caso de la Unión Patriótica, de A
Luchar y de otras organizaciones políticas de izquierda.
El proceso de victimización masiva hace
parte de nuestra historia y memoria colectiva. La transición hacia la
democratización real tiene que convertir a las víctimas en sujetos
políticos de su propio destino. Colombia estará condenada a otros cien
años de soledad si las voces de las víctimas son nuevamente silenciadas
por el asesinato, la exclusión, la indiferencia o políticas
institucionales inadecuadas. Necesitamos construir colectivamente esas
políticas que permitan florecer las memorias de todas las víctimas.
Manifestamos nuestra disposición de contribuir de forma decidida en toda
acción para posibilitar y recobrar una memoria desde las víctimas.
Reconocemos que sin esa memoria colectiva no podrá existir verdad,
justicia, reparación y no repetición. Los colombianos y las colombianas
aspiramos a enterrar para siempre esa peste del olvido y del miedo que
acompaña nuestra historia común. Llamamos a apoyar acciones individuales
y colectivas que posibiliten la memoria de todas las víctimas, a
cultivar a nivel local, regional y nacional, iniciativas tales como
investigaciones, tribunales, comisiones, seminarios, encuentros,
expresiones culturales, testimonios, publicaciones, etc., que promuevan
la memoria de las víctimas; insistimos en la importancia de establecer
desde ya una “Comisión del esclarecimiento de los orígenes y el
desarrollo del conflicto”, que aporte a la construcción de la verdad en
el proceso constituyente, y reiteramos nuestro compromiso con la
conformación de una “Comisión de la verdad”; exhortamos a la definición
colectiva y ampliamente participativa, con acompañamiento internacional,
de una política estatal orientada a superar la violencia del sistema y a
formular recomendaciones en vía de la no repetición de la victimización
masiva o de la re-victimización. La superación de la doctrina de la
seguridad nacional y el desmonte real del paramilitarismo en cualquiera
de sus expresiones o denominaciones, constituyen condiciones necesarias e
ineludibles.
6. Desprivatización y desmercantilización de las relaciones económico-sociales
A lo largo de las últimas décadas se ha
impulsado un proceso de neoliberalización en el país acorde con las
transformaciones globales del capitalismo, muy ligadas a la redefinición
de la misión del Estado a fin de entronizar bases firmes para el
predominio de la llamada economía de mercado y favorecer la
transnacionalización de la economía. Este proceso ha propiciado la
mercantilización del sistema de seguridad social, la introducción de la
misma lógica en el sistema educativo, la privatización de los servicios
públicos y de la vivienda social y, en general, una tendencia a la
privatización de todos los campos de la vida social y de los bienes
comunes naturales, que se ha acompañado del desmantelamiento de la
reducida política social del Estado, sustituyéndola por el sistema de
subsidios a la población excluida, como mecanismo de integración y
cooptación y de manipulación electoral. La mercantilización se ha
acentuado debido a la proliferación de tratados de libre comercio. La
extensión de las lógicas mercantiles y privatizadoras, además de
consolidar el dominio del capital en toda la vida social, especialmente
del capital financiero, ha producido una verdadera transformación
sociocultural de exaltación de los valores capitalistas: competencia,
productivismo, individualismo, deshumanización, en detrimento de la
solidaridad, la fraternidad y la cooperación, amenazando además el
conjunto de derechos reconocidos formalmente en el ordenamiento vigente.
Para la transformación de las relaciones
económico-sociales que se ha de impulsar a través del proceso
constituyente es cardinal promover la desprivatización y
desmercantilización de numerosas áreas de la vida social que han sido
apropiadas por la lógica capitalista, ya sea por agentes privados o por
los propios agentes públicos del Estado, y despojarlas del sometimiento
al capital financiero, para en lugar de ello, generar un proceso de
reapropiación social en áreas esenciales de las condiciones de
existencia como la salud, la educación, la seguridad social, la
vivienda, la cultura y la garantía de formas de ingreso que dignifiquen
el trabajo en todas sus formas. Al tiempo que se recupere y potencie la
capacidad del Estado para el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades en estos campos, se deben proveer las condiciones para
una participación directa, activa y autogestionaria de comunidades
organizadas, urbanas y rurales. La transformación de las relaciones
económico-sociales se fundamenta en la generación de las condiciones
para la materialización efectiva de los derechos de la población, lo
cual incluye la conformación de instituciones, así como la destinación
de los recursos de presupuesto necesarios para ello. La finalización de
la confrontación armada debe permitir un redireccionamiento de los
recursos que hoy se destinan a la guerra para atender las necesidades
más sentidas de la población.
Aspiramos a reducir drásticamente el
patrón de desigualdad económica y social, a eliminar el hambre y la
pobreza, a dignificar la vida y el trabajo de los humildes, a garantizar
su bienestar y buen vivir. De manera especial se deberá considerar la
situación de las mujeres, con el propósito de superar la desigualdad y
discriminación en los diferentes ámbitos de la vida social. Frente a la
carencia de un horizonte de futuro humanista y humanizado, el proceso de
desmercantilización deberá atender de manera especial a las mujeres y a
los hombres jóvenes, con trabajo digno, educación en todos los niveles,
cultura, deporte y recreación. Las desmercantilización deberá favorecer
igualmente a los campesinos, los indígenas, afrodescendientes y
raizales, así como a la comunidad LGTBI.
El paso de desmercantilización de la vida
social no es una finalidad en sí misma, ni mucho menos alcanzarlo es
un punto satisfactorio de llegada, sino que es uno más en la dirección
de una sociedad alternativa al capitalismo.
7. Recuperación de la riqueza natural y reapropiación social de los bienes comunes
El modelo económico imperante ha
convertido la explotación de la riqueza natural, de nuestros recursos
energéticos y mineros, de nuestra agua, de nuestra biodiversidad, en una
de sus principales fuentes de acumulación. Dicha explotación, además de
depredadora en términos socioambientales, se ha constituido en un
factor fundamental de la generación de violencia estructural, del
despojo de tierras y territorios, del desplazamiento forzado, de la
muerte y la persecución. La explotación de nuestra riqueza natural está
concebida para fortalecer la dependencia, favorecer poderosas
corporaciones transnacionales y grupos económicos locales, y estimular
la especulación financiera en los mercados mundiales de valores. Todo
ello, como resultado de diseños que garantizan la expropiación privada
capitalista de las rentas generadas, las cuales además de empobrecernos
en términos económicos y socioambientales, han convertido al país en un
exportador neto de capitales.
El proceso constituyente debe conducir a
una reapropiación social de nuestra riqueza natural, a una redefinición
sustancial de las economías de extracción, que contemple la superación
de la relación destructiva y depredadora con la naturaleza y garantice
que las rentas derivadas de su usufructo se destinen para contribuir al
bienestar y al buen vivir de la población, lo cual deberá traducirse en
la formulación de nuevas marcos regulatorios, diseñados socialmente con
la participación de las comunidades directamente afectadas. La
reapropiación social de nuestra riqueza es fundamental para sentar las
bases de una paz estable y duradera, con justicia social.
Los cambios del capitalismo en la época
actual han provocado la crisis de la distinción entre lo público y lo
privado, pues han develado que lo público no ha sido ni puede ser una
expresión del interés general, sino que siempre se ha constituido en
celada para reproducir el régimen político dominante, edificado sobre
esa aparente misión integradora y benefactora de toda la sociedad. La
verdadera misión del Estado al servicio del sistema capitalista,
desdibuja la separación entre el Estado y el mercado, y permite apreciar
que la apropiación particular, la privatización, puede ser agenciada
tanto por los agentes particulares, como por las instituciones y
aparatos estatales.
Esa crisis nos conduce necesariamente a
recuperar lo que nos es común, no sólo en el sentido de los bienes y
recursos de la naturaleza, que el cambio científico-técnico ha
multiplicado y redimensionado, sino de lo que como colectivo humano,
como comunidad, construimos acumulativamente, como la misma ciencia y
tecnología, los saberes tradicionales, y las formas de cooperación
autónoma en muchos órdenes, sobre todo las soportadas sobre territorios,
discutiendo así el monopolio clásico del Estado sobre esas dimensiones
entendidas exclusivamente como geográficas.
El proceso constituyente debe conducir,
en ese sentido, a que nuestra especie diferenciada se libere realmente
de la apropiación particular, privada, así sea la disfrazada de interés
general por las prácticas estatales, y construir y potenciar en lugar de
ello, la dimensión de lo común, apropiado socialmente.
8. Reorganización democrática y socioambiental de la tierra y los territorios rurales y urbanos
Durante las últimas décadas se ha
asistido a un brutal ordenamiento del territorio. El ejercicio de la
violencia sistémica y estructural con base en la acción conjunta de las
fuerzas militares y de policía y de los ejércitos del
narcoparamilitarismo, acompañada de la orientación del modelo económico a
la explotación transnacional de la riqueza natural, a la expropiación
de los bienes comunes y la producción de agrocombustibles, ha provocado
un proceso de despojo masivo y continuado de territorios de comunidades
campesinas, indígenas y afrodescendientes, obligadas al confinamiento o
al desplazamiento forzado, destruyendo sus formas de vida, su cultura y
sus economías. La relación entre violencia capitalista, acumulación de
riqueza en pocas manos y organización territorial se ha puesto
crudamente en evidencia. Tal situación se ha agregado a la histórica
concentración de la propiedad latifundista improductiva sobre la tierra.
Una de las principales expresiones del conflicto social se encuentra
hoy en el antagonismo entre los expropiadores de tierras y territorios,
por una parte, y comunidades que se resisten al despojo y reivindican
sus derechos sobre la tierra y la producción autónoma del territorio,
por la otra.
El proceso constituyente tiene dentro de
sus tareas inaplazables la reorganización democrática y socioambiental
de la tierra y los territorios rurales, así como del agua y de los usos
de la tierra. Tal tarea representa una condición inobjetable para la
construcción de la paz verdadera. La reorganización democrática del
territorio deberá propiciar relacionamientos sostenibles con la
naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la protección de
ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute del agua por parte de la
población; reconocer y respetar las diversas trayectorias étnicas y
culturales de vida y de organización del territorio; estimular usos
agrícolas de la tierra, en especial para la producción de alimentos;
establecer límites y estrictas regulaciones socioambientales, o
prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción
minero-energética y de agrocombustibles; regulaciones específicas de
acompañamiento a la pequeña y mediana minería y la minería artesanal
para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a su reconversión; y
promover planes alternativos frente a la problemática de los cultivos
de uso ilícito.
Por otra parte, en la realización de una
reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y
participativa se condensan las aspiraciones de los humildes y explotados
del campo. Dicha reforma, deberá contemplar, entre otros, en primer
lugar, el acceso a la tierra para los desposeídos, la democratización de
la propiedad, la superación definitiva del latifundio, y la restitución
de las tierras a los expropiados; deberá contribuir a superar el
hambre, la desigualdad y la pobreza, a dignificar el trabajo y el
trabajo asalariado del campo, a garantizar la soberanía alimentaria;
deberá proveer las condiciones de infraestructura física y social, los
recursos de crédito, el apoyo científico y tecnológico para la
producción campesina, en especial, para la producción de alimentos. En
segundo lugar, deberá fundamentarse en el reconocimiento de los
territorios campesinos, en especial de las Zonas de Reserva Campesina,
lo cual comprende el reconocimiento político del campesinado y de sus
derechos, la autonomía de las comunidades campesinas para gobernarse,
así como el compromiso del Estado de garantizar las condiciones
necesarias para ello. En tercer lugar, deberá fundamentarse en el
reconocimiento de la tierra y el territorio de las comunidades
indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, de los territorios
interétnicos e interculturales; así como de los derechos de estas
comunidades, incluida su autonomía. En cuarto lugar, deberá contemplar
la denuncia de los Tratados de Libre Comercio, la prohibición de la
extranjerización de la tierra, regulaciones contra el acaparamiento y la
especulación financiera, la protección de la propiedad intelectual de
las comunidades rurales y de las semillas nativas, y la prohibición del
uso de transgénicos.
Por otra parte, el modelo económico
neoliberal ha impuesto un ordenamiento urbano para responder a la
inserción de la economía en los circuitos transnacionales del capital y
en función de los intereses del capital financiero, en especial de la
especulación con los precios de la tierra y del negocio inmobiliario.
Como resultado, se ha asistido a una apropiación capitalista de las
ciudades, que organiza el conjunto de la vida social y el trabajo acorde
con los propósitos de obtención de ganancia y altas rentabilidades, al
tiempo que produce segregación y discriminación, acentúa las
desigualdades económicas y sociales, y estimula el endeudamiento de los
hogares.
El proceso constituyente deberá propiciar
un proceso de transformación democrática del espacio urbano, orientada a
garantizar el buen vivir de la población y la materialización de la
justicia social urbana. Garantizar el buen vivir de la población implica
proveer la infraestructura y las dotaciones correspondientes para hacer
efectivos, en términos reales y materiales, derechos de la población
tales como la participación política y social, el trabajo, la educación,
la salud, la vivienda, la seguridad social, la cultura, la recreación,
el deporte, el agua, el medio ambiente sano, el acceso y disfrute de los
servicios públicos, las vías, el transporte público, la seguridad
ciudadana, entre otros. La justicia social urbana conlleva el
reconocimiento de compensaciones especiales para superar las profundas
desigualdades dentro de las ciudades, así como el hambre, la pobreza y
la miseria, a través de políticas redistributivas del ingreso y del
espacio urbano. La apropiación, gestión, simbolización, comunicación,
producción y reproducción del espacio urbano se fundamentará en la más
amplia participación política y social, y estará orientada a su
redistribución equitativa y a la superación de las desigualdades
espaciales, en particular a garantizar el pleno derecho a la ciudad, así
como a la erradicación de la marginalidad y la segregación urbanas.
Como parte de la reorganización
democrática del territorio urbano, se profundizará el proceso de
descentralización política y administrativa mediante el estímulo a la
mayor autonomía y democracia en las localidades y los barrios. Se deberá
promover la autogestión y el control de las comunidades en asuntos que
afecten de manera directa el buen vivir y sus condiciones de vida, en
especial en lo relacionado con los servicios públicos, la seguridad
ciudadana, con dotaciones de infraestructura vial y de transporte
público, de educación y salud, de espacios de recreación y cultura. La
profundización de la descentralización incluye garantizar procesos
verdaderamente democráticos y participativos de ordenamiento urbano, de
planeación y de elaboración y ejecución presupuestal en todos los
niveles. Asimismo, diseñar procesos de contratación pública que
privilegien la realización de programas y proyectos de inversión por las
propias comunidades urbanas organizadas, o que contribuyan al
fortalecimiento de formas o prácticas sociales de producción,
distribución y consumo de bienes y servicios basadas en el trabajo
asociado, la propiedad colectiva y el reparto igualitario de excedentes,
y que sean generadoras de empleo e ingresos dignos.
9. Nuevo modelo económico e instrumentos de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir
El modelo económico neoliberal que se
impuso en el país a lo largo de las últimas décadas debe ser superado en
forma definitiva. Los diseños de la economía y de la política económica
no pueden continuar al servicio de un puñado de grupos económicos y
conglomerados financieros y de corporaciones trasnacionales que
acrecientan en forma escandalosa su riqueza. El modelo imperante ha
generado la desindustrialización y la destrucción de la producción
agrícola; ha propiciado la explotación intensiva y depredadora en
términos socioambientales de los recursos energéticos y mineros, así
como la producción de agrocombustibles en detrimento de la producción de
alimentos; ha conducido a una galopante financiarización, al creciente
endeudamiento del Estado y de los trabajadores; ha profundizado la
inserción empobrecedora y dependiente en la economía mundial; ha
desmantelado la capacidad económica del Estado y desfavorecido formas de
producción de las comunidades urbanas y rurales, produciendo la
precarización generalizada del trabajo y el ingreso, en detrimento de
las condiciones de vida de la población.
La transición hacia la Nueva Colombia
exige una redefinición sustancial del modelo económico neoliberal. El
proceso constituyente debe tener como uno de sus propósitos la
definición de los lineamientos de una nueva economía, dentro de los
cuales se encuentra el restablecimiento de la capacidad productiva
nacional; la recuperación de la capacidad económica del Estado; el
reconocimiento del carácter plural de la economía que supone la
coexistencia de diversas formas de propiedad y de producción; el apoyo y
estímulo especial a formas de producción asociativas y comunitarias,
urbanas y rurales; su necesaria desfinanciarización; un nuevo tipo de
inserción soberana en la economía mundial que establezca límites a la
apropiación del valor generado por nuestra sociedad y reconozca la
pertinencia de las formas innovadoras de integración latinoamericana,
solidaria y cooperativa, que nos identificarían más allá de las
exclusiones y competencias creadas por los artificios nacionales que
borran nuestra identidad comunitaria; y una disposición de la
infraestructura de transporte y comunicaciones en consonancia con estos
propósitos. La nueva economía debe conducir al despliegue y la
consolidación de diversas formas de economía popular, que deberán ser
encadenadas y articuladas en forma creativa para atender
prioritariamente las necesidades del mercado interno. Y todo lo anterior
debe redundar en el bienestar y el buen vivir de la población, sobre
presupuestos de sostenibilidad socioambiental.
El proceso constituyente incluye reformas
normativas, en las que no puede estar ausente la intervención sobre los
aparatos estatales para redefinir su actual funcionalidad. Las
instituciones económicas de la transición, además de contribuir a
garantizar la materialización de los derechos, deberán posibilitar y
facilitar las reformas requeridas para la construcción de la paz. El
propósito de una macroeconomía sana no debe limitarse a políticas de
control inflacionario y de fijación de techos constitucionales al gasto
público a través de la llamada sostenibilidad fiscal. El régimen de
banca central deberá conjugar el propósito de la preservación del poder
adquisitivo de la moneda con el crecimiento económico y el empleo, en
condiciones que permitan superar su actual precariedad. La
sostenibilidad fiscal no resulta de las restricciones a la financiación
de los derechos, o de limitar los impactos fiscales a las acciones
constitucionales o de restringir el control de constitucionalidad en
materia económica. Ella proviene de la formulación de un nuevo régimen
de tributación que opere según el criterio “quienes más rentas y
patrimonio tienen, más impuestos deben pagar”; que prohíba las
exenciones a los grandes capitales, en especial a las transnacionales;
que castigue las rentas y la especulación financiera e inmobiliaria
urbana, así como la gran propiedad latifundista sobre la tierra, al
tiempo que produzca alivios sobre los impuestos a las rentas del trabajo
y los impactos de la tributación indirecta. La deuda pública deberá ser
sometida a un proceso de auditoría externa especializada; con miras a
minimizar su impacto fiscal; se privilegiarán operaciones de
financiamiento del Banco de la República sobre la búsqueda de recursos
en el mercado de capitales. Se deberá recuperar la senda de la
descentralización, contemplar la profundización del proceso mediante la
transferencia creciente de recursos del Gobierno central a los entes
territoriales y a los territorios campesinos, indígenas y
afrodescendientes, estableciendo reglas claras de asignación y
privilegiando la destinación para la financiación de la oferta estatal
en materia social. El régimen de las regalías establecerá mayores
porcentajes a favor de la Nación, en proporción no inferior al 80 por
ciento de los recursos naturales extraídos; se rediseñarán su
composición y funciones. Sin perjuicio del ahorro para situaciones de
crisis, parte significativa del actual Fondo de Ahorro y Estabilización
deberá contribuir a financiar el fortalecimiento de la base productiva y
técnico-material del país; se fortalecerá la asignación de recursos
para las regiones receptoras de regalías y se definirán pautas precisas
para superar las desigualdades regionales. Se garantizará la
participación social, con carácter vinculante, en los planes de
desarrollo y los presupuestos públicos, en el nivel nacional,
departamental y municipal. Dichos planes y presupuestos deberán
definirse en función de la concreción, a través de medidas de política
económica, de las reformas requeridas para la construcción de la paz con
justicia social.
10. Restablecimiento de la soberanía e integración de Nuestra América
La transición política hacia la
democratización real exige superar la sujeción impuesta por las clases
dominantes a intereses económicos, políticos y culturales foráneos y
dejar atrás alianzas con potencias extranjeras, concebidas para sostener
y afianzar la dominación. El intervencionismo extranjero ha sido uno de
los factores generadores de la violencia, de la imposición de un
régimen de democracia restringida, del saqueo de la riqueza nacional,
del empobrecimiento de la población colombiana y del sometimiento a los
propósitos geopolíticos de los Estados Unidos en la Región. Ello ha
conducido a una inserción dependiente, no soberana, en las relaciones
internacionales y globales.
El proceso constituyente que llamamos a
impulsar debe tener dentro de sus propósitos el restablecimiento de la
soberanía y el apoyo a la integración de Nuestra América; el rechazo a
cualquier forma de colonialismo, dependencia y explotación
imperialista; la continuidad del legado político las guerras
independentistas que doblegaron al colonialismo español, francés e
inglés.
Concebimos la soberanía como el respeto
inalienable de los pueblos a su autodeterminación y la no intervención
de ninguna potencia extranjera en las decisiones autónomas de los
pueblos y las naciones. Valoramos las luchas de las masas oprimidas por
su emancipación, la cooperación internacional frente a la problemática
ambiental, la defensa de la paz mundial y las iniciativas planetarias de
integración regional. Defendemos un diálogo creativo entre los pueblos
del mundo que vaya más allá de los gobiernos, para enfrentar las luchas
globales contra el hambre, la desigualdad y la pobreza, la
discriminación y la violencia.
Consideramos que el sueño de Bolívar,
Miranda, Policarpa, Sucre, Nariño, Martí, todas y todos nuestros
próceres, de una América Nuestra unida en su diversidad, no ha sido
realizado. Por eso exhortamos a trabajar por nuestra definitiva
independencia destacando aspectos centrales de la integración de Nuestra
América.
Se debe promover un nuevo orden mundial
multipolar, guiado por los principios de la cooperación, la
autodeterminación y la fraternidad entre los pueblos, para rechazar todo
forma de colonialismo, sujeción y dependencia. Consideramos ineludible,
para conquistar este objetivo, una verdadera reforma democrática de
toda la estructura de la Organización de Naciones Unidas y del conjunto
de las instituciones internacionales y globales. Estimamos necesario el
apoyo a espacios de acuerdo, integración y resolución de conflictos
entre todos los países y pueblos de Nuestra América, que fomenten la
soberanía, la autodeterminación y la paz. Destacamos el papel que tienen
en la época actual instituciones como UNASUR, CELAC y ALBA, como
expresión de la libertad y unidad de Nuestra América. Convocamos a los
pueblos y países de la región para construir estrategias hacia la
soberanía financiera y monetaria, la soberanía alimentaria y la
soberanía cultural de nuestro continente; trabajando en vía de la
cooperación y la complementariedad de nuestros países y no de la
destructiva competencia neoliberal. Nos parece imprescindible propiciar
la desmilitarización de la Región, acordar el retiro de todas las bases
militares extranjeras, declarando Nuestra América un territorio de paz,
libre de cualquier amenaza nuclear y faro de la paz planetaria.
Consideramos necesario consolidar instituciones entre los gobiernos y
los pueblos de Nuestra América, para la defensa de la diversidad
ecológica de nuestro hábitat, en especial, los nevados, los páramos, la
fauna, los bosques y la Amazonía.
Nos parece inaplazable el estímulo a la
participación social y popular para la reafirmación de la soberanía
nacional y el impulso a los procesos de integración de Nuestra América;
el control social y popular y veeduría ciudadana frente a los tratados y
acuerdos suscritos por el Estado colombiano; el reconocimiento de la
iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios
suscritos por el Estado colombiano; la imposición de medidas
transitorias de protección frente a tratados y convenios que vulneren
los derechos de la población, incluida su denuncia o renegociación, en
especial de los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Protección
Recíproca de las Inversiones; la solución de controversias en la
jurisdicción nacional; la auditoría a la deuda externa y su
renegociación.
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