Lucha de Clases
El
acuerdo de gobierno presentado por PSOE y Ciudadanos es una estafa al
electorado de izquierdas, y a la clase trabajadora en general. No por
casualidad, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha declarado que el
acuerdo incluye el 80% de su programa y que debería resultar atractivo
para la mayoría de los votantes del PP.
Sánchez y Rivera (www.lasvocesdelpueblo.com)El
referéndum organizado por la dirección socialista entre la militancia
para avalar esta propuesta de acuerdo es otra estafa. Ni siquiera
tuvieron el valor de formular una pregunta clara que mencionara su
acuerdo con Ciudadanos, haciendo una referencia engañosa a un acuerdo
“con distintas fuerzas políticas”. Aún así, la participación fue
bastante baja, del 51% (93.000 personas), con un apoyo al acuerdo del
79%.
El acuerdo se compromete con unas
reformas mínimas a favor de las familias trabajadoras y la clase media
empobrecida, mientras cuela una parte sustancial de las propuestas pro
empresariales y reaccionarias de Ciudadanos, dejando intactos aspectos
centrales de la política y de la legislación reaccionaria del gobierno
del Partido Popular.
No se plantea la derogación de las leyes
más reaccionarias del gobierno de Rajoy: la reforma laboral de 2012, la
Ley Mordaza que ataca derechos democráticos básicos, la repudiada ley
educativa LOMCE, o la reforma de la ley del aborto. Simplemente, se
retocan algunos aspectos no esenciales que luego detallaremos.
La política social
El acuerdo está plagado de párrafos de
buenas intenciones a favor de la justicia social, la democracia, el
trabajo digno o los derechos humanos; y también contra la corrupción, la
evasión fiscal empresarial y los efectos de la política de austeridad.
Sin embargo, no se compromete a aumentar el gasto social, sino a
mantenerlo al nivel actual con el eufemismo de “no recortar el gasto
social”. En cambio, el acuerdo deja muy claro su compromiso con el Plan
de Estabilidad de la Unión Europea, fijando un objetivo de déficit
público “por debajo del 3%” del PIB para 2017. Teniendo en cuenta que el
déficit público en 2015 fue del 4,8%, esto implica comprometerse a una
reducción del déficit público de 20.000 millones de euros en 2 años, a
razón de 10.000 millones cada año. En ausencia de un crecimiento
económico significativo, esto significa mantener y profundizar la
política de ajuste y de recortes sociales iniciada con la crisis.
Para edulcorar esto, a la reforma del
artículo 135 de la Constitución –pactada en agosto de 2011 por PSOE y
PP– que establece la prioridad absoluta en el pago de la deuda pública
sobre cualquier otro gasto, se le añade la salvedad de que se asegure la
“estabilidad social del Estado” –vaya a saber qué puede significar
esto– como criterio para la “garantía de dotación presupuestarias para
los grandes servicios públicos”, cuyo montante queda a la interpretación
arbitraria del gobierno de turno.
La única medida social concreta que
aparece en el documento es un denominado “plan de choque” de 7.000
millones de euros –aparentemente, por una sola vez– consistente en un
“Ingreso Mínimo Vital” para familias sin ingresos y en un “Complemento
Salarial Garantizado” (CSG) para hogares con cabezas de familia con
salarios míseros, sin especificar umbral mínimo alguno. No se hace una
estimación aproximada de cuántas personas o familias se beneficiarían de
estos programas que justifiquen el monto específico de 7.000 millones.
Tampoco se discrimina cuánto dinero correspondería a un programa y a
otro. Más aún, el CSG sería un “crédito fiscal”; es decir, no sería
dinero en mano sino una especie de exención en el pago de impuestos ¿qué
tipo de impuestos se ahorraría una familia con un cabeza de familia
recibiendo un salario de miseria? Nada se dice. Tanta vaguedad no es una
casualidad, y a nada compromete.
Igualmente de vagos y vacíos son los compromisos contra los desahucios y la pobreza energética para las familias afectadas.
Las propuestas en materia laboral
En el importante aspecto de la política
laboral, es mentira –como ha afirmado públicamente Pedro Sánchez– que se
proponga derogar la Reforma Laboral del PP, simplemente se introducen
cambios menores que dejan intactas partes centrales de la misma. No se
toca la facultad que otorga la actual ley al empresario para despedir
por cualquier motivo, aunque la empresa tenga beneficios.
La “ultraactividad” de los convenios
colectivos se limita al período de renegociación legal (1 año) pasado el
cual se establece un procedimiento de arbitraje obligatorio de
negociación por un período máximo de 18 meses.
Se restablece la prioridad del convenio
sectorial superior (provincial, autonómico o estatal) sobre el convenio
de empresa, pero sólo en lo que atañe a jornada y salario base. Sin
embargo, los convenios de sector deben incluir “mecanismos efectivos de
adaptación negociada a las necesidades reales de las empresas”. Es
decir, se mantiene la potestad de las empresas para aplicar su contenido
a voluntad, según sus “necesidades reales”.
Se mantiene la reducción de las
indemnizaciones por despido de 20 días por año (despido objetivo) y 33
días (por despido improcedente) para los contratos indefinidos; frente a
los 45 días por año anterior a las reformas laborales de PP y PSOE. La
única novedad se introduce en los contratos temporales, que tendrían una
duración máxima de 2 años, con 12 días de indemnización para el primer
año (como ahora), y sube a 16 para el segundo año. Aquí hay una
controversia, porque el acuerdo original planteaba reducir la
indemnización por despido improcedente en los contratos temporales a 20 y
25 días respectivamente, para el primer y segundo año, frente a los 33
días actuales. Tras la denuncia de PODEMOS sobre este aspecto, la
dirección del PSOE respondió que fue un error de redacción y que se
mantendrían los 33 días actuales.
En cualquier caso, estas medidas siguen
fomentando la contratación temporal en detrimento de la indefinida, dado
que los días de indemnización por despido objetivo siguen siendo
menores en la primera.
Más aún, en el caso de conversión de
empleo temporal a fijo (en el tercer año de contrato), el empresario se
ahorrará 8 días de indemnización por despido, al establecerse un fondo,
del que no se indica cómo se financiará, que se hará cargo de este pago.
La propuesta de subida del Salario
Mínimo Interprofesional para 2016 es ridícula y escandalosa, un 1%, lo
que equivale a 6,5 euros mensuales.
Otras medidas propatronales
El carácter propatronal de las
propuestas laborales y económicas del acuerdo queda claro cuando se
afirma que“para favorecer la estabilidad laboral es necesario permitir a
las empresas formas de flexibilidad y adaptación para responder a los
desafíos económicos y tecnológicos”; que sólo es un eufemismo para
justificar la precariedad laboral de los trabajadores. Hay numerosas
referencias a este carácter proempresarial en el documento, como
proponer por enésima vez la reducción de las cotizaciones sociales y
deducciones fiscales empresariales para “promover” la contratación,
transferir los resultados de la investigación universitaria a las
empresas, la privatización encubierta del Instituto de Crédito Oficial
(ICO), o la colaboración público-privada en la construcción de
infraestructuras.
En materia de impuestos las propuestas
son vagas, como remitir a una “comisión de expertos” la elaboración de
una propuesta de reforma tributaria, o “estudiar” la creación de un
impuesto “extraordinario” (es decir, para una sola vez) a las grandes
fortunas. Qué monto consideran PSOE-Ciudadanos una gran fortuna, no se
especifica. Ni siquiera se hace una estimación de cuánto piensan
recaudar de la lucha contra la evasión fiscal.
Sanidad y educación
Una de las escasas medidas progresistas
claras en el acuerdo es el restablecimiento de la universalidad de la
atención sanitaria pública para todas las personas con residencia en el
país, sean españoles o extranjeros, incluyendo a los españoles
residentes en el extranjero en situación de desempleo y a los “sin
papeles” menores de 18 años. Sin embargo, se mantiene la vergüenza de
que los inmigrantes “sin papeles” mayores de edad sólo puedan atenderse
en las Urgencias hospitalarias, y solamente “por enfermedad grave o
accidente”, con la excepción de las embarazadas para atender su caso
específico hasta el nacimiento del bebé.
Se mantiene abierta la puerta a la
privatización sanitaria, cuando se afirma: “Mantener la titularidad
pública de centros y servicios sanitarios, sin perjuicio de que el
sector privado pueda desarrollar un papel complementario”. Por otro
lado, es también mentira que se diga que el acuerdo elimina el copago
farmacéutico. Se dice estrictamente: “Garantizar que el copago
farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para personas en
situación de especial vulnerabilidad”. Por último, para vergüenza de los
dirigentes del PSOE, no se toca la reforma de la ley del aborto del PP
que obliga a las menores de edad a tener el permiso paterno para
acceder al derecho de abortar.
En materia educativa se deja en suspenso
la aplicación de los aspectos de la LOMCE aún no desarrollados, pero no
se deroga la ley a la espera de un “pacto por la educación”. Se habla
de introducir la educación de 0 a 3 años “de forma progresiva” sin
concretar plazos ni presupuestos. En el aspecto cultural, la única
medida progresista relevante es la reducción del llamado “IVA cultural”
(cine, teatro, etc.) del 21% al 10%.
Derechos democráticos y políticos
Se mantiene la Ley Mordaza. Solamente se
“revisarán” algunos artículos, de los que sólo se mencionan
específicamente “los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de
decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas”,
referentes a las “restricciones del tránsito (!) y controles en las vías
públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos”. Se
mantienen la prohibición y multas de decenas de miles de euros por
impedir un desahucio, ocupar una entidad bancaria o inmueble vacío,
manifestarse frente al Congreso o en infraestructuras de servicios
públicos, fotografiar y grabar a la policía en actos de represión, u
“ofender a España”.
La única medida progresista clara en
materia antirrepresiva contenida en el acuerdo es la derogación de la
prisión permanente revisable (cadena perpetua) y la del artículo 315.3
del Código Penal sobre el derecho de huelga, que criminaliza la acción
de los piquetes.
No se eliminarán los acuerdos con el
Vaticano, que otorga a la Iglesia Católica privilegios insultantes a
costa del dinero público (unos 10.000 millones de euros al año).
Simplemente, se “revisarán”.
Hay dos medidas que son particularmente
reaccionarias, ambas acordadas a instancias de Ciudadanos. Una de ellas
es la limitación que se establece a una persona para ejercer la función
de presidente del gobierno: 2 legislaturas u 8 años. Esto es un
atropello al derecho democrático de la población a elegir cuantas veces
quiera a sus representantes. La otra medida es la supresión del
aforamiento de diputados nacionales y autonómicos, y de los senadores;
es decir, que sólo puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo, previa
autorización de la cámara de la que son representantes. Se ha hecho
mucha demagogia con esto, tratando de hacer ver que la supresión del
aforamiento es una medida contra los corruptos. En realidad, el
aforamiento fue una conquista histórica de la izquierda y de las fuerzas
auténticamente progresistas y democráticas en el pasado. Es una medida
de defensa del ejercicio de las funciones políticas de los
representantes del pueblo que actúan en nombre de las familias
trabajadoras y demás sectores populares. Nuestros representantes –como
se demuestra en los Ayuntamientos del Cambio, como el de Madrid, y en el
actual Congreso de los Diputados y Senado– están sometidos
permanentemente a las provocaciones, a las denuncias judiciales falsas y
a la represión cotidiana del aparato del Estado (jueces y policía), de
los medios de comunicación burgueses y de los políticos profesionales
del sistema. La eliminación del aforamiento de nuestros representantes
políticos tendría como objetivo criminalizarlos constantemente, y
provocar el desorden, la represión y la desmoralización en nuestras
filas. Por eso, la izquierda y el movimiento obrero deben exigir el
mantenimiento del aforamiento para sus representantes.
Finalmente, se da un portazo a los
derechos democráticos de las nacionalidades históricas del Estado
español, como Catalunya. Para vergüenza de los dirigentes del PSOE, esta
negativa se expresa con el típico y apolillado lenguaje de la opresión
españolista del franquismo: “PSOE y Ciudadanos quieren manifestar su
permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad
de España”. Para no dejar lugar a dudas declaran “Oponerse a todo
intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la
autodeterminación de cualquier territorio de España”.
El hecho de que hasta la caída del
franquismo el PSOE defendía el derecho de autodeterminación para
Catalunya, Euskadi y Galicia, viene a subrayar que es la ideología
franquista y españolista reaccionaria la que ha venido a abrazar la
dirección del partido desde 1977 hasta la actualidad. No es que PODEMOS y
la izquierda se hayan “radicalizado” en este tema, sino que ha sido la
dirección socialista quien ha empujado al partido al campo de la
reacción derechista en la llamada “cuestión territorial” del Estado
español.
Conclusiones
El análisis que hemos hecho muestra a
las claras la estafa de presentar este acuerdo de gobierno como
“reformista y de progreso”. Las pocas medidas progresistas incluidas
quedan diluidas entre un montón de propuestas reaccionarias y de medias
tintas, que no derriban el grueso de las políticas y de las leyes
reaccionarias aprobadas por el gobierno de Rajoy en los 4 años pasados.
Lo cierto es que este acuerdo, de aplicarse, dejaría a la clase obrera, a
la juventud, a los estudiantes y pensionistas, y a la clase media
empobrecida, con menos derechos sociales y democráticos, con menos
prestaciones sociales y con peores condiciones laborales que las que
tenían antes de la llegada del PP al gobierno. Tampoco da el más mínimo
paso adelante para resolver o aliviar la situación explosiva en
Catalunya. Al contrario, se solidariza con la posición reaccionaria
mantenida sobre este tema por el PP durante la legislatura pasada.
Este acuerdo es tanto más sangrante
cuanto que existe la posibilidad matemática y real de un gobierno de
izquierdas en el país –con la más que probable abstención de un sector
de los nacionalistas catalanes y vascos– a través del pacto ofrecido por
PODEMOS, IU y Compromís a los dirigentes del PSOE.
Ha quedado claro que ni Pedro Sánchez ni
la dirección de su partido tienen el más mínimo interés en tal gobierno
de izquierdas, que son más firmes los lazos que los atan a los ricos,
privilegiados y reaccionarios que a su base de clase trabajadora.
Resulta patético que Sánchez y la
dirección del PSOE hablen de la existencia de una “pinza” entre PP y
PODEMOS contra su propuesta de gobierno “progresista”, cuando han sido
él y Ciudadanos quienes han formado tal “pinza” contra la posibilidad de
formar un verdadero gobierno de izquierdas y progresista. Más aún,
Albert Rivera está desgañitándose e implorando al PP a que se una al
acuerdo con el PSOE, ya que no ve contradicciones entre el acuerdo
alcanzado con el PSOE y el programa electoral del PP. No van a engañar a
nadie.
PODEMOS, IU y Compromís ya han declarado
que votarán en contra de la investidura de Sánchez-Rivera, y tal
posición es la correcta. No es el “sectarismo ultraizquierdista” de
PODEMOS y sus aliados los que le hacen el juego a la derecha, sino que
ha sido la dirección del PSOE la que ha optado por aliarse con un sector
de la derecha española para llevar a cabo una agenda de gobierno que no
cambia sustancialmente la política aplicada en estos años por el PP.
Poner en pie una campaña estatal contra las políticas de austeridad y a favor de un gobierno de izquierdas
Los dirigentes de PODEMOS, IU y sus
listas de confluencia, deben resistir toda la presión mediática de la
derecha que trata de hacerlos responsables del naufragio de un gobierno
encabezado por el PSOE. En realidad, no hay más peligro de gobierno de
la derecha que el que había el día después de las elecciones del 20D.
Bastaría con el voto negativo del PSOE en el Congreso para hacer
naufragar cualquier posibilidad de gobierno del PP o de PP-Ciudadanos.
Si el PSOE persiste en negarse a confluir con la izquierda, y cumple al
mismo tiempo su compromiso de impedir un gobierno del PP, lo que habría
sería una convocatoria de nuevas elecciones.
Dicho esto, sí debemos hacer una crítica
a la política parlamentaria de PODEMOS e IU de estas semanas, tras
anunciar su propuesta de gobierno “de progreso” PSOE-PODEMOS-IU a fines
de enero. Tal propuesta creó enormes expectativas en millones de
trabajadores, jóvenes y pensionistas. Hasta los dirigentes de centrales
sindicales como CCOO –pese a su nefasto papel en estos años– se vieron
obligados a proclamar su simpatía por ese gobierno. Lo que ha faltado, y
sigue faltando, es una apelación clara y contundente a la movilización
social y popular en la calle a favor de esta propuesta. Desde el primer
día, los dirigentes de PODEMOS e IU deberían haber puesto en pie una
plataforma amplia en todo el Estado de movimientos sociales y populares,
sindicatos, Mareas, asociaciones de vecinos, comités de empresa y
organizaciones juveniles y de izquierdas, para organizar actos públicos y
manifestaciones contra las políticas de austeridad y reaccionarias del
PP, y a favor de un gobierno de izquierdas.
Si a lo largo del mes de febrero toda la
geografía nacional se hubiera cubierto de actos e iniciativas de este
tipo, culminando esa campaña con una marcha y un acto central
multitudinario en Madrid, eso habría creado un ambiente irresistible en
la calle, poniendo a la dirección del PSOE en una situación
insostenible. En el peor de los casos, si finalmente la dirección del
PSOE hubiera mantenido su negativa a confluir con la izquierda en un
gobierno del cambio, eso habría desgarrado al partido, y habría revelado
de manera inequívoca a la mayor parte de sus millones de votantes el
carácter fraudulento de la dirección del partido, su falso
“izquierdismo”, y su papel de muleta izquierda del régimen caduco. En
caso de adelanto electoral, eso le habría asegurado a un frente
PODEMOS-IU un avance decisivo sobre el PSOE y, quizás, la victoria
electoral, transformando toda la situación.
Aún hay tiempo para lanzar esta campaña.
La previsible derrota de la investidura de Pedro Sánchez debería servir
de punto de salida de esta campaña. No hay tiempo que perder. Los
compañeros Pablo Iglesias y Alberto Garzón –juntos con los demás
dirigentes de sus listas de confluencia– deben poner, juntos, manos a
la obra.
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