¿Dolarización?

Luis Britto García

Se sabe que en Venezuela 97,5% de las divisas proviene de exportaciones del Estado, única entidad competente para ejercer la industria petrolera; que el gran y casi único negocio de la burguesía parasitaria es que el Estado le aporte ese ingreso, al extremo de que sólo entre 2003 y 2014 fueron transferidos 329.756 millones de dólares del Tesoro Público a un sector privado cuyas exportaciones no aportan más del 2,5% de las divisas que nos ingresan.
Para combatir esa situación, sancionó Chávez el Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, que disponía cuáles órganos del Estado podían vender divisas a los particulares, para qué, a qué precio, con cuáles trámites, y las sanciones por infracción.
Esa restricción fue siempre considerada fundamental. “Ni un dólar más para los golpistas”, precisó Chávez al sancionarla.
“Si quitamos el control de cambios nos tumban”, reiteró Aristóbulo Istúriz en 2016.
A pesar de haber sido violado con escandalosa frecuencia, este decreto ley evitó la fuga de 422.669 millones de dólares entre 2003 y 2014 y posibilitó que hasta 2018 conserváramos unos 8.756 millones de dólares en las reservas, que impedían que el país fuera declarado en “default” o quiebra.
Comprensiblemente, el candidato opositor Henry Falcón arranca su campaña presidencial en enero de 2018 con la promesa de sustituir el bolívar por el dólar.
Incomprensiblemente, en agosto del mismo año el Gobierno elimina el control de cambios, abriendo paso al programa dolarizador del perdedor Henry Falcón, a pesar de que tal operación es imposible.
En primer lugar, el artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pauta que “es de la competencia del Poder Nacional: 11.
La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda”.
Y el artículo 318 pauta que: “La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar”.
Para imponer el dólar como unidad monetaria habría que reformar la Constitución, y la Asamblea Nacional Constituyente no entregará la soberanía.
Tampoco es posible que el Estado adquiera los dólares necesarios para utilizarlos como moneda. La masa monetaria de Venezuela era en 2013 de 1.188.000.000.000 de bolívares, 44,82% del Producto Interno Bruto.
El PIB para 2017 según el FMI sería de 215.307 millones de dólares; para obtener las divisas equivalentes aproximativamente a 44,82% de esa magnitud, deberíamos gastar la totalidad de nuestras reservas internacionales -que a mediados de 2017 totalizaban 9.928 millones de dólares- y todavía encontrar otros 999.990 millones de dólares en momentos en que el país confronta problemas de liquidez para satisfacer compromisos internacionales y realizar importaciones indispensables.
Aparte de 97,5% de las divisas que produce la explotación de recursos naturales por el Estado, sólo hay otras tres fuentes de dólares en Venezuela: la del ingreso por las moderadas exportaciones del empresariado, las remesas de los familiares emigrados, y la legitimación de capitales de actividades ilícitas.
Es imposible que un sector privado que aporta apenas 2,50% de las divisas que ingresan a Venezuela, ingrese la masa de dólares necesaria para convertirlo en unidad monetaria.
Dicho sector recibió del sector público unos 700.000 millones de dólares a partir de 1976, cuando se nacionalizó la industria petrolera, y en el mismo lapso ha disminuido su inversión en 63%, estimada de acuerdo con la formación bruta de capital fijo con respecto al PIB.
La inmensa mayoría de esos dólares han sido exportados y sus beneficiarios ni los regresan ni los regresarán al país.
Muchísimo menos posible es que las divisas para dolarizar la economía lleguen por las remesas. Según el Banco Mundial, en 2017 los venezolanos recibieron 289 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos, suma que no alcanza al millón diario, apenas 0,04% del total de remesas estadounidenses de ese año, e insignificante comparada con lo que recibe Colombia con 5.535 millones de dólares (0,9% del total), Perú con 2.974 millones de dólares (0,49%), Ecuador con 2.719 millones de dólares (0,45%), Brasil con 2.660 millones de dólares (0,45%).
Descartadas las anteriores fuentes de captación de divisas, sólo queda una sobre la cual es mejor no pensar y sí defenderse: la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas.
Capitales de origen ilegal se aplican a finalidades ilegítimas. En un país vecino compraron el aparato del Estado hasta sumergirlo en la parapolítica.
En el nuestro no sólo instalarían y fortalecerían redes delincuenciales: dominarían con ellas el sector público y el privado y finalmente adquirirían las empresas estatales que explotan los recursos naturales.
Pero a pesar de la imposibilidad de adoptar el dólar como signo monetario, todo el que puede abusar de una posición de poder o de una escasez exige pago en divisas.
Cada moneda marca fronteras entre una clase social y hasta un país distintos. El abismo entre el trabajo que se remunera con un bolívar que cada vez vale menos y bienes que se adquieren con un dólar que nadie consigue puede tragarse al país.
Hasta ahora Venezuela presentó el menor índice de desigualdad social de América Latina. Pero no hay igualdad en un país dividido entre una moneda a la que tiene acceso sólo una minoría y otra con la que la mayoría no puede comprar nada.
Las soluciones siguen siendo las mismas: contra la hiperinflación, volver a poner en vigencia la Ley Orgánica de Precios Justos de 23 de enero de 2014 y aplicarla esta vez con órganos eficaces e implacables que apliquen control informatizado de las operaciones comerciales, y defender el carácter de unidad monetaria única del bolívar, respaldándolo directamente con nuestros valiosos recursos naturales.
Desdichado el país que estando en guerra se deja imponer la moneda por el enemigo.