*JUAN MARTORANO.
Me
he identificado, además de militante revolucionario, como defensor
de la causa de los Derechos Humanos con visión crítica. Y una de
las cosas que tengo claro, como ciudadano, como abogado, que la
Revolución Judicial que esperábamos desde el mismo año 1999, aún
esta en mora.
Que
se me entienda bien, que la Revolución Judicial no haya llegado no
quiere decir que esté en contra o desmerite los logros, las
conquistas de la Revolución Bolivariana que inició Hugo Chávez. Se
han logrado cosas muy importantes, pero aún hay muchas cosas por
hacer.
Y no
nos llamemos a engaño. Buena parte del Ministerio Público y del
Poder Judicial venezolano, está infiltrado e infestado de gente
contrarrevolucionaria, que además de hacerle un daño terrible a
nuestra Revolución, tratan de manera inmisericorde a personas,
aprovechándose de su inexperiencia y desconocimiento de
procedimientos legales, y hasta de sus derechos, utilizan el aparato
del Estado, el aparato jurisdiccional para vejar, para afectar, para
humillar. Atentando contra lo más sagrado y la célula fundamental
de nuestra sociedad como lo es la familia.
La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 75, expresa lo siguiente:
“El
Estado protegerá a las familias como asociación natural de la
sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de
las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de
derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la
comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El
Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes
ejerzan la jefatura de la familia.”
Pues
bien, es en ese contexto, que me voy a referir a un caso, y como
éste, hay centenares de miles en el país. Obviamente, me reservo
los datos de las personas, y es el siguiente:
Desde
el pasado mes de marzo, mi madre y yo vivimos una situación injusta
e incómoda que no solo ha afectado nuestra salud física sino
mental. Mi madre, de 69 años de edad ha sido denunciada falsamente
de agresión por parte de la propietaria del inmueble que habitamos
desde hace 12 años. En su desespero por recuperar su inmueble
introdujo una denuncia ante el MP (Fiscalía Novena, Fiscal María
Perdomo) procesada por el Tribunal 29 de Control, Jueza Yeritza
Ramìrez y lamentablemente tanto la Juez como la Fiscal se han
prestado a mantener esta farsa con la firme intención de lograr la
desocupación de la vivienda. Desde el mes de marzo mi madre lleva
ocho meses presentándose en los Tribunales, como si se tratara de un
régimen de presentación y como una delincuente, pero lo más grave
es que la Fiscal no se ha presentado y ni siquiera el Tribunal le
solicita que acuda a las supuestas audiencias. La propietaria del
inmueble, la cual vive justo al lado de nosotras se encuentra en su
casa en los EEUU desde hace 5 meses. A la fecha no se ha realizado
una audiencia preliminar, únicamente la audiencia de imputación el
pasado mes de marzo, en la cual la Fiscal se dirigió a mi madre como
delincuente. Contamos con la asistencia penal de la Defensa Pública,
quienes no han logrado ningún resultado satisfactorio. El expediente
es un completo montaje hecho a la medida de la propietaria del
inmueble con una cantidad de irregularidades, de hecho, la Fiscal
solicita en el acto de imputación la desocupación del inmueble.
Todas las veces que hemos acudido mensualmente a los Tribunales nos
dicen que no se puede hacer audiencia porque no se encuentra la
Fiscal y la supuesta víctima no le otorgó un poder para que la
representara. En definitiva lo que queremos es que se imparta
justicia, que se sepa la verdad porque en definitiva el hecho de
dilatar el proceso es una complicidad entre la propietaria del
inmueble, la Fiscal y la Juez.
Mi
madre a partir de esta situación sufre de hipertensión y está
siendo controlada por un cardiólogo. Nos han hecho un gran daño
psicológico irreparable y en mi caso por todas las faltas que he
tenido al trabajo estoy en riesgo de perderlo.
Estamos
muy angustiadas y nos preguntamos como es posible que organismos del
Estado se presten a esta abominable injusticia y permitan que una
Juez Penal y una Fiscal tengan competencia en materia inquilinaria.”
Pues
bien, por razones obvias tuve que obviar como ya lo expresé, los
nombres de las afectadas, el número de expediente y otros elementos
de este caso. Pero como activista de Derechos Humanos, quiero hacer
el llamado de atención al Ministerio Público, al Poder Judicial y
más a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y a su
Tribunal Disciplinario, y a la Defensa Pública. Porque casos como
éste se repiten por centenares de miles en nuestro país. Y justicia
tardía no es justicia.
Y
ni hablar de lo dicho por la fiscal antes mencionada, la cual está
moralmente descalificada para seguir en este procedimiento, ya que se
identificó con la derecha, y me señalan que expresó: “Por culpa
del Gobierno de Hugo Chávez, me quitaron unas tierras, pero llegó
la hora de cobrar”, y entonces.
Bueno
es parte de una tarea pendiente que tenemos que hacer. Urge una
verdadera Revolución Judicial, y que realmente nuestro sistema de
justicia esté al alcance de todos, antes de que sea demasiado tarde,
y la decepción siga apoderándose de buena parte de nuestro pueblo y
se vuelva irreversible.
¡Bolívar
y Chávez Viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Hasta
la Victoria Siempre!
¡Sin
justicia nunca habrá paz!
¡Independencia
y Patria Socialista!
¡Viviremos
y Venceremos!
*
Abogado,
Activista por los Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la
Red Nacional de Tuiter@s Socialistas (RENTSOC).
www.juanmartorano.blogspot.com,
www.juanmartorano.wordpress.com,
jmartorano@openmailbox.org,
j_martorano@hotmail.com,
juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar,
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@juanmartorano
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