Thierry Meyssan
El presidente Obama había emitido un claro aviso. Lo puso por escrito en
su nueva doctrina de defensa (National Security Strategy): «Estamos del
lado de los ciudadanos cuyo pleno ejercicio de la democracia está en
peligro, como los venezolanos». Siendo Venezuela, desde la adopción de
la Constitución de 1999, uno de los Estados más democráticos del mundo,
esa frase presagiaba lo peor en materia de intentos destinados a impedir
su marcha por el camino de la independencia y la redistribución de la
riqueza nacional.
Era el 6 de febrero de 2015. Washington terminaba de planificar el
derrocamiento de las instituciones democráticas de Venezuela. El golpe
de Estado estaba planificado para el 12 de febrero.
La «Operación Jericó» contaba con la supervisión del Consejo de
Seguridad Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga.
Este «diplomático» es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del
Partido Nacional de Honduras que organizó los golpes militares de 1963 y
de 1972 a favor del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora
trabaja en la Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de
la CIA en La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar
una oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación
de las relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.
Como siempre en ese tipo de operaciones, Washington se esfuerza por no
parecer implicado en los acontecimientos que sin embargo dirige. La CIA
organiza y dirige a los golpistas a través de organizaciones
supuestamente no gubernamentales: la NED (National Endowment for
Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International Republican
Institute (IRI) y de izquierda, el National Democratic Institute (NDI);
la Freedom House y el International Center for Non-Profit Law.
Además, Estados Unidos siempre recurre a sus aliados utilizándolos como
contratistas en ciertos aspectos del putsch. Esta vez participaron al
menos Alemania –a cargo de la protección de los ciudadanos de los países
de la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del control del
aeropuerto internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de
garantizar los asesinatos de varias personalidades chavistas– y el Reino
Unido –a cargo de la propaganda de los golpistas. Finalmente, también
moviliza sus redes políticas para que reconozcan a los golpistas: en
Washington, el senador Marco Rubio; en Chile, el ex presidente Sebastián
Piñera; en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés
Pastrana; en México, los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox;
en España, el ex presidente del gobierno José María Aznar.
Para justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado grandes
empresas venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de
productos de primera necesidad. La no distribución de esos productos
tenía como objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el
estallido de motines estimulados por la acción de provocadores
infiltrados entre los consumidores descontentos. La maniobra fracasó ya
que, a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y
febrero y de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a
atacar los comercios.
Para reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama había firmado,
el 18 de diciembre de 2014, una ley que impone sanciones contra
Venezuela y contra varios de sus dirigentes. Oficialmente, Washington
decía querer sancionar a las personalidades responsables de la represión
contra manifestaciones estudiantiles. En realidad, desde el inicio del
año, Washington estaba pagando un salario -4 veces superior al ingreso
medio de los venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a
agredir a las fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a
43 personas en varios meses y sembraban el terror en las calles de
Caracas.
La acción militar estaba bajo la supervisión del general Thomas W.
Geary, desde la sede del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chavez, desde
el Pentágono. Como subcontratista de la parte militar del golpe aparecen
el ejército privado Academi (ex Blackwater); una firma actualmente
administrada por el almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y John
Ashcroft (ex secretario de Justicia de la administración Bush).
Según esa parte del plan, un avión militar Super Tucano, matrícula
N314TG, comprado por Academi en Virginia, en 2008, para asesinar a Raúl
Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión falsamente identificado
con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela, debía bombardear
el palacio presidencial de Miraflores y otros objetivos entre los que se
encontraban la sede del ministerio de Defensa, la dirección de
Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de televisión multinacional
creado por el ALBA. El avión se hallaba en Colombia, el cuartel general
de los putchistas había sido instalado en la embajada de Estados Unidos
en Bogotá –la capital colombiana– con la participación del embajador
estadounidense Kevin Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff.
Varios oficiales superiores, activos y retirados, habían grabado de
antemano un mensaje a la Nación anunciando que habían tomado el poder
para restaurar el orden en el país. También estaba previsto que
suscribirían el plan de transición, publicado en la mañana del 12 de
febrero de 2015 en el diario El Nacional y redactado por el Departamento
de Estado estadounidense. El plan incluía la formación de un nuevo
gobierno, encabezado por la ex diputada María Corina Machado.
María Corina Machado fue presidenta de Súmate, la asociación que
organizó y perdió el referéndum revocatorio contra el presidente Hugo
Chávez Frías, en 2004, utilizando para ello –ya en aquel momento– los
fondos de la NED (National Endowment for Democracy) y los servicios del
publicista francés Jacques Seguela. A pesar de aquella derrota, María
Corina Machado fue recibida con honores por el presidente George W. Bush
en el Buró Oval de la Casa Blanca el 21 de marzo de 2005. Después de
ser electa en 2011 como representante del Estado de Miranda, el 21 de
marzo de 2014 María Corina Machado se presentó ante la Organización de
Estados Americanos (OEA) como jefa de la delegación de Panamá a ese foro
continental y fue inmediatamente destituida de su cargo de diputada por
haber violado así los artículos 149 y 191 de la Constitución de
Venezuela.
Para facilitar la coordinación del putsch, María Corina Machado organizó
en Caracas, el 26 de enero, un coloquio denominado «Poder ciudadano y
Democracia hoy», en el que participaron la mayoría de las personalidades
venezolanas y extranjeras vinculadas a la intentona golpista.
¡Mala suerte! La Inteligencia Militar venezolana estaba vigilando a las
personalidades sospechosas de haber fomentado un complot anterior para
asesinar al presidente Maduro. En mayo de 2014, el fiscal de Caracas
había acusado a María Corina Machado, el gobernador Henrique Salas
Romer, el ex diplomático Diego Arria, el abogado Gustavo Tarre Birceño,
el banquero Eligio Cedeño y el hombre de negocios Pedro M. Burelli,
quienes negaron haber escrito sus propios e-mails afirmando que habían
sido falsificados por la Inteligencia Militar. Por supuesto, todos eran
cómplices.
Al seguir la pista de estos conspiradores, la Inteligencia Militar
descubrió la «Operación Jericó». En la noche del 11 de febrero, los
principales líderes de la conspiración y un agente del Mosad israelí
fueron arrestados y se reforzó la protección aérea de la capital
venezolana. Otros implicados fueron arrestados el 12 de febrero. El día
20, las confesiones de los arrestados permitieron la detención de otro
cómplice: el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
El presidente Nicolás Maduro compareció de inmediato en televisión
denunciando a los conspiradores. Mientras tanto, en Washington, la
portavoz del Departamento de Estado hacía reír a los periodistas que
recordaban el golpe de Estado organizado por Obama en 2009 en Honduras o
más recientemente, en enero de 2015, en la intentona golpista de
Macedonia, al declarar: «Esas acusaciones, como todas las anteriores,
son ridículas. Es una política de hace tiempo, Estados Unidos no apoya
las transiciones políticas por medios no constitucionales. Las
transiciones políticas deben ser democráticas, constitucionales,
pacíficas y legales. Hemos visto varias veces que el gobierno venezolano
trata de desviar la atención de sus propias acciones acusando a Estados
Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los
acontecimientos en el interior de Venezuela. Esos esfuerzos reflejan
falta de seriedad de parte del gobierno de Venezuela al enfrentar la
grave situación que está confrontando.»
Para los venezolanos, este golpe de Estado abortado plantea un grave
dilema: ¿Cómo mantener la democracia cuando los principales líderes de
la oposición están en la cárcel por haber preparado crímenes en contra
de la democracia?
Para quienes aún creen, erróneamente, que Estados Unidos ha cambiado,
que ese país ha dejado de ser una potenciar imperialista y que ahora
defiende la democracia en el mundo, la «Operación Jericó» es un obligado
tema de reflexión.
Intelectual francés, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la
conferencia Axis for Peace. Sus análisis sobre política exterior se
publican en la prensa árabe, latinoamericana y rusa. Última obra
publicada en español: La gran impostura II. Manipulación y
desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila Editores,
2008).
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