Poder popular.

*Gabriela del Mar Ramírez.

Aun cuando las políticas de Estado han estado indefectiblemente orientadas a generar una mejor redistribución del ingreso a través de la promoción de diversas estrategias de organización comunitaria, es indiscutible que tenemos la responsabilidad de contribuir desde las instituciones para que la gente acceda de manera efectiva y oportuna a los recursos que se han dispuesto para atenderlas

Aun cuando las políticas de Estado han estado indefectiblemente orientadas a generar una mejor redistribución del ingreso a través de la promoción de diversas estrategias de organización comunitaria, es indiscutible que tenemos la responsabilidad de contribuir desde las instituciones para que la gente acceda de manera efectiva y oportuna a los recursos que se han dispuesto para atenderlas.

Es posible recordar que la historia reciente del país recoge experiencias que no tuvieron un destino afortunado, en virtud de que para el momento el pueblo organizado no disponía de algunos recursos para potenciar su poder de transformación en la realidad local, ello aunado a los resabios imperantes en la cultura de mandatarios locales.

Así, en la nueva Constitución se apostó por el Consejo Local de Planificación Pública, bajo la premisa de que era precisamente el municipio la unidad geográfica más pequeña existente en su ordenamiento. Los frutos recogidos no se compadecían con la siembra en el entusiasmo de las personas de un modelo de organización más cercano al pueblo.

Prosperaron tras este esfuerzo muchas otras propuestas organizativas surgidas de la necesidad y el anhelo de los más pobres de transformar su realidad. Todas ellas se recogen de manera amplia en la Ley de Consejos Comunales y favorecen que todas las personas accedan de manera directa a los recursos públicos, sorteando con sus propuestas los diferentes niveles burocráticos que servían de intermediarios. No obstante, esta política pública requiere de un esfuerzo sostenido por parte de nosotros, en nuestra cualidad de servidoras y servidores públicos, para garantizar que el pueblo disponga de las herramientas y saberes que hagan posible la materialización de estos proyectos. Nuestro componente formativo denominado Diploma del Poder Popular de la Escuela de Derechos Humanos dirigido al liderazgo comunitario, contiene los aspectos constitucionales y jurídicos que enmarcan esta política, así como los caminos para que la misma se haga realidad bajo la figura de un proyecto construido por sus protagonistas que sea guía para sí mismos y para sus comunidades en el ideal de transformación humanista de cada espacio de nuestra patria.

*Defensora del Pueblo.