*JUAN
MARTORANO.
De acuerdo a nuestra Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, nuestro régimen socioeconómico debe fundamentarse en los
principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre
competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a
los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia
digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con
la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la
economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto
valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y
fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la
seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad,permanencia
y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa
distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica
democrática, participativa y de consulta abierta.
No es menos cierto también que en nuestro país, y también
establecido por nuestro Contrato Social, que todas las personas
pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su
preferencia, sin más limitaciones que las establecidas en nuestra
Constitución y las demás leyes establecidas en nuestro
ordenamiento jurídico, por razones de desarrollo humano, seguridad,
sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El
Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y
distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y
servicios que satisfagan las necesidades de la población, la
libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de
su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y
regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.
Igualmente, y por mandato constitucional, en nuestro país no se
permiten monopolios. Están declarados como contrarios a los
principios fundamentales de nuestra Constitución, cualquier acto,
actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan
por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por
sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o
aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare
en la realidad. También será contraria a dichos principios el abuso
de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de
ellos o de ellas o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o
haya adquirido en un determinado mercado de bienes y servicios, con
independencia de la causa determinante de tal posición de dominio,
así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los
casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren
necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del
monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas
concentradas, teniendo como finalidad la protección del público
consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de
condiciones efectivas de competencia en la economía.
También está consagrada en nuestra Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que el ilicito económico, la especulación,
el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos
conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley.
No obstante, el artículo 117 nos otorga el derecho de disponer de
bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada
y no engañosa sobre el contenido y características de los productos
y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato
equitativo y digno. Nuestras leyes deben establecer los mecanismos
necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de
calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de
defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños
ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de
estos derechos.
Asimismo, y en este orden de ideas, el artículo 305 constitucional
obliga al Estado a promover la agricultura sustentable como base
estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la
seguridad alimentaria de nuestra población; entendida ésta como la
disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito
nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del
público consumidor. La seguridad alimentaria debe alcanzarse
desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna,
entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola,
pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de
interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y
social de la Nación. Y es por ello, y a tales fines, que el Estado
dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación
de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles
estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones
en el marco de la economía nacional e internacional para compensar
las desventajas propias de la actividad agrícola.
Con estas consideraciones que hemos señalado, es importante destacar
, de acuerdo a nuestra óptica, que desde agosto del año 2012, se
pueden observar las primeras señales de las agresiones económica en
contra de nuestra Patria, aún estando con nosotros nuestro
Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez. Pensamos que, los
estrategas de la derecha nacional e internacional, estudiaron el
paro- sabotaje petrolero de 2002-2003 para determinar cualés fueron
sus fallas, y realizaron variantes. Es decir, y nos disculpan la
expresión, decidieron pasar a una fase superior para “joder al
pueblo”.
Recordemos que en el año 2002-2003, el “paro” era con “las
santamarías abajo”, ahora el “paro” es con las “santamarías
arriba”. Es decir, los establecimientos abiertos, pero “no hay
productos”.
Y es por ello, que en primer lugar el Comandante Chávez, y luego
Nicolás Maduro, han promulgado Leyes de Costos y Precios Justos. La
oposición venezolana ha señalado que estos instrumentos jurídicos
atentan en contra de la libertad de comercio de las venezolanas y los
venezolanos. Contra lo que sí atenta estos instrumentos jurídicos
es en contra de los que se creen que tienen el derecho de acaparar y
especular impunemente.
A
lo mejor, lo que más molesta a la oposición es que el alto costo de
la vida y la escasez de algunos alimentos y bienes, situación
generada en parte por ellos mismo, es uno de los filones que ellos
utilizan para matar la esperanza del pueblo venezolano. Así
mismo, muchos de ellos con la cultura política capitalista metida
hasta los tuétanos, quieren “acostarse pobres y levantarse ricos”,
a través de prácticas como el monopolio, acaparamiento,
especulación, usura y cartelización; que son precisamente las
prácticas perversas que combate la Ley de costos y precios justos,
ya que son esas las prácticas que en buena medida son responsables
de la inflación y del alto costo de la vida.
Teniendo
claro todo esto, la Ley de Costos y Precios Justos creó la
Superintencia de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDEE),
ente que sustituyó al INDEPABIS y a la SUNDECOP. Esta institución,
como todas y todos sabemos, es el regulador principal de las
disposiciones establecidas en las leyes y artículos antes citados. Y
dispone de un amplio conjunto de facultades.
También
no podemos perder de vista que, hace un par de meses, el Presidente
Nicolás Maduro creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano y
Seguro, que tiene como objetivo atender las necesidades de nuestro
pueblo y conducir las políticas públicas que reactiven la economía
nacional.
Esta
instancia es la encargada de impulsar el nuevo esquema productivo del
país y concentrará su trabajo en los motores agroalimentario,
farmacéutico e industrial de la Agenda Económica Bolivariana.
Por
ser esta también basada en una medida de guerra, producto de estas
agresiones económicas que actualmente vivimos, es que el Comando de
esta Gran Misión esta dirigido por el Presidente Maduro y el
General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa, y Jefe
del Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López.
Todas
las instituciones del Estado están a la orden y subordinación de
este Comando Nacional.
Y
ésta posee 7 vértices: Productivo, Logístico, comercialización,
sistema de precios, organización productiva, seguridad y defensa e
investigación y desarrollo.
Es
una gran operación para derrotar la Guerra No Convencional en su
expresión de Guerra Económica.
Incluye
acciones de resguardo, supervisión directa y seguimiento a la
producción y sistemas de distribución de los alimentos, medicinas y
productos básicos para garantizar que se haga de una manera
transparente, legal y ajustada a las necesidades de los venezolanos.
La
instancia atacará los siguientes problemas característicos de la
economía rentista: el acaparamiento; la especulación; el
contrabando; el bajo rendimiento productivo y el sistema distributivo
de los alimentos.
Las
acciones de resguardo y seguimiento se harán de acuerdo con lo
establecido en la Constitución, especialmente en los artículos 112,
114 y 115. Por lo tanto, se garantizará el derecho a la propiedad y
al libre ejercicio de la actividad económica.
Pero
por la envergadura de todo esto, en el marco de atender la coyuntura,
lo táctico, la cotidianidad, lo urgente, pero también sin
descuidar lo estructural, lo estratégico, y lo importante, y en el
marco de cumplir los mandatos constitucionales que hemos esbozado en
las líneas anteriores. Es que pensamos que la Gran Misión
Abastecimiento Soberano y Seguro debe tener una estructura propia, en
el marco de la línea política número uno lanzada el 1 de
septiembre por el Presidente Nicolás Maduro, y específicamente en
la sub línea referida al incremento de la eficiencia de la gestión
gubernamental.
Es
por ello, y ha sido uno de los elementos observados en la
implementación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro,
que se deben combatir los “atómos libres” que aún hay por ahí,
que no agarran líneas, que andan más bien de la pantalla y la mala
figuración, antes que cumplir los altos intereses y lineamientos que
se buscan cumplir con esta misión.
Y
como una de las estrategias en el marco dela Guerra Económica es
trabajar la línea del estallido social producto del desgaste y la
incapacidad de la burocracia para procesar las demandas sociales en
estos momentos de nuestro pueblo, a través de la manipulación del
factor emocional de nuestro pueblo; buscan hacer que la inflación
sea ingobernable; se incentiva el “desabastecimiento” que
conspire en contra de nuestra seguridad y soberanía alimentaria;
buscan que la inversión social, que los neoliberales denominan
“gasto público” resulte insuficiente ante las demandas sociales
crecientes; las crecientes violaciones a artículos de nuestra
Constitución y las leyes referidos a los derechos socioeconómicos
que hemos citado, pero sobre todo, buscan el colapso de la SUNDEE a
través de un acaparamiento y especulación que lo desborde, es que
nos permitimos hacer la siguiente propuesta.
Se
requiere un ente rector, apoyado en la estructura de la SUNDEE y la
Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, pero que tenga mayor
fortaleza administrativa, económica, financiera, con la supervisión
y orientación del Presidente o Presidenta de la República y de los
funcionarios o funcionarias que eśte o ésta designe, se cree el
Ministerio del Poder Popular para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos, que se dedique única y exclusivamente a la
definición de las políticas públicas referidas a la producción,
distribución y control de empresas en el marco de los derechos
socioeconómicos.
Esta
idea la sometemos a debate, y que puede ser enriquecida con los
aportes y el debate del Poder Popular.
Ahí
se la dejamos Presidente y pueblo todo de la República Bolivariana
de Venezuela.
¡Bolívar y Chávez
viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Hasta la Victoria
Siempre!
¡Independencia y
Patria Socialista!
¡Viviremos y
Venceremos!
*Abogado,Activista por los
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario