Caracas.- El gobierno del presidente
Nicolás Maduro
insiste en que hay un golpe de estado en proceso en su contra. Sostiene
que es alentado desde Washington y que los ejecutores son actores
políticos de la oposición, que no buscan realmente elecciones. Quieren
llegar al poder por la vía de facto porque la Constitución les impide
hacer lo que de verdad desean: desmontar el estado democrático y social
de derecho y de justicia que establece la Carta Magna y que construyó el
Comandante Hugo Chávez junto al Poder Popular.
Para ello, Estados Unidos y sus aliados en Venezuela promueven la violencia terrorista que evidenciamos hoy en el país.
Si queremos revisar cómo se ha generado la escalada de los últimos
días, debemos remontarnos al momento en que la oposición ganó la mayoría
de las curules de la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre de 2015. Con
una batalla ganada por la contrarrevolución, sobre la base de una
profunda guerra sistemática contra la economía venezolana similar a la
del Chile de Salvador Allende, la oposición logró capitalizar el
descontento de la población.
Al tomar posesión de su cargo el 5 de enero de 2016 y en cadena
nacional de radio y televisión, el nuevo presidente del Poder
Legislativo, diputado Henry Ramos Allup, aseguraba que su principal
tarea sería sacar a Maduro de la Presidencia.
Huelga decir que la oposición no llegó a ser mayoría legislativa en buena lid. Esto lo demuestran
conversaciones
telefónicas reveladas por diputados del chavismo, donde funcionarios de
la gobernación del estado Amazonas se oyen negociando una presunta
compra de votos, lo cual en Venezuela es penado por la ley electoral.
Presentadas estas grabaciones ante los medios y ante la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), esta ordenó a la
directiva de la Asamblea que se abstuviera de juramentar a los 4
candidatos del estado Amazonas que el Consejo Nacional Electoral había
proclamado: 3 de ellos de la oposición y uno del bloque parlamentario
revolucionario.
¿Choque de poderes?
La directiva hizo caso omiso a estas órdenes dictadas por el máximo
tribunal y el jueves 28 de julio de 2016 juramentó a los 3 opositores.
Con ello, el Poder Legislativo inició una cadena de desafíos al resto de
Poderes Públicos Nacionales.
Quienes no viven en Venezuela deben saber que aquí hay cinco poderes
públicos: primero, el Ejecutivo, conducido por el jefe de estado y de
gobierno, quien además funge como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana. Existen también: el Legislativo, el Electoral, el
Judicial y el Ciudadano, conformado por el Consejo Moral Republicano,
que a su vez está integrado por el Fiscal General, el Contralor General y
el Defensor del Pueblo.
La Asamblea Nacional opositora se ha enfrentado a todos los otros
poderes públicos nacionales. Los medios lo han reseñado como un "choque
de poderes", pero en realidad, hasta finales de marzo de 2017, era el
Poder Legislativo contra el resto.
A mediados de 2016, el TSJ declaró en desacato a la Asamblea hasta
tanto persistiera su renuencia a cumplir las sentencias de la Sala
Electoral. Fue así como cada proyecto de ley presentado por la oposición
en la Asamblea fue declarado como nulo porque provenía de un acto
refrendado por personas que habían usurpado funciones de diputados,
tras haber sido cuestionadas por delitos electorales graves.
La derecha mundial destacó este asunto como una supuesta "falta de
independencia de poderes públicos" y hasta un "robo de competencias de
un poder por otro".
La mesa de diálogo sirvió para que el Gobierno lograra que la
oposición se sentara a discutir temas importantes, bajo la mediación del
secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto
Samper; los ex presidentes de Panamá, Martín Torrijos, Leonel Fernández
de República Dominicana y de España, José Luis Rodríguez Zapatero y
hasta un enviado del Vaticano.
Iniciados los primeros pasos y avances, factores extremistas dentro
de la oposición se negaron a continuar con el diálogo y lo implosionaron
con el apoyo de factores externos. Para ello sirvió Luis Almagro, quien
como secretario general de la Organización de Estados Americanos, actuó
como un títere de los Estados Unidos. El uruguayo, rechazado ahora
hasta por propio ex presidente Pepe Mujica, se reunió con senadores
demócratas y republicanos de ese país, declarados y confesos lobistas
contrarrevolucionarios, para recibir la línea.
La elección presidencial en los Estados Unidos hizo bajar un poco la
presión en Venezuela ante la incertidumbre tras la elección de Donald
Trump. La coalición opositora que antes se había apoyado en Hillary
Clinton para sus acciones contra el gobierno de Maduro, no estaban muy
seguros de tener el mismo alcance con el nuevo Potus.
De arreglar el lobby con el nuevo inquilino de la Casa Blanca se
encargó el ex candidato republicano Marco Rubio, logrando con ello
cumplir con sus financistas de Miami.
Dirigentes de la oposición también cabildearon en la OEA para pedir
sanciones contra Venezuela, rayando incluso en la comisión de delitos de
lesa patria. Ya el ex jefe del comando sur de Estados Unidos, John
Kelly, hoy devenido en Secretario de Seguridad Nacional, había advertido
que "de haber una solicitud expresa de la OEA o de la ONU, procederían a
una intervención en Venezuela", por la supuesta "crisis humanitaria" en
la cual se encontraría, según él, la nación suramericana.
El detonante de la violencia
Suspendido el proceso de diálogo frente a las cámaras pero no detrás
de ellas, llegó el 2017. Aunque la directiva del año anterior no
desincorporó con procedimientos legales a los ciudadanos impugnados de
Amazonas, el 5 de enero, el diputado del partido Primero Justicia, Julio
Borges, se juramentó en una
sesión también anulada por el TSJ. Todos sus actos seguían teniendo como raíz un evento ilegal.
El 30 de abril de este mismo año, dos sentencias de la Sala
Constitucional del TSJ provocaron una declaración destemplada de Borges.
Frente a múltiples cámaras y micrófonos de medios nacionales e
internacionales, dijo que en Venezuela se había instaurado una
"dictadura" y rompió en público uno de los documentos que, ante la
omisión legislativa inconstitucional, permitía al Ejecutivo concretar
asociaciones petroleras.
Acto seguido, anunció las acciones de calle y dijo que la coalición
de partidos opositores, no descansaría hasta lograr algo que no está
contemplado en la Constitución: las elecciones generales anticipadas.
Un día después, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, dijo en
transmisión en vivo del canal del Estado, que las sentencias señaladas
por Borges habían producido una supuesta "ruptura del hilo
constitucional".
Ante la controversia entre Poderes Públicos, el presidente Nicolás
Maduro activó esa misma noche el Consejo de Defensa de la Nación, el
cual se convoca según lo establecido en la Carta Magna, como "máximo
órgano de consulta para planificar y asesorar al Poder Público en
materia de defensa integral de la Nación, soberanía y la integridad de
su espacio geográfico".
Este órgano, compuesto por representantes de todos los Poderes más
algunos miembros del gabinete del gobierno, recomendaron al Tribunal
Supremo aclarar las sentencias controversiales, lo cual fue hecho a la
mañana siguiente.
Violencia "no violenta"
Las operaciones de guerra no convencional que se están aplicando en Venezuela
tienen su origen en los manuales del golpe suave, creados por Gene Sharp. Se han aplicado antes en países de Europa del Este y no han tenido éxito en este país latinoamericano.
Eso sí, tiene muchos defensores. Al menos una treintena de jóvenes
captados hace 10 años en universidades privadas y públicas autónomas,
ahora como adultos las aplican con precisión y apoyo foráneo. La fachada
para su captación de aquellos jóvenes fueron las organizaciones no
gubernamentales que promueven el ideal de "democracia" liberal que sirve
a los intereses de Washington.
Durante años, estas ONGs fueron ampliamente financiadas por la USAID y
la National Endowment for Democracy, es decir, por el gobierno de los
Estados Unidos. Una inversión a largo plazo que ha venido dando frutos a
lo largo del tiempo.
Las llamadas guarimbas del año 2014, desestabilizaron gravemente al
gobierno del presidente Nicolás Maduro. El saldo fatal de la violencia
política promovida por
Leopoldo López
en el marco del plan llamado La Salida, dejó como resultado 43 personas
fallecidas, miles de lesionados y familias enteras enlutadas. Las
pérdidas para la Nación por los destrozos y daños a la propiedad pública
fueron cuantiosos.
Muchos de los actuales diputados de la oposición llegaron a sus
curules de esa forma. Aunque antes decían que su actividad era parte del
"Movimiento Estudiantil", en realidad, las campañas de acciones
violentas de estos jóvenes tenía obvias influencias de partidos
políticos. De hecho, todos aquellos que participaron en la conducción de
las manifestaciones de violencia del 2007, se unieron a partidos que
también han recibido financiamiento del Instituto Republicano
Internacional (IRI), del Instituto Nacional Demócrata (NDI) y hasta de
la Konrad Adenauer.
Son estos diputados, quienes han venido aupando y convocando a
actividades de calle que denominan "no violentas", pero que en la
práctica pasan hacia la trinchera del terrorismo. En menos de
un mes, estos llamados a tomar las calles para exigir la salida de
Maduro ha tenido un saldo de 26 personas fallecidas y cerca de 500
heridos.
Terrorismo en tres actos
En estas actividades supuestamente pacíficas, hay tres tiempos. En
horas de la mañana, acuden personas de la llamada clase media del país.
Ya el mediodía es el momento del clímax que se aprovecha para las fotos a
medios internacionales. Sea moderada o pequeña, la movilización es
calificada por las corporaciones mediáticas con adjetivos como
"multitudinaria" o "numerosa", donde "millares" de personas se vuelcan a
las calles para "protestar" contra la "dictadura".
Entre la 1 y las 3 de la tarde, inicia los intentos de los violentos
de llegar hacia el centro de la ciudad, donde se encuentran las sedes de
los poderes públicos y donde casi siempre hay también otra demostración
de movilización militante del chavismo. A veces están en la avenida
Bolívar, otras en la México, o en la avenida Urdaneta, que conduce
directamente al Palacio de Miraflores, sede del Gobierno Nacional.
Como no los dejan pasar para evitar un choque entre grandes masas de personas,
los diputados opositores usan a su adiestrado y equipado grupo de choque para intentar abrirse camino
frente a la Policía Nacional o la Guardia Nacional. Son grupos de unos
100, máximo 200 jóvenes, muy violentos, en ocasiones bajo los efectos de
sustancias prohibidas. Pero que portan, además, cámaras GoPro y
máscaras antigases que cuestan mucho dinero en Venezuela y de
proveniencia desconocida.
Al caer la tarde, estos mismos grupos violentos abandonan las
principales autopistas tomadas para la marcha, no sin antes dejar
suficientes escombros como para impedir el tránsito. Vierten aceite
sobre el asfalto, tensan cables de acero entre postes de luz que no son
vistos por motorizados y generan
graves accidentes y lesiones a personas.
Luego, se repliegan hacia las zonas donde gobierna la oposición y
desde ahí comienzan los atentados contra personas, linchamientos de
cualquiera que "huela a chavista" y atacan a instituciones públicas y
hasta centros de salud. El caso más emblemático: el
ataque
contra el centro de salud Materno Infantil de El Valle, donde 54 bebés y
madres tuvieron que ser desalojados ante la quema de basura, amenaza de
ingreso a la institución y el lanzamiento de piedras contra las
ventanas del lugar. El pecado ese hospital de niños: se llama y fue
construido por Hugo Chávez.
Nada de esto es visibilizado por los medios. En municipios y estados
donde la oposición es gobierno todo es permitido, sin pudor, por
policías municipales y regionales en manos opositoras. Ante la ausencia
de la contención del orden público, la intervención de la Guardia
Nacional Bolivariana y la Policía Nacional es criminalizada tanto por la
representación opositora, como por medios lcoales e internacionales.
Golpe Teledirigido
La última vez que la oposición desvió hacia el centro de la ciudad,
una marcha convocada hacia el este, dio un golpe de estado. Fue el 11 de
abril de 2002. Ese día, medios nacionales y un puñado de militares
rendidos a Washington secuestraron al Presidente Chávez, bajo el esquema
de Fake News.
Por eso, un ex ministro de comunicación e información recientemente
escribió en su cuenta Twitter que si hace 17 años, el golpe de estado
contra Chávez se apoyó en los medios privados venezolanos, esta vez la
oposición intentará usar las redes sociales y medios internacionales
para justificar el golpe contra Maduro.
El objetivo entonces queda claro: se trata de generar un clima de
ingobernabilidad y demostrar la "ruptura del hilo constitucional" y la
"crisis humanitaria" que justifiquen la tesis de estado fallido que
requiere Estados Unidos para una intervención militar.
El presidente sirio, Bashar Al Assad, afirmaba que todo lo que ocurre
hoy en Venezuela le resulta similar a los sucesos de violencia de los
primeros años de desestabilización de su país.
La portavoz rusa, María Zajárova, criticó las declaraciones del nuevo
jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd, quien recientemente
advirtió que "el empeoramiento de la crisis en Venezuela requeriría una
respuesta regional inmediata".
Zajárova
aseguró
que declaraciones como esas "fomentan la incertidumbre, suponen un
apoyo a los radicales y generan inestabilidad y confrontación".
Días después, la portavoz del gobierno ruso, advirtió que "sería
necesario que los ingenieros de la desestabilización en Venezuela miren
con más atención los resultados de su obra desde afuera para promover
disturbios como ocurrió en Siria, Libia, Yemen y, en particular, en
Ucrania.
¿Cuál es la esencia de lo que hacen las fuerzas exteriores en Venezuela? ¿Quieren alcanzar los mismos resultados?", cuestionó.
Venezuela formalizó su
retiro
de la Organización de Estados Americanos, luego de que un grupo de 19
países con gobiernos antagónicos a la revolución bolivariana,
pretendiera tutelar a Venezuela y seguir con las pretensiones
injerencistas monroístas contra la patria de Bolívar.
Samuel Moncada, embajador venezolano ante la OEA, destacó en su
última intervención en el Consejo Permanente que la reunión del 3 de
abril de 2017, convertida en campo de batalla, activó la virulencia de
los sectores más violentos de la sociedad. Tiene razón. Fue desde ese
momento en que comenzaron a producirse las muertes. Que sea esa
magistral intervención del también historiador venezolano, sea la última
participación de un embajador de la patria de Bolívar en el obsoleto,
caduco, decadente e inmoral "ministerio de las colonias".
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