Bájalos de la moto.

La práctica de trasladar niños, niñas y adolescentes en moto, se ha transformado en un fenómeno cotidiano que demanda la atención inmediata de padres, madres, representantes y organismos del Estado para la articulación de medidas preventivas que incidan en la disminución de este factor de riesgo para esta población altamente vulnerable.   

La Defensoría del Pueblo,  realizó una investigación a nivel nacional a objeto de determinar la situación de morbilidad y mortalidad, producida por el uso de la motocicleta como transporte de niños, niñas y adolescentes. Se obtuvo información en 45 hospitales que representan el 14% del total de la red hospitalaria nacional, sin incluir los ambulatorios, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y servicios privados de salud. Los resultados arrojaron el alarmante número de 4640 niños, niñas y adolescentes entre lesionados y fallecidos, cifra esta que, aunque tiene carácter preliminar, nos devela la magnitud de un problema caracterizado por su frecuencia y siniestralidad.

Sólo en el Área Metropolitana de Caracas, por ejemplo, constatamos que al menos 1005 niños, niñas y adolescentes, fueron víctimas de lesiones o muerte por el uso de motos,  de los cuales 743 ocurrieron en el año 2013 y 262 en el primer trimestre del año 2014, siendo la mayoría de víctimas adolescentes (157 niñas y 353 niños) y un porcentaje menor resultaron ser niñas y niños entre 5 y 11 años de edad. Asimismo, casi la totalidad de los siniestros, reportan como víctimas a personas pertenecientes a los sectores populares de la población.    

Entre las recomendaciones preliminares que surgen de este trabajo de investigación destaca la necesidad de promover una campaña comunicacional a nivel nacional, que informe sobre las consecuencias de trasladar niños y niñas en motos; impulsar programas de concienciación en las escuelas y demás centros educativos sobre el uso de las motos y sus riesgos; desarrollar un sistema nacional de registro y atención que permita disponer de estadísticas sobre los casos atendidos y en fin, promover una cultura de protección y respeto a la integridad física y psíquica de nuestra niñez y adolescencia.

Gabriela del Mar Ramírez

Defensora del Pueblo