La guerra por el petróleo

Escrito por María Alejandra Díaz Marín

El petróleo es la sangre de nuestra civilización. Sin él los motores se paran, se agotan las grasas y aceites, el caucho sintético, plexiglás, abonos, insecticidas y casi 300.000 productos obtenidos de él. No habría defensa nacional posible, ni trabajo tampoco. (Bergier y Thomas)

El dominio del suelo nos hace titulares, dueños de los recursos y renta, con señorío sobre dichos bienes. Liberales anglosionistas niegan al Estado el privilegio sobre la propiedad nacional, cuestionando la renta pública pero encubriendo la ganancia y explotación capitalista de los monopolios financieros.

Satanizan el dominio público, pues según ellos la condición de terratenientes del suelo “gustan de cosechar donde nunca sembraron” (A. Smith), desconociendo el aspecto geopolítico y ventaja comparativa que nos otorga ser dueños de recursos apetecidos por los mercados internacionales.

 Alegan que el tránsito de la Venezuela Petrolera a la post-petrolera, obliga a drásticos cambios políticos, económicos y sociales, un reseteo, con la excusa de que la renta petrolera ha permitido soluciones fáciles a los conflictos distribucionistas, ahogando iniciativas privadas. Una trama de manipulación escudándose en el credo de la renta decreciente que repercute sobre la estructura económica existente, que sólo puede ser compensada por productivismo nacional. (Baptista)

Nos debatimos entre la imposición del sistema mundo del polo corporativo y el derecho de propiedad de las Repúblicas soberanas que defienden el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en función de la independencia, soberanía y  autodeterminación.

Nuestro enemigo es la voracidad privatizadora de las transnacionales que desean imponernos la máxima Cuis est solum ies est usque coelum et ad ínferos… el que posee una tierra posee todo lo que queda por encima y por debajo de ésta hasta el cielo y el infierno (Francesco Accursius), piedra angular de la pulsión privatizadora (res privada) en beneficio de una élite, frente al derecho de la República de ejercer el dominio del suelo y recursos para el bien común (la res pública) su inajenabilidad y con ello garantizar el cumplimiento de los fines del Estado democrático, Social de Derecho y de Justicia.