Pueblos originarios: El milenario obstáculo para los intereses imperiales

Yamila Blanco

Pareciera ser que 500 años pasaron en vano y algunas personas nada aprendieron de la historia. Hoy, los pueblos originarios de nuestra América se ven una vez más amenazados por el imperio que no sólo pone en peligro sus recursos naturales sino también su existencia. Perú es actualmente el escenario de una nueva arremetida contra las comunidades ancestrales que habitan la Amazonía, hostigamiento que cuenta con la aceptación y participación del Gobierno del mandatario Alan García y sus fuerzas del orden. Pero tras lo que las empresas de desinformación privadas peruanas y del continente entero intentan mostrar como un “plan de desestabilización” por parte de los pueblos originarios, hay un macabro negocio con olor a neoliberalismo. Derechos ancestrales
El pasado nueve de abril más de 60 comunidades originarias que habitan la Amazonía peruana comenzaron una protesta para exigir la derogación de un paquete de nueve decretos dictados por el Ejecutivo. Según los indígenas, esas leyes no respetaban los derechos sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales y habían sido creados irrespetando tratados internacionales reconocidos en la Constitución.
Perú es una nación firmante de la Convención Internacional de los Derechos Humanos y del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), razón por la cual se compromete al respeto irrestricto de los derechos humanos, así como al derecho de consulta cuando se tiene que intervenir zonas habitadas por pueblos originarios. Pero los nueve decretos, entre los que se encuentran la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, fueron redactados sin consulta alguna a los indígenas.
En disconformidad con ellos, las comunidades realizaron cortes de rutas, tomas de refinerías petroleras y otras medidas de fuerza que obligaron al Gobierno a instalar, a mediados de mayo pasado, una mesa de diálogo con representantes de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), instancia que no ha dado respuesta a las demandas originarias. Las narices del imperio
El mismo 20 de mayo, día en que se firmó el decreto que daba nacimiento a la mesa de diálogo, la llamada nueva Ley Forestal fue declarada inconstitucional por una comisión parlamentaria por considerar que ponía en peligro el 60% de los bosques primarios del país, ya que les quita la denominación de patrimonio forestal para pasarlos al régimen agrario y por ser redactada sin consulta a los nativos.
Sin embargo, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, en declaraciones a la prensa, indicó que la norma no podía ser anulada y reconoció que la principal causa que impedía la derogación de las leyes en disputa era el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, acordado el 12 de abril de 2006.
El funcionario afirmó que eliminar el decreto legislativo 1090, también llamado Ley Forestal, implicaría el incumplimiento del llamado anexo forestal del TLC binacional, lo cual sería “sumamente grave”.
El Anexo Forestal de ese tratado indica que el Estado peruano tiene un plazo máximo de 18 meses para, entre otros puntos, imponer sanciones civiles y penales contra violación de la legislación sobre extracción y comercio forestal, establecer una cuota de exportación anual de caoba y mejorar la administración y manejo de concesiones forestales. En ese marco se redactó la Ley Forestal. Apartar lo que molesta
Por ese motivo los pueblo originarios peruanos continuaron con sus medidas de fuerza, que se hacían cada vez más concurridas, y obtuvieron el apoyo de la población campesina de la zona y de las comunidades indígenas de todo el continente. Las autoridades nacionales respondieron declarando la zona amazónica bajo estado de sitio y emergencia y el pasado 5 de junio el accionar represivo del Gobierno de Alan García llegó a su punto máximo.
Ese viernes, la policía masacró a más de 100 indígenas en la región norteña de Bagua, según las propias comunidades, cuando intentaba desalojar a los originarios que cortaban una ruta como parte de las protestas que ya superan los 50 días.Las voces internacionales de repudio a ese accionar desmedido de las autoridades peruanas se hicieron públicas.
Pueblos hermanos de todo el continente se solidarizaron con los miembros de la Aidesep, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la masacre y el Gobierno de Nicaragua le concedió asilo diplomático al principal dirigente indígena del país, Alberto Pizango, criminalizado y acusado de intento de sedición y conspiración por el Ejecutivo. La versión oficial
Más allá de la solidaridad demostrada por los pueblos hermanos y haciendo oídos sordos a las recomendaciones de instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA), la administración García continúa criminalizando a los originarios.
El propio mandatario, en declaraciones públicas referidas a la represión de Bagua, aseguró: “Esas personas no son ciudadanos de primera clase. ¿Que puedan decir 400 mil nativos a 28 millones de peruanos: 'ustedes no tiene derecho de venir por aquí'? ¡De ninguna manera! Ese es un error gravísimo. Quién piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”.
Además, el domingo pasado, el Ejecutivo nacional difundió un vídeo de propaganda donde se señalaban los supuestos beneficios de las leyes que los indígenas rechazan y atribuye a las comunidades originarias la responsabilidad de los hechos del 5 de junio.Así, las empresas de comunicación al servicio del imperio transmiten la versión oficial de los hechos, que habla solo de 47 muertos, en su mayoría policías, y culpan una y otra vez a los originarios de todo lo ocurrido.
De esa manera queda demostrado una vez más que el neoliberalismo ataca con sus únicas y antiguas armas: los medios de comunicación y el exterminio de todo lo que estorbe a sus intereses. Hoy, los pueblos originarios, como hace 500 años, vuelven a ser el blanco, pero esta vez la historia seguramente tendrá otro final.