Gabriela Ramírez: Liderazgo regional y derechos humanos.

*Gabriela Ramírez

Desde 1981, cuando nuestro país fue conmocionado con la masacre del barrio San Pablito en Mamera, no han cesado los casos de violencia policial y ajusticiamientos. En esa ocasión, el distinguido Argenis Ledezma, de la Policía Metropolitana, preso de los celos, decidió secuestrar y asesinar a tres jóvenes de su barrio bajo la convicción de que ellos pretendían robarle a su mujer. Pudiera pensarse que sólo un análisis antropológico tendría la capacidad de escrutar las causas que determinan que la cultura policial haya sido tan refractaria a todos los avances que en materia de derechos humanos hemos alcanzado: La esfera pública ha incorporado legislación garantista en la materia, a la par que ha derogado instrumentos oprobiosos como era el caso de la Ley de Vagos y Maleantes. No obstante, cerramos el año 2008 con suficientes elementos de convicción para admitir que debemos redoblar los esfuerzos tendentes a desterrar ese tipo de prácticas. Seis muertos y tres heridos en la localidad de Chabasquén, bajo la supuesta autoría de una inusitada comisión policial conformada por funcionarios regionales de distinto signo; ocho muertos, cuatro de ellos adolescentes en El Vigía, estado Mérida, abaleados desde un carro en marcha, presuntamente tripulado por policías. Estos hechos nos confrontan con códigos de actuación policial que desbordan las directrices meridianas y vanguardistas que en materia de derechos humanos hemos conquistado. Aún cuando las experticias han dado con los culpables en tiempo oportuno y existe un compromiso firme del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia en que los responsables paguen por sus crímenes, el rol que deben desempeñar los gobernantes electos en los niveles regional y municipal debe ser, definitivamente, mucho más firme. Encender las señales de alarma en cuanto se presente un incidente de esta naturaleza es indispensable, pues la situación estaría revelando la presencia de usos y costumbres violatorios de principios constitucionales en el seno del cuerpo policial en cuestión.
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Una orden de reestructuración debería ser una consecuencia obligada de sucesos con este signo. La demanda de justicia por parte del mandatario local y un compromiso firme con la sociedad de no desmayar hasta contar con un cuerpo policial honesto y eficiente deberían ser rasgos distintivos de nuestro liderazgo regional y municipal, pues sólo de esta manera estarían haciéndole honor a nuestra carta de navegación: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La erradicación de esas prácticas también debe encontrar asidero en el repudio social, reflejado no sólo en la opinión pública, sino también en quienes se encargan de promoverla. Los diarios larenses, por ejemplo, reseñaron la muerte de los hermanos Pérez Heredia bajo el titular "Atrapados en plena faena", refiriéndose a ellos como dos delincuentes menos; una semana más tarde, trascendió que presuntamente fueron torturados y ajusticiados por funcionarios policiales. Cuando el concierto de voces de la sociedad exige violencia para controlar la violencia, allana el camino para estimular y probablemente sobredimensionar el problema. Los pasos avanzados por el Ejecutivo nacional en materia de reforma policial serán poco menos que un peregrinaje si no nos sumamos todos los actores sociales para ayudar a edificar lo que tan extraordinariamente expone la norma y que retrata la construcción de una sociedad humanista.

*Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.Presidenta del Consejo Moral Republicano por el año 2009.