*Luisa Ortega Díaz.
Durante los días 10 y 11 de junio del presente año, el Ministerio Público de Venezuela y el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos, realizaron en Caracas una importante jornada de reflexión denominada “La lucha contra la impunidad como garantía de justicia y paz para los pueblos de Iberoamérica.”
Representantes de Chile, Nicaragua, Honduras, Guatemala, España y Venezuela, presentaron densas ponencias que permitieron a los participantes evaluar en profundidad las causas y consecuencias de la impunidad, resaltando la gran semejanza que existe en los países iberoamericanos en torno a dicho fenómeno.
Se disertó sobre los denominados “delitos de cuello blanco”, los cuales constituyen una franja muy amplia en la impunidad de Iberoamérica. Se observó que, generalmente, el poder económico no responde personalmente cuando éste lesiona bienes jurídicos sociales o particulares, con el agravante de que tal situación genera ilegitimidad del Estado al ejercer el poder punitivo contra los sectores sociales económicamente débiles. De allí que hubo consenso sobre la necesidad de consolidar políticas de persecución penal contra los mencionados delitos sin distinción.
También abundaron los argumentos en torno a las fallas del sistema penal y su incidencia en la impunidad, fundamentalmente las relacionadas con el retardo procesal. Se destacó que la acción tardía de los órganos del Estado encargados de la persecución penal dificultad la búsqueda de la verdad.
Otro aspecto que logró amplio consenso, es el relacionado con la necesidad de darle mayor aplicación a las medidas alternativas a la prosecución del proceso. Entre éstas están los acuerdos reparatorios que permiten el resarcimiento del daño que ha sufrido la víctima, medida que se aplica usualmente en aquellos delitos que afectan exclusivamente bienes patrimoniales, pero también pudiera ser usada en casos de delitos culposos. Asimismo, tenemos la suspensión condicional del proceso, mediante la cual se impone al imputado un régimen de prueba que incluye trabajos comunitarios.
Numerosos asuntos de igual importancia fueron tratados; sin embargo, sólo he querido llevar hasta los venezolanos la seguridad de que el Estado, desde el Ministerio Público, está haciendo un gran esfuerzo por derrotar la impunidad.
Representantes de Chile, Nicaragua, Honduras, Guatemala, España y Venezuela, presentaron densas ponencias que permitieron a los participantes evaluar en profundidad las causas y consecuencias de la impunidad, resaltando la gran semejanza que existe en los países iberoamericanos en torno a dicho fenómeno.
Se disertó sobre los denominados “delitos de cuello blanco”, los cuales constituyen una franja muy amplia en la impunidad de Iberoamérica. Se observó que, generalmente, el poder económico no responde personalmente cuando éste lesiona bienes jurídicos sociales o particulares, con el agravante de que tal situación genera ilegitimidad del Estado al ejercer el poder punitivo contra los sectores sociales económicamente débiles. De allí que hubo consenso sobre la necesidad de consolidar políticas de persecución penal contra los mencionados delitos sin distinción.
También abundaron los argumentos en torno a las fallas del sistema penal y su incidencia en la impunidad, fundamentalmente las relacionadas con el retardo procesal. Se destacó que la acción tardía de los órganos del Estado encargados de la persecución penal dificultad la búsqueda de la verdad.
Otro aspecto que logró amplio consenso, es el relacionado con la necesidad de darle mayor aplicación a las medidas alternativas a la prosecución del proceso. Entre éstas están los acuerdos reparatorios que permiten el resarcimiento del daño que ha sufrido la víctima, medida que se aplica usualmente en aquellos delitos que afectan exclusivamente bienes patrimoniales, pero también pudiera ser usada en casos de delitos culposos. Asimismo, tenemos la suspensión condicional del proceso, mediante la cual se impone al imputado un régimen de prueba que incluye trabajos comunitarios.
Numerosos asuntos de igual importancia fueron tratados; sin embargo, sólo he querido llevar hasta los venezolanos la seguridad de que el Estado, desde el Ministerio Público, está haciendo un gran esfuerzo por derrotar la impunidad.
*Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela.
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