Víctor Alvarez.
Publicado originalmente el 7-8-2013 en el blog del autor. Lo re-publicamos, dada la relevancia del tema actualmente.
El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado Ricardo Sanguino, anunció el pasado mes de agosto que presentará una propuesta de reforma fiscal para aumentar la recaudación de impuestos, lo cual nos lleva a reflexionar sobre las gratuidades y subsidios indebidos que ejercen una fuerte presión sobre el déficit fiscal y, por lo tanto, deberían ser revisados y rectificados con el fin de evolucionar de la actual cultura rentista hacia una nueva cultura tributaria.
Cuando se destinan cuantiosos recursos públicos para subsidios indirectos que benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva porque los que más tienen no necesitan que se les subsidie nada. El subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen pero, en realidad, profundiza una distribución regresiva del ingreso que beneficia sobre todo a los que más tienen y muy poco a los más humildes. Las gratuidades indebidas -como la eliminación de los peajes-, y los subsidios perversos -como el de la gasolina-, agravan la distribución regresiva del ingreso, toda vez que las clases de mayores recursos, que tienen la capacidad económica para comprar varios vehículos, son las que realmente se benefician.
Mientras en Venezuela llenar un tanque de 60 litros cuesta un dólar, en la mayoría de los países cuesta 60. Si se va a la estación de servicio una vez a la semana, esto significa un subsidio por vehículo de $ 3.000 al año. Si se sincera el precio de la gasolina, cada año se obtendrían cerca $ 7.500 millones en ingresos adicionales, los cuales bien pudieran ser invertidos en modernizar y ampliar el sistema de transporte público. Esto si sería una verdadera medida de justicia redistributiva, toda vez que el pago de los impuestos indirectos que forman parte del precio de la gasolina lo harían quienes más tienen, aportando ingresos fiscales adicionales para ser invertidos en la ampliación y modernización de la flota de transporte público, la cual es utilizada justamente por las personas de menores recursos que no tienen como adquirir un vehículo.
Si queremos superar la cultura rentista, que celebra la eliminación de los peajes, el subsidio a la gasolina, al gas, a la electricidad, al agua y siempre espera que todo lo pague el petróleo, debemos evolucionar hacia una nueva cultura tributaria y estar conscientes de la necesidad de transformar esos subsidios indirectos en impuestos. Como una retribución a los contribuyentes que pagarían un mayor precio por la gasolina, un monto significativo de los ingresos adicionales se debería destinar a mejorar la infraestructura vial que utilizan y así evitar accidentes y daños mecánicos a sus automóviles.
Para mantener en buen estado la infraestructura vial, los impuestos indirectos a la gasolina deberían ser mayores en las grandes ciudades, así como en las estaciones de servicio que están a lo largo de las carreteras y autopistas. De esta forma, en el costo del combustible que consumen los vehículos estaría incluida la contribución que cada quien hace para beneficiarse de una infraestructura vial bien pavimentada y con adecuada iluminación, señalización, auxilio vial, etc.
Cuando se destinan cuantiosos recursos públicos para subsidios indirectos que benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva porque los que más tienen no necesitan que se les subsidie nada. El subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen pero, en realidad, profundiza una distribución regresiva del ingreso que beneficia sobre todo a los que más tienen y muy poco a los más humildes. Las gratuidades indebidas -como la eliminación de los peajes-, y los subsidios perversos -como el de la gasolina-, agravan la distribución regresiva del ingreso, toda vez que las clases de mayores recursos, que tienen la capacidad económica para comprar varios vehículos, son las que realmente se benefician.
Mientras en Venezuela llenar un tanque de 60 litros cuesta un dólar, en la mayoría de los países cuesta 60. Si se va a la estación de servicio una vez a la semana, esto significa un subsidio por vehículo de $ 3.000 al año. Si se sincera el precio de la gasolina, cada año se obtendrían cerca $ 7.500 millones en ingresos adicionales, los cuales bien pudieran ser invertidos en modernizar y ampliar el sistema de transporte público. Esto si sería una verdadera medida de justicia redistributiva, toda vez que el pago de los impuestos indirectos que forman parte del precio de la gasolina lo harían quienes más tienen, aportando ingresos fiscales adicionales para ser invertidos en la ampliación y modernización de la flota de transporte público, la cual es utilizada justamente por las personas de menores recursos que no tienen como adquirir un vehículo.
Si queremos superar la cultura rentista, que celebra la eliminación de los peajes, el subsidio a la gasolina, al gas, a la electricidad, al agua y siempre espera que todo lo pague el petróleo, debemos evolucionar hacia una nueva cultura tributaria y estar conscientes de la necesidad de transformar esos subsidios indirectos en impuestos. Como una retribución a los contribuyentes que pagarían un mayor precio por la gasolina, un monto significativo de los ingresos adicionales se debería destinar a mejorar la infraestructura vial que utilizan y así evitar accidentes y daños mecánicos a sus automóviles.
Para mantener en buen estado la infraestructura vial, los impuestos indirectos a la gasolina deberían ser mayores en las grandes ciudades, así como en las estaciones de servicio que están a lo largo de las carreteras y autopistas. De esta forma, en el costo del combustible que consumen los vehículos estaría incluida la contribución que cada quien hace para beneficiarse de una infraestructura vial bien pavimentada y con adecuada iluminación, señalización, auxilio vial, etc.
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