YOLANDA JAIMES
Demostración del interés mundial por el respeto a los derechos humanos de la mujer lo constituye el hecho histórico de que 186 Estados han suscrito la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Venezuela no escapa de esa situación.
Demostración del interés mundial por el respeto a los derechos humanos de la mujer lo constituye el hecho histórico de que 186 Estados han suscrito la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Venezuela no escapa de esa situación.
Ello nos obliga a ser transparentes cuando informamos a la opinión pública del avance que en nuestro país ha alcanzado la justicia de género. Y hacerlo sin mezquindades ni reservas porque se deben conocer las instancias que existen para atenuar la violencia que la mujer padece. Recordar que funcionan en el territorio nacional 50 tribunales especializados con equipos interdisciplinarios que atienden únicamente delitos de género y además se crearon sus circuitos judiciales.
También se anuncian proyectos para nuevos tribunales en regiones apartadas y conflictivas como Santa Elena de Uairén, donde tales delitos han superado los de robo de vehículos que antes ocupaban el primer lugar, allí son múltiples las denuncias por violaciones a los derechos de las mujeres a quienes se maltrata físicamente y con frecuencia sus hijas son vendidas por sus padres a cambio de una caja de cerveza. Sus sembradíos son destruidos por los maltratadores. La Fundación Mujeres del Agua ha denunciado esas atrocidades.
Hoy existe la Red Justicia-Mujer, que difunde el trabajo de las instituciones públicas para coadyuvar en la atención a las víctimas de violencia. Una Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial diseña las políticas judiciales en esa jurisdicción, realiza conversatorios con sus jueces y juezas y organiza eventos de igual importancia como el reciente: "Valoración de la mujer en el medio social", con notables expositoras y exitosos comentarios.
La sociedad venezolana tiene derecho a la información acerca de estos avances que responden a compromisos internacionales y a la promesa de apoyar el proceso de emancipación de la mujer en este momento de la patria. El Informe de Gestión de la más alta instancia judicial del país presentado en enero, quedó deslucido e incompleto al haberse omitido tan significativos logros.
Ello nos obliga a ser transparentes cuando informamos a la opinión pública del avance que en nuestro país ha alcanzado la justicia de género. Y hacerlo sin mezquindades ni reservas porque se deben conocer las instancias que existen para atenuar la violencia que la mujer padece. Recordar que funcionan en el territorio nacional 50 tribunales especializados con equipos interdisciplinarios que atienden únicamente delitos de género y además se crearon sus circuitos judiciales.
También se anuncian proyectos para nuevos tribunales en regiones apartadas y conflictivas como Santa Elena de Uairén, donde tales delitos han superado los de robo de vehículos que antes ocupaban el primer lugar, allí son múltiples las denuncias por violaciones a los derechos de las mujeres a quienes se maltrata físicamente y con frecuencia sus hijas son vendidas por sus padres a cambio de una caja de cerveza. Sus sembradíos son destruidos por los maltratadores. La Fundación Mujeres del Agua ha denunciado esas atrocidades.
Hoy existe la Red Justicia-Mujer, que difunde el trabajo de las instituciones públicas para coadyuvar en la atención a las víctimas de violencia. Una Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial diseña las políticas judiciales en esa jurisdicción, realiza conversatorios con sus jueces y juezas y organiza eventos de igual importancia como el reciente: "Valoración de la mujer en el medio social", con notables expositoras y exitosos comentarios.
La sociedad venezolana tiene derecho a la información acerca de estos avances que responden a compromisos internacionales y a la promesa de apoyar el proceso de emancipación de la mujer en este momento de la patria. El Informe de Gestión de la más alta instancia judicial del país presentado en enero, quedó deslucido e incompleto al haberse omitido tan significativos logros.
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