Desde la tierra y los ríos los desaparecidos claman justicia; cada centímetro de paisaje que ha asistido al descomunal despojo y muerte parece gritar que no se conformará con las falacias de los victimarios.
Varios jefes paramilitares han confesado cómo desde los altos mandos militares y políticos ha sido enviada la orden que desaparecieran “de cualquier manera” a las víctimas: “(…) Lo echaron vivo ahí (…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.
Los inversores pueden estar tranquilos.
J.M. Santos
El crimen de Estado de la desaparición forzada perpetrado por la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura argentina: sólo en los últimos 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas (1). Se estiman en más de 250.000 las personas desaparecidas en los últimos 20 años. La desaparición forzada es un crimen de Estado que acalla al desaparecido a la vez que inyecta terror en los sobrevivientes: persigue la parálisis de la reivindicación social. Es un genocidio contra la oposición política.
En enero 2011 la Fiscalía publicó un estremecedor informe: en él revela tener documentados 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por el paramilitarismo, una herramienta de terror financiada y coordinada por el latifundio, multinacionales y estado colombiano, que cumple la función de eliminar la reivindicación social, y desplazar poblaciones de manera masiva. Los propios jefes paramilitares denuncian que “El paramilitarismo de estado sigue vigente” : denunciado reiteradamente por el máximo jefe de las AUC Salvatore Mancuso (3).
El informe de enero 2011 re confirma las estimaciones relativas al drama de la desaparición forzada en Colombia: al menos 250.000 personas desaparecidas. Del informe de Medicina legal y del de la Fiscalía se deduce un promedio de 13.000 desaparecidos al año, entre fuerza pública y herramienta paramilitar. Es evidente que las cifras oficiales de desaparición forzada están siempre por debajo de la realidad, pero aún así estas cifras permiten confirmar que el estado colombiano ha desaparecido a más personas que las dictaduras de Chile y Argentina reunidas.
La desaparición del cuerpo cumple fines terroristas: se trata de truncar la organización social mediante el terror que la desaparición de una persona inyecta en los sobrevivientes. La angustia de las torturas queda impresa en la sociedad… los familiares y comunidad se imaginan una y otra vez las torturas sufridas por el desaparecido: es Terrorismo de Estado.
Desaparecer no sólo al desaparecido, sino al hecho de la desaparición en sí
A la sociedad se le envía el siguiente mensaje: “el que persista en reclamar derechos sociales, económicos, políticos, correrá la misma suerte”. Este mensaje busca someter mediante el terror y viene acompañado del mensaje de la plenipotencia del estado que está en capacidad de desaparecer en plena impunidad. La desaparición forzada evidencia la impotencia que representa el encontrarse permanentemente vulnerable ante el poderío de un estado omnipotente en todas las instancias: la militar, la paramilitar, la legal, la administrativa. A la angustia por los sufrimientos del ser querido desaparecido se suma la impotencia de obtener verdad ante entidades estatales. Son innumerables las trabas que encuentran los familiares de desaparecidos por parte del estado, para que sea reconocida la desaparición de su familiar, en un intento estatal evidente de desaparecer no solo al desaparecido, sino al hecho de la desaparición en sí. La sociedad se ve triplemente vulnerada: es privada de un ser humano y sus ideas, es vulnerada en los procesos organizativos que constituyen el progreso histórico de las sociedades y es sometida a constatar la plenipotencia e impunidad de los victimarios.
Los hornos crematorios de la “democracia” colombiana: Desaparecer para salvaguardar apariencia
La desaparición cumple además la funcionalidad “practica” para los estados represores de reducir las cifras de asesinatos. En Colombia varios jefes Paramilitares han confesado cómo desde los altos mandos militares y políticos ha sido enviada la orden de que desaparecieran “de cualquier manera” a las víctimas para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas. Varios miembros de la Estrategia paramilitar han confesado que implementaron la utilización de criaderos de caimanes y de hornos crematorios para quemar a las víctimas, a veces vivas: “(…) Lo echaron vivo ahí (…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”… confesó un paramilitar (4).
La arremetida de las industrias de la guerra contra la percepción de la realidad
Los familiares y las comunidades afectadas por el crimen de desaparición forzada llevan años denunciando y siendo víctimas de la persecución con la que el Estado colombiano ha pretendido silenciar las denuncias: varios denunciantes han sido asesinados… Estas denuncias son muy incómodas para un estado que se pretende “democracia”.
Ante el destape de numerosas fosas comunes en Colombia, los mass-media no han podido silenciar todo el clamor popular de miles de familiares que buscan identificar miles de huesos humanos. Se rompe un silencio por tantos años logrado por la represión estatal, un silencio logrado mediante el asesinato, las amenazas, y con la complicidad de unos medios para los cuales la desaparición forzada era noticia vedada, vedada como los demás crímenes de Estado.
La desaparición forzada deviene inocultable: entonces viene la arremetida de las industrias de la guerra contra la percepción de la realidad, que buscarán por todos los medios confundir.
Aún no se han logrado hacer oír las voces de los desaparecidos, pero la burbuja del silencio ha estallado, y para los victimarios es muy importante controlar las voces y las versiones que se den acerca de la desaparición forzada. Desde el Estado y agencias afines (USAID), ya se empieza a hablar de la desaparición forzada: pero descontextualizándola, confundiendo, buscando borronear su naturaleza de Crimen de Estado.
Desaparecer la Mayor fosa común del continente: 2000 cadáveres de desaparecidos por el ejército
La mayor fosa común del continente americano se descubrió en diciembre 2009 en el Meta, detrás del batallón militar de la Macarena: la fosa contenía 2000 cadáveres de desaparecidos por la fuerza Omega del Plan Colombia (5). Desde 2005 el ejército había estado enterrando allí a los desaparecidos. La fuerza Omega cuenta con estrecha asesoría estadounidense. Ante la desaparición de miles de moradores de la zona, y la putrefacción de los cadáveres que se había filtrado a las napas freáticas, la comunidad denunció la mega-fosa. Las autoridades negaron la fosa; los mass-media silenciaron las denuncias. Pero gracias a la visita de una delegación británica, la Fosa se dio a conocer internacionalmente; el estado entonces intentó decir que los cadáveres eran de “guerrilleros abatidos en combate”, pero los familiares de desaparecidos desmintieron esa versión. En el 2010 se produjo la audiencia a testigos y familiares de desaparecidos de la región: fueron miles las denuncias de desapariciones perpetradas por el ejército en connivencia con paramilitares. El estado por su parte procedió a acallar a los denunciantes: varios denunciantes fueron asesinados, entre ellos Norma Irene Pérez y Jhonny Hurtado (6), otros denunciantes han sido encarcelados bajo montajes judiciales, como es el caso de Marisela Uribe García, quién perdió sus bebés por torturas estando embarazada (7).
Diciembre 2010, más fosas comunes: 1.500 cadáveres de desaparecidos
En diciembre de 2010, se comprobó la existencia de otra mega fosa común: Defensores de derechos humanos denuncian que los nuevos 1.505 restos humanos hallados en el Meta podrían ser más asesinatos de civiles perpetrados por el ejército. El abogado defensor de DDHH, Ramiro Orjuela, denuncia el drama (8): "Gracias a las denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos, se ha logrado que la fiscalía encuentre una nueva enorme fosa común (...) las denuncias que venimos haciendo desde hace tiempo se están corroborando... situación que negó el gobierno a través del ministerio de Defensa que decía que no había fosas comunes. 1.500 personas NN, sin identificar. Una situación dantesca para la humanidad, que muestra la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública contra el pueblo".
Persecución contra denunciantes y connivencia militar-paramilitar en genocidio:
"Los defensores de DDHH somos perseguidos, víctimas de asesinatos, de encarcelamientos (…) El desplazamiento de millones de personas viene produciéndose desde hace varios años; los asesinatos de miles de personas por parte del ejército y por bandas paramilitares que trabajan en compañía del ejército y con apoyo y defensa por parte del ejército, vienen desde hace decenios, la tragedia viene básicamente por parte del ejército colombiano".
"(...) Creemos que el ejército colombiano se convirtió en un ejército de ocupación contra su propio pueblo: un ejército que solamente vela por los intereses de las grandes multinacionales, por los intereses de los multimillonarios de Colombia en contra de nuestro pueblo, un ejército que quiere entregar las riquezas, el petróleo, el oro, las esmeraldas, la biodiversidad a las empresas multinacionales; y por eso persiguen a nuestros campesinos que son los únicos que están prestando resistencia para defender la soberanía y para defender las riquezas naturales de Colombia, que es uno de los países más ricos del mundo"
"Colombia es una fosa común. Alertamos a la comunidad internacional: más de 1.500 cuerpos sólo en una región... ¿cómo será en todo el país? (...) Las investigaciones tienen que llegar al más alto nivel: aquí deben estar involucrados altos generales, políticos”.
Miles de desaparecidos surgen de la tierra: osamentas que son la evidencia del genocidio y que el estado intenta negar por todos los medios. Acerca de la Fosa de la Macarena y sus 2.000 cadáveres la propaganda trató, en un primer momento, de difundir la falsimedia de que eran cadáveres de “asesinados por la guerrilla”, omitiendo el detalle de que la fosa está justo detrás del batallón militar de la fuerza Omega, y que por consiguiente, dada la ubicación de la fosa era imposible que los enterradores fueran otros que los mismos militares. Al advertir que esa mentira no colaba, la falsimedia trató entonces de aducir que los cadáveres eran de “guerrilleros abatidos en combate por el ejército”; pero las evidencias forenses y miles de testimonios han demostrado que son cadáveres de víctimas civiles asesinadas en estado de indefensión. Lo otro ha sido negar y negar las fosas gigantescas: y gracias al silencio cómplice de los mass-media nacionales e internacionales se ha logrado acallar lo que debería ser un escándalo mundial: la Fosa no tiene parangón sino con las fosas nazis, y surgen cada día más fosas.
Construir una realidad virtual para ocultar el carácter de Crimen de Estado de la desaparición forzada
Ante la imposibilidad de tapar el sol con un dedo, la nueva estrategia del gobierno colombiano es hablar de la desaparición forzada, pero confundiendo responsabilidades, con el fin de lograr impunidad por este crimen de Estado. Los artífices de la manipulación van a retomar los estudios hechos por las víctimas, presentar cifras de desaparición (pormenorizadas); y siempre manipular acerca de la naturaleza misma del crimen, y manipular acerca de los responsables. Recurrirán al martilleo mediático y a la confusión. Mediante la confusión y el empleo sistemático del comodín "grupos armados", los artífices de la manipulación logran dar la sensación de caos absoluto, en un planteamiento impreciso que busca sentar la idea del “estado desbordado por la guerra civil y los grupos armados ilegales” : así se evita dar detalles del origen del Paramilitarismo. Presentar a los victimarios como una entidad confusa (“grupos armados”) es evitar dar detalles de que el Paramilitarismo, más allá de ser un llano “grupo armado”, es una Herramienta del despojo y del terror: una herramienta fomentada, apoyada y financiada por grandes grupos económicos y por el mismo Estado.
La estrategia de la confusión busca impedir la comprensión de la realidad e impedir que esta realidad se pueda cambiar sustancialmente. La herramienta paramilitar ha sido muy útil a la concentración de tierras y de capital en pocas manos, muy útil a la penetración multinacional en la región, y para el Gran Capital se trata de darle continuidad a esta Herramienta sin que se evidencie su carácter de Herramienta. Para darle continuidad a la herramienta de despojo y acumulación de capital, que es no solamente el paramilitarismo, sino todo el funcionamiento del Terrorismo de Estado, es importante que no se desvele a la luz pública el carácter criminal de dicho Estado. Y si se llegan a hacer visibles los crímenes de Estado, como en el caso de la desaparición forzada, es muy importante adelantar la manipulación mediática que buscará en un primer tiempo descalificar a los denunciantes y minimizar las cifras, y en un segundo tiempo la estrategia será silenciar el móvil del crimen y diluir responsabilidades.
Fingir explicar para exculpar
La US office on Colombia acaba de publicar un informe muy ilustrativo de la manera en que se busca confundir: “ Es poca la atención que se presta a las desapariciones en Colombia. La razón de ello podría ser simplemente porque el número de víctimas de asesinatos, masacres, y bajas en combate—en los que existen cuerpos—es tan alto que las desapariciones quedan fuera del foco de interés.” (9) . Esta “explicación” del por qué se invisibiliza la desaparición forzada es una manera cínica de obviar totalmente las reales causas de ese silencio: la represión estatal que se ha abatido sistemáticamente sobre todo aquel que buscara hacer visible la desaparición forzada es la que explica este silencio. Son innumerables los asesinatos, las amenazas, los desplazamientos forzados y el exilio que han sufrido los familiares de desaparecidos, las comunidades y los abogados, justamente por denunciar las desapariciones forzadas. Ha habido una clara voluntad estatal de silenciar este tema, justamente porque es un tema que pone de relieve el Terrorismo de Estado, al ser la desaparición forzada un crimen de Estado. No es cuestión de que las desapariciones “queden fuera del foco de interés”, es cuestión de que hay una clara voluntad de silenciar el tema, y que dicho “foco de interés” es uno para la población afectada, y otro para los mass-media.
Geometría variable encubre genocidio
1. Presos de guerra son llamados “secuestrados”
Mientras que los mass-media en Colombia han tratado con bombo y platillo el tema de los secuestros (de una parte ínfima de los secuestros), han silenciado totalmente el tema de la desaparición forzada, siendo que esta es una vulneración a los derechos humanos muy grave que se compone de detención, secuestro, tortura, asesinato y desaparición del cadáver.
La explicación de este desigual tratamiento entre secuestro y desaparición forzada se encuentra en la función política y propagandística que cumplen los mass-media: al ser la desaparición forzada un Crimen de Estado, la consigna es callar las denuncias, mientras que el tema del secuestro es ampliamente difundido y manipulado. Así, los militares del ejército estatal que según el derecho internacional (DIH) son presos de guerra (10), han sido presentados como “secuestrados” por el martilleo mediático, asimilados a los civiles.
2. Personas privadas de su libertad por montajes judiciales son secuestradas
Además de esta primera manipulación, la geometría variable hace invisibles a las víctimas civiles en las cárceles del estado colombiano. Los mass-media sólo hablan de un tipo de secuestro, nunca hablan de los más de siete mil quinientos presos políticos, la mayoría de ellos encarcelados con montajes judiciales (11): de los 7.500 presos políticos y de guerra que están hoy encarcelados en las cárceles del estado colombiano, hay más de 7000 civiles encarcelados por “delito de opinión”, que no son presos de guerra, sino sólo presos políticos: sindicalistas, estudiantes, sociólogos, maestros, campesinos, indígenas, afro descendientes, ambientalistas, encarcelados para acallar sus reivindicaciones sociales y políticas, algunos de ellos liberados por falta de pruebas, tras haber sido secuestrados de su libertad durante años (12). Estos encarcelamientos masivos que perpetra el estado colombiano buscan destruir la organización social. Las condiciones de vida de las y los presos políticos vulneran su integridad y su salud, son expuestos permanentemente a torturas activas o pasivas: como las agresiones físicas y verbales, el no acceso a la salud que conlleva la muerte, la exposición a patios llenos de paramilitares, con la consecuencia de que puedan allí ser maltratados y asesinados. Sólo en enero 2011 se cuentan dos fallecimientos de presos políticos a consecuencia de torturas (13).
“Estamos levantados en solidaridad con todos aquellos compañeros que están presos. El estado colombiano en cabeza del presidente y sus grandes socios industriales han saqueado todos los recursos del país, y ahora buscan los recursos de los resguardos (…) la región de Arauca es un objetivo para ellos y esta es la razón por la cual encarcelan a los líderes populares: nosotros lo llamamos secuestro estatal”. Así lo expresó el líder indígena Víctor Chivadaquia (14) y así lo reclamó la comunidad de Arauca durante el paro cívico de enero- febrero 2011 en protesta contra los encarcelamientos arbitrarios de líderes indígenas y campesinos (entre ellos Ismael Uncacía, Verónica Solís y Álvaro Leal Tolosa).
3. Redadas masivas del ejército son secuestro de la juventud
Nunca se habla tampoco de las redadas masivas que perpetra el ejército en barriadas pobres y zonas rurales, en las que secuestra a jóvenes para enrolarlos en el ejército: práctica común para llenar contingentes, mientras que los hijos de la oligarquía no van al ejército (15). Es curioso que en el lenguaje de los mass-media e informes financiados por la USAID, no sea considerado “secuestro” el retener por la fuerza a miles de jóvenes para el ejército, o el privar de libertad a miles de personas, encarceladas sin pruebas.
4. Desaparición forzada es secuestro agravado de tortura y asesinato con fines de terror
Curioso que la gran cobertura que le han dado los mass-media a los secuestros no haya nunca contemplado el crimen de desaparición forzada, que es un secuestro agravado de tortura, muerte y desaparición del cadáver. Sin embargo ahora profundizan su línea de geometría variable, queriendo contabilizar aquellos secuestros enarbolados por la propaganda como desapariciones; lo cual es abusivo, dado que la desaparición forzada es de mayor gravedad que el secuestro, pues representa asesinato y desaparición del cadáver con fines de terror (16). La propaganda se ha ensañado en hacer invisible al drama de la desaparición forzada, y si se llega a nombrar tímidamente, la estrategia es aunarle confusión.
Dramática situación humanitaria de Colombia no se explica sólo como resultado del conflicto social y armado, sino como resultado directo del Terrorismo de Estado contra la población desarmada
Resulta muy útil a los intereses de los que se benefician de la represión y del despojo, el plantear que los desaparecidos, los muertos y los desplazados son el resultado de una guerra civil entre “grupos armados violentos, ilegales, sin rumbo político”, y que el “desbordado Estado” estaría intentando controlar por todos los medios. Es mucho más incómoda la realidad: la mayoría de muertos, desaparecidos y desplazados son el resultado de políticas del despojo que benefician al gran capital nacional y transnacional; y son el resultado de acciones dirigidas contra la población civil.
El asesinato de sindicalistas es claramente el asesinato de las reivindicaciones laborales, sociales, económicas y ecológicas, el asesinato de líderes sociales es claramente la desarticulación de la organización social que se opone al saqueo multinacional. Ante el empobrecimiento causado por el saqueo, la población empobrecida protesta y la represión es la respuesta para ahogar las protestas y perpetuar el Estatus Quo de saqueo. Para mantener el expolio se implementa el Terrorismo de Estado con sus herramientas confesas (militares, policías) y su herramienta de terror encubierta (paramilitarismo). Sin olvidar los bombardeos y fumigaciones de poblaciones bajo la falacia de “la lucha contra el narcotráfico”, que sirven para hambrear poblaciones y lograr su desplazamiento.
En Colombia el número de víctimas civiles es mayor que el número de “bajas en combate”; y esto, aunque el ejército colombiano haya implementado una macabra estrategia que consiste en asesinar a civiles, para luego disfrazar sus cuerpos y mediatizarlos como “guerrilleros abatidos en combate”, para lograr incrementar las cifras de “muertos en combate”(“falsos positivos”) (17). En Colombia hay miles de personas no-combatientes que han sido víctimas del Terrorismo de Estado que se ha abatido sobre ellas, fundamentalmente por 2 razones:
- La primera consiste en la aplicación por parte del ejército de la doctrina militar del “enemigo interno” que conceptualiza como enemigo a toda persona simpatizante con las guerrillas, o simplemente a toda persona cuyas ideas sean progresistas: esto explica que los maestros, los sindicalistas, los estudiantes, los campesinos, los comunistas y los académicos hayan sido víctimas preferenciales dentro de esta concepción del “enemigo interno”. Se trata de acallar la reivindicación social.
Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo: el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia a manos de la herramienta paramilitar del Estado y multinacionales, o directamente a manos de la fuerza pública (18). El Estado colombiano persigue, encarcela y asesina a todo aquel que ose adelantar un pensamiento crítico; el régimen mantiene encarcelados a 7.500 presos políticos, muchos en condiciones de tortura (OMCT). El Estado colombiano ha sido demandado por genocidio político por el exterminio físico del partido Unión Patriótica: 5000 militantes asesinados por el Terrorismo de Estado para impedir la posibilidad de un cambio (19).
La doctrina militar de “la tierra arrasada” se deriva de la doctrina del “enemigo interno”: se trata de vaciar el campo de población para “quitarle el agua al pez”; o sea quitarle el apoyo campesino a las guerrillas, mediante el exterminio y desplazamiento de millones de personas; esta doctrina militar de “tierra arrasada” fue la que emplearon los estadounidenses en Vietnam, asesinando familias campesinas para inyectar terror en las comunidades y desplazarlas de sus tierras, impidiendo que fueran apoyo del FNL ( Viet Cong).
- La segunda razón por la cual miles de personas han sido víctimas del Terrorismo deEstado en Colombia es la capitalización de la tierra para la explotación multinacional de la mega-minería o del agro industrial. Colombia es el país del mundo con mayor cantidad de desplazados , con 4,9 millones de personas (20). El desplazamiento forzado en Colombia obedece a una estrategia que busca vaciar extensos territorios de su población, con el fin de explotar los recursos de dichos territorios; las masacres son usadas por el Estado para lograr el desplazamiento masivo de poblaciones: mediante el accionar de la herramienta paramilitar en coordinación con el ejército ha logrado el despojo de 10 millones de hectáreas (21) de tierras, que han sido entregadas vacías de habitantes a la codicia de las multinacionales y terratenientes, que son co-financiadores del paramilitarismo.
Herramienta Paramilitar para inyectar Terror; y propaganda para presentar a la herramienta como “grupo armado al margen de la ley”
Si bien la constante de la propaganda oficial es presentar al paramilitarismo como un “grupo armado al margen de la ley”, la realidad es estremecedoramente distinta. El Estado colombiano funge de garante de los intereses del gran capital, y por “seguridad para las inversiones” se entiende el exterminio de las reivindicaciónes sociales. Para inyectar el Terror en la población el Estado dispone de la Herramienta paramilitar (22) que actúa hoy con renovados nombres, tras a un simulacro de “desmovilización” que fue orquestado por el gobierno de Uribe, para hacer bajar la presión internacional ante las denuncias de la barbarie paramilitar y la connivencia estatal. Hoy la herramienta paramilitar goza de un acrecentado margen de acción que le da el simulacro de desmovilización: continúan las masacres, los asesinatos políticos y el robo de tierras; y la herramienta del Terrorismo de Estado continúa beneficiándose de la financiación de multinacionales y latifundistas, además de regentar el narcotráfico junto con el ejército colombiano y sus instituciones aduaneras (23).
La apariencia: componente esencial de una “democracia” genocida que descuartiza personas vivas
En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe acerca de los crímenes confesados por el paramilitarismo: al menos 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre 2005 y diciembre 2010 (ver 2). A este informe hay que sumarle el de febrero 2010, según el cual paramilitares aseguran haber perpetrado 30.470 asesinatos en 15 años (24). Y esto no es sino la punta del iceberg: en efecto, para acallar las revelaciones acerca de los comanditarios de las masacres (multinacionales, empresarios, políticos de alto nivel) el Estado colombiano ha procedido a extraditar a los principales capos paramilitares a Estados Unidos, en lo que las víctimas llamaron “la extradición de la verdad”. Asimismo han sido asesinados varios familiares de paramilitares cuando los paramilitares se han puesto muy locuaces a gusto de los comanditarios del genocidio (25). Pese a lo anterior, existen multitud de pruebas, de documentos, de informes y de testimonios que evidencian que el paramilitarismo es una Estrategia estatal. Existen pruebas fílmicas y fotográficas de la connivencia estatal-paramilitar y el paramilitarismo está preconizado en manuales militares (26).
Testimonios de paramilitares, de sobrevivientes, y los resultados de los equipos forenses evidencian que la Estrategia paramilitar del Estado diseñó un método para descuartizar a seres humanos, y “Cursos de descuartizamiento” para adiestrar a los paramilitares en su función más específica: infundir terror en la población. “Cursos” en los que utilizaban a personas vivas llevadas hasta sus campos de entrenamiento para “ejercitarse” en descuartizamientos, torturándolas vivas. Francisco Villalba, el paramilitar que dirigió la barbarie del Aro, en la que torturaron y masacraron a 15 personas durante 5 días, revela detalles de esos “cursos”: "Eran personas que llevaban en camiones, vivas, amarradas (...) Se repartían entre grupos de a cinco (...) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza... descuartizarlas vivas (…) Ellos salían llorando y le pedían a uno que no les fuera a hacer nada, que tenían familia" (27)
Los jefes de la herramienta paramilitar denuncian: “El paramilitarismo de estado sigue vigente” Jefe de las AUC Salvatore Mancuso. Así se expresó el paramilitar Hebert Velosa, alias ‘HH’, refiriéndose al ejército de Colombia: “Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros. Nosotros cometimos muchos homicidios, pero ellos también deben responder…” (28)
El “buen Estado desbordado”
Pese a tantas evidencias existentes de que Colombia lo que sufre es el yugo del Terrorismo de Estado, hay todavía agencias que buscan reforzar la idea del “buen estado desbordado”.
Fingiendo severidad y objetividad, dice el “informe” de la US office: “La reacción del gobierno colombiano ante el problema de las desapariciones ha sido retardada e insuficiente” (29). Planteando, en línea directa con la propaganda estatal, la idea del buen gobierno desbordado… El gobierno colombiano, según la US office, peca por “insuficiencia de reacción ante…”cuando la cuestión es que sí que ha “reaccionado” ante las denuncias: centenares de denunciantes han sido asesinados por la herramienta paramilitar del Estado, y miles de ellos dan cuenta de reiteradas amenazas por parte de la fuerza pública para que se callen.
La propaganda del “post conflicto” encubre la profundización del genocidio
La falsimedia busca inyectar la idea de “post-conflicto” en un país cuyo ejército descomunal ejecuta bombardeos por toda la geografía y mantiene amplias zonas del país con restricción de alimentos y medicinas. Se busca establecer la idea del “post-conflicto” por encima de la realidad. No hay “post-conflicto” cuando las raíces del conflicto no han sido subsanadas: la tenencia de la tierra y la injusticia social en Colombia son dramáticas: el 68% de la población sufre miseria en el undécimo país más desigual del mundo. No hay “post conflicto” bajo las bombas y las fumigaciones, así como no hay “post conflicto” cuando la herramienta de la guerra sucia que adelanta el Estado sigue asesinando de forma exponencial: bajo Santos, la Herramienta paramilitar sigue activa. Sin embargo se intensifica la propaganda de “post-conflicto”, y se pretende presentar a Santos como “moderado”, cuando en los 90 primeros días de su mandato fueron asesinados 50 opositores políticos (denuncia PDA). Mientras la herramienta paramilitar sigue masacrando y los militares siguen asesinando niños para disfrazarlos de “guerrilleros abatidos en combate” (30), mientras continúan las fumigaciones hambreadoras, en la cámara de representantes se votan las leyes estrella del Uribo-Santismo (mayoría parlamentaria): la “Ley de Tierras”, y la “Ley de Víctimas”.
La “Ley de Tierras” es una ley inconsulta que favorece los grandes monocultivos, vulnera a los pequeños campesinos (desmonta la UAF), impulsa la minería multinacional y finge restituir tierras en lo que es en realidad la legalización del despojo, pues no hay desplazado que retorne a vivir en medio de los victimarios. Varios reclamantes de tierras han sido asesinados en estos meses en medio de la farsa de la restitución de tierras como es el caso de Óscar Maussa, apedreado y torturado hasta la muerte por la herramienta paramilitar, agonizando 7 horas mientras la policía, advertida al momento de las torturas, no hizo nada para salvarle la vida. (31).
La “Ley de Víctimas” ha sido denunciada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado como otra ley inconsulta que deja por fuera del reconocimiento de “Víctimas” al genocidio contra la Unión patriótica (5000 asesinados por el estado), y a las víctimas de antes de 1991, entre otras aberraciones. Otro de los engaños es la noción de “Justicia Transicional” que se ha venido planteando desde la parodia de “proceso de desmovilización” de los paramilitares en 2005.
La estafa de la Justicia Transicional
Ingrid Vergara, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), denuncia que no hay tal Transición: “Lo que la gente vive en las comunidades no es precisamente una “transición” (…) no hay garantías ni para los defensores de DDHH ni para las víctimas. La Ley de Víctimas no fue consultada con las víctimas, hay una institucionalidad permeada por el paramilitarismo: ¿Cómo se puede hablar de restitución de tierras si muchos de los despojadores están sesionando en el congreso?” “La ley carece de una ruta de protección: No hay acompañamiento para la restitución de tierras… en el territorio están los despojadores con el poder político y el poder de las armas ¿Cómo se va a proteger la vida de los reclamantes de tierras?”(32).
El MOVICE objeta la denominación “Justicia Transicional”, cómo lo expresó María Cardona:
“Nosotros objetamos la Ley de Víctimas porque desde el Movimiento de Víctimas nosotros no nos comemos el cuento de que estamos en post-conflicto, las altas esferas del poder gubernamental, la iglesia católica y los medios de comunicación masivos nos quieren hacer creer que Colombia está en post conflicto, y eso no es cierto. (…) La Ley Transicional es válida en un país que ha superado las causas estructurales que ocasionaron el conflicto y ya no tiene conflicto; pero ese no es el caso nuestro, por el contrario la brecha social es cada vez más grande… no hay razón para una Justicia Transicional que lo único que produce es más impunidad (…) (Ibíd.).
Por asesinar 5.100 personas, sólo 8 años de prisión… para la Herramienta paramilitar
Finalizando 2010 el Jefe Paramilitar Iván Laverde alias “el Iguano”, quién se declaró culpable de 5.100 asesinatos, fue condenado a sólo a 8 años de cárcel… (33) La Herramienta paramilitar goza de leyes especiales: en virtud de la mal llamada “Ley de Justicia y Paz”, la máxima pena que se le puede imponer a un paramilitar son 8 años de cárcel. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha denunciado que la Ley de Justicia y Paz es una suerte de premio de impunidad a la herramienta paramilitar , por favores hechos al gran capital. La ley fue impulsada por el ex presidente Uribe, quién figura en las listas del Pentágono cómo el narcotraficante número 82 más peligroso del mundo (34)… sin que los Estados Unidos, quienes siempre andan declarando que “luchan contra el narcotráfico” hayan sabido dónde encontrarlo.
El Iguano fue hallado culpable de: tortura, homicidio agravado, desplazamientos forzados, 28 masacres, los homicidios de los fiscales Carlos Arturo Pinto y María del Rosario Silva, el asesinato del candidato a la Gobernación del Norte de Santander Tirso Vélez y el del asesor de la Alcaldía de Cúcuta Alfredo Enrique Flórez, perpetrados entre 1999 y 2005. El paramilitar admitió haber utilizado hornos crematorios para hacer desaparecer a sus víctimas, y torturas como el descuartizamiento de personas vivas… Sin embargo, a ojos de la “Justicia” colombiana, en pocos años habrá “saldado” cuentas con la sociedad: los acuerdos firmados durante la pantomima del “proceso de desmovilización”, sirvieron para premiar a los asesinos, para legalizar el despojo, y para darle una capa de pintura al propio impulsor de la Herramienta paramilitar: el Estado colombiano.
Bajo Santos se profundiza el blindaje de impunidad para paramilitares y sus financistas
Bajo el gobierno de Santos acaba de ser votada otra ley de impunidad para la herramienta paramilitar y sus financistas: se trata de la Ley 1424, que estipula: “(…) La información que surja en el marco de los acuerdos no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros”. El 29 de diciembre se convirtió en la ley 1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones” (35). Evidentemente, con esta ley se blindan de impunidad los financistas de la herramienta paramilitar, los “terceros”.
Detrás del drama de millones de personas se esconde la mano del gran capital
Una entrevista realizada al presidente Juan Manuel Santos en enero 2011, sintetiza la esencia de las motivaciones para la continuidad del genocidio: el drama colombiano está íntimamente relacionado con el capitalismo transnacional, no es el drama de “la bala perdida”, sino bien de una violencia ejercida desde el poder estatal y económico contra la población de un país cuyas riquezas son altamente codiciadas. Se trata de garantizarles a las empresas multinacionales la posibilidad de saquear sin trabas. Se trata de ofertarles el saqueo de los recursos y de la fuerza laboral, sin importar la destrucción del medio ambiente y de la seguridad alimentaria.
Euronews le pregunta a Santos: “¿Hoy por hoy, es Colombia un país seguro para las inversiones extranjeras?”
Santos: “Sin duda y no solamente lo digo yo, sino que lo dice el Banco Mundial, por ejemplo en su estudio Doing Business, Colombia aparece como uno de los países que más protege la inversión extranjera . Yo comparo mi política con las relaciones personales. Cuando uno dice que una persona es predecible, se piensa que es muy aburrida. Pues bien, yo quiero que para los inversores extranjeros, Colombia sea aburrida, es decir predecible, con reglas de juego estables y una seguridad jurídica. Eso es lo que queremos y por eso los inversores pueden estar tranquilos.” (36)
Seguridad Democrática, Seguridad Cuidadana: enfoque distorsionado
La propaganda estatal plantea que se necesita reforzar la militarización para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Un discurso de Francisco Santos condensa esta peculiar idea de ‘post conflicto gracias a la militarización’: “Hoy, una familia puede comenzar a lograr un cierre, y hoy el gobierno está reforzando su presencia para que en Colombia deje de correr sangre". (37)
Lo que la propaganda plantea es que las violaciones a los DDHH se resuelven con la presencia del ejército en cada rincón del país; esto, si se debiera resumir en una frase de parodia, sería: "malos grupos armados ilegales (sin precisar quién hace qué) versus buen estado desbordado, que debe ser reforzado para vencer al mal, y lo está logrando; ¡vamos juntos hacia la reconciliación nacional en esta etapa de post-conflicto! (caminen sin mirar hacia las fosas)…".
Los familiares de desaparecidos han infatigablemente denunciado la desaparición forzada como Estrategia Estatal para neutralizar al desaparecido e inyectar terror en los sobrevivientes... no es más presencia represiva del Estado que va a mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia, al contrario.
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NOTAS
El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura argentina: sólo en los últimos 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas (cifras febrero 2010, medicina legal y fiscalía)... para una estimación total en los últimos 20 años de 250.000 personas desaparecidas...Las estimaciones de desaparición forzada son minimizadas desde el Estado (el victimario), sin embargo ha debido reconocer al menos 50.000 desaparecidos.
(2) Informe Fiscalía, enero 2011 : 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, cometidos entre 2005 y el 31 de diciembre 2010 por el paramilitarismo: http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm (3) Paramilitar Mancuso denuncia rearme de paramilitares, advierte acerca de la existencia del paramilitarismo de estado “El paramilitarismo de estado sigue vigente”:
Ya son 3 los jefes paramilitares en denunciar a los Santos: Mancuso, el Alemán y Jorge 40 relacionan al paramilitarismo con los hermanos Santos, Francisco Santos, quién fuera vicepresidente de Uribe y Juan Manuel Santos, presidente actual de Colombia:
Documental peridismo humano, testimonio de Manuel Ramírez alias “el Mocho”: hornos crematorios, descuartizamientos y connivencia en masacres y en asesinatos de civiles “falsos positivos” de paramilitares con el ejército oficial:
(7) Marisela Uribe García, perdió sus bebés por torturas estando embarazada
(10) DIH, Estatuto del prisionero de guerra “todo combatiente que caiga en poder de una parte adversa será prisionero de guerra”(Art. 4 del III Convenio)
Entrevista a defensor de DDHH denuncia los montajes judiciales, la tortura y las condiciones de los presos políticos en Colombia:
Aunque un juez determinó prisión domiciliaria , un preso político invidente y con los brazos amputados, sigue encarcelado en situación limite :
El INPEC impide a los detenidos denunciar violaciones a los derechos humanos en cárcel La Tramacua: “ el detenido JOSE OVIDIO RESTREPO GALLEGO, cuando era trasladado a una diligencia fuera del establecimiento, llevaba en su poder la denuncia disciplinaria por la muerte del detenido JORGE RUSSO MONTES identificado con el TD4617 de la Torre 8 y las denuncias por otras irregularidades en el centro de reclusión, con destino a la Procuraduría General de la Nación, pero el comandante de guardia, de apellido Peñaloza, se la arrebató”:http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article5278 (17) Los ‘Falsos positivos’ son asesinatos de niños y jóvenes por parte del ejército colombiano, para después mediatizar sus cadáveres como “guerrilleros abatidos en combate”. La directiva 029 premia a los militares por cadáver presentado: http://www.falsos-positivos.blogspot.com/ evidencias fotográficas “falsos positivos”:
Wilikeaks confirma: Militares admiten política estatal de asesinatos de civiles por parte del ejército colombiano
(18) www.cut.org.co más 2.778 sindicalistas asesinados desde 1986 hasta diciembre 2010 . El 60% del total de sindicalistas asesinados en el mundo, son asesinados en Colombia por las herramientas del terrorismo de Estado . Colombia récord mundial en asesinatos de sindicalistas. El Informe de la CSI, Confederación sindical internacional, sobre violaciones de Derechos Sindicales en 2008 dice: “ Colombia líder absoluto en asesinato de sindicalistas: 49, de un total de 76 ” El Informe de la CSI, sobre violaciones de Derechos Sindicales en 2009 dice: “En Colombia, los asesinatos de sindicalistas representan el 64 por ciento de los ocurridos en el ámbito mundial y el 76 por ciento de los acaecidos en América Latina.”
El Informe anual 2010 sobre las violaciones de los derechos sindicales en el mundo dice:
“Colombia ha vuelto a ser el país donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte”
Colombia el país de mayor riesgo en el mundo para la actividad sindical: “Cada año más del 60% de los sindicalistas asesinados en todo el mundo son colombianos. La tasa de sindicalistas asesinados en Colombia es 5 veces mayor a la del resto de países del mundo, incluidos aquellos donde regímenes dictatoriales proscriben el sindicalismo”
“(…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.”
“la doctrina contrainsurgente del Estado colombiano, y la población civil”:
“la doctrina contrainsurgente del Estado colombiano, y la población civil”:
Soldado John Quirama denuncia a sus superiores de nexos con Paramilitar alias Cuchillo,
Miles de víctimas, varios paramilitares e incluso militares, han denunciado el carácter de Estrategia Estatal de la Herramienta paramilitar. Además existen pruebas fílmicas y fotográficas de la connivencia estatal-paramilitar y el Paramilitarismo está preconizado en manuales militares. General Montoya, y paramilitares, prueba fílmica:http://www.youtube.com/watch?v=rdTOItvPPRo&feature=player_embedded Desde los años 60, a raíz de la visita practicada a Colombia por la Misión Yarbourough del ejército estadounidense (febrero/62) y de las directrices secretas que dejó consignadas dicha Misión, el Estado colombiano adoptó una estrategia contrainsurgente paramilitar, ya desde antes de que surgieran las guerrillas de este ciclo (1964-65).Tal doctrina estratégica puede estudiarse en los Manuales de Contrainsurgencia que comienzan a formar parte de la Biblioteca del Ejército y por tanto de los textos de estudio y entrenamiento militar desde 1962. Tomando como fuente 6 manuales (1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se puede rastrear la concepción que hay allí de la población civil y su papel en la guerra, se la define por dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra (paramilitarismo); 2) debe ser el blanco principal de la guerra contrainsurgente (guerra contra los movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo).
(27) La Estrategia paramilitar del Estado diseñó un método para descuartizar a seres humanos: dictando “cursos” utilizando a personas vivas llevadas hasta sus campos de entrenamiento. Francisco Villalba, el paramilitar que dirigió la barbarie del Aro (Antioquia), en la que torturaron y masacraron a 15 personas durante 5 días, revela detalles de esos “cursos”: "Eran personas que llevaban en camiones, vivas, amarradas (...) Se repartían entre grupos de a cinco (...) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza... descuartizarlas vivas (…) Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia" http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3525024 (28) Así se expresó el paramilitar Hebert Velosa, refiriéndose al ejército de Colombia: “Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros. Nosotros cometimos muchos homicidios, pero ellos también deben responder…”
(33) Paramilitar Iván Laverde, alias “El Iguano” quién se declaró culpable de 5100 asesinatos, fue condenado a tan sólo a 8 años de cárcel:
(34) Informe de la U.S. Defense Intelligence Agency (DIA), del 23 de septiembre 1991, acerca del ex presidente Uribe Vélez y su relación con el narcotráfico, designándolo como el narcotraficante número 82; desclasificado el 1 de agosto de 2004 en cumplimiento de un Acto de Libertad de Información (Freedom of Information Act) interpuesto en el mes de agosto de 2000 por The National Security Archive, grupo de investigación no gubernamental establecido en la Universidad George Washington: "82. Álvaro Uribe Vélez – un político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en altos niveles del gobierno. Uribe estuvo vinculado a negocios involucrados en actividades de narcotráfico en EEUU. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un cercano amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para obtener el cargo de suplente de Jorge Ortega. (…)” . PAG81: http://www.arlac.be/2007/AUV.htm (37) Discurso de Francisco Santos citado en el informe de la US Office on Colombia mencionado previamente.
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