En estos tiempos en que se pretende crear de manera artificial una crisis en nuestra Patria, y en el marco de esta serie de escritos con el que pretendemos orientar y contribuir a un debate político de altura en el marco de la reforma constitucional, oportuno es también hacer un análisis en profundidad referido al artículo 68 de nuestra Constitución, el cual consagra uno de los derechos más importantes de cualquier sociedad democrática moderna como lo es el derecho a la manifestación y a la protesta pública.
Dicho artículo esta en nuestra Ley Fundamental redactado de la siguiente manera: "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
Se prohibe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público."
De la lectura del mismo podemos concluir lo siguiente: Está claro que cualquier alteración del orden público por parte de los manifestantes, ya sea con insultos o que carguen piedras, palos o cualquier otra arma improvisada u objeto contundente puede ser contrarrestada y repelida por las fuerzas del orden público sin que tal acción represiva sea inconstitucional. Así como también el uso de las armas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado está limitado tanto por el artículo anteriormente transcrito como el artículo 55 en su parte final.
Según Roberto Gargarella, la protesta social constituye una demanda concreta de ciudadanía. Cuando la marginalización social, esto es, la desindustrialización, la ruptura de la sociedad salarial, la desindicalización, sumada al desmantelamiento del Estado Social, constituye un proceso de desafiliación o desenganche que se materializa en una pérdida de derechos (que nosotros llamamos proceso de desciudadanización), la protesta social puede ser percibida, antes que nada, como el derecho a tener derechos, la posibilidad de volverse ciudadanos otra vez. "El derecho a protestar aparece así, en un sentido importante al menos, como el primer derecho: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos."
Se sabe que la democracia es el gobierno del pueblo, pero para que el pueblo pueda autogobernarse es necesario, por un lado, el activismo cívico, esto es, la posibilidad de comprometerse en los problemas que involucra en tanto ciudadano. En segundo lugar, esa ciudadanía para poder comprometerse tiene que tener la posibilidad de expresarse concretamente, sea para manifestar sus demandas, sea para controlar a las instituciones. Ahora bien, la pregunta que se hace Gargarella es la siguiente: ¿cuáles son las condiciones institucionales que tiene el pueblo para expresarse? Está claro que una posibilidad es a través del sufragio, las "piedras de papel". Sin embargo, en una sociedad con los problemas sociales y políticos que tiene no se puede acotar la democracia al sufragio electoral. Sobredimensionar el lugar que tiene el voto en la democracia contemporánea, implica clausurar o excluir de la discusión a las minorías mayoritarias. En un contexto de pauperización, de pobreza, se produciría un déficit de representación que redundaría en un agravamiento de la actual crisis de gobernabilidad. En ese sentido el sistema electoral se vuelve torpe para canalizar las demandas.
Otra manera que tiene el pueblo de expresarse es a través de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, en una sociedad donde los medios masivos de comunicación resultan prácticamente inaccesibles para las grandes mayorías minoritarias, la manera de hacer visible las demandas sociales tampoco puede quedar circunscripta a la recepción por parte de los medios. Dice Gargarella: "Aquellos que no controlan la televisión o la radio, aquellos que no tienen la capacidad económica para expresar sus ideas a través de los periódicos o hacer circular elaborados panfletos, puede llegar a tener un acceso muy limitado a los funcionarios públicos." "Es claro que quienes cuentan con mayores recursos cuentan con mayores capacidades expresivas y que ello influye necesariamente a la hora de discutir cuestiones de interés común. Es claro que si la comunicación pública se organiza, a partir de la cantidad de dinero que tenemos o que somos capaces de generar, entonces, las ideas populares, por definición, van a tener problemas para circular (…) Resulta claro que los políticos que tienen más chances de llevar sus mensajes más lejos y a más personas son aquellos que cuentan con un mayor respaldo económico detrás, y no los que tienen ideas potencialmente más activas."
Ante esas circunstancias, según Gargarella, la manera de expresar la demanda de ciudadanía, de reclamar los derechos que formalmente alguna vez prometió el Estado, es a través de la constitución de foros públicos, que a veces podrán celebrarse en determinados recintos pero otras veces dicha reunión se realizará en la calle o en una plaza pública. De hecho, estas formas de expresión, no son una invención de los piqueteros. Hay una larga tradición de lucha en la Argentina que ha hecho de estos lugares una caja de resonancia para canalizar las demandas. Vaya por caso los trabajadores organizados en la FORA a principios del siglo XX pero también los trabajadores movilizados por Perón y la CGT o las movilizaciones de los estudiantes en la década del 70. En definitiva, según Roberto Gargarella, la protesta social contemporánea, sobre todo, el corte de rutas, la ocupación de espacios públicos, constituye la posibilidad concreta que tienen los sectores desventajados de expresar sus demandas. De allí que el derecho a la protesta sea el primer derecho, es el derecho que llama a los otros derechos, la oportunidad que tienen las mayorías minoritarias de ser tomadas como actores sociales otra vez, de recuperar una voz que los vuelva a ser tenidos en cuenta.
En segundo lugar, la protesta social, en sus diferentes manifestaciones, se trate de un piquete, de una toma de tierra, de la ocupación y recuperación de fábricas, de los escarches de HIJOS, o las huelgas de los empleados estatales, puede ser percibida en términos de disputa del Estado, del sentido que tiene el Estado en las relaciones sociales.
La forma que asume el Estado en la Argentina contemporánea, el Estado Malestar, nos está diciendo, sobre la correlación de fuerzas en los últimos años. Eso no significa que no pueda hacerse nada, que la masa marginal, una masa difusa y potencial, tenga que resignarse a lo que en suerte le toco. El Estado no es un bloque monolítico y unidimensional, definido de antemano de una vez y para siempre, es un campo de lucha abierto. De allí que su sentido esté en permanente disputa; cada uno de los actores involucrados hará su respectiva apuesta teniendo en cuanta las apuestas que hacen los otros.
De allí que la protesta social pueda ser percibida, en última instancia, como una denuncia del genocidio económico llevado a cabo por el Estado Malestar; una protesta que está para echar luz sobre la muerte en vida, para visualizar la muerte que llega todos los días un poco. Porque como decía Michel Foucault, muerte no es solamente la muerte directa sino todo aquello que estaría creando las condiciones para la muerte. Muerte, también, es la muerte indirecta.
La muerte entonces, no es solamente la muerte que llega con la desaparición, el gatillo fácil, los escuadrones de la muerte o la tortura, que sigue al orden del día en las comisarías y en las prisiones. Muerte también, es todo aquello que está creando las condiciones para actualizar la muerte. La falta de salud (de medicamentos, insumos o camas en los hospitales o de salitas sanitarias o primeros auxilios, de médicos o enfermeros), la falta de trabajo digno (el hambre, la desnutrición), la falta de vivienda, de previsión social (seguros de desempleos o jubilaciones dignas), la falta de infraestructura urbana (agua potable, luz, gas, red cloacal, desagües, etc.), la falta de equipamiento (escuelas, espacios de recreación y esparcimiento), todo eso es muerte porque está creando y reproduciendo las condiciones para actualizar la muerte.
Cuando la muerte se vive en cámara lenta, va calando los huesos de a poco, la protesta social es la manera de hacer visible lo que sucede de una manera invisible, o mejor dicho, lo que tiende a pasar desapercibido tanto para los medios masivos de comunicación como para su interlocutor favorito, la opinión pública que, entrenada por generaciones frente al televisor, sabrá tomar distancia hasta la indolencia, o muñirse de prejuicios hasta la descalificación. Al fin y al cabo, la pobreza solo merece televisarse cuando se muestra compungida, resignada; pero cuando muestra los dientes o se tapa el rostro, cuando se muestra masiva, se organiza, entonces pasará a ser el enemigo número uno, una clase peligrosa, y el periodismo nos invitará una vez más a prestar nuestro consentimiento para que el Estado tome cartas sobre el asunto.
En definitiva, si el Estado ha redefinido su funcionalidad desde la gestión de la muerte, será porque cuenta con el consentimiento de la sociedad banal, sobre todo de los sectores medios. No hay Estado malestar sin consenso social. El consentimiento que la opinión pública presta diariamente ante la interpelación del periodismo consensual que no deja de asediar con sus coberturas desconstextualizadas, crea las condiciones constitutivas para la gestión de la exclusión social y la disolución de la puesta en común. (continuará...).
Dicho artículo esta en nuestra Ley Fundamental redactado de la siguiente manera: "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
Se prohibe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público."
De la lectura del mismo podemos concluir lo siguiente: Está claro que cualquier alteración del orden público por parte de los manifestantes, ya sea con insultos o que carguen piedras, palos o cualquier otra arma improvisada u objeto contundente puede ser contrarrestada y repelida por las fuerzas del orden público sin que tal acción represiva sea inconstitucional. Así como también el uso de las armas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado está limitado tanto por el artículo anteriormente transcrito como el artículo 55 en su parte final.
Según Roberto Gargarella, la protesta social constituye una demanda concreta de ciudadanía. Cuando la marginalización social, esto es, la desindustrialización, la ruptura de la sociedad salarial, la desindicalización, sumada al desmantelamiento del Estado Social, constituye un proceso de desafiliación o desenganche que se materializa en una pérdida de derechos (que nosotros llamamos proceso de desciudadanización), la protesta social puede ser percibida, antes que nada, como el derecho a tener derechos, la posibilidad de volverse ciudadanos otra vez. "El derecho a protestar aparece así, en un sentido importante al menos, como el primer derecho: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos."
Se sabe que la democracia es el gobierno del pueblo, pero para que el pueblo pueda autogobernarse es necesario, por un lado, el activismo cívico, esto es, la posibilidad de comprometerse en los problemas que involucra en tanto ciudadano. En segundo lugar, esa ciudadanía para poder comprometerse tiene que tener la posibilidad de expresarse concretamente, sea para manifestar sus demandas, sea para controlar a las instituciones. Ahora bien, la pregunta que se hace Gargarella es la siguiente: ¿cuáles son las condiciones institucionales que tiene el pueblo para expresarse? Está claro que una posibilidad es a través del sufragio, las "piedras de papel". Sin embargo, en una sociedad con los problemas sociales y políticos que tiene no se puede acotar la democracia al sufragio electoral. Sobredimensionar el lugar que tiene el voto en la democracia contemporánea, implica clausurar o excluir de la discusión a las minorías mayoritarias. En un contexto de pauperización, de pobreza, se produciría un déficit de representación que redundaría en un agravamiento de la actual crisis de gobernabilidad. En ese sentido el sistema electoral se vuelve torpe para canalizar las demandas.
Otra manera que tiene el pueblo de expresarse es a través de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, en una sociedad donde los medios masivos de comunicación resultan prácticamente inaccesibles para las grandes mayorías minoritarias, la manera de hacer visible las demandas sociales tampoco puede quedar circunscripta a la recepción por parte de los medios. Dice Gargarella: "Aquellos que no controlan la televisión o la radio, aquellos que no tienen la capacidad económica para expresar sus ideas a través de los periódicos o hacer circular elaborados panfletos, puede llegar a tener un acceso muy limitado a los funcionarios públicos." "Es claro que quienes cuentan con mayores recursos cuentan con mayores capacidades expresivas y que ello influye necesariamente a la hora de discutir cuestiones de interés común. Es claro que si la comunicación pública se organiza, a partir de la cantidad de dinero que tenemos o que somos capaces de generar, entonces, las ideas populares, por definición, van a tener problemas para circular (…) Resulta claro que los políticos que tienen más chances de llevar sus mensajes más lejos y a más personas son aquellos que cuentan con un mayor respaldo económico detrás, y no los que tienen ideas potencialmente más activas."
Ante esas circunstancias, según Gargarella, la manera de expresar la demanda de ciudadanía, de reclamar los derechos que formalmente alguna vez prometió el Estado, es a través de la constitución de foros públicos, que a veces podrán celebrarse en determinados recintos pero otras veces dicha reunión se realizará en la calle o en una plaza pública. De hecho, estas formas de expresión, no son una invención de los piqueteros. Hay una larga tradición de lucha en la Argentina que ha hecho de estos lugares una caja de resonancia para canalizar las demandas. Vaya por caso los trabajadores organizados en la FORA a principios del siglo XX pero también los trabajadores movilizados por Perón y la CGT o las movilizaciones de los estudiantes en la década del 70. En definitiva, según Roberto Gargarella, la protesta social contemporánea, sobre todo, el corte de rutas, la ocupación de espacios públicos, constituye la posibilidad concreta que tienen los sectores desventajados de expresar sus demandas. De allí que el derecho a la protesta sea el primer derecho, es el derecho que llama a los otros derechos, la oportunidad que tienen las mayorías minoritarias de ser tomadas como actores sociales otra vez, de recuperar una voz que los vuelva a ser tenidos en cuenta.
En segundo lugar, la protesta social, en sus diferentes manifestaciones, se trate de un piquete, de una toma de tierra, de la ocupación y recuperación de fábricas, de los escarches de HIJOS, o las huelgas de los empleados estatales, puede ser percibida en términos de disputa del Estado, del sentido que tiene el Estado en las relaciones sociales.
La forma que asume el Estado en la Argentina contemporánea, el Estado Malestar, nos está diciendo, sobre la correlación de fuerzas en los últimos años. Eso no significa que no pueda hacerse nada, que la masa marginal, una masa difusa y potencial, tenga que resignarse a lo que en suerte le toco. El Estado no es un bloque monolítico y unidimensional, definido de antemano de una vez y para siempre, es un campo de lucha abierto. De allí que su sentido esté en permanente disputa; cada uno de los actores involucrados hará su respectiva apuesta teniendo en cuanta las apuestas que hacen los otros.
De allí que la protesta social pueda ser percibida, en última instancia, como una denuncia del genocidio económico llevado a cabo por el Estado Malestar; una protesta que está para echar luz sobre la muerte en vida, para visualizar la muerte que llega todos los días un poco. Porque como decía Michel Foucault, muerte no es solamente la muerte directa sino todo aquello que estaría creando las condiciones para la muerte. Muerte, también, es la muerte indirecta.
La muerte entonces, no es solamente la muerte que llega con la desaparición, el gatillo fácil, los escuadrones de la muerte o la tortura, que sigue al orden del día en las comisarías y en las prisiones. Muerte también, es todo aquello que está creando las condiciones para actualizar la muerte. La falta de salud (de medicamentos, insumos o camas en los hospitales o de salitas sanitarias o primeros auxilios, de médicos o enfermeros), la falta de trabajo digno (el hambre, la desnutrición), la falta de vivienda, de previsión social (seguros de desempleos o jubilaciones dignas), la falta de infraestructura urbana (agua potable, luz, gas, red cloacal, desagües, etc.), la falta de equipamiento (escuelas, espacios de recreación y esparcimiento), todo eso es muerte porque está creando y reproduciendo las condiciones para actualizar la muerte.
Cuando la muerte se vive en cámara lenta, va calando los huesos de a poco, la protesta social es la manera de hacer visible lo que sucede de una manera invisible, o mejor dicho, lo que tiende a pasar desapercibido tanto para los medios masivos de comunicación como para su interlocutor favorito, la opinión pública que, entrenada por generaciones frente al televisor, sabrá tomar distancia hasta la indolencia, o muñirse de prejuicios hasta la descalificación. Al fin y al cabo, la pobreza solo merece televisarse cuando se muestra compungida, resignada; pero cuando muestra los dientes o se tapa el rostro, cuando se muestra masiva, se organiza, entonces pasará a ser el enemigo número uno, una clase peligrosa, y el periodismo nos invitará una vez más a prestar nuestro consentimiento para que el Estado tome cartas sobre el asunto.
En definitiva, si el Estado ha redefinido su funcionalidad desde la gestión de la muerte, será porque cuenta con el consentimiento de la sociedad banal, sobre todo de los sectores medios. No hay Estado malestar sin consenso social. El consentimiento que la opinión pública presta diariamente ante la interpelación del periodismo consensual que no deja de asediar con sus coberturas desconstextualizadas, crea las condiciones constitutivas para la gestión de la exclusión social y la disolución de la puesta en común. (continuará...).
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