Gladys Seara.
Escritos por el Comandante Chávez
En el Plan de la Patria se establece la urgencia de cambiar el carácter rentista de la economía venezolana. Foto archivo.
Con la suposición de tener la capacidad para captar y emplear el ingreso nacionalen los objetivos socialistas, humanistas y naturalistas, el Plan de la Patria, Ley de la República, establece que el Estado debe ser diseñado de manera que dichos recursos apalanquen una nueva sociedad.
Dentro del Objetivo Nacional que responde al primer Gran Objetivo Histórico y que pretende garantizar el manejo soberano del ingreso nacional, se reafirma lacondición rentista de Venezuela y se esgrime el revertimiento de la misma.
El Plan de la Patria asegura que para garantizar el manejo soberano de los ingresos se hace necesario controlar la actividad petrolera mediante una política nacional, popular y revolucionaria:
“La política tiene que ser nacional, porque se trata de la administración de los recursos que son propiedad de todos los venezolanos, lo cual nos obliga a administrarlos para el beneficio de toda la Nación. Por intermedio de un manejo con visión nacional se pretende alcanzar el absoluto control de la actividad petrolera en el país, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual, de manera muy clara, expresa que es el Estado, como representante del interés colectivo de todos los venezolanos, el propietario de los recursos que se encuentran en nuestro subsuelo, y en el caso que nos ocupa, de los recursos de hidrocarburos de petróleo y gas. Esta política debe integrar al país en defensa de nuestra principal riqueza; es una política que sin lugar a dudas incumbe a todos los venezolanos, y no debería haber diferencias en torno a ella.
Por otra parte, el manejo de la actividad petrolera debe ser popular, porque tiene que estar orientada por los intereses populares y debe propiciar la participación de la clase obrera para lograr una máxima conexión con el pueblo. Para desarrollarla tenemos que descansar sobre los hombros del pueblo. El pueblo tiene que ser un actor fundamental en todos sus estamentos, no solamente por intermedio de la representación del Estado venezolano, sino por intermedio de sus trabajadores y comunidades.
Por último, nuestra política petrolera debe ser revolucionaria, lo cual tiene que ver con quién captura la renta petrolera, el cómo se capta y cómo se distribuye. No cabe duda que debe ser el Estado quien controle y capture la renta petrolera, con base en mecanismos que maximicen su valor, para distribuirla en beneficio del pueblo, procurando el desarrollo social integral del país, en condiciones más justas y equitativas. Este es el elemento que nos diferencia de cualquier otra política petrolera.
Para garantizar una política nacional, popular y revolucionaria, entonces, debemos poner la renta petrolera al servicio del pueblo. Esto significa, que quien captura y controla la renta petrolera debe ser el Estado. Así mismo, para maximizar esa renta el Estado debe procurar una política soberana que incluya el control sobre la base de recursos y su máxima valorización como un requisito fundamental para garantizar una justa recaudación. Luego, se debe garantizar que la renta petrolera se destine a los proyectos, planes y programas que garanticen el desarrollo social integral del país bajo la orientación del Gobierno Nacional Bolivariano y Revolucionario, alineado con los planes de desarrollo de la Nación”, Plan de la Patria 2013-2019.
A continuación, conozca los Objetivos estratégicos y generales del Objetivo Nacional que busca el manejo soberano del ingreso nacional:
Objetivos estratégicos y objetivos generales:
1.3.1. Mantenimiento y fortalecimiento del actual régimen fiscal Petrolero. Que contempló muchos cambios positivos a lo existente en 1998, se observa en el siguiente cuadro:
Impuesto
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Régimen Fiscal
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1998
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ACTUAL
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ISLR
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34%
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50%
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Regalía
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1% – 16,67%
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30%
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Impuesto de Extracción
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0%
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3,33%
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Impuesto de Registro de Exportación
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0%
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0,1%
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Impuesto Superficial
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0%
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100 UT x Km2 %
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1.3.2. Mantener y fortalecer mecanismos eficaces de captación de la renta excedentaria, por incrementos extraordinarios y exorbitantes de los precios internacionales de los hidrocarburos.
1.3.3. Establecer y desarrollar un régimen fiscal minero, así como mecanismos de captación eficientes para la recaudación de la renta por la actividad minera.
1.3.3.1. Regularizar y controlar la producción de minerales estratégicos.
1.3.3.2. Fortalecer el régimen de recaudación y fiscalización.
1.3.3.3. Reordenar y establecer las tasas de regalía aplicables a la liquidación de los distintos minerales.
1.3.3.4. Revisar y regularizar los convenios de regalía específicos para cada uno de los minerales estratégicos.
1.3.4. Establecer mecanismos de control sobre la comercialización de los minerales estratégicos.
1.3.4.1 Crear entes estatales para la comercialización de los minerales estratégicos.
1.3.4.2 Establecer mecanismos transparentes para la valorización de los minerales estratégicos.
1.3.5. Fortalecimiento y profundización de acuerdos financieros con socios estratégicos.
1.3.5.1. Mantener y ampliar el Fondo Conjunto Chino – Venezolano. El Fondo Conjunto Chino – Venezolano, ha resultado en un extraordinario mecanismo de financiamiento para el Estado venezolano, ya que es una estructura de cooperación bilateral, suscrita entre los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, mediante el cual se reciben importantes recursos financieros, que luego son cancelados a través del suministro de crudos y productos.
Esta herramienta le ha servido al país para afianzar una nueva geopolítica, basada en la diversificación de mercados. A su vez, este mecanismo permite la asignación de recursos dirigidos directamente al desarrollo del país, para la ejecución de obras de infraestructura de interés nacional, el impulso de la pequeña y mediana industria, y para el fortalecimiento de las cadenas de producción y la infraestructura de apoyo para el crecimiento económico.
Este Fondo Conjunto se ha estructurado financieramente con condiciones altamente beneficiosas para el país, en comparación con la realidad de los mercados financieros internacionales, maximizando el uso del recurso energético y logrando el equilibrio de los costos financieros.
Al cierre del año 2011, la República ha recibido un total de 32.000 MM$, a través de este mecanismo, con los que se han desarrollado y desarrollan:
- Proyectos de infraestructura, tales como trenes, autopistas, puertos marítimos y redes de telecomunicación;
- Proyectos de desarrollo social, tales como viviendas, hospitales y centros de atención médica;
- Proyectos de desarrollo energético, tales como refinerías, plantas de procesamiento de gas natural, líneas de tuberías para petróleo y gas natural, plantas de procesamiento de gas licuado, proyectos de extracción, transporte y comercialización de carbón;
- Proyectos de transporte de crudo y productos secundarios y de construcción de tanques;
- Proyectos de integración industrial, tales como construcción de buques comerciales, empresas relacionadas con gas natural, fabricación de fertilizantes, manufactura de productos químicos;
- Proyectos para la industria del automóvil;
- Proyectos agroindustriales, empresas para ensamblaje de productos de alta tecnología, empresas proveedoras de servicios para la industria petrolera, manufactura de acero y aluminio y compañías mineras.
Esta política del Gobierno Bolivariano, ha permitido independizarnos de organismos financieros multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con esta iniciativa, se ha recuperado la autonomía económica, la flexibilidad en las negociaciones y la soberanía nacional para poder concretar alianzas con otras fuentes no tradicionales de financiamiento.
1.3.5.2. Promover la creación de mecanismos de financiamiento, similares al Fondo Conjunto Chino-Venezolano.
1.3.5.3. Promover la constitución de fideicomisos para el financiamiento de proyectos de infraestructura.
1.3.6. Mantener y consolidar los convenios de cooperación y complementariedad con países aliados.
1.3.6.1. Fortalecer y ampliar los Convenios de Cooperación Energética (CCE).
Los CCE surgen como una propuesta del Gobierno Bolivariano para materializar la unión energética de los pueblos, como un habilitador geopolítico que permita utilizar los recursos energéticos para motorizar el establecimiento de relaciones más justas, solidarias y eficientes en la lucha contra la pobreza, reduciendo las asimetrías económicas y sociales.
Los CCE acogen los principios de integración energética, solidaridad, complementariedad, comercio justo, fomento de las inversiones en América latina, trato especial y diferenciado a las naciones según sus capacidades.
Estas iniciativas comparten el propósito histórico y fundamental de unir las capacidades y fortalezas de los países que lo integran, para la definición conjunta de grandes líneas de acción política común entre Estados que comparten una misma visión del ejercicio de la soberanía, desarrollando cada uno su propia identidad.
Entre los principales acuerdos energéticos, se encuentran: Argentina, Uruguay, Nicaragua y Cuba, los cuales han servido para recibir como mecanismo de pago de la factura petrolera, bienes y servicios necesarios para el desarrollo social integral del país., tales como: productos agrícolas, máquinas, plantas eléctricas, servicios de salud, equipos médicos y otros.
1.3.6.2. Fortalecimiento de acuerdos en el marco de PetroCaribe.
El acuerdo de cooperación energética PetroCaribe, fue suscrito con 14 naciones de la región del Caribe con la finalidad de resolver las asimetrías en los accesos a los recursos energéticos por la vía de un nuevo esquema de intercambio comercial favorable, equitativo y justo entre los países de la región caribeña.
PetroCaribe está concebido como una alianza capaz de asegurar la coordinación y articulación de las políticas de energía, cooperación tecnológica, capacitación, desarrollo de infraestructura energética, así como el aprovechamiento de fuentes alternas. Su objetivo fundamental es contribuir a la seguridad energética, al desarrollo socioeconómico y a la integración de los países del Caribe y Centroamérica, mediante el empleo soberano de los recursos energéticos.
Al cierre del año 2011 este importante mecanismo de integración y cooperación cuenta con 18 naciones signatarias.
1.3.6.3. Fortalecimiento de la ALBA.
1.3.7 .Diseñar y establecer mecanismos novedosos y efectivos, orientados a promover la participación popular en la renta petrolera, mediante la inversión y el ahorro.
1.3.7.1. Fortalecer y ampliar los novedosos mecanismos de ahorro para la población venezolana, tales como el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y el Fondo de Ahorro Popular.
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