Por: Gabriel Villaamil
Si se asesinan masivamente a 70.000 personas, en una indisimulada estrategia de genocidio, matar después a seiscientos parece poco, casi hasta un alivio. Seiscientas personas. Entre ellas, niños y ancianos. Ese es el número de personas que ha matado el Estado de Israel (sí, Estado, no país, ni nación ni pueblo, Estado como creación diseñada políticamente y no como resultado de una sedimentación histórica, como sí lo es Palestina, un pueblo, una nación, un país, al que se le niega tener un Estado) desde el supuesto alto el fuego.
Las percepciones se construyen a partir de perspectivas. Las audiencias –difusas, fragmentadas- aceptan seiscientos asesinados porque previamente la matanza alcanzó proporciones monstruosas. Por tanto, la cifra actual parece algo aceptable, asumible. Imaginemos que el genocidio no hubiera tenido lugar. Estas nuevas seiscientas víctimas serían un escándalo internacional, ocupando portadas y espacios televisivos y generando ruido en las cancillerías, conversaciones al más alto nivel y sesiones plenarias en Naciones Unidas. Nada de eso pasa ahora porque, en efecto, seiscientos muertos palidecen frente a 70.000.
Los más clarividentes advirtieron que esto iba a ocurrir cuando el ejército sionista perpetraba la masacre. Netanyahu y su equipo militar y político sin duda contemplaron que la brutal agresión, sin precedentes en la historia de la ocupación de Palestina, les permitiría posteriormente un margen de maniobra para asesinar, invadir y robar territorio también sin precedentes. Así está siendo, sin ningún tipo de crítica internacional, foco mediático o presión externa.
El objetivo final es concluir el robo de la tierra palestina a sus legítimos propietarios. De hecho, en estos días en los que el mundo mira a otros lugares, el Gobierno de Netanyahu ha dado un paso adelante en su estrategia de robo del territorio y lo ha hecho a coste cero. Todos los territorios que ha ocupado con colonos en Cisjordania durante la salvaje agresión a Gaza –aprovechando también que la atención estaba puesta en la franja- los ha incorporado legislativamente al Estado de Israel.
Parece una nota a pie de página en la historia de la ocupación sionista pero en realidad es un gesto capital y sin precedentes. Hasta ahora, la mayoría de los territorios se ocupaban de facto sin buscar el engranaje legal. La resolución 262 de Naciones Unidas exige la retirada de los territorios ocupados en 1967, algo que Israel desoía. Ahora ya no es que haga oídos sordos. Con esa declaración de estatalidad, más que no atender el llamamiento de la resolución, lo que hace es rechazarla de plano: si retuerce la legalidad israelí para incorporar esos territorios, entonces entiende que forman parte del Estado de Israel, no que sean unos territorios ocupados.
Y todo esto, la desaparición de un pueblo, el palestino, y su territorio, ocurre mientras se celebran las supuestas bondades de un presunto alto el fuego.



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