"Criminalización del pueblo Mapuche"

Fanny Derrien.

La afirmación no es para tomarla a la ligera. Sobre todo cuando ella viene de un exilado político víctima de la dictadura chilena : “Falta mucho por hacer en Chile para el respeto de la democracia y los derechos de los Mapuches”, golpea Héctor Zavala, Presidente del Colectivo por los Derechos Humanos en Chile. Un análisis que encuentra un eco real después de la revuelta de los indígenas en la región del Amazona en Perú, país vecino. Los Mapuches quieren recuperar sus tierras ancestrales, hoy mayoritariamente en manos de empresas mineras y forestales (1). Hasta hoy, 50 militantes mapuches están encarcelados y quince otros en espera de un proceso, según las Asociaciones franco-chilenas. Reunidos el 29 de mayo en París para denunciar “la criminalización de la lucha del pueblo Mapuche”, los representantes de dichas Asociaciones trataron de interpelar a Michelle Bachelet, la jefe del Estado chileno en visita en Francia. En vano. “ Los pueblos indígenas y las personas que defendían sus derechos siguieron siendo víctimas de violaciones de derechos humanos” , observa el informe 2009 de Amnesty International. La región donde viven los Mapuches está completamente militarizada. “Existe una especie de frontera, entre los terrenos que pertenecen a las empresas forestales y las tierras de las comunidades indígenas, protegida por las fuerzas del orden”, testimonia Joffrey Rossi, un documentalista francés, co-realizador de la película Luchar para continuar a vivir. El 11 de abril de 2009, diez Mapuches fueron mantenidos en prisión en el marco de la ley antiterrorista. Herencia de la dictadura, esta ley triplica las penas de delitos graves. A pesar de las promesas hechas por Michelle Bachelet durante la campaña presidencial, la ley continúa en aplicación y crea un clima de miedo en el seno de las comunidades. Frente a las críticas expresadas por la Organización Mundial contra la tortura, la Presidenta replicó secamente : “En Chile, nadie está en prisión por razones políticas o étnicas, sino porque un delito ha sido cometido”. Desde 2008, la criminalización se aplica también a aquellos que se interesan a la resistencia indígena. Varios periodistas chilenos y europeos fueron detenidos y expulsados. Elena Varela López, a causa de un proyecto documental sobre la lucha Mapuche, podría ser condenada a quince años de prisión por “asociación ilícita para delinquir” y “vínculos con un grupo terrorista”. “Estas acusaciones son normalmente utilizadas para hacer creer que esta lucha es manipulada del exterior por extremistas”, comenta la Francesa Julia Gayout. “Fui interrogada sobre la naturaleza exacta de mi relación con el padre de mi hijo de origen mapuche, agrega ella, a causa de un libro sobre la ETA descubierto en mi domicilio durante un allanamiento”. La represión se agrava a medida que el movimiento se intensifica. “A partir de 1997, los Mapuches comenzaron a incendiar plantaciones forestales para recuperar sus tierras”, explica Fabien Le Bionec, investigador del EHESS ( Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales) . “Ellos pasaron de una demanda local de tierras a una demanda territorial. Tomaron conciencia del hecho que las leyes indígenas, implementadas después de la vuelta a la democracia, estaban desprovistas de sentido puesto que ellas no les permitían controlar lo que pasaba en sus territorios”. La lucha adquiere entonces una dimensión más política y los Mapuches comienzan a organizarse en el seno de coordinaciones. “Nosotros aspiramos a un régimen de autonomía en el seno de un Estado federal”, explica Aucán Huilcamán, un líder Mapuche. “Nosotros no nos consideramos chilenos”. Hasta 1881, los Mapuches pudieron defender sus territorios, principalmente contra los Españoles. Pero, después de la guerra de Arauco y de un siglo de colonización interna organizada por el Estado chileno(2), sus tierras hoy día son ocupadas y fragmentadas. « Fueron expropiados y despojados con la complicidad del Estado. Después de esto , la justicia llegó e hizo valer el derecho y el respeto de la propiedad privada de las grandes empresas », se indigna Joffrey Rossi. Al cristalizar las dificultades y las contradicciones del desarrollo chileno, el pueblo Mapuche se convirtió en una pesadilla del gobierno. Después de la elección de Michelle Bachelet en el 2006, los avances en el campo de los derechos humanos han sido bien modestos. El 15 de septiembre de 2008, Chile ratificó la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que otorga un reconocimiento institucional a los pueblos indígenas y un derecho de vigilancia extendido sobre sus tierras ancestrales. Pero este texto fundamental no suscita mucho entusiasmo. Para Julia Gayout, “esto es una estafa intelectual. La autonomía de los pueblos es reconocida pero ella no será jamás efectiva en los hechos sin voluntad política”. El Pacto social por la multiculturalidad, presentado por el poder, en abril de 2008, aparece sin contenido. « Esta política se inscribe en la estrategia tradicional del Estado chileno, que utiliza alternadamente la represión y la ayuda. Ella apunta sobre todo a silenciar las críticas internacionales y a calmar los líderes indígenas ». Este pacto proyecta inyectar más dinero en el organismo encargado de volver a comprar las tierras Mapuches a los actuales propietarios. Pero « las tierras propuestas a las familias están a veces muy alejadas de las comunidades de origen, lo que provoca su dislocación », advierte Fabien L e Bonniec. Chile ha sido una vez más criticado, a principios de mayo, durante « el examen periódico » en el Consejo de los derechos humanos de la ONU. Víctimas de racismo, de discriminaciones, algunos Mapuches llegan hasta renegar sus orígenes y cambian de apellido. “Es una lucha a muerte, si no llegan a reafirmar sus derechos van a perder todo lo que los define como Mapuche, analiza Joffrey Rossi. Ellos luchan por continuar a existir”.