Alberto Müller Rojas
No dispongo de ninguna historia viva -conservada dentro de mi tradición familiar- vinculada a la naturaleza de las relaciones binacionales entre Venezuela y Nueva Granada, al momento de la disolución de COLOMBIA LA GRANDE. Por ello debo recurrir a la historia oficial. Con ese marco aprendemos que el problema limítrofe entre ambos países se inicia con el intento de demarcación territorial contenido en el Tratado de Amistad, Alianza, Comercio, Navegación y Limites firmado en Bogotá entre el Ministro Plenipotenciario de Venezuela SANTOS MICHELENA y el Secretario de Relaciones Exteriores de Nueva Granada LINO DE POMBO (1833). Una denominación indicativa de una tentativa de definir la relación en términos cooperativos. Y al parecer ellas funcionaron así en lo correspondiente a la distribución equitativa de las deudas de guerra y, a la coalición frente a la amenaza representada por el intento de la Santa Alianza de restablecer el dominio de las monarquías absolutas en sus antiguas áreas de señorío. Empeño que, en Nuestraamérica, adelantó el Imperio Portugués establecido en Brasil, mediante la invasión a Bolivia en 1825. Fue contra esta agresión que el Libertador Simón Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, rebautizado como Alianza Santa como contraposición al nombre de la coalición absolutista.
De este modo, con la inclusión en el Tratado Michelena-Pombo de la obligación de ambos países de abrir operaciones en cualquiera de los territorios nacionales ante la presencia de un agresor externo, se mantenía el espíritu de la decisión bolivariana destinada a defender la soberanía de las dos comunidades políticas. La controversia aparecería en lo relacionado con las respectivas aspiraciones territoriales de las dos comunidades políticas. Sin embargo ella no se transformó en polémicas sino hasta el momento en el cual se planteó una contradicción ideológica relacionada con la naturaleza de los regímenes políticos de los dos estados. A finales del siglo XIX chocaban el liberalismo laico establecido en Venezuela como resultado del Tratado de Coche que puso fin a la Guerra Federal, con una hierocracia (gobierno del clero), bajo la cual se ampararían las clases propietarias y mercantiles neogranadinas. Una situación que obligó a Antonio Guzmán Blanco a amenazar a Colombia con la guerra si persistía en sus intentos de apoderarse de parte de lo que hoy es el Estado Amazonas. Es el mismo estado de cosas que hoy subsiste, a pesar del retiro táctico del clero católico, cuyos intereses continúan coincidiendo con los de las clases propietarias y mercantiles del vecino país. Efectivamente, tal cuadro ha mantenido el uso de la fuerza como instrumento de negociación tácita. A principios de siglo, con las invasiones de Carlos Rangel Garviras a Venezuela, representando los intereses conservadores neogranadinos y la de Rafael Uribe Uribe a Colombia, en alegoría a la tesis revolucionaria bolivariana sobre la recomposición de Colombia la Grande, sostenida por el Presidente Cipriano Castro. Fue una situación que encontró una salida con el tratado de 1941, en el cual, según personajes como el Dr. Pedro J. Lara Peña, no estuvo ausente la amenaza del uso de la fuerza por parte del gobierno de Bogotá.
Pero el recurso de la violencia política se incrementó a partir del Acuerdo Bilateral de Cooperación Militar Colombo-Norteamericano, negociado entre las fuerzas armadas colombianas y el General usamericano Eduard Sibert en 1952. Pero en estas circunstancias ya no eran los intereses de las clases propietarias y mercantiles de aquel país los que jugaban dentro de las tensiones bilaterales. Eran los intereses del Imperio capitalista globalizado los que impulsaban la tensión dentro de su política del Balance de Poder en Ultramar. Así vimos las incursiones sobre el Golfo de Venezuela durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez y el puntofijista de Jaime Lusinchi. En este último caso, un cuadro que casi provocó la guerra entre los dos estados.
Obviamente, la anterior apreciación tiene un alto grado de subjetividad como es lo típico en las historias vivas. Pero a esta interpretación es posible complementarla con otras valoraciones de los hechos comentados. Por ello, agradezco cualquier aporte, el cual podría ser enviado a través del correo amullerrojas@gmail.com.
amullerrojas@gmail.com
No dispongo de ninguna historia viva -conservada dentro de mi tradición familiar- vinculada a la naturaleza de las relaciones binacionales entre Venezuela y Nueva Granada, al momento de la disolución de COLOMBIA LA GRANDE. Por ello debo recurrir a la historia oficial. Con ese marco aprendemos que el problema limítrofe entre ambos países se inicia con el intento de demarcación territorial contenido en el Tratado de Amistad, Alianza, Comercio, Navegación y Limites firmado en Bogotá entre el Ministro Plenipotenciario de Venezuela SANTOS MICHELENA y el Secretario de Relaciones Exteriores de Nueva Granada LINO DE POMBO (1833). Una denominación indicativa de una tentativa de definir la relación en términos cooperativos. Y al parecer ellas funcionaron así en lo correspondiente a la distribución equitativa de las deudas de guerra y, a la coalición frente a la amenaza representada por el intento de la Santa Alianza de restablecer el dominio de las monarquías absolutas en sus antiguas áreas de señorío. Empeño que, en Nuestraamérica, adelantó el Imperio Portugués establecido en Brasil, mediante la invasión a Bolivia en 1825. Fue contra esta agresión que el Libertador Simón Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, rebautizado como Alianza Santa como contraposición al nombre de la coalición absolutista.
De este modo, con la inclusión en el Tratado Michelena-Pombo de la obligación de ambos países de abrir operaciones en cualquiera de los territorios nacionales ante la presencia de un agresor externo, se mantenía el espíritu de la decisión bolivariana destinada a defender la soberanía de las dos comunidades políticas. La controversia aparecería en lo relacionado con las respectivas aspiraciones territoriales de las dos comunidades políticas. Sin embargo ella no se transformó en polémicas sino hasta el momento en el cual se planteó una contradicción ideológica relacionada con la naturaleza de los regímenes políticos de los dos estados. A finales del siglo XIX chocaban el liberalismo laico establecido en Venezuela como resultado del Tratado de Coche que puso fin a la Guerra Federal, con una hierocracia (gobierno del clero), bajo la cual se ampararían las clases propietarias y mercantiles neogranadinas. Una situación que obligó a Antonio Guzmán Blanco a amenazar a Colombia con la guerra si persistía en sus intentos de apoderarse de parte de lo que hoy es el Estado Amazonas. Es el mismo estado de cosas que hoy subsiste, a pesar del retiro táctico del clero católico, cuyos intereses continúan coincidiendo con los de las clases propietarias y mercantiles del vecino país. Efectivamente, tal cuadro ha mantenido el uso de la fuerza como instrumento de negociación tácita. A principios de siglo, con las invasiones de Carlos Rangel Garviras a Venezuela, representando los intereses conservadores neogranadinos y la de Rafael Uribe Uribe a Colombia, en alegoría a la tesis revolucionaria bolivariana sobre la recomposición de Colombia la Grande, sostenida por el Presidente Cipriano Castro. Fue una situación que encontró una salida con el tratado de 1941, en el cual, según personajes como el Dr. Pedro J. Lara Peña, no estuvo ausente la amenaza del uso de la fuerza por parte del gobierno de Bogotá.
Pero el recurso de la violencia política se incrementó a partir del Acuerdo Bilateral de Cooperación Militar Colombo-Norteamericano, negociado entre las fuerzas armadas colombianas y el General usamericano Eduard Sibert en 1952. Pero en estas circunstancias ya no eran los intereses de las clases propietarias y mercantiles de aquel país los que jugaban dentro de las tensiones bilaterales. Eran los intereses del Imperio capitalista globalizado los que impulsaban la tensión dentro de su política del Balance de Poder en Ultramar. Así vimos las incursiones sobre el Golfo de Venezuela durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez y el puntofijista de Jaime Lusinchi. En este último caso, un cuadro que casi provocó la guerra entre los dos estados.
Obviamente, la anterior apreciación tiene un alto grado de subjetividad como es lo típico en las historias vivas. Pero a esta interpretación es posible complementarla con otras valoraciones de los hechos comentados. Por ello, agradezco cualquier aporte, el cual podría ser enviado a través del correo amullerrojas@gmail.com.
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