sábado, 9 de mayo de 2009

Yumare y la indemnización del Estado.

Aramita Padrino (*)

Cuando hablo de indemnización, no solo me refiero al “maldito dinero” sino a las formas posibles de reparación del daño, que el Estado ocasionó a las victimas. Estas formas de indemnización están legalmente sustentadas y / o establecidas en la Constitución, leyes, acuerdos y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
El Estado Burgués solo puede indemnizar con justicia y dinero, porque si el Estado fuera Socialista, tal vez, existirían otras formas de reparación, pero mientras ese proceso va en formación, en Venezuela, tenemos tres opciones, exclusivamente:
El Estado venezolano, ante cualquier delito, graves violaciones a los Derechos Humanos, Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, tiene 3 posibilidades:
Primero: INVESTIGAR
La única manera posible de investigar es mediante el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal venezolana. No hay otra forma.
Imputar al presunto responsable por los hechos denunciados. (Solo imputa el Ministerio Público).
La imputación es una garantía procesal que respeta el debido proceso y el derecho a la defensa del imputado. En esta etapa se sigue con la investigación, hasta que se recaben los elementos de convicción suficientes para proceder a acusar al imputado.
La finalización de la investigación culmina con un acto conclusivo que es precisamente la ACUSACION (por supuesto hay otras causas como el sobreseimiento y el archivo fiscal)
Enjuiciar a los responsables y condenarlos.
En resumen, ESTE ES EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO, Y ES LA UNICA FORMA Y MANERA DE HACER JUSTICIA EN VENEZUELA.
Segundo: RECONOCIMIENTO PUBLICO
El Estado venezolano, debe reconocer públicamente, ante todos los medios de comunicación (visual, escrito, internet, radiofónicos, entre otros) que está resarciendo los daños ocasionados con motivo de las violaciones a los Derechos Humanos. Este reconocimiento está consagrado en nuestra legislación y en todos los tratados del mundo, en materia de Derechos Humanos. Y así lo ha cumplido el Estado venezolano ante las instancias internacionales (Corte Interamericana de los Derechos Humanos), en las cuales ha asumido su responsabilidad ante las víctimas (Ej. Caso El Caracazo, El Amparo, etc.). A pesar, de que aún no ha cumplido con la debida persecución penal hacia los responsables de éstos crímenes. Pero, insisto, el Estado ha reconocido sus errores y éste Gobierno ha indemnizado y reconocido a las victimas de los casos antes mencionados, a pesar de que esos crímenes se cometieron en la IV República, todo ello, por el principio de que el “Estado es uno solo” (valga la redundancia)
Tercero: INDEMNIZACION
Esta es otra de las formas de resarcir los daños irreparables ocasionados a las victimas, ya que el dolor y el sufrimiento no tienen forma de pago alguno. Nuestro máximo tribunal (TSJ) ha establecido que el pago en dinero, no sustituye de forma alguna la vida, ni repone la pérdida de facultades de las victimas, pero, ante la imposibilidad humana de reparar lo perdido, se estableció un pago en dinero, tomando en consideración ciertos factores que van a depender de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la desgracia.
Es totalmente desacertado decir (COMO LO SEÑALA EL ARTICULO AL CUAL REPLICO) que es “un comodín de Estado” la reparación del daño, porque es como pretender ser victima eternamente y no aceptar que el Estado pague de la única forma que puede hacerlo.
Así como también es impropio y ofensivo decir “que los camaradas no apostaban a un seguro de vida”. Por favor…!
El artículo en cuestión, señala irresponsablemente: “No bastan los actos y declaraciones institucionales cada vez que queremos atacar las prácticas represivas del pasado. BASTA DE DISCURSOS Y POSICIONES DE VÍCTMAS”
En Derecho, no se puede inventar, ni especular, y esa es la razón por la cual, quienes llevamos el caso Yumare, ante las instancias judiciales, no tenemos otro discurso que repetir la verdad, lo que sucedió y lo que está sucediendo, no son discursos vacios, son las verdades que tenemos en las manos. Además, desconocen el trabajo de investigación y todo el esfuerzo que hemos hecho SIN APOYO.
Debemos reconocer la insistencia a lo largo de los años de las victimas sobrevivientes, de los familiares de los fallecidos y de amigos de las victimas que han colaborado en el proceso de investigación conjuntamente con los abogados y fiscales del Ministerio Público que llevan el caso, que de manera desprendida, han aportado su conocimiento sobre los hechos, con el único interés de que se haga justicia.
Así como también, reconocemos la ayuda y colaboración (que en su momento) el Dr. José Vicente Rangel, Carlos Giménez, Ricardo Gutiérrez, Jean Carlo Di Martino, Juan Barreto y Jesse Chacón, aportaron al caso.
El equipo de abogados, conjuntamente con los sobrevivientes y familiares de las victimas, logramos desenterrar un caso que permanecía impune, cuando en este país, nadie apostaba por sacar del baúl de los recuerdos el caso Yumare. Y lo logramos gracias al esfuerzo y estudio que eso conllevó. No sacamos de una “Caja de Ace” la querella, ni la ganamos en una rifa. La querella que dio inicio a la investigación, fue producto de un arduo trabajo jurídico, que ha sido objeto de estudio y exposición en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y en varias universidades venezolanas, en las cuales he tenido el honor de ser ponente. Yumare, es un caso inédito en Venezuela, similar a hechos ocurridos en el cono sur y esa es la razón por la cual, hacemos mención de esos casos de Argentina, Chile, Perú, etc…
A pesar de las deficiencias que todavía subsisten en el Estado, tenemos que reconocer valientemente, que si no estuviésemos en este gobierno, hubiese sido imposible reabrir esta causa, ya que esos crímenes correspondían a la política del Estado Cuartorepublicano. Yo creo que eso es indudable. Recordemos que fue en este gobierno, cuando se dió nacimiento a la Constitución Bolivariana, la cual estableció la imprescriptibilidad de los delitos contra los Derechos Humanos.
Y finalmente, es muy fácil tirar piedras y vivir lamentándose eternamente, sin aportar nada. Invito a quienes critican que se pongan en el lugar de los que si trabajamos y estudiamos casos tan lamentables, con la esperanza de que no vuelvan a ocurrir.

Enlace del artículo objeto de réplica: http://www.aporrea.org/ddhh/n134168.html

(*) Abogada querellante y representante judicial de las víctimas del caso Yumare.

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