La semana pasada, la CIDH presentó un nuevo informe sobre la democracia y los derechos humanos en Venezuela, cargado de toda la parcialidad y politización que esa instancia profesa hacia nuestro país.
Frente a ello, desde las más altas instancias del Estado se ha reaccionando con contundencia, denunciando el uso de los derechos humanos con fines políticos y electorales que se esconde detrás de dicho informe. Incluso, se ha planteado denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos como una forma de librar al Estado del accionar político de la CIDH.
Sin embargo, la denuncia de la Convención Americana es una decisión que debe ser analizada detenidamente, teniendo en cuenta el entramado jurídico construido alrededor de ese instrumento, que reduce al mínimo el efecto que se pretende alcanzar.
En efecto, aún cuando se denuncie la Convención Americana la CIDH podrá continuar analizando casos y haciendo informes sobre Venezuela, basándose en la Declaración Americana de Derechos Humanos. Además, la denuncia no libera al Estado de las obligaciones impuestas por los casos ya conocidos, ni impide la continuación de los que estén en trámite.
Ante a este panorama, se hace necesario plantearse otras soluciones a corto y mediano plazo. En el corto plazo, aprovechar la influencia de nuestro país para impulsar la sustitución del Secretario Ejecutivo de la CIDH, aprovechando el proceso de renovación de la Secretaría General de la OEA.
En el mediano plazo, desarrollar una ofensiva diplomática, junto a los países aliados en el continente, dirigida a sepultar a la CIDH y dar nacimiento a una nueva instancia verdaderamente comprometida con los derechos humanos; o incluso, plantearse el asunto en su justo nivel y preguntarse: Si la OEA va desaparecer, ¿qué sentido tiene permanecer allí?
ldevoe@hotmail.com
Frente a ello, desde las más altas instancias del Estado se ha reaccionando con contundencia, denunciando el uso de los derechos humanos con fines políticos y electorales que se esconde detrás de dicho informe. Incluso, se ha planteado denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos como una forma de librar al Estado del accionar político de la CIDH.
Sin embargo, la denuncia de la Convención Americana es una decisión que debe ser analizada detenidamente, teniendo en cuenta el entramado jurídico construido alrededor de ese instrumento, que reduce al mínimo el efecto que se pretende alcanzar.
En efecto, aún cuando se denuncie la Convención Americana la CIDH podrá continuar analizando casos y haciendo informes sobre Venezuela, basándose en la Declaración Americana de Derechos Humanos. Además, la denuncia no libera al Estado de las obligaciones impuestas por los casos ya conocidos, ni impide la continuación de los que estén en trámite.
Ante a este panorama, se hace necesario plantearse otras soluciones a corto y mediano plazo. En el corto plazo, aprovechar la influencia de nuestro país para impulsar la sustitución del Secretario Ejecutivo de la CIDH, aprovechando el proceso de renovación de la Secretaría General de la OEA.
En el mediano plazo, desarrollar una ofensiva diplomática, junto a los países aliados en el continente, dirigida a sepultar a la CIDH y dar nacimiento a una nueva instancia verdaderamente comprometida con los derechos humanos; o incluso, plantearse el asunto en su justo nivel y preguntarse: Si la OEA va desaparecer, ¿qué sentido tiene permanecer allí?
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