Los esfuerzos de la Cicig y el Ministerio Público requieren apoyo ciudadano.
Habría que ser muy ciego para
sorprenderse por los hallazgos que la dupla Cicig-MP han revelado
durante el tiempo transcurrido desde la revelación de los escándalos
protagonizados por Pérez y Baldetti. Aun cuando anteriormente no hubiera
evidencias concretas, la sospecha rondaba por el aire y abundaban los
comentarios sobre los abusos de la pareja presidencial y sus adláteres.
Ese conocimiento no oficial –o, por
decirlo de otro modo: las sospechas razonables- constituye motivo más
que suficiente para provocar una respuesta ciudadana rotunda,
categórica, poderosa, capaz de imponer un modo distinto de participación
política a través de la denuncia y el involucramiento.
La pasividad deja de tener lugar en el
escenario político cuando la estabilidad de una nación depende de
acciones correctivas en aquellas instancias que sostienen los pilares de
la democracia. Esto aplica muy especialmente cuando esa democracia ha
sido casi mortalmente herida por un sistema diseñado para garantizar la
impunidad de los carteles de la corrupción y, de forma paralela, la
incapacidad de respuesta de una ciudadanía amansada.
En medio de la tormenta desatada por
instituciones destacadas por su voluntad de imponer la depuración y
aplicar la justicia, llama la atención el incesante incremento de hechos
criminales en todos los rincones de Guatemala. La manera como se
cometen feminicidios y ataques contra niños y adolescentes, violaciones
sexuales, trata de personas, abuso contra niñas así como el nivel de
saña de los asesinatos y la elección aparentemente aleatoria de
víctimas, hablan de una estrategia específicamente diseñada para
intimidar imponiendo una política de terror típica de sectores
antidemocráticos.
Las capturas de corruptos y corruptores
constituye un enorme avance en la búsqueda de cambios sustanciales en
las estructuras de poder político y económico. Lo que falta es un
soporte institucional capaz de hacer de esa limpieza profunda una
política de Estado, a modo de consolidar una nueva forma de hacer las
cosas. La barrida de una administración todavía deja en el aire a los
corruptos y corruptores de las demás. Y aún faltan mecanismos capaces de
prevenir los actos ilícitos de presentes y futuros gobernantes.
Es ahí en donde la ciudadanía debe jugar
el papel que le corresponde, fiscalizando, denunciando y colocándose en
el lado positivo de la ecuación aunque ello le signifique perder ciertos
privilegios creados y sostenidos a propósito para burlar las leyes. En
síntesis, una ciudadanía cuya labor será rechazar y abandonar el sistema
corrupto actual para ayudar a construir uno transparente y apegado a la
ética.
En ese esfuerzo monumental no solo se
benefician las finanzas del Estado, también impacta con fuerza en la
construcción de una nueva manera de ejercer ciudadanía y de hacer
política. Una democracia fortalecida cierra naturalmente espacios a las
organizaciones criminales que actualmente se sostienen de las columnas
institucionales para florecer. Solo ese avance permitiría establecer
sistemas de protección para la vida de las personas, muy espacialmente
niños, niñas y mujeres quienes son actualmente las víctimas
propiciatorias de esas redes infames del crimen organizado.
La democracia no existe aún. Ese sueño
constituye una idea imposible de concretar mientras existan estructuras
criminales desde los despachos oficiales, amparadas por un concepto
viciado del quehacer político. Por eso es preciso construirla desde las
bases, aprovechando los espacios abiertos por la Cicig y el MP para
involucrarse y participar de esa nueva visión.
@carvasar
Blog de la autora: https://carolinavasquezaraya.com
Carolina Vásquez Araya elquintopatio@gmail.com
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