Juan Martorano.
Seguramente al leer este título, al lector o lectora de este artículo le
parecerá fuerte o que a este articulista se le salió lo fascista o se
le “volaron los tapones”, pero créanlo o no, no es así. Ante la
revelación de los planes conspirativos contra la Patria de Bolívar y
Chávez, ante las amenazas y asechanzas contra la Revolución y Gobierno
que han ameritado la realización de los ejercicios militares “Zamora
200”, aplica lo que José de San Martín señalo en alguna oportunidad:
“Cuando la Patria está en peligro, está permitido todo, excepto no
defenderla”.
Sin duda el cambio del gabinete por parte del Presidente Maduro, acompañado por la conformación, juramentación e instalación del Comando Especial Antigolpe, como es del conocimiento público y comunicacional ha generado resultados interesantes: La detención del diputado suplente de Voluntad Popular, Gilbert Caro, la detención del General Raúl Isaías Baduel y de Jorge Luis González Villasmil, miembro activo del partido Primero Justicia y concejal del municipio Maracaibo, todos por encontrarse inmersos en hechos generadores de violencia.
Es en este contexto, que no podemos pasar por debajo de la mesa los actos de provocación y todas las operaciones psicológicas en marcha realizadas por la directiva usurpadora de la Asamblea Nacional y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en las instalaciones del Hospital Vargas donde pretendieron sesionar, y ante la presencia del Poder Popular, huyeron y realizaron la sesión en las instalaciones de la Maternidad Concepción Palacios, en abierta provocación a los habitantes de la Parroquia San Juan de Caracas.
El segundo evento fue el show que pretendieron montar en la sede del Círculo Militar de Valencia, donde supuestamente tenían detenido al criminal Caro y donde sus “colegas parlamentarios” fueron a exigir su inmediata liberación. Atentos con esto.
Nadie en su sano juicio puede negar el papel de vanguardia que en este plan desestabilizador ejercen las organizaciones Primero Justicia y Voluntad Popular. Los prontuarios de estas organizaciones terroristas son más que evidentes: Líderes de la talla de Leopoldo López, Julio Borges, Henrique Capriles, Gaby Arellano, Lester Toledo, Tomás Guanipa, José Pérez Venta, Freddy Guevara y Gilbert Caro revelan el carácter fascista de estas organizaciones políticas.
Ahora es que podemos comprender en su justa dimensión el empeño del parlamento adeco burgués fascista en la “declaratoria del abandono del cargo” del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañada de la insistencia de que “Maduro oficialmente ya no es el Presidente de la República y en 30 días debe haber elecciones presidenciales”. Es más que evidente la existencia de un plan golpista muy bien orquestado.
Sin duda, las revelaciones realizadas por los miembros del Comando Antigolpe, en primer lugar por el Vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, luego por el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello Rondón, y luego por el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Nestor Luis Reverol Torres, han asestado un duro golpe al plan desestabilizador, además de lo contundente de las pruebas mostradas por estos compatriotas. Sin embargo, no podemos confiarnos, y debemos estar muy atentos por estos días, porque los peligros y asechanzas contra nuestro pueblo estarán a la orden del día.
Es con esta introducción, que nos queremos permitir hacer del conocimiento de la opinión pública un elemento para el análisis político que consideramos de importancia capital, y ante las agresiones y amenazas, formular la siguiente propuesta, en el marco de la ley.
Desde el comienzo de este año 2017, se ha aperturado el lapso de legitimación de los diferentes partidos y organizaciones políticas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que, en estos momentos, solamente dos organizaciones políticas tienen legitimación y legitimidad ante el CNE. Dichas organizaciones son: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Y si a eso le agregamos que a finales del año 2016, la rectora-presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, informó al país el cronograma electoral de este año 2017, donde en el primer semestre se realizarán las elecciones para gobernadores, gobernadoras, diputados y diputadas a los Consejos Legislativos estadales; y en el segundo semestre las elecciones para alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas. Es muy importante que los partidos políticos estén legitimados y legalizados ante el CNE, esto a la hora de las postulaciones para candidatos y candidatas de estos comicios y de otros que en el futuro puedan realizarse.
Pues bien, es por ello, que en el cronograma señalado por la rectora Lucena, se había concedido los meses de enero y febrero de 2017 para la legitimación y legalización de los partidos políticos ante el CNE, y el mes de marzo para la realización de elecciones primarias para la escogencia de candidatos y candidatas de las diferentes organizaciones políticas para dichos comicios. Importante es de destacar que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia, amplio el lapso de legalización y legitimación de los partidos políticos hasta el mes de mayo de 2017.
Lo cierto del caso es que, la actividad partidista en nuestro país rige por la Ley de partidos políticos, reuniones y manifestaciones públicas, la cual fue reformada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6013 Extraordinaria del 23 de diciembre de 2010. Igualmente, esta ley tiene su reglamento parcial, el cual fue publicado en Gaceta Electoral N° 828 de fecha 17 de noviembre de 2016.
Pues bien, en la referida ley, encontramos el artículo 32, en su literal d, que señala lo siguiente, nos vamos a permitir transcribirlo:
Artículo 32: “La inscripción de los partidos políticos se cancelará:
d) Cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.
En este caso el Consejo Nacional Electoral, actuando de oficio a petición del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia, o de otro partido, podrá cancelar su inscripción en el registro, todo ello sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 14 y 20 de la presente ley.”
Pues bien, Bolívar en el Manifiesto de Cartagena, señalo que la impunidad de los delitos, hacen que estos se cometan con mayor frecuencia. Seguramente con esta propuesta, nos van a caer encima, pero está perfectamente enmarcada en la Constitución y leyes de la República.
No pueden las organizaciones políticas y partidos conspirar en contra de la forma republicana de nuestro país. La lucha política o por el Poder es válida, y hasta en varias oportunidades el Comandante Chávez la alentó, siempre en estricto apego y respeto a la Constitución y las leyes. Por ello, mal pueden aprovecharse de estas garantías, para impulsar hechos violentos, y la intervención extranjera contra nuestro país.
Es por ello que, perfectamente como estamos en ese proceso de legalización y legitimación de los partidos políticos de cara a unos comicios regionales y municipales definitorios en buena medida del destino de nuestro país para los próximos años, que el CNE no admita la relegitimación de Voluntad Popular ni de Primero Justicia, por conspirar en contra de nuestra Patria y alentar hechos generadores de violencia.
Y esto perfectamente lo puede solicitar el Ministro Nestor Reverol, el PSUV e incluso el Poder Popular, como dueño y residente de la soberanía, de acuerdo al artículo 5 del texto constitucional.
Si queremos la paz, preparémonos para la guerra. No se trata de criminalizar a la disidencia ni a la oposición al proyecto político bolivariano, pero, si continúan agrediéndonos, nosotros estamos en el perfecto derecho a defendernos, y esta medida sería uno de esos mecanismos de defensa.
¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
Sin duda el cambio del gabinete por parte del Presidente Maduro, acompañado por la conformación, juramentación e instalación del Comando Especial Antigolpe, como es del conocimiento público y comunicacional ha generado resultados interesantes: La detención del diputado suplente de Voluntad Popular, Gilbert Caro, la detención del General Raúl Isaías Baduel y de Jorge Luis González Villasmil, miembro activo del partido Primero Justicia y concejal del municipio Maracaibo, todos por encontrarse inmersos en hechos generadores de violencia.
Es en este contexto, que no podemos pasar por debajo de la mesa los actos de provocación y todas las operaciones psicológicas en marcha realizadas por la directiva usurpadora de la Asamblea Nacional y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en las instalaciones del Hospital Vargas donde pretendieron sesionar, y ante la presencia del Poder Popular, huyeron y realizaron la sesión en las instalaciones de la Maternidad Concepción Palacios, en abierta provocación a los habitantes de la Parroquia San Juan de Caracas.
El segundo evento fue el show que pretendieron montar en la sede del Círculo Militar de Valencia, donde supuestamente tenían detenido al criminal Caro y donde sus “colegas parlamentarios” fueron a exigir su inmediata liberación. Atentos con esto.
Nadie en su sano juicio puede negar el papel de vanguardia que en este plan desestabilizador ejercen las organizaciones Primero Justicia y Voluntad Popular. Los prontuarios de estas organizaciones terroristas son más que evidentes: Líderes de la talla de Leopoldo López, Julio Borges, Henrique Capriles, Gaby Arellano, Lester Toledo, Tomás Guanipa, José Pérez Venta, Freddy Guevara y Gilbert Caro revelan el carácter fascista de estas organizaciones políticas.
Ahora es que podemos comprender en su justa dimensión el empeño del parlamento adeco burgués fascista en la “declaratoria del abandono del cargo” del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañada de la insistencia de que “Maduro oficialmente ya no es el Presidente de la República y en 30 días debe haber elecciones presidenciales”. Es más que evidente la existencia de un plan golpista muy bien orquestado.
Sin duda, las revelaciones realizadas por los miembros del Comando Antigolpe, en primer lugar por el Vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, luego por el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello Rondón, y luego por el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Nestor Luis Reverol Torres, han asestado un duro golpe al plan desestabilizador, además de lo contundente de las pruebas mostradas por estos compatriotas. Sin embargo, no podemos confiarnos, y debemos estar muy atentos por estos días, porque los peligros y asechanzas contra nuestro pueblo estarán a la orden del día.
Es con esta introducción, que nos queremos permitir hacer del conocimiento de la opinión pública un elemento para el análisis político que consideramos de importancia capital, y ante las agresiones y amenazas, formular la siguiente propuesta, en el marco de la ley.
Desde el comienzo de este año 2017, se ha aperturado el lapso de legitimación de los diferentes partidos y organizaciones políticas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que, en estos momentos, solamente dos organizaciones políticas tienen legitimación y legitimidad ante el CNE. Dichas organizaciones son: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Y si a eso le agregamos que a finales del año 2016, la rectora-presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, informó al país el cronograma electoral de este año 2017, donde en el primer semestre se realizarán las elecciones para gobernadores, gobernadoras, diputados y diputadas a los Consejos Legislativos estadales; y en el segundo semestre las elecciones para alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas. Es muy importante que los partidos políticos estén legitimados y legalizados ante el CNE, esto a la hora de las postulaciones para candidatos y candidatas de estos comicios y de otros que en el futuro puedan realizarse.
Pues bien, es por ello, que en el cronograma señalado por la rectora Lucena, se había concedido los meses de enero y febrero de 2017 para la legitimación y legalización de los partidos políticos ante el CNE, y el mes de marzo para la realización de elecciones primarias para la escogencia de candidatos y candidatas de las diferentes organizaciones políticas para dichos comicios. Importante es de destacar que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia, amplio el lapso de legalización y legitimación de los partidos políticos hasta el mes de mayo de 2017.
Lo cierto del caso es que, la actividad partidista en nuestro país rige por la Ley de partidos políticos, reuniones y manifestaciones públicas, la cual fue reformada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6013 Extraordinaria del 23 de diciembre de 2010. Igualmente, esta ley tiene su reglamento parcial, el cual fue publicado en Gaceta Electoral N° 828 de fecha 17 de noviembre de 2016.
Pues bien, en la referida ley, encontramos el artículo 32, en su literal d, que señala lo siguiente, nos vamos a permitir transcribirlo:
Artículo 32: “La inscripción de los partidos políticos se cancelará:
d) Cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.
En este caso el Consejo Nacional Electoral, actuando de oficio a petición del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia, o de otro partido, podrá cancelar su inscripción en el registro, todo ello sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 14 y 20 de la presente ley.”
Pues bien, Bolívar en el Manifiesto de Cartagena, señalo que la impunidad de los delitos, hacen que estos se cometan con mayor frecuencia. Seguramente con esta propuesta, nos van a caer encima, pero está perfectamente enmarcada en la Constitución y leyes de la República.
No pueden las organizaciones políticas y partidos conspirar en contra de la forma republicana de nuestro país. La lucha política o por el Poder es válida, y hasta en varias oportunidades el Comandante Chávez la alentó, siempre en estricto apego y respeto a la Constitución y las leyes. Por ello, mal pueden aprovecharse de estas garantías, para impulsar hechos violentos, y la intervención extranjera contra nuestro país.
Es por ello que, perfectamente como estamos en ese proceso de legalización y legitimación de los partidos políticos de cara a unos comicios regionales y municipales definitorios en buena medida del destino de nuestro país para los próximos años, que el CNE no admita la relegitimación de Voluntad Popular ni de Primero Justicia, por conspirar en contra de nuestra Patria y alentar hechos generadores de violencia.
Y esto perfectamente lo puede solicitar el Ministro Nestor Reverol, el PSUV e incluso el Poder Popular, como dueño y residente de la soberanía, de acuerdo al artículo 5 del texto constitucional.
Si queremos la paz, preparémonos para la guerra. No se trata de criminalizar a la disidencia ni a la oposición al proyecto político bolivariano, pero, si continúan agrediéndonos, nosotros estamos en el perfecto derecho a defendernos, y esta medida sería uno de esos mecanismos de defensa.
¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
Abogado, Activista por los Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas (RENTSOC).
jmartoranoster@gmail.com @juanmartorano
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