Tamara Vidaurrázaga Aránguiz
(SEMlac).- Con 20 votos a favor, el
Senado chileno aprobó en general el proyecto de despenalización del
aborto en tres causales específicas: riesgo de vida de la mujer,
inviabilidad fetal extrauterina y violación, tras dos jornadas de debate
en sala y con 15 votos en contra y dos abstenciones.
Senadores y senadoras de la Nueva Mayoría, coalición por la que gobierna
Michelle Bachelet, y de Chile Vamos, coalición de derecha opositora,
plantearon sus argumentos a favor y en contra del proyecto. En las
tribunas y el hall de ingreso diversas organizaciones contrarias al
texto y pro derechos de las mujeres se manifestaron con lienzos
alusivos.
La causal que más resquemores causa en legisladores de derecha es la de
violación, que exige que no hayan transcurrido más de 12 semanas de
gestación, cuestión que en las menores de 14 años se amplía hasta las 14
semanas.
Senadores de derecha argumentaron que las mujeres podrían inventar
que han sido violadas, que incluso si lo han sido una interrupción del
embarazo es la peor manera de resolverlo y que una violación podría ser
"acordada", como indicó el Senador de la Unión Demócrata Independiente
UDI, Alejandro García Huidobro.
Organizaciones de mujeres junto a diputadas de distintos partidos
políticos, como la comunista Camila Vallejo, la independiente Carla
Rubilar o la socialista Maya Fernández Allende, llamaron a que sea
aprobado el proyecto incluida la causal de violación, puesto que según
la abogada de Corporación Humanas Camila Maturana "es un compromiso del
Gobierno y de una coalición, con las chilenas".
"El Senado debe legislar para cumplir con ese mandato que, además, tiene
un 70 por ciento de aprobación en la opinión pública. Este proyecto se
debe aprobar en sus tres causales, lo que permitirá al Estado de Chile
ponerse al día con los derechos humanos de niñas y mujeres", abundó.
Para Gloria Maira, quien fue subdirectora del Servicio Nacional de la
Mujer, "la causa de violencia sexual que permite interrumpir un embarazo
por violación es un imperativo fundamental de derechos y respeto a la
dignidad de niñas y mujeres."
El proyecto implica que debe haber un diagnóstico médico previo que
avale la intervención y que la mujer debe manifestar en forma expresa,
previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo, salvo
cuando esté impedida de hacerlo.
Permite, además, la objeción de conciencia por parte del médico
cirujano convocado a realizar la interrupción, que se debe efectuar en
forma previa y por escrito ante el director del establecimiento de
salud, caso en el que el recinto debe asignarle otro médico disponible a
la paciente. Esta objeción no procederá en el caso de la primera causal
cuando la mujer requiera una atención inmediata y no exista otro
cirujano disponible.
Tras este trámite, el proyecto deberá volver a la Comisión de
Salud y a la Comisión de Constitución para su discusión en particular,
tras lo que volverá a votarse en sala del Senado.
En Chile, existió el aborto terapéutico desde los años 30 hasta 1989,
cuando la dictadura de Augusto Pinochet lo prohibió en todos los casos,
para convertirse así Chile en uno de los seis países en el mundo que se
encuentra en esta posición junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Malta, El Vaticano y República Dominicana.
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