AMY GOODMAN
Todas las miradas se centran esta semana en Iowa, donde el variopinto grupo de precandidatos republicanos a la presidencia se pasea por ese estado agrícola en procura de la victoria, o al menos de conseguir un buen arranque, en la campaña por la elección del candidato presidencial de ese partido. Sin embargo, detrás del telón, los republicanos están librando una batalla, no entre ellos, sino contra los votantes estadounidenses. A lo largo y a lo ancho del país, los parlamentos estatales y los gobernadores están presionando para conseguir la aprobación de leyes que procuran restringir el acceso a las urnas, leyes que perjudicarán de forma desproporcionada a las personas de color y de bajos ingresos y a los votantes jóvenes y ancianos.
La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP), y el Fondo para la Defensa Legal y la Educación de la NAACP publicaron un exhaustivo informe sobre la crisis, que se titula: "En defensa de la democracia: acabemos con las barreras del siglo XXI para votar en Estados Unidos." El informe dice: “La campaña actual de limitación del derecho al voto se centra en una ola de requerimientos restrictivos que exigen la presentación de un documento de identificación con fotografía emitido por el gobierno. En un esfuerzo coordinado, los legisladores de treinta y cuatro estados presentaron proyectos de ley que imponen dichos requerimientos. Muchos de estos proyectos de ley toman como modelo leyes redactadas por el Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo (ALEC), un grupo conservador cuyo fundador explica: ‘Nuestra incidencia en las elecciones se incrementa significativamente cuando la población de votantes se reduce.’”
Es interesante que la derecha, opositora de larga data de la exigencia de presentar una tarjeta de identificación de validez nacional, esté ahora completamente dispuesta a imponer requisitos de identificación con fotografía a nivel estatal. ¿Por qué será? Ben Jealous, presidente de la NAACP, afirma: “En realidad esto es una solución a un problema que no existe. El Departamento de Justicia detectó nueve casos de suplantación de votantes. George Bush pasó cinco años examinando millones de votos y detectó 86 casos, u 82 casos, en un período de cinco años. El estado de Nuevo México llevó a cabo una investigación del mismo tipo que le costó un millón de dólares y detectó el caso de dos personas. Como habrán visto, si hay 86 casos en cinco años, nueve en un año o dos en un estado, tenemos fiscales que pueden ocuparse del tema. Lo que en verdad debemos preguntarnos es cuál será el impacto de estas leyes. No van a hacer que el voto sea más seguro. Lo que van a hacer es imponer la primera barrera financiera entre la gente y las urnas desde que nos libramos del impuesto al sufragio.”
No hay que buscar mucho para encontrar gente afectada por esta nueva ola de leyes de depuración de votantes. Darwin Spinks, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 86 años de edad oriundo de Murfreesboro, Tennessee, concurrió al Departamento de Vehículos Automotores para obtener una identificación con fotografía con el objetivo de votar, dado que a los conductores mayores de 60 años se les emiten licencias de conducir sin fotografía. Luego de esperar y hacer dos filas, se le informó que debía abonar ocho dólares. Exigir a un votante que pague para poder votar es inconstitucional desde la derogación del impuesto al sufragio en 1964. En Nashville, Thelma Mitchell, de 93 años de edad, tiene una tarjeta de identificación emitida por el estado, la que utilizó como empleada de limpieza del Capitolio estatal durante más de 30 años. La identificación le permitió ingresar a la oficina del gobernador durante décadas, pero ahora se le informó que no es suficiente para poder votar. Ella y su familia evalúan la posibilidad de presentar una demanda, todo lo cual representa un desafortunado incidente para una mujer que tiene más edad que el derecho al voto para las mujeres en este país.
No son sólo las personas de edad avanzada quienes ven afectado su derecho. El Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York incluye entre la legislación que vulnera el derecho al voto a “los proyectos de ley que hacen que el registro para votar sea extremadamente difícil y arriesgado para los grupos de voluntarios, los proyectos que exigen a los votantes presentar documentos específicos de identificación con fotografía o de ciudadanía… los proyectos que impiden la votación anticipada o en ausencia, los que dificultan a los estudiantes y miembros activos en servicio del ejército registrarse para votar localmente y otros.”
Recientemente, el Fiscal General Eric Holder realizó declaraciones respecto a esta alarmante tendencia. Holder señaló: “Nuestro esfuerzo hace honor a las generaciones de estadounidenses que corrieron riesgos extraordinarios y que se enfrentaron valientemente al odio, a los prejuicios y a la ignorancia, así como a las cachiporras y a los chorros de agua, a las balas y a las bombas, para estar seguros de que sus hijos, y todos los ciudadanos estadounidenses, tendrían la oportunidad de participar en la labor de gobierno. El derecho al voto no sólo es una piedra angular de nuestro sistema de gobierno, es el sustento de nuestra democracia.”
Justamente esta semana, el Departamento de Justicia bloqueó una nueva ley de Carolina del Sur que exige a los votantes presentar identificación con fotografía en las mesas de votación, alegando que los datos presentados por Carolina del Sur mostraban que los votantes pertenecientes a las minorías tenían 20 por ciento más de probabilidades de no obtener una adecuada identificación con fotografía, exigida en los centros de votación.
Según cifras estimativas, la población total que podría perder su posibilidad de votar a causa de esta ola de leyes supera los 5 millones de votantes, la mayoría de los cuales se prevé votarían al Partido Demócrata. Los esfuerzos para desalentar la participación de los votantes no provienen de un verdadero movimiento de base, sino que son financiados por personas como los multimillonarios hermanos Koch, David y Charles. Este es el motivo por el que miles de personas, encabezadas por la NAACP, marcharon hace dos semanas desde la sede de Industrias Koch en Nueva York hacia el edificio de Naciones Unidas, donde se realizó una concentración por el derecho al voto en Estados Unidos.
Más allá de la gran atención que recibió en los medios la elección primaria en Iowa, es probable que los resultados de las elecciones reales de 2012 giren más en torno a la contienda entre multimillonarios que financian la política, como los hermanos Koch, y las miles de personas que exigen en las calles “una persona, un voto”.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2011 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 650 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 350 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Es interesante que la derecha, opositora de larga data de la exigencia de presentar una tarjeta de identificación de validez nacional, esté ahora completamente dispuesta a imponer requisitos de identificación con fotografía a nivel estatal. ¿Por qué será? Ben Jealous, presidente de la NAACP, afirma: “En realidad esto es una solución a un problema que no existe. El Departamento de Justicia detectó nueve casos de suplantación de votantes. George Bush pasó cinco años examinando millones de votos y detectó 86 casos, u 82 casos, en un período de cinco años. El estado de Nuevo México llevó a cabo una investigación del mismo tipo que le costó un millón de dólares y detectó el caso de dos personas. Como habrán visto, si hay 86 casos en cinco años, nueve en un año o dos en un estado, tenemos fiscales que pueden ocuparse del tema. Lo que en verdad debemos preguntarnos es cuál será el impacto de estas leyes. No van a hacer que el voto sea más seguro. Lo que van a hacer es imponer la primera barrera financiera entre la gente y las urnas desde que nos libramos del impuesto al sufragio.”
No hay que buscar mucho para encontrar gente afectada por esta nueva ola de leyes de depuración de votantes. Darwin Spinks, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 86 años de edad oriundo de Murfreesboro, Tennessee, concurrió al Departamento de Vehículos Automotores para obtener una identificación con fotografía con el objetivo de votar, dado que a los conductores mayores de 60 años se les emiten licencias de conducir sin fotografía. Luego de esperar y hacer dos filas, se le informó que debía abonar ocho dólares. Exigir a un votante que pague para poder votar es inconstitucional desde la derogación del impuesto al sufragio en 1964. En Nashville, Thelma Mitchell, de 93 años de edad, tiene una tarjeta de identificación emitida por el estado, la que utilizó como empleada de limpieza del Capitolio estatal durante más de 30 años. La identificación le permitió ingresar a la oficina del gobernador durante décadas, pero ahora se le informó que no es suficiente para poder votar. Ella y su familia evalúan la posibilidad de presentar una demanda, todo lo cual representa un desafortunado incidente para una mujer que tiene más edad que el derecho al voto para las mujeres en este país.
No son sólo las personas de edad avanzada quienes ven afectado su derecho. El Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York incluye entre la legislación que vulnera el derecho al voto a “los proyectos de ley que hacen que el registro para votar sea extremadamente difícil y arriesgado para los grupos de voluntarios, los proyectos que exigen a los votantes presentar documentos específicos de identificación con fotografía o de ciudadanía… los proyectos que impiden la votación anticipada o en ausencia, los que dificultan a los estudiantes y miembros activos en servicio del ejército registrarse para votar localmente y otros.”
Recientemente, el Fiscal General Eric Holder realizó declaraciones respecto a esta alarmante tendencia. Holder señaló: “Nuestro esfuerzo hace honor a las generaciones de estadounidenses que corrieron riesgos extraordinarios y que se enfrentaron valientemente al odio, a los prejuicios y a la ignorancia, así como a las cachiporras y a los chorros de agua, a las balas y a las bombas, para estar seguros de que sus hijos, y todos los ciudadanos estadounidenses, tendrían la oportunidad de participar en la labor de gobierno. El derecho al voto no sólo es una piedra angular de nuestro sistema de gobierno, es el sustento de nuestra democracia.”
Justamente esta semana, el Departamento de Justicia bloqueó una nueva ley de Carolina del Sur que exige a los votantes presentar identificación con fotografía en las mesas de votación, alegando que los datos presentados por Carolina del Sur mostraban que los votantes pertenecientes a las minorías tenían 20 por ciento más de probabilidades de no obtener una adecuada identificación con fotografía, exigida en los centros de votación.
Según cifras estimativas, la población total que podría perder su posibilidad de votar a causa de esta ola de leyes supera los 5 millones de votantes, la mayoría de los cuales se prevé votarían al Partido Demócrata. Los esfuerzos para desalentar la participación de los votantes no provienen de un verdadero movimiento de base, sino que son financiados por personas como los multimillonarios hermanos Koch, David y Charles. Este es el motivo por el que miles de personas, encabezadas por la NAACP, marcharon hace dos semanas desde la sede de Industrias Koch en Nueva York hacia el edificio de Naciones Unidas, donde se realizó una concentración por el derecho al voto en Estados Unidos.
Más allá de la gran atención que recibió en los medios la elección primaria en Iowa, es probable que los resultados de las elecciones reales de 2012 giren más en torno a la contienda entre multimillonarios que financian la política, como los hermanos Koch, y las miles de personas que exigen en las calles “una persona, un voto”.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2011 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 650 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 350 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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