Luigino Bracci.
Este 5 de marzo de 2019 el señor Juan Guaidó, diputado quien dice ser
presidente interino de Venezuela, se reunió con jefes de algunos
sindicatos de empleados públicos del país, en vías de realizar paros
escalonados en las instituciones públicas en los próximos días.
Si usted vive en otro país, es muy probable que comiencen a leer noticias en los próximos días de lo precario, de lo triste, de lo horrible que es ser trabajador público en Venezuela, con el fin de justificar estos paros escalonados.
Guaidó y los medios de comunicación que lo apoyan quieren hacer parecer las cosas muy sencillas: vivíamos en un ambiente paradisíaco y feliz hasta que llegaron Chávez y Maduro. Y luego, el país se volvió un infierno. Así que hay que "poner fin a la usurpación" y deponer a Maduro, y todo volverá a ser feliz como antes. O al menos eso dicen ellos.
En realidad, las cosas en el sector público siempre han sido complicadas. Muy complicadas. Y Venezuela vive desde hace 5 ó 6 años una serie de presiones, sanciones, bloqueos y medidas con el fin de presionar a Nicolás Maduro para que renuncie. Nosotros lo llamamos "guerra económica", término que algunos desprecian por exceso de uso, pero que no por ello deja de tener sentido.
Nadie puede negar que muchas de las acciones que se ejecutan contra nuestro país, incluso las propias acciones de Guaidó, aparecen en el manual de Gene Sharp para las revoluciones de colores, y muchas de estas medidas son reconocidas abiertamente por el gobierno estadounidense, que viene tras Venezuela tal y como antes lo hizo con Irak, Libia y otras naciones petroleras. Con esto no quiero decir que el gobierno de Nicolás Maduro sea perfecto o que no existan funcionarios corruptos e ineficientes que tengan parte de la culpa de lo que está pasando, pero hay que estar claros de los niveles de responsabilidad en todo esto.
Ahora bien, intentemos entender algunas cosas en nuestro Estado y en nuestro país.
Sindicatos
En Venezuela hay unos 3 millones de empleados públicos. Algunas instituciones, particularmente las más nuevas, no tienen sindicatos. Hay instituciones que tienen decenas de sindicatos distintos, divididos de acuerdo a tipos de trabajadores (empleados, obreros, técnicos, etc.), regiones geográficas, entes adscritos, etc. En muchos lugares, los sindicatos cumplen funciones principalmente reivindicativas. Pero en ciertas instituciones antiguas, los sindicatos actúan como mafias y son muy peligrosos.
No es secreto que muchos sindicatos son de oposición. Me sorprende más bien la baja asistencia de sindicalistas a la reunión con Guaidó, pues sus asistentes cupieron en el auditorio de Colegio de Ingenieros, con un aforo de unas 200 personas.
Yo hubiera esperado muchas más. No es de extrañar, por otro lado, que la mayoría de los sindicalistas asistentes tengan un promedio de edad por encima de los 50 años.
Protección laboral
En Venezuela, los sindicalistas están protegidos por ley y no pueden ser despedidos.
Pero no hace falta ser sindicalista para estar protegido. En Venezuela está vigente un decreto de inamovilidad laboral establecido por el entonces Presidente Hugo Chávez, que Nicolás Maduro ha renovado todos los años. El decreto evita que cualquiera pueda ser despedido de forma injustificada.
Un trabajador sí puede ser despedido, pero el despido tiene que tener causas válidas. Por ejemplo: si una persona faltó 3 días en un mes sin justificación, puede ser despedida pero tiene que seguirse un procedimiento en el Ministerio del Trabajo donde a la persona se le da derecho a la defensa; si la persona faltó por razones médicas u otra razón justificada, allí puede presentar las constancias respectivas.
Por darles un ejemplo: Hace algunos años, un ministro de Cultura ordenó el despido injustificado de unos 20 trabajadores de seguridad del Ministerio. Los trabajadores introdujeron una demanda en el Ministerio del Trabajo, éste ordenó su reincorporación pero el entonces ministro se negó. Meses después el ministro fue cambiado (los ministros de Cultura suelen ser cambiados todos los años), y el nuevo ministro sí obedeció la decisión del Ministerio del Trabajo. La institución tuvo que reengancharlos y pagarles los "salarios caídos" (el pago de sus sueldos por todo el tiempo que estuvieron despedidos injustificadamente, que fue de casi un año). Esto es un pequeño ejemplo de la protección que tienen los empleados públicos.
Por supuesto que también hay injusticias, malos tratos, funcionarios que se corrompen. Meses después conocí del caso de otra trabajadora del mismo ministerio, que fue despedida injustamente, y no hubo forma de que se le diera apoyo, ni siquiera porque el caso fue denunciado públicamente. Las cosas funcionan mejor cuando los trabajadores son muchos y se articulan.
De cualquier forma, es importante recordar que uno de los logros más importantes del Presidente Hugo Chávez fue la aprobación de la Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), que firmó el 30 de abril de 2012 y que logró una cantidad inmensa de reivindicaciones para los empleados públicos y privados.
Guaidó sin interés en parar las empresas privadas
Por otro lado, Guaidó se está centrando en convocar el paro en las instituciones públicas. Tal parece que la empresa privada no está interesada en hacer paros, a diferencia de lo que pasó en 2002-2003, durante el paro petrolero-empresarial con el que intentaron derrocar a Hugo Chávez.
No me malentiendan: la empresa privada sí está apoyando a Guaidó en sus aventuras, pero lo hacen de una forma distinta: en mi opinión son los que protagonizan los aumentos de precios injustificados en los alimentos, la hiperinflación y el fijar precios de productos nacionales según el dólar paralelo, entre muchas otras medidas que tienen muy desesperada a la población. Son parte integral de la guerra económica.
Sueldos en las instituciones públicas
Por otro lado, es cierto que los sueldos en las instituciones públicas son bajos (desde 18 mil hasta 38 mil bolívares mensuales, el equivalente de 6 a 12 dólares mensuales).
El ingreso diario de un empleado público ronda entre los 900 y los 1.800 bolívares diarios. Es tan pequeño, que un vendedor informal de los que vende chucherías y caramelos en el Metro puede hacer esa cantidad de dinero en menos de una hora. De hecho, muchos empleados públicos hacen trabajos extras al terminar su jornada laboral con el fin de llevar ingresos extras a sus familias.
Pero también es cierto que la mayoría de las instituciones públicas entregan a sus trabajadores cajas de alimentos o bolsas de comida (CLAP o equivalentes). Son apoyos que se entregan mientras dura la situación de guerra económica. Se suelen entregar todos los meses, aunque a veces hay fallas en su regularidad.
Si los empleados públicos no recibiéramos esas cajas y tuviéramos que comprar esos alimentos en supermercados, nos costarían entre 60 mil y 90 mil bolívares mensuales (entre 20 a 30 dólares mensuales). Conozco trabajadores que me dicen que ellos no han renunciado a su institución básicamente por las cajas de comida, y también sé que algunas instituciones, cuando han tenido problemas logísticos con las cajas y no han podido entregarlas por un mes o dos, se enfrentan con la renuncia masiva de muchos de sus trabajadores, que consiguen trabajos en otras instituciones o en la empresa privada.
Por otro lado, en diciembre muchas instituciones públicas apoyaron a sus empleados con combos de alimentos especiales (carnes, pollo e ingredientes para los alimentos típicos decembrinos) y en agosto/septiembre, cuando comienza el año escolar, también se hicieron operativos y se entregaron bonos especiales para que los padres y madres pudieran comprar parte de los implementos escolares a sus hijos e hijas.
Los libros, uniformes y morrales para los estudiantes de escuelas públicas son gratuitos, sin importar si sus padres son empleados públicos o no.
Hay unas pocas instituciones que tienen transportes para quienes viven en poblaciones cercanas a Caracas, como Guarenas, Guatire o los Altos Mirandinos, pues el costo del transporte público a estos lugares se ha vuelto excesivo y consume la mayor parte del salario mensual. Otras instituciones han hecho arreglos para quienes viven lejos, con el fin de que puedan trabajar desde sus casas e ir a la sede de la institución uno o dos días a la semana solamente.
Y no hay que dejar de mencionar que, si bien en Venezuela vivimos una hiperinflación bastante fuerte (que lleva dos semanas frenada, coincidiendo con la salida del país de Guaidó), el gobierno también ha tenido una política de subir los salarios cada dos meses, otorgar bonos a través del Sistema Patria y adelantar quincenas cuando la inflación ha arreciado más, lo que nos ha ayudado a los trabajadores públicos a soportar su impacto.
Salud y servicios médicos
Hay instituciones públicas que tienen servicios médicos para sus trabajadores (consultorios, clínicas y pequeños servicios de emergencias). Hay algunas que cuentan con comedor y brindan almuerzos a precios preferenciales.
También hay que decir que hay molestias en los empleados públicos porque, hace 5 años, sus seguros médicos permitían que ellos y sus familiares pudieran verse en clínicas privadas (de mejor calidad que los hospitales públicos), atenderse emergencias, poder atender un parto en una de estas clínicas e incluso se les podía pagar operaciones quirúrgicas de gran envergadura en dichos establecimientos privados.
Sin embargo, a raíz de la crisis económica, la cobertura de los seguros médicos de los empleados públicos ha bajado enormemente: apenas les permiten pagarse un par de consultas médicas anuales, lo que ha forzado a los empleados públicos a tener que verse y atenderse en hospitales y otros establecimientos públicos, que a su vez también están siendo afectados por la escasez y el robo de medicinas e implementos médicos, y por tener que atender a 3 millones de empleados públicos que antes se atendían en el sistema privado.
Pero también hay que reconocer que las instituciones públicas pagaban una cantidad monstruosa de dinero a aseguradoras y clínicas privadas. En 2010, según cifras del entonces diputado Rafael Ríos, el Estado pagaba 9 mil millones de bolívares anuales a los seguros de salud de 2 millones de empleados públicos, mientras que el presupuesto para todo el Sistema Público Nacional de Salud era de 14 mil millones de bolívares (ver https://www.aporrea.org/actualidad/a106428.html). Esta terrible desproporción era muy criticada por los revolucionarios.
Yo mismo fui testigo de cómo los médicos de las clínicas privadas, al enterarse que uno era un empleado público asegurado, aumentaban la factura colocando exámenes y procedimientos que nunca te habían hecho con el fin de cobrarle más al seguro. Las clínicas y aseguradoras privadas vivían de robar y expoliar al Estado (en 2011 se calculaba que el 80% del ingreso de las clínicas privadas provenía del estado, ver http://www.psuv.org.ve/opiniones/opinion/control-precios-clinicas-privadas-ya/), y muchos médicos, mientras te atendían hablando pestes de Chávez, hacían tracalerías iguales o peores de las que acusaban al gobierno bolivariano.
Como respuesta, el gobierno comenzó a crear aseguradoras públicas, servicios auto-administrados (oficinas dentro de las instituciones públicas para administrar los gastos clínicos y saltarse a las aseguradoras privadas), creaban tablas o baremos de lo que debía costar cada servicio médico prestado por las clínicas privadas para evitar que cobraran más de la cuenta, y tenían médicos revisando las facturas buscando irregularidades. Sin embargo, cuando se adelantaban estas medidas nos agarró la muerte de Chávez y la guerra económica, paralizando todos estos esfuerzos.
De allí que esta grave contingencia que estamos viviendo también es una oportunidad para preguntarnos, una vez empecemos a recuperarnos económicamente, si tenemos que revivir ese perverso sistema de aseguradoras y clínicas privadas, o si más bien debemos crear un sistema público de salud de calidad, que funcione muy bien para todos los venezolanos y no sólo para los empleados públicos.
Escalas salariales
Otro problema que nos trajo esta crisis fue el aplanamiento de las escalas salariales, lo que tiene muy molestos a muchos sindicatos.
Vamos a explicarlo:
El Presidente Maduro, al realizar la reconversión monetaria de agosto de 2018, hizo un importante aumento de salario mínimo: Lo subió de 51 bolívares soberanos a 1.800 bolívares soberanos. El aumento salarial fue de 3.364 por ciento.
Esto en principio era muy bueno, pero por otro lado, el aumento de las escalas no fue lineal.
Es importante explicar que, en las instituciones públicas, existe una escala salarial de acuerdo al cargo de cada trabajador, su responsabilidad, su nivel académico, cursos realizados y la antigüedad dentro de la institución, esto para motivarte a hacer carrera dentro de la institución y a formarte profesionalmente.
Por dar un ejemplo: cuando yo ingresé al Ministerio de la Cultura en 2009, el director de mi área ganaba 5 veces más que yo.
En agosto de 2018, al decretarse el aumento, como el gobierno no podía pagar un aumento lineal de 3.364 por ciento a todos los empleados públicos, se decidió que los trabajadores que ganaban más se les aumentaría menos, de forma tal que la diferencia entre el que ganaba sueldo mínimo y el que ganaba más terminó siendo de 10 o 20 por ciento.
Esto, obviamente, tiene muy molestos a algunos sindicatos, tanto chavistas como de oposición, que sienten que las luchas reivindicativas por las que lucharon durante años se esfumaron o se perdieron. El que las escalas salariales estén tan cerca también está causando una deserción de los profesionales y personas con nivel universitario, quienes son remuneradas mucho mejor en la empresa privada.
También hay molestias por la forma como se esfumaron las "prestaciones" de los empleados públicos, es decir, el pago que se iba acumulando año tras año de trabajo, y que se nos depositaría el día que nos jubilemos o nos vayamos de la institución. Generalmente, las prestaciones equivalían a muchos meses de salario. En algunos casos, alcanzaba para comprarse una moto o un carro usado. A quienes se jubilaban tras trabajar 30 años en una institución, el dinero muchas veces les alcanzaba para la inicial de una vivienda. Y estamos hablando de hace 5 años. Pero la rápida hiperinflación y el poco interés en buscar una forma de proteger estos ahorros, hizo que los mismos se disolvieran en cuestión de semanas. Meses de salario se convirtieron, en cuestión de días, en el equivalente a un kilo de queso.
Sin embargo, aunque sin duda que a los empleados públicos todo esto nos tiene molestos, también es un hecho que vivimos en un momento muy especial por el acoso que estamos viviendo como nación desde el exterior. Sabemos que el culpable de todos estos males no es Maduro, como intentan hacerlo ver algunos de manera simplista. Seguimos trabajando duro en nuestras instituciones, esperando con ansias que esta situación de guerra económica finalice y que se pueda retomar el camino que Hugo Chávez marcó.
Es un poco lamentable también la actitud egoísta de algunos sindicatos, que piensan únicamente en recuperar las reivindicaciones que ellos lograron, y no en las que se han perdido en toda la Administración Pública producto de la guerra económica. Ojalá las medidas que tome el gobierno a medida que se vayan solucionando los problemas del país, sean en conjunto para toda la Administración Pública, y no solamente para los sindicatos que demuestren más poder o que hagan vida en las instituciones más delicadas.
Empresas privadas y los trabajadores
Por otro lado, también es cierto que los empleados y obreros de las empresas privadas tienen sueldos bastante bajos, en particular quienes son bachilleres y no tienen formación profesional, y en la enorme mayoría de los casos no cuentan con bolsas de comida u otras ayudas.
He escrito artículos en el pasado de cómo los empleados de restaurantes, pizzerías y franquicias sirven platos que cuestan más de lo que ellos ganan por un mes completo de sueldo, y generalmente no tienen forma de reclamarlo ni de sindicalizarse.
Un famoso restaurante de pollos fritos (empresa privada), que tiene publicidad en la televisión por suscripción que deben pagar en dólares, vende en estos momentos sus platos de comida con estos precios:
En cuanto al costo de la materia prima de estos restaurantes, podemos dar algunos precios al detal para darle al lector una idea: el pollo crudo entero cuesta Bs. 3.800 el kilo, las papas se venden a 4 mil bolívares el kilo y una botella de refresco de 2 litros se vende en los supermercados a Bs. 5 mil. Los precios al mayor deben ser mucho menores.
Es obvio que el margen de ganancia de estos restaurantes es bastante grande. La mayoría de las personas concuerdan en que, si estos restaurantes quisieran ofrecer mejores salarios a sus trabajadores, podrían hacerlo sin mayores repercusiones en su estructura de costos, pero parece que hay intereses políticos en mantener los precios altos y los salarios muy bajos. Parece que estas empresas cumplen un papel en mantener descontenta a la mayor parte de la población, que hoy no puede acceder a estos restaurantes aún cuando, hace unos 5 años, sí era posible para cualquier trabajador llevar a su familia un fin de semana a comer en estos locales.
Conclusión
Quise escribir todo esto para mostrar a quienes nos lean desde otros países que sí: es cierto, los trabajadores venezolanos vivimos una situación delicada, producto de los innumerables problemas que vive el país. Pero, por otro lado, es falso que los trabajadores públicos hayamos sido abandonados por el gobierno actual a tal punto que se justifique un paro general, como propone Juan Guaidó apoyado por algunos sindicalistas. Sí, los trabajadores tenemos problemas graves, pero hemos sido apoyados por el gobierno y esperamos que este apoyo no cese. Esperamos que los problemas encuentren su solución definitiva a medida que el gobierno de Maduro logre hacer que nuestro país sea más productivo, que se creen y establezcan industrias nacionales y extranjeras prestas a convertir nuestros innumerables recursos en productos terminados, y que nuestra industria petrolera se recupere.
Desde mi punto de vista, sólo con un sistema de gobierno socialista se puede ejecutar una distribución justa de las inmensas riquezas del país, enfatizándose en los pobres y excluidos para pagar esa inmensa deuda social que la sociedad tiene con ellos.
Sería muchísimo más sencillo si el país no estuviera recibiendo sanciones, bloqueos e intentos de invasión de parte de las naciones que quieren apoderarse de nuestros recursos. Pero, en realidad, no podíamos esperar otra cosa de un Imperio que se comporta como un malandro cualquiera, pendiente de robarle su dinero a quien pase por enfrente.
Ojalá nuestros sindicalistas y trabajadores públicos no se presten al show de Guaidó, de quien creemos que no tiene el más mínimo interés en apoyar a los trabajadores de base, sino más bien al empresariado patronal de siempre.
Si usted vive en otro país, es muy probable que comiencen a leer noticias en los próximos días de lo precario, de lo triste, de lo horrible que es ser trabajador público en Venezuela, con el fin de justificar estos paros escalonados.
Guaidó y los medios de comunicación que lo apoyan quieren hacer parecer las cosas muy sencillas: vivíamos en un ambiente paradisíaco y feliz hasta que llegaron Chávez y Maduro. Y luego, el país se volvió un infierno. Así que hay que "poner fin a la usurpación" y deponer a Maduro, y todo volverá a ser feliz como antes. O al menos eso dicen ellos.
En realidad, las cosas en el sector público siempre han sido complicadas. Muy complicadas. Y Venezuela vive desde hace 5 ó 6 años una serie de presiones, sanciones, bloqueos y medidas con el fin de presionar a Nicolás Maduro para que renuncie. Nosotros lo llamamos "guerra económica", término que algunos desprecian por exceso de uso, pero que no por ello deja de tener sentido.
Nadie puede negar que muchas de las acciones que se ejecutan contra nuestro país, incluso las propias acciones de Guaidó, aparecen en el manual de Gene Sharp para las revoluciones de colores, y muchas de estas medidas son reconocidas abiertamente por el gobierno estadounidense, que viene tras Venezuela tal y como antes lo hizo con Irak, Libia y otras naciones petroleras. Con esto no quiero decir que el gobierno de Nicolás Maduro sea perfecto o que no existan funcionarios corruptos e ineficientes que tengan parte de la culpa de lo que está pasando, pero hay que estar claros de los niveles de responsabilidad en todo esto.
Ahora bien, intentemos entender algunas cosas en nuestro Estado y en nuestro país.
Sindicatos
En Venezuela hay unos 3 millones de empleados públicos. Algunas instituciones, particularmente las más nuevas, no tienen sindicatos. Hay instituciones que tienen decenas de sindicatos distintos, divididos de acuerdo a tipos de trabajadores (empleados, obreros, técnicos, etc.), regiones geográficas, entes adscritos, etc. En muchos lugares, los sindicatos cumplen funciones principalmente reivindicativas. Pero en ciertas instituciones antiguas, los sindicatos actúan como mafias y son muy peligrosos.
No es secreto que muchos sindicatos son de oposición. Me sorprende más bien la baja asistencia de sindicalistas a la reunión con Guaidó, pues sus asistentes cupieron en el auditorio de Colegio de Ingenieros, con un aforo de unas 200 personas.
Yo hubiera esperado muchas más. No es de extrañar, por otro lado, que la mayoría de los sindicalistas asistentes tengan un promedio de edad por encima de los 50 años.
Protección laboral
En Venezuela, los sindicalistas están protegidos por ley y no pueden ser despedidos.
Pero no hace falta ser sindicalista para estar protegido. En Venezuela está vigente un decreto de inamovilidad laboral establecido por el entonces Presidente Hugo Chávez, que Nicolás Maduro ha renovado todos los años. El decreto evita que cualquiera pueda ser despedido de forma injustificada.
Un trabajador sí puede ser despedido, pero el despido tiene que tener causas válidas. Por ejemplo: si una persona faltó 3 días en un mes sin justificación, puede ser despedida pero tiene que seguirse un procedimiento en el Ministerio del Trabajo donde a la persona se le da derecho a la defensa; si la persona faltó por razones médicas u otra razón justificada, allí puede presentar las constancias respectivas.
Por darles un ejemplo: Hace algunos años, un ministro de Cultura ordenó el despido injustificado de unos 20 trabajadores de seguridad del Ministerio. Los trabajadores introdujeron una demanda en el Ministerio del Trabajo, éste ordenó su reincorporación pero el entonces ministro se negó. Meses después el ministro fue cambiado (los ministros de Cultura suelen ser cambiados todos los años), y el nuevo ministro sí obedeció la decisión del Ministerio del Trabajo. La institución tuvo que reengancharlos y pagarles los "salarios caídos" (el pago de sus sueldos por todo el tiempo que estuvieron despedidos injustificadamente, que fue de casi un año). Esto es un pequeño ejemplo de la protección que tienen los empleados públicos.
Por supuesto que también hay injusticias, malos tratos, funcionarios que se corrompen. Meses después conocí del caso de otra trabajadora del mismo ministerio, que fue despedida injustamente, y no hubo forma de que se le diera apoyo, ni siquiera porque el caso fue denunciado públicamente. Las cosas funcionan mejor cuando los trabajadores son muchos y se articulan.
De cualquier forma, es importante recordar que uno de los logros más importantes del Presidente Hugo Chávez fue la aprobación de la Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), que firmó el 30 de abril de 2012 y que logró una cantidad inmensa de reivindicaciones para los empleados públicos y privados.
Guaidó sin interés en parar las empresas privadas
Por otro lado, Guaidó se está centrando en convocar el paro en las instituciones públicas. Tal parece que la empresa privada no está interesada en hacer paros, a diferencia de lo que pasó en 2002-2003, durante el paro petrolero-empresarial con el que intentaron derrocar a Hugo Chávez.
No me malentiendan: la empresa privada sí está apoyando a Guaidó en sus aventuras, pero lo hacen de una forma distinta: en mi opinión son los que protagonizan los aumentos de precios injustificados en los alimentos, la hiperinflación y el fijar precios de productos nacionales según el dólar paralelo, entre muchas otras medidas que tienen muy desesperada a la población. Son parte integral de la guerra económica.
Sueldos en las instituciones públicas
Por otro lado, es cierto que los sueldos en las instituciones públicas son bajos (desde 18 mil hasta 38 mil bolívares mensuales, el equivalente de 6 a 12 dólares mensuales).
El ingreso diario de un empleado público ronda entre los 900 y los 1.800 bolívares diarios. Es tan pequeño, que un vendedor informal de los que vende chucherías y caramelos en el Metro puede hacer esa cantidad de dinero en menos de una hora. De hecho, muchos empleados públicos hacen trabajos extras al terminar su jornada laboral con el fin de llevar ingresos extras a sus familias.
Pero también es cierto que la mayoría de las instituciones públicas entregan a sus trabajadores cajas de alimentos o bolsas de comida (CLAP o equivalentes). Son apoyos que se entregan mientras dura la situación de guerra económica. Se suelen entregar todos los meses, aunque a veces hay fallas en su regularidad.
Si los empleados públicos no recibiéramos esas cajas y tuviéramos que comprar esos alimentos en supermercados, nos costarían entre 60 mil y 90 mil bolívares mensuales (entre 20 a 30 dólares mensuales). Conozco trabajadores que me dicen que ellos no han renunciado a su institución básicamente por las cajas de comida, y también sé que algunas instituciones, cuando han tenido problemas logísticos con las cajas y no han podido entregarlas por un mes o dos, se enfrentan con la renuncia masiva de muchos de sus trabajadores, que consiguen trabajos en otras instituciones o en la empresa privada.
Por otro lado, en diciembre muchas instituciones públicas apoyaron a sus empleados con combos de alimentos especiales (carnes, pollo e ingredientes para los alimentos típicos decembrinos) y en agosto/septiembre, cuando comienza el año escolar, también se hicieron operativos y se entregaron bonos especiales para que los padres y madres pudieran comprar parte de los implementos escolares a sus hijos e hijas.
Los libros, uniformes y morrales para los estudiantes de escuelas públicas son gratuitos, sin importar si sus padres son empleados públicos o no.
Hay unas pocas instituciones que tienen transportes para quienes viven en poblaciones cercanas a Caracas, como Guarenas, Guatire o los Altos Mirandinos, pues el costo del transporte público a estos lugares se ha vuelto excesivo y consume la mayor parte del salario mensual. Otras instituciones han hecho arreglos para quienes viven lejos, con el fin de que puedan trabajar desde sus casas e ir a la sede de la institución uno o dos días a la semana solamente.
Y no hay que dejar de mencionar que, si bien en Venezuela vivimos una hiperinflación bastante fuerte (que lleva dos semanas frenada, coincidiendo con la salida del país de Guaidó), el gobierno también ha tenido una política de subir los salarios cada dos meses, otorgar bonos a través del Sistema Patria y adelantar quincenas cuando la inflación ha arreciado más, lo que nos ha ayudado a los trabajadores públicos a soportar su impacto.
Salud y servicios médicos
Hay instituciones públicas que tienen servicios médicos para sus trabajadores (consultorios, clínicas y pequeños servicios de emergencias). Hay algunas que cuentan con comedor y brindan almuerzos a precios preferenciales.
También hay que decir que hay molestias en los empleados públicos porque, hace 5 años, sus seguros médicos permitían que ellos y sus familiares pudieran verse en clínicas privadas (de mejor calidad que los hospitales públicos), atenderse emergencias, poder atender un parto en una de estas clínicas e incluso se les podía pagar operaciones quirúrgicas de gran envergadura en dichos establecimientos privados.
Sin embargo, a raíz de la crisis económica, la cobertura de los seguros médicos de los empleados públicos ha bajado enormemente: apenas les permiten pagarse un par de consultas médicas anuales, lo que ha forzado a los empleados públicos a tener que verse y atenderse en hospitales y otros establecimientos públicos, que a su vez también están siendo afectados por la escasez y el robo de medicinas e implementos médicos, y por tener que atender a 3 millones de empleados públicos que antes se atendían en el sistema privado.
Pero también hay que reconocer que las instituciones públicas pagaban una cantidad monstruosa de dinero a aseguradoras y clínicas privadas. En 2010, según cifras del entonces diputado Rafael Ríos, el Estado pagaba 9 mil millones de bolívares anuales a los seguros de salud de 2 millones de empleados públicos, mientras que el presupuesto para todo el Sistema Público Nacional de Salud era de 14 mil millones de bolívares (ver https://www.aporrea.org/actualidad/a106428.html). Esta terrible desproporción era muy criticada por los revolucionarios.
Yo mismo fui testigo de cómo los médicos de las clínicas privadas, al enterarse que uno era un empleado público asegurado, aumentaban la factura colocando exámenes y procedimientos que nunca te habían hecho con el fin de cobrarle más al seguro. Las clínicas y aseguradoras privadas vivían de robar y expoliar al Estado (en 2011 se calculaba que el 80% del ingreso de las clínicas privadas provenía del estado, ver http://www.psuv.org.ve/opiniones/opinion/control-precios-clinicas-privadas-ya/), y muchos médicos, mientras te atendían hablando pestes de Chávez, hacían tracalerías iguales o peores de las que acusaban al gobierno bolivariano.
Como respuesta, el gobierno comenzó a crear aseguradoras públicas, servicios auto-administrados (oficinas dentro de las instituciones públicas para administrar los gastos clínicos y saltarse a las aseguradoras privadas), creaban tablas o baremos de lo que debía costar cada servicio médico prestado por las clínicas privadas para evitar que cobraran más de la cuenta, y tenían médicos revisando las facturas buscando irregularidades. Sin embargo, cuando se adelantaban estas medidas nos agarró la muerte de Chávez y la guerra económica, paralizando todos estos esfuerzos.
De allí que esta grave contingencia que estamos viviendo también es una oportunidad para preguntarnos, una vez empecemos a recuperarnos económicamente, si tenemos que revivir ese perverso sistema de aseguradoras y clínicas privadas, o si más bien debemos crear un sistema público de salud de calidad, que funcione muy bien para todos los venezolanos y no sólo para los empleados públicos.
Escalas salariales
Otro problema que nos trajo esta crisis fue el aplanamiento de las escalas salariales, lo que tiene muy molestos a muchos sindicatos.
Vamos a explicarlo:
El Presidente Maduro, al realizar la reconversión monetaria de agosto de 2018, hizo un importante aumento de salario mínimo: Lo subió de 51 bolívares soberanos a 1.800 bolívares soberanos. El aumento salarial fue de 3.364 por ciento.
Esto en principio era muy bueno, pero por otro lado, el aumento de las escalas no fue lineal.
Es importante explicar que, en las instituciones públicas, existe una escala salarial de acuerdo al cargo de cada trabajador, su responsabilidad, su nivel académico, cursos realizados y la antigüedad dentro de la institución, esto para motivarte a hacer carrera dentro de la institución y a formarte profesionalmente.
Por dar un ejemplo: cuando yo ingresé al Ministerio de la Cultura en 2009, el director de mi área ganaba 5 veces más que yo.
En agosto de 2018, al decretarse el aumento, como el gobierno no podía pagar un aumento lineal de 3.364 por ciento a todos los empleados públicos, se decidió que los trabajadores que ganaban más se les aumentaría menos, de forma tal que la diferencia entre el que ganaba sueldo mínimo y el que ganaba más terminó siendo de 10 o 20 por ciento.
Esto, obviamente, tiene muy molestos a algunos sindicatos, tanto chavistas como de oposición, que sienten que las luchas reivindicativas por las que lucharon durante años se esfumaron o se perdieron. El que las escalas salariales estén tan cerca también está causando una deserción de los profesionales y personas con nivel universitario, quienes son remuneradas mucho mejor en la empresa privada.
También hay molestias por la forma como se esfumaron las "prestaciones" de los empleados públicos, es decir, el pago que se iba acumulando año tras año de trabajo, y que se nos depositaría el día que nos jubilemos o nos vayamos de la institución. Generalmente, las prestaciones equivalían a muchos meses de salario. En algunos casos, alcanzaba para comprarse una moto o un carro usado. A quienes se jubilaban tras trabajar 30 años en una institución, el dinero muchas veces les alcanzaba para la inicial de una vivienda. Y estamos hablando de hace 5 años. Pero la rápida hiperinflación y el poco interés en buscar una forma de proteger estos ahorros, hizo que los mismos se disolvieran en cuestión de semanas. Meses de salario se convirtieron, en cuestión de días, en el equivalente a un kilo de queso.
Sin embargo, aunque sin duda que a los empleados públicos todo esto nos tiene molestos, también es un hecho que vivimos en un momento muy especial por el acoso que estamos viviendo como nación desde el exterior. Sabemos que el culpable de todos estos males no es Maduro, como intentan hacerlo ver algunos de manera simplista. Seguimos trabajando duro en nuestras instituciones, esperando con ansias que esta situación de guerra económica finalice y que se pueda retomar el camino que Hugo Chávez marcó.
Es un poco lamentable también la actitud egoísta de algunos sindicatos, que piensan únicamente en recuperar las reivindicaciones que ellos lograron, y no en las que se han perdido en toda la Administración Pública producto de la guerra económica. Ojalá las medidas que tome el gobierno a medida que se vayan solucionando los problemas del país, sean en conjunto para toda la Administración Pública, y no solamente para los sindicatos que demuestren más poder o que hagan vida en las instituciones más delicadas.
Empresas privadas y los trabajadores
Por otro lado, también es cierto que los empleados y obreros de las empresas privadas tienen sueldos bastante bajos, en particular quienes son bachilleres y no tienen formación profesional, y en la enorme mayoría de los casos no cuentan con bolsas de comida u otras ayudas.
He escrito artículos en el pasado de cómo los empleados de restaurantes, pizzerías y franquicias sirven platos que cuestan más de lo que ellos ganan por un mes completo de sueldo, y generalmente no tienen forma de reclamarlo ni de sindicalizarse.
Un famoso restaurante de pollos fritos (empresa privada), que tiene publicidad en la televisión por suscripción que deben pagar en dólares, vende en estos momentos sus platos de comida con estos precios:
- 14 mil bolívares cada plato con dos piezas de pollo, papas fritas y un vaso de refresco
- 16 mil bolívares cada plato con tres piezas de pollo, papas fritas y un vaso de refresco
En cuanto al costo de la materia prima de estos restaurantes, podemos dar algunos precios al detal para darle al lector una idea: el pollo crudo entero cuesta Bs. 3.800 el kilo, las papas se venden a 4 mil bolívares el kilo y una botella de refresco de 2 litros se vende en los supermercados a Bs. 5 mil. Los precios al mayor deben ser mucho menores.
Es obvio que el margen de ganancia de estos restaurantes es bastante grande. La mayoría de las personas concuerdan en que, si estos restaurantes quisieran ofrecer mejores salarios a sus trabajadores, podrían hacerlo sin mayores repercusiones en su estructura de costos, pero parece que hay intereses políticos en mantener los precios altos y los salarios muy bajos. Parece que estas empresas cumplen un papel en mantener descontenta a la mayor parte de la población, que hoy no puede acceder a estos restaurantes aún cuando, hace unos 5 años, sí era posible para cualquier trabajador llevar a su familia un fin de semana a comer en estos locales.
Conclusión
Quise escribir todo esto para mostrar a quienes nos lean desde otros países que sí: es cierto, los trabajadores venezolanos vivimos una situación delicada, producto de los innumerables problemas que vive el país. Pero, por otro lado, es falso que los trabajadores públicos hayamos sido abandonados por el gobierno actual a tal punto que se justifique un paro general, como propone Juan Guaidó apoyado por algunos sindicalistas. Sí, los trabajadores tenemos problemas graves, pero hemos sido apoyados por el gobierno y esperamos que este apoyo no cese. Esperamos que los problemas encuentren su solución definitiva a medida que el gobierno de Maduro logre hacer que nuestro país sea más productivo, que se creen y establezcan industrias nacionales y extranjeras prestas a convertir nuestros innumerables recursos en productos terminados, y que nuestra industria petrolera se recupere.
Desde mi punto de vista, sólo con un sistema de gobierno socialista se puede ejecutar una distribución justa de las inmensas riquezas del país, enfatizándose en los pobres y excluidos para pagar esa inmensa deuda social que la sociedad tiene con ellos.
Sería muchísimo más sencillo si el país no estuviera recibiendo sanciones, bloqueos e intentos de invasión de parte de las naciones que quieren apoderarse de nuestros recursos. Pero, en realidad, no podíamos esperar otra cosa de un Imperio que se comporta como un malandro cualquiera, pendiente de robarle su dinero a quien pase por enfrente.
Ojalá nuestros sindicalistas y trabajadores públicos no se presten al show de Guaidó, de quien creemos que no tiene el más mínimo interés en apoyar a los trabajadores de base, sino más bien al empresariado patronal de siempre.
Estrecho colaborador y antiguo miembro del equipo editor de Aporrea.
Bracci es un celoso defensor del Software Libre y de la libertad de
expresión.
lbracci@gmail.com @lubrio
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