¿Qué está en juego hoy en Ecuador?

Por: Lenin Brea

No veo por qué no decirlo, los revolucionarios estamos, en los términos más absolutos que se puedan decir, en los términos llamados en la jerga política “más estratégicos”; los revolucionarios estamos interesados en una democracia ilimitada, en una democracia que no tenga otros límites que la conciencia del pueblo, y la disposición del pueblo a luchar por algunos derechos o intereses de tipo democrático, es decir, no hay limitaciones en el planteamiento.

Alfredo Maneiro

Hoy Ecuador elegirá presidente y vicepresidente, a los miembros del cuerpo legislativo y del Parlamento Andino. Aunque los resultados de esta primera vuelta no sean decisivos, la victoria de la Revolución Ciudadana podría significar un punto de quiebre para la recuperación de las fuerzas de izquierda de la región, tal como lo ha puesto de manifiesto el presidente Correa.
La victoria de Lenin Moreno, tanto si se produce en primera como segunda vuelta, significaría, entre otras cosas, que la alternancia en la postulación de candidatos a los procesos electorales no es un obstáculo para la eficacia política de las fuerzas progresistas y, quizás, que en algunos casos puede ser un factor clave para la recuperación.
Por otra parte, la derrota de Alianza País tendría consecuencias concretas para los países progresistas de la región, en la medida que el proyecto de integración impulsado por ellos perdería fuerza en los mecanismos regionales y su posición de conjunto se debilitaría en otras instancias multinacionales. En particular Venezuela perdería un aliado importante en momentos en que la OEA y Estados Unidos amenazan con una intervención.
Pero la importancia del proceso electoral ecuatoriano no se reduce a sus consecuencias geopolíticas. Además de la elección de autoridades tendrá lugar una consulta popular que decidirá si se prohibe que los funcionarios públicos y gobernantes electos tengan capitales en “paraísos fiscales”. La significación para la región y el globo de esta consulta es más radical que la anterior, y esto no solo por la trascendencia de la cuestión a decidir, sino porque se trata de que el pueblo decida, él y no sus representantes, sobre la pertinencia de implementar una norma jurídica.
En cuanto a la cuestión a decidir, quizás su importancia no radica tanto en que se imponen condiciones morales a los servidores públicos y representantes electos, como en que se intentan crear condiciones para regular y manejar los flujos de capital internacional. Pero más que el contenido de la consulta, interesa resaltar la importancia misma del acto de consultar al pueblo sobre algo diferente a la elección de gobernantes. En este caso se consulta a la gente sobre la implementación de una norma, y es ella (la gente) quien asume directamente el rol de legislador y por tanto su palabra será ley: si gana el “sí”, en adelante ningún funcionario público ni gobernante o legislador electo podrá tener capitales en paraísos fiscales, si gana el “no” los políticos y burócratas pueden seguir haciendo lo que les dé la gana a este respecto.
Pero si la consulta popular no tiene por qué limitarse a una elección de gobernantes, tampoco tiene por qué limitarse a una decisión jurídica, como sucede en el caso ecuatoriano.
En Islandia se celebraron en 2010 y 2011 dos referéndum para decidir si el pueblo debía hacerse cargo de pagar por la quiebra del banco Landsbanki Íslands. Tras la victoria del “no pagaremos” en el primero, con un 93% de los votos, el Parlamento islandés decidió pagar de todas formas la suma íntegra de la deuda, solo que a un plazo largo y bajo interés. Ante esto el presidente Ragnar Grímsson, respetando una voluntad popular que no solo se manifestaba en las urnas, se negó a firmar el acuerdo parlamentario y llamó a un nuevo referéndum en el cual volvió a ganar el “no” y así ha quedado la cosa por ahora.
Con lo sucedido en Islandia contrasta el referéndum de 2015 de Grecia. En este caso, a pesar de que el pueblo le dio un “no” rotundo a las condiciones impuestas por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo para el pago de la deuda, el gobierno dio su brazo a torcer frente a estas instituciones y terminó por aceptarlas, desconociendo con esto la voluntad popular.
Lo importante de estos casos es que en ambos la consulta popular implicó un desdibujamiento de los límites que separan y subordinan a gobernados y gobernantes. Sin embargo la resultante es muy diferente, en tanto que en el segundo caso el Poder Ejecutivo, al desconocer la decisión de la gente, se transformó en un fantoche sin legitimidad política, absolutamente separado del pueblo al que gobernó.
Lo que diferencia estas decisiones de la que se tomará hoy en Ecuador es el ámbito del poder político que afectan. Es decir, en todos los casos referidos el sujeto popular es convocado para que decida sobre un asunto de importancia, pero en el de Ecuador se le convoca como legislador (es el mismo caso que cuando se vota una constitución), y en los otros dos casos (Isalndia y Grecia) como gobernante, esto es, para que decida cuál debe ser el curso de la acción gubernamental. Para nada se trata de desmerecer un tipo de decisión por la otra. La importancia de la distinción, que podría incluir también la decisión judicial, está en que permite precisar los ámbitos de participación política que superan la elección de gobernantes.
¿Por qué el principal problema político tiene que pasar por la elección de gobernantes y autoridades y no por las decisiones que sancionan leyes o iniciativas legislativas, o que dictaminan cursos de acción para el gobierno, o que incluso decidan sobre cuestiones judiciales?
Dicho lo anterior es necesario aclarar que no pretendo desconocer la importancia de las elecciones de autoridades, estas son una conquista popular y sin ellas la situación política es intolerable. Se trata de aspirar a más democracia y de indicar que a esa dirección apunta la consulta en Ecuador, tanto como las otras dos mencionadas.
No quisiera que lo anterior se tomara solo en un sentido ético. Aclaro sí que entiendo por ética el compromiso que se tiene con la ley que uno se da libremente. La máxima de que es la gente la que tiene la última palabra en cualquier asunto decisivo es la ley democrática básica, y la decisión de respetar esa ley y hacerla valer es un asunto de voluntad o deseo que no puede ser impuesto con coacción. Sencillamente un gobierno democrático, tiene, porque se dice democrático, que cumplir con las exigencias de la democracia, de lo contrario es un farsante. Sobre esto no se puede decir mucho más.
Pero de las decisiones que trascienden la elección de autoridades se puede obtener un resultado político. De una decisión legislativa o ejecutiva sancionada popularmente se puede esperar que la gente la defienda y también se puede exigir que asuma las consecuencias. La espera, una activa por cierto, corresponde al poder que invoque la consulta, incluido el caso en que esta sea invocada por la misma gente; pero solo el mismo pueblo, en tanto que sujeto de la decisión, puede exigir que se asuman las consecuencias. Se comprende quizás por qué solo entonces podrá llamarse sujeto político con todas las letras.

Porque lo que está en juego en Ecuador es la profundización de la democracia, es menester felicitar a quienes se proponen la consulta popular como fuente de legitimación política.