México: ¿Mujeres al poder?

María Cristina Rosas / http://alainet.org

El Censo de Población y Vivienda efectuado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), concluyó que la población de México es de 112 millones 336 mil 538 habitantes, de los cuales, 57 millones 481 mil 307 –el 51%– son mujeres y 54 mil 855 mil 231 son hombres, por lo que, en otras palabras, por cada 100 mujeres residentes en el país hay 95 hombres.1

De esos casi 57 millones y medio de mujeres, el 27.9% son menores de 15 años; el 26. 4% son jóvenes de 15 a 29 años; el 35.2% son adultas de 30 a 59 años y el 9.3% tienen 60 años y más.2 La citada estructura muestra una población joven donde la mitad de las mujeres tienen menos de 26 años. Como es sabido, además de ser mayoría, las mujeres tienen también una esperanza de vida mayor que los hombres, de manera que ellas viven 77.8 años frente a los 73.1 años de ellos, en promedio.3

Con esos datos se esperaría que las mujeres desempeñaran un papel prominente en la vida económica, política, cultural y social del país, lo cual, como es sabido, no es el caso. La organización Social Watch, (http://www.socialwatch.org) que se propone contribuir a la erradicación de la pobreza y que promueve la justicia de género, encuentra, en su índice de equidad de género (IEG) correspondiente a 2012, que México se ubica por debajo de la media latinoamericana y muy lejos de los países que lideran la estadística en la materia.4

El IEG se aboca a la medición de las disparidades entre hombres y mujeres a partir del acceso que unos y otras tienen a la educación, la actividad económica y política, y encuentra que, entre 154 países evaluados, México posee 64 puntos de 100 posibles, lo que lo coloca como una nación con un

IEG bajo. De hecho México registra el mismo puntaje que China, Guyana, Azerbaiyán, Venezuela, Belarús, Angola y Colombia.5

Lo anterior ocurre porque, si bien en materia educativa el país llega a tener un nivel aceptable –con 98 puntos–, su desempeño baja a 56 y 37 puntos, en los rubros económico y político, respectivamente.6

Idealmente los países que más han avanzado en la equidad de género deberían estar rozando los 100 puntos, sin embargo resulta que ninguno lo ha logrado y los que más progresos tienen –Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Mongolia– solo logran estar arriba de los 80 puntos. Ahora bien, en América Latina y el Caribe, hay países más aventajados que México, por ejemplo, Trinidad y Tobago (con 78 puntos); Uruguay, Costa Rica, Nicaragua y Argentina (con 74 cada uno); Paraguay (73); Brasil, República Dominicana y Chile (72); Ecuador (71), Perú y Belice (69), Cuba (68) y Bolivia (66).7

Parte del problema estriba, en el caso mexicano, en que las relaciones de género desafían formas tradicionales de poder, según reconocen las propias autoridades nacionales, lo que naturalmente genera resistencia y reticencias al cambio.8 Cabe destacar, si es que sirve de consuelo, que las desigualdades entre hombre y mujeres han existido desde hace mucho tiempo y que subsisten en todo el mundo, aunque en distintas magnitudes, tanto en los países más desarrollados como en los más pobres. Baste mencionar que en los ya citados IEG, Estados Unidos supera a México por estrecho margen, al contar con, apenas, 72 puntos, igualando a Chile, Brasil y Grecia. Italia, otro país desarrollado y miembro fundador de la hoy Unión Europea, tiene, apenas, 70 puntos, empatado con Armenia, Vietnam y Madagascar. Por lo tanto, la ecuación que muchos dan por cierta (a mayor desarrollo, mayor equidad de género), no es tan cierta.

¿Por qué la desigualdad de género?

Como es sabido, a partir de las características biológicas de las personas se han justificado conductas, actitudes, roles, capacidades, participaciones y, a final, de cuentas, el lugar que ocupan éstas en las sociedades. El género, una construcción sociocultural, es invocado para justificar la distinción entre hombres y mujeres, asignando roles que asumen como natural las formas de vida de unos y otras.

De entrada es conveniente recordar que el concepto de género, por lo general, suele remitir a diferencias en razón de la sexualidad. Sin embargo, el género es algo mucho más complejo y relevante que la simple valoración de las características físicas de hombres y mujeres. Por género se entiende una construcción simbólica que alude al conjunto de atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo, y que convierten la diferencia sexual en desigualdad social. Por lo tanto, la diferencia de género no es un rasgo biológico, sino una construcción mental y sociocultural que se ha elaborado históricamente.

Conforme a lo expuesto, género no es equivalente a sexo: el primero es una categoría sociológica y el segundo es, en cambio, una categoría biológica. La importancia del concepto de género radica en hacer visible el supuesto ideológico que equipara las diferencias biológicas con la adscripción a determinados roles sociales –como se explica, por ejemplo, en el ahora célebre libro de John Gray Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus.9

Así, el concepto nació, precisamente, para poner de manifiesto una relación desigual entre mujeres y hombres, entendiendo a unas y otros como sujetos sociales y no exclusivamente como seres biológicos. “El uso del concepto de género contribuyó a desarrollar el conocimiento de las ciencias sociales con una amplia gama de investigaciones, interpretaciones e interpelaciones sobre los mitos relacionados con el comportamiento, la preferencia y la orientación sexual de las personas. Las investigaciones sobre la sexualidad revelaron cómo se construyen, mantienen y refuerzan los roles sexuales en el proceso de socialización”.10

En este sentido, el concepto de género contribuye a dilucidar las posibilidades, expectativas y responsabilidades en el seno de una sociedad, de parte de los hombres y las mujeres, si bien más importante es su aportación para comprender la forma en que se distribuye el poder entre unos y otras. “Los roles de género varían de acuerdo a la cultura y están atravesando por factores como la raza, la edad y la clase social de los individuos en cuestión. Por lo tanto, las feminidades y las masculinidades no son una “condición natural” al ser humano. Las investigaciones sociales contemporáneas sobre las masculinidades y las feminidades muestran una amplia gama de posibilidades de ser hombre y de ser mujer”.11

En este sentido, desde la óptica del poder, entendido éste como la capacidad con que se cuenta para lograr que los demás hagan lo que uno (a) desea, la posibilidad de ejercerlo en el seno de una sociedad depende de diversos factores que incluyen la raza, la clase social, la orientación sexual, el género, etcétera. En este último caso, el poder de género se materializaría en el dominio de los hombres sobre las mujeres, y también de los hombres sobre otros hombres, por considerarlos débiles o afeminados.12

Lo más importante es que los usos del poder son en realidad características aprendidas por hombres y mujeres en función de su masculinidad y feminidad, respectivamente. “Desde muy temprana edad a los niños se les enseña y se les exige ser dominantes, decididos, controladores; se les solicita actuar de forma independiente y a no expresar sus sentimientos más tiernos, lo cual es una manifestación del modelo hegemónico de masculinidad. La socialización de género hace que los hombres aprendan sobre el poder y lo ejerzan como un derecho inherente a su masculinidad”.13

Es en este marco que los hombres asignan, mediante la autoridad y el control que socioculturalmente se les ha asignado, las responsabilidades de las mujeres y de otros hombres considerados como “débiles” o afeminados, tanto en los espacios privados como en los públicos. “En la vida familiar o espacio privado, al hombre se le asigna el rol de proveedor y, por lo tanto, de sostén económico de la familia. Esto le permite atribuirse comportamientos particulares y ejercer el poder en el interior de su familia como un derecho y responsabilidad primordial. A las mujeres se les da la responsabilidad de la reproducción, la procreación y el cuidado de los niños en un rol de subordinación al patriarca familiar y a su poder. En el espacio público, el hombre domina las instituciones políticas y económicas, ejerciendo su autoridad y control en el ámbito del poder social”.14

Desigualdad de género en México

Crecientemente, las mujeres participan en el mercado laboral ante las exigencias de la modernidad y sobre todo tratando de procurar un mejor nivel de vida para ellas y sus familias. Sin embargo, no por incursionar en el mercado laboral las mujeres se desentienden del trabajo doméstico con el que tradicionalmente se les asocia. El INEGI explica que en México, el 41.8% de las mujeres mayores de 14 años forman parte de la población económicamente activa y que el 95.9% de ellas afirma combinar sus obligaciones laborales con las tareas de casa. En el caso de los varones que participan en el mercado laboral, sólo el 56. 9% desarrolla quehaceres domésticos.15

“Dos de cada tres mujeres que trabajan (o bien, el 65.1%) son subordinadas y remuneradas; el 23.2% trabajan por cuenta propia; el 2.4% son empleadoras y el 9.3% no recibe un salario por su trabajo. Entre las trabajadoras subordinadas y asalariadas, el 44.4% no tiene acceso a los servicios de salud; más de la tercera parte (34.5%) no cuenta con prestaciones y 43.6% labora sin tener un contrato escrito. Cabe señalar que la proporción de empleadores en los varones es superior y que el porcentaje de ocupadas sin pago duplica al de los hombres. Ocho de cada diez mujeres ocupadas desempeñan actividades en el sector terciario: de éstas, destaca que tres de cada diez (31.8%) son comerciantes, 27.4% son trabajadoras en servicios de baja calificación16 y 14.2% son oficinistas. Conforme al tipo de unidad económica, la proporción de hombres que trabajan en empresas y negocios (55%) es superior al de las mujeres (38.2%); en orden de importancia las mujeres trabajan en el sector informal (30.4%), en instituciones públicas o privadas (18.5%) o en el trabajo doméstico remunerado (11%); en los varones estas proporciones son del 27.9, 11.2 y 0.6%, respectivamente”17 lo que muestra una vez más la desigualdad imperante.

La retribución salarial para las mujeres suele ser inferior a la que se le da a los hombres, aun cuando cuenten con el mismo nivel de escolaridad y desempeñen actividades idénticas. Esta situación se produce porque se considera (erróneamente) que la mujer no es quien sostiene el hogar y que su ingreso solamente es un complemento. “El 66.2% de las mujeres ocupadas cuenta con secundaria o más, proporción que resulta mayor a la de los varones en más de cuatro puntos porcentuales. El promedio de ingreso por hora trabajada indica que a mayor escolaridad los ingresos aumentan, no obstante, se observa que en todos los niveles educativos los hombres ganan más que las mujeres y se hace más pronunciado cuando el nivel de escolaridad es menor: las mujeres con instrucción medio superior y superior ganan 1.3 pesos menos por hora que los varones; en tanto que en los que tienen primaria incompleta esta brecha aumenta a 2.2 pesos la hora”.18

En México, se sabe que el 25% de los hogares mexicanos están a cargo de una mujer19 cifra mayor a la que prevalecía en 2000, cuando los hogares con jefatura femenina representaban el 20.6% del total. Esto obedece a diversos factores, incluyendo el aumento de las separaciones, los divorcios y la viudez y el hecho de que las mujeres, a diferencia de los hombres, no vuelven a unirse (en matrimonio o unión libre). El ya citado censo de 2010 indica que el 30.6 de las jefas de hogar son viudas, el 27.5% están separadas o divorciadas y el 17.1% solteras. Una de cada cuatro (24.5%) está unida y de éstas, en el caso del 30.2% el cónyuge no reside en el hogar. De hecho se observa ausencia del cónyuge en dos de cada tres hogares (o bien, el 64.5%) con jefatura femenina.20

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) señala que el 70.5% de las familias en México cuenta con un aporte de ingresos femeninos. Este es un dato relevante porque aun cuando no sean jefas de familia, los ingresos como resultado de su participación en el mercado laboral son crecientemente importantes. Lo que lamentablemente sí ocurre es que es más probable que los hogares encabezados por una mujer sean pobres que aquellos presididos por un hombre, lo que se atribuye generalmente al hecho de que no todas las féminas pueden ausentarse del hogar por más de 35 horas a la semana, debido a que deben hacerse cargo igualmente de las tareas domésticas.21

Mujeres y la política nacional

Como se explicaba anteriormente, el ejercicio del poder se ha concentrado mayoritariamente en el género masculino, y en el terreno político y público, esta es una situación evidente. La mujer, en cambio, queda confinada a la esfera doméstica y privada. Inclusive el lenguaje existente para referirse a hombres y mujeres, da cuenta de esta desigualdad: un hombre público es alguien que se desempeña en el ámbito político y que tiene importantes responsabilidades ante la sociedad. En cambio, una mujer pública profesa la prostitución y es considerada como un mal para la sociedad.

Pese a que México es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), mismo que suscribió en 1980 y ratificó en 1981; y que además reiteró las obligaciones contraídas en la citada convención al suscribir su protocolo facultativo en 2003, la situación dista mucho de los buenos propósitos establecidos en dicho instrumento.22

De hecho, aunque el derecho a votar y ser votadas a cargos de elección popular le fue garantizado a las mujeres mexicanas el 17 de octubre de 1953, su contribución a la vida económica, política, social, cultural del país es de larga data.23 Llama por eso la atención que con el desarrollo de la revolución mexicana y la redacción de una nueva Constitución, se omitiera el reconocimiento de los derechos políticos a las mujeres, situación que sería subsanada muchas décadas después.

Así, en 1975 se hicieron las reformas correspondientes a efecto de eliminar los elementos discriminatorios contra las mujeres que subsistían en la carta magna, por ejemplo, en el artículo 4° que en adelante establecería que “… el varón y la mujer son iguales ante la ley.” Asimismo, en el artículo 30° se estableció que “… la nacionalidad mexicana se adquiere por naturalización para la mujer o varón extranjero que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicana y tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional.” El artículo 123, apartado B, fracción VIII también fue reformado para quedar en los siguientes términos “… los derechos de escalafón beneficiarán a los trabajadores al servicio del Estado, otorgándoles ascensos en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad en el goce de estos derechos quien representa la única fuente de ingresos en su familia…”24

Otros cambios efectuados incluyen al artículo 34, el cual señala que son ciudadanos de la república los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de ciudadanos, reúnen, además, el requisito de haber cumplido 18 años y tienen un modo honesto de vivir. El artículo 35 precisa las prerrogativas políticas de los ciudadanos: votar en las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular.

Cabe señalar que muchas de las garantías individuales reconocidas a las mujeres en la ley suprema se aplicaron parcialmente o bien, no corrieron al mismo tiempo en los tres niveles de gobierno. Así, por ejemplo, aunque se les empezó a reconocer el derecho a votar, no ocurría lo mismo con el “ser votadas.” Asimismo, antes que a nivel federal se garantizara a las féminas el derecho a sufragar, Yucatán se convirtió en el primer estado del país en instituirlo, esto bajo el gobierno de Felipe Carrillo Puerto (1922-1924), lo que posibilitó que en 1923 tres mujeres se convirtieran en diputadas al congreso estatal.25 En 1923, en San Luis Potosí se aprobó la ley que permitió a las mujeres que sabían leer y escribir, la participación en procesos electorales; y en 1925, en Chiapas y Tabasco, se reconoció el derecho de la mujer a votar en elecciones municipales. Más tarde, en 1936, en Puebla se reconoció el voto femenino en sus municipios.26

Como es sabido, fue en 1947, bajo la presidencia de Miguel Alemán, que se reconoció el derecho de la mujer a votar y ser votada en los procesos municipales, mientras que seis años después, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se garantizó la plenitud de derechos políticos a las mujeres mexicanas. Sin embargo, tendrían que transcurrir 24 años para que, tras la reforma política de 1977 se allanara el camino y que, por primera vez, una mujer fuese postulada a la Presidencia, lo que ocurrió en 1982, cuando Rosario Ibarra de Piedra fue la candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Llama la atención, sin embargo, que desde entonces y hasta el proceso electoral de 2006, ninguno de los tres partidos políticos más importantes (el Partido Acción Nacional, PAN; el Partido de la Revolución Democrática, PRD; y el Partido Revolucionario Institucional, PRI) hayan postulado a una mujer al más alto cargo de elección popular. Esta situación cambió en los comicios de 2012 cuando el PAN, tras un proceso interno un tanto cuanto accidentado, decidió postular a Josefina Vázquez Mota a la presidencia, si bien en el interior de ese instituto político hubo poco apoyo a su campaña, lo que sin duda limitó las posibilidades de la candidata y al término de los comicios, ésta cayó al tercer lugar detrás de los candidatos Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Con los partidos más pequeños hay una historia distinta, dado que, por ejemplo, en 1994 el Partido del Trabajo (PT) postuló a Cecilia Soto González como candidata a la presidencia; en tanto que Marcela Lombardo Otero fue la candidata del Partido Popular Socialista (PPS). De cara a los comicios presidenciales de 2006, el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina postuló a Patricia Mercado como candidata a la Presidencia.

A nivel legislativo hay, por supuesto, una participación de las mujeres más temprana en la historia del país. En el año de 1923, Elvia Carrillo Puerto se convirtió en la primera mujer electa como diputada al congreso de Yucatán; y en el mismo año Rosa Torres fue la primera regidora en el ayuntamiento de Mérida. 15 años más tarde, Aurora Meza Andraca se convirtió en la primera presidente municipal en Chilpancingo. La primera diputada, Aurora Jiménez de Palacios, accedió al cargo en el año de 1952 y respecto a las primeras senadoras, éstas fueron María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por el estado de Sonora, electas en 1964 y en 1967, respectivamente.27

En todo este tiempo, sólo ha habido seis mujeres gobernadoras en los estados de la república: la primera de ellas fue Griselda Álvarez, que en 1979 asumió el cargo de gobernadora del estado de Colima. Le siguieron Beatriz Paredes Rangel, en 1987, como gobernadora de Tlaxcala; Dulce María Sauri Riancho, en 1991, en Yucatán; Rosario Robles, en 1999, en el Distrito Federal; Amalia García, en 2004, en Zacatecas, e Ivonne Aracelly Ortega en 2008, en Yucatán. En el momento actual, tras la conclusión del mandato de Ivonne Aracelly Ortega el pasado 30 de septiembre, no hay un solo estado de la república mexicana gobernado por mujer alguna.

A nivel legislativo, en la actual LXII legislatura, las mujeres cuentan con una representación equivalente al 36.8% respecto a la totalidad de los diputados. Por grupo parlamentario, el partido político más equitativo es el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde el 42.9% de sus diputaciones le corresponde a mujeres. El PRI; por su parte, reúne un 37.6% de féminas respecto a las diputaciones totales que posee; mientras que el PAN tiene 31.6% y el PRD 38.2%.28 En el Senado, el PRI cuenta con 19 senadoras, en tanto el PAN posee 12, y el PRD, seis. El PVEM y el PT, por su parte, registran dos féminas en cada caso.29

Las mujeres de Peña Nieto

El pasado 30 de noviembre, Enrique Peña Nieto dio a conocer a los 27 miembros de su gabinete. Lo que llama mucho la atención es que de todos esos funcionarios sólo tres son mujeres: Rosario Robles, quien preside la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Claudia Ruíz Massieu, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) y Mercedes Juan López al frente de la Secretaría de Salud (SSA). No hace mucho, Peña Nieto había señalado que crearía una Secretaría de la Mujer, lo cual denota, en principio, la relevancia que su gobierno pretende dar al tema de la equidad de género. Sin embargo, todas las carteras que ocupan las mujeres en su gabinete son de bajo perfil en contraste con, por ejemplo, Gobernación, Hacienda, Economía y Educación Pública, las que recaen en hombres. Esta proporción tan baja de féminas en puestos clave de su gobierno, entra en contradicción con el discurso que pronunció con motivo de la entrega del premio a la “mujer del año 2012” el pasado 3 de diciembre, cuando afirmó que “una sociedad que valora a sus mujeres es una sociedad más digna, justa, próspera, e incluyente”.30

Sin embargo, el gabinete de Peña Nieto no es muy distinto de los de los mandatarios que le precedieron, porque sólo un puñado escaso de mujeres han sido secretarias de Estado en fechas previas. Así por ejemplo, han figurado Rosa Luz Alegría, quien encabezó la Secretaría de Turismo (1976-1982) en el gobierno de López Portillo; María de los Ángeles Moreno, dirigió la Secretaría de Pesca (1988-1994) en el mandato de Carlos Salinas de Gortari; Silvia Hernández Enríquez fue la secretaria de Turismo (1994-1997) en la administración de Ernesto Zedillo; Julia Carabias Lillo, presidió la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1994-2000), también con Zedillo; Rosario Green Macías fue titular de Relaciones Exteriores (1994-2000) en el gobierno zedillista; María Teresa Herrera Tello, encabezó la Secretaría de la Reforma Agraria (2000-2002) en el gobierno de Vicente Fox; Leticia Navarro Ochoa, fungió como Secretaría de Turismo (2000 2003); Josefina Vázquez Mota estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (2000-2006); sucedida por Ana Teresa Aranda Orozco (6 de enero-30 de noviembre de 2006) en la misma dependencia y todas ellas en el sexenio de Fox. Durante el gobierno de Felipe Calderón, figuraron únicamente Patricia Espinosa Cantellano, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Beatríz Zavala, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social; Georgina Kessel Martínez, al frente de la Secretaría de Energía y Josefina Vázquez Mota quien encabezó a la Secretaría de Educación Pública. Como se ve, en cada gobierno hay un promedio de dos a tres mujeres en los gabinetes presidenciales.

Pero este es un fenómeno que se reproduce también a otros niveles. Miguel Ángel Mancera, recientemente investido como jefe del gobierno del Distrito Federal, dio a conocer su gabinete el 5 de diciembre, el cual se compone por 20 funcionarios, de los cuales sólo cuatro son mujeres: Tanya Muller García, quien presidirá la Secretaría del Medio Ambiente; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien despachará desde la Secretaría de Desarrollo Social; Lucía García Noriega, responsable de la Secretaría de Cultura; y Mara Robles Villaseñor, a cargo de la Secretaría de Educación, carteras todas ellas –con la posible excepción de la última- de bajo perfil. Todavía parece muy lejos el momento en que una mujer se desempeñe como Secretaria de Gobernación –a nivel federal o local-, Secretaria de Hacienda, o Secretaria de Economía.

A manera de comparación con otros países, si bien la participación política de las mujeres es menor respecto a la de los hombres, lo que se traduce en una subrepresentación, por ejemplo, en los gabinetes de los mandatarios, sí hay una diferencia cualitativa. En Estados Unidos, por ejemplo, bajo la administración de Barack Obama, si bien su gabinete tiene una mayor proporción de hombres que de mujeres, hay varias de ellas en cargos de altísimo perfil, por ejemplo, Hillary Clinton, Secretaria de Estado (equivalente a relaciones exteriores en México); Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interna (equivalente a gobernación en México); Susan Rice, embajadora ante Naciones Unidas; Kathleen Sebelius, Secretaria de Sanidad y Servicios Humanos (equivalente a salud en México); Hilda Solís, Secretaria del Trabajo; y Lisa Jackson, administradora de protección ambiental.

En busca de la equidad de género

Independientemente de la trayectoria familiar como un componente significativo en los patrones de inserción femenina en el poder y la toma de decisiones, como se observa en la persona de Claudia Ruíz Massieu en el caso del gabinete de Peña Nieto, o bien en el de Yvonne Ortega Cervera Pacheco, ex gobernadora de Yucatán, y de otras situaciones como el pertenecer a un estrato social alto o medio alto, etcétera, las mujeres de hoy están más y mejor preparadas para hacer una exitosa carrera política en México. El nivel de estudios de las mujeres es o puede ser, hoy por hoy, tan alto como el de los hombres (aunque también es cierto que el nivel de estudios de las mujeres en el poder en áreas rurales es menor que el de las mujeres de áreas urbanas). La participación política de las mujeres puede ser tan destacada o más que la de los hombres, puesto que sus capacidades demostradas son tan evidentes como las de aquellos.31

Se necesitan, por tanto, acciones afirmativas al lado de políticas tendientes a transformar las relaciones de género en la familia, en la escuela, y en el trabajo, dado que todo ello posibilitará la equidad. En América Latina, diversos estudios han identificado tres problemáticas principales en torno al ejercicio del poder por parte de las mujeres, a saber:

mujeres que cuentan con capacidades mermadas y débiles para el ejercicio de su ciudadanía, resultado de diversas exclusiones, por ejemplo, étnicas, socioeconómicas, y, ciertamente, de género;

mujeres con suficientes capacidades para el ejercicio de la ciudadanía, pero que no la ejercen en el ámbito público, sobre todo en los espacios de toma de decisiones; y

mujeres con suficientes capacidades para ejercer su ciudadanía en el espacio social y que están decididas a ejercerla igualmente en el ámbito político, enfrentando numerosos obstáculos, como los ya referidos a lo largo de esta reflexión.32

Como se desprende de lo aquí expuesto, la equidad no solo es una tarea de las mujeres, sino del conjunto de la sociedad. Como parte de la democracia, es menester fomentar y reconocer la participación equitativa de ambos géneros en los diversos ámbitos de la vida social, educativa, cultural, económica y política, lo cual demanda, por supuesto, una reeducación social que supone modificaciones sustanciales en los modelos y prácticas imperantes, un diálogo entre los padres y los especialistas en derechos y deberes de las mujeres, etcétera. Es frustrante observar que gran parte de las mujeres en el país, desconocen los derechos que pueden y deben ejercer, lo que posibilita que sean víctimas de abusos, violencia y, en general, de todo tipo de discriminación. Es irónico que una de las mujeres más poderosas de México sea lideresa del magisterio y que ello no solo no beneficie sino, que, por el contrario, perjudique seriamente al sistema educativo nacional, debido a las prebendas políticas existentes, sin que las autoridades logren modificar esta situación.

Además de los cambios en la educación tanto de los padres como de los hijos, debe buscarse la capacitación y orientación de las parejas en temas de salud reproductiva y otros más. Es menester trabajar en el reconocimiento de que la planificación familiar no es solo responsabilidad de las mujeres. A final de cuentas, hay que reconocer que al mejorar el bienestar de las mujeres habrá importantes beneficios para el desarrollo nacional, lo cual no es sólo deseable sino, con la voluntad política requerida, posible.

- María Cristina Rosas es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Notas

1 Sin embargo, cuando se analiza la demografía por grupos de edades, la situación es distinta. Así, en el grupo de 0 a 14 años, hay 103 hombres por cada 100 mujeres (en todo el mundo nacen más hombres que mujeres). En las edades de 15 a 29 años, la proporción es de 95. 6 hombres por cada 100 mujeres y se reduce conforme avanza la edad, siento de 87 hombres pro cada 100 mujres en el segmento de 60 o más años de edad. El INEGI refiere que la migración y la sobremortalidad masculina determinan el sexo en las edades jóvenes, mientras que en las edades avanzadas se observa la sobrevivencia femenina. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad, en 2010 fallecen 132 hombres por cada cien mujeres. La sobremortalidad masculina se observa en todos los grupos de edad, pero se acentúa en la población de 20 a 34 años donde el índice sobrepasa las 346 defunciones masculinas por cada cien mujeres. Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía (8 de marzo de 2012), Estadísticas a propósito del año internacional de la mujer, México, INEGI.

2 En el censo de 2010, la proporción de mujeres que no especificaron su edad fue del 1. 2 por ciento.

3 A nivel nacional, la esperanza de vida en promedio, para hombres y mujeres en 2012 es de 75. 7 años.

4 Vanguardia (6 de marzo 2012), “México, por debajo del promedio latinoamericano de equidad de género”, disponible en http://www.vanguardia.com.mx/mexicopordebajodelpromediolatinoamericanodeequidaddegenero-1233653.html.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Social Watch (s/f), Medición de la inequidad: el índice de equidad de género 2012, Montevideo, disponible en http://www.socialwatch.org/es/node/14380 Los países más desiguales en América Latina y el Caribe son El Salvador (con 62 puntos, a dos de México), Guatemala (c0n 49) y Haití (con 48), por lo que se puede concluir que México se encuentra en una situación precaria.

8 José Gerardo Mejía (23 de marzo de 2011), “SEGOB acepta rezagos en equidad de género”, en El Universal, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/nacion/184325.html.

9 John Gray (2010), Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, México, Editorial Océano.

10 Idsa E. Alegría-Ortega y Eduardo J. Rivera-Medina (Fall 2005), “Género y poder: vida cotidiana y masculinidades”, en Centro Journal, Volume XVII, Number 2, p. 267.

11 Ibid.

12 Ibid. Existen análisis que sugieren que se ha sobrevalorado tanto la subordinación de las mujeres a los hombres, como la que impera entre personas del mismo sexo, amén de que se requiere una valoración más detallada acerca del impacto del feminismo en las sociedades. Asimismo, es importante ponderar a las sociedades matriarcales.

13 Idsa E. Alegría-Ortega y Eduardo J. Rivera-Medina (Fall 2005), “Género y poder: vida cotidiana y masculinidades”, en Centro Journal, Volume XVII, Number 2, p. 268.

14 Ibid.

15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Op. cit., p. 13.

16 Los trabajadores clasificados en este grupo prestan servicios personales al público: atención de clientes en restaurantes, cafeterías, hospedaje; los que realizan la limpieza y planchado de ropa, cortinas, sábanas, etcétera, en tintorerías y lavanderías; los que abren y cierran puertas de acceso, los que controlan el funcionamiento de elevadores, y los que realizan los servicios de limpieza de oficinas, hospitales, escuelas y parques públicos, entre otras ocupaciones.

17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Op. cit., p. 14.

18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Op. cit., p. 15.

19 INEGI (s/f), Vivimos en hogares diferentes, disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P

20 Instituto Nacional de Estadística y geografía, Ibid.

21 Rubén Migueles Tenorio (8 de marzo de 2011), “Las jefas de familia”, en El Universal, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/85051.html.

22 La CEDAW fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es considerada como la carta internacional de los derechos humanos de las mujeres y consta de un preámbulo y 30 artículos, en los que define el concepto de discriminación contra la mujer y establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de poner fin a tal discriminación. Para la convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

23 Un recuento muy detallado sobre el proceso para lograr que se le reconociera a nivel federal a la mujer el derecho a votar y ser votada se encuentra en Enriqueta Tuñón Pablos (s/f), La historia del voto femenino en México, México, Ciudadanía Express, disponible en http://ciudadania-express.com/2008/10/17/la-historia-del-voto-femenino-en-mexico/

24 Diario Oficial de la Federación (30-11-2012), Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, México, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

25 Enriqueta Tuñón Pablos, Ibid.

26 Inés Castro Apreza (2009), “La participación política de las mujeres en México. Mujeres en cargos de elección popular y toma de decisiones”, en Comisión Nacional de Derechos Humanos, Participación política de la mujer en México, México, CNDH, pp. 114-124.

27 Inés Castro Apreza (2009), Ibid.

28 H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados (s/f), LXII Legislatura. Integración por género y grupo parlamentario, México, disponible en http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_genero.php

29 Senado de la República (s/f), LXII Legislatura. Listao de senadoras por grupo parlamentario, México, disponible en http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=9&sm=2&str=M.

30 Carlos Lara (4 de diciembre de 2012), “Entrega Peña Nieto el premio “La mujer del año 2012” a María del Carmen Alanís”, en El Sol de México, disponible en http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2795130.htm

31 Inés Castro Apreza (2009), Op. cit., p. 137.

32 Laura Becerra Pozos (septiembre 2007), Participación política de las mujeres en Centroamérica y México, México, Equipo Pueblo A. C./Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, p. 40.

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