Tras intensas jornadas de debate y consulta pública, la Asamblea Nacional sancionó este jueves 9 de abril por unanimidad la Ley Orgánica de Minas, un instrumento jurídico diseñado para modernizar y regular de manera integral la actividad minera de Venezuela.
La normativa que consta de 131 artículos, fue una iniciativa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer la soberanía económica y asegurar que la riqueza mineral del país se traduzca en desarrollo y bienestar directo para el pueblo venezolano.
En este sentido, la nueva Ley Orgánica de Minas, que se crea para modernizar el sector y atraer inversión bajo un esquema similar al de los hidrocarburos, tiene aspectos claves que defiende la soberanía de Venezuela sobre sus recursos estratégicos.
Puntos clave de la Ley
Por ejemplo, se ratificó que todos los yacimientos y recursos minerales en el territorio nacional son propiedad exclusiva de la República, siendo bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles.
Además, deja en claro que la gestión y control de dichos minerales corresponden estrictamente al Ejecutivo Nacional, asegurando una planificación centralizada y estratégica de la explotación.
Igualmente, se establece un marco claro para la participación de empresas estatales, mixtas (con mayoría accionaria pública), privadas autorizadas y brigadas de mineros artesanales debidamente registradas. Aunado a ello, el instrumento no ignora la preservación del equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, razón por la cual estipula criterios científicos y técnicos rigurosos.
En cuanto al tema de regalías y tributos, el documento establece mecanismos modernos para la recaudación, garantizando que una parte justa de la renta minera sea reinvertida en proyectos sociales y de infraestructura. Además, la Ley combate a la minería ilegal, al introducir controles institucionales más estrictos y procesos de fiscalización para erradicar las prácticas ilegales.
En resumen, este mecanismo legislativo que será enviado al Tribunal Supremo de Justicia para determinar su carácter orgánico y constitucional para que pueda ser promulgada en Gaceta Oficial, busca atraer inversiones nacionales y extranjeras, garantizando transparencia y consolidando al sector minero como uno de los motores principales de la economía nacional para los próximos años.
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