Nuestro norte es la ley

*Luisa Ortega Díaz

El Ministerio Público está regido por valores como la honestidad, probidad, imparcialidad, ética, responsabilidad y en ejercicio de sus atribuciones debe ejercer la acción penal y garantizar entre otros, el debido proceso.

Y ese norte que ha guiado a la Institución que dirijo en la causa seguida al empresario Guillermo Zuloaga y a su hijo, quienes fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de usura genérica continuada y agavillamiento, previstos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y en el Código Penal, a raíz del almacenamiento irregular de 24 camionetas en una quinta de la propiedad de estos y que fueron localizadas durante un allanamiento a la misma.

Recientemente, ante la medida de coerción personal dictada contra los hoy imputados, voceros de un canal de TV se han pronunciado contra el sistema de justicia venezolano, en ataques personales contra las titulares del Ministerio Público y Tribunal Supremo de Justicia, pero no señalan con la misma vehemencia a sus televidentes los nexos que los unen a esas dos personas que defienden.

A ese ataque también se han sumando algunas organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos representantes han descalificado algunas decisiones tomadas por las instituciones integrantes del sistema de justicia, incluido el proceso en cuestión, con afirmaciones que no guardan relación con el caso y que evidencian un desconocimiento supino sobre el ordenamiento jurídico venezolano.

En el referido caso, a los imputados no se le cuestiona como individuos, por ser empresarios o dueños de medios de comunicación, sino por desarrollar conductas que ante la ley pudieren ser constitutivas de delitos.

No es ante los medios de comunicación que los imputados tienen que esgrimir sus defensas, pues de acuerdo con la legislación venezolana, debe ser ante el Ministerio Público o ante los órganos jurisdiccionales.

Llama la atención que muchos de quienes constantemente cuestionan al Estado por los índices de impunidad y claman porque esta sea derrotada se dediquen ahora a justificar, en este caso, la comisión de un hecho punible.

*Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela por el período 2007-2014. Presidenta del Consejo Moral Republicano por el período 2010-2011.